Beneficiarse del IVA al 10% en este tipo de obras de reparación en las viviendas solo es posible si se cumplen una serie de requisitos y supuestos

Son todavía numerosas las dudas relativas a cuáles son las circunstancias concretas en las que se puede aplicar el tipo de IVA reducido del 10% en obras de renovación y reparación en viviendas. Alberto Duro, asesor fiscal de Agremia (Asociación de Empresas del Sector de las Instalaciones y la Energía) nos ofrece algunas claves que pueden aclarar en qué circunstancias se puede aplicar este tipo.

Conviene recordar que dicha medida está contenida en la Ley de IVA que indica que se podrá aplicar este IVA reducido siempre que se cumplan, entre otros requisitos, los siguientes:

– Que el destinatario sea persona física o comunidad de propietarios, nunca un empresario o particular y use la vivienda para uso particular (no serían validos los pisos alquilados).

– Que la vivienda reparada/renovada haya sido construida o rehabilitada al menos dos años antes.

– Que el material no supere el 40% del importe de la base imponible de la factura que el instalador entregue al usuario final.

Partiendo de la anterior, estos son los principales supuestos que afectan al funcionamiento fiscal de las comunidades de propietarios:

Sustituciones de salas de calderas en comunidades de propietarios: en general y salvo casos excepcionales, no se podrá aplicar este tipo reducido al ser el importe del material, en principio, superior al 40% de la base imponible de la factura. Cabe indicar que no es posible que el instalador realice dos facturas (separando materiales de la instalación) al cliente final para aplicar este tipo, ya que el servicio prestado es único y la Administración no lo aceptaría y así lo refleja la Agencia Tributaria.

No obstante, sería aplicable el tipo impositivo del 10% si la sustitución de calderas formara parte de una obra global de rehabilitación del edificio cuyo coste exceda del 25% del precio de adquisición o del valor de mercado de la edificación antes de su rehabilitación con exclusión del valor del suelo.

Locales: si bien para las comunidades de propietarios sí sería aplicable este tipo reducido, no se podrá aplicar para reparaciones ni renovaciones (sí es posible por ejemplo en obras de nueva construcción) realizadas en locales de negocios, aunque sean anexos de la comunidad, ya que los mismos no están destinados para uso particular. Sí sería posible para obras realizadas a comunidades de propietarios que incluyeran parcialmente a un local de la comunidad, como podría ser la sustitución de las bajantes comunes de un edificio.

Obras a compañías de seguros: las obras de reparaciones de viviendas particulares que el instalador realice para una compañía de seguros deberán de ser facturadas al tipo de IVA del 21%, al ser la compañía la destinataria de la factura, independientemente de que el trabajo se realice en una vivienda particular.

ABC.ES

Página Web - 2018/06/06

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El perfil del inversor es el de personas con un poder adquisitivo medio-alto, con estudios y empleo, y el tiempo medio de estancia en nuestro país no supera los 3 años

Los inmigrantes venezolanos se han convertido en uno de los principales dinamizadores del mercado inmobiliario madrileño y datos del Servicio de Estudios de Redpiso han registrado actualmente un promedio de 5,3 compraventas mensuales en la capital. La inversión extranjera es uno de los factores que están permitiendo que el mercado de la vivienda en Madrid crezca a niveles precrisis y por encima de la media española, y los ciudadanos procedentes de Venezuela encabezan la adquisición extranjera de viviendas en la capital.

La demanda de vivienda como primera opción de residencia de venezolanos en Madrid se ha incrementado un 10 por ciento respecto al año anterior y ya se sitúa por encima de la inversión de rusos y chinos, hasta ahora las nacionalidades que más compraban. En cuanto al gasto medio por vivienda ronda los 565.000 euros por pisos de 120 metros cuadrados, sin garaje, y se concentra en las zonas de Chamartín, Hortaleza, Salamanca y Retiro. También, en las de Barajas y Fuencarral-El Pardo. La demanda se da principalmente en el mercado de vivienda de segunda mano «dado que la oferta de obra nueva es muy baja y más en estas zonas».

Respecto al mercado del alquiler, los contratos que se firman son con una duración de tres años renovables en estos mismos distritos de Madrid y por la misma superficie. El gasto medio venezolano en alquiler ronda los 1.700 euros mensuales y la media de contratos crece un 35% y alcanza los 40 mensuales. El perfil del inversor es el de personas con un poder adquisitivo medio-alto, con estudios y empleo, y el tiempo medio de estancia en nuestro país no supera los 3 años.

A esta masiva recepción de inmigrantes venezolanos hay que sumar una oferta de alquiler de viviendas corta y muy costosa que está provocando el cambio de tendencia hacia la compra de vivienda. En su informe, el grupo inmobiliario Redpiso hace referencia únicamente a la compraventa y alquiler de viviendas para uso residencial y excluye la participación de promotoras y fondos de inversión extranjeros en sus datos.

S.L. / ABC.ES

Página Web - 2018/06/06

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Se han presentado más de 6.000 demandas en esta región, pero solo unos cientos han obtenido sentencia

Miles de aragoneses esperan desde hace meses que se resuelvan sus demandas por cláusulas hipotecarias abusivas. Hace casi un año que empezaron a funcionar en toda España los juzgados especializados en cláusulas suelo, varios de ellos en las tres provincias aragonesas. Desde entonces, estos juzgados han recibido en Aragón más de 6.000 demandas, pero solo una mínima parte de ellas han sido resueltas con la correspondiente sentencia. La inmensa mayoría siguen en lista de espera en juzgados colapsados.

Según los datos oficiales, el grueso de esas demandas fueron presentadas nada más anunciarse la puesta en marcha de esa red de juzgados especializados en cláusulas suelo. En apenas cinco meses se presentaron en Aragón más de 4.000 demandas, en su inmensa mayoría en la provincia de Zaragoza. En los meses siguientes se mantuvo un goteo de nuevas demandas, pero en volúmenes más reducidos. Aún así, a finales del pasado mes de febrero ya se habían acumulado en los juzgados aragoneses 5.823 demandas de este tipo, de las que 5.030 correspondían a la provincia de Zaragoza, 551 a la de Teruel y 242 a la de Huesca.

El colapso fue generalizado en los juzgados españoles a los que se les asignó la función de resolver sobre las cláusulas suelo. Aragón no ha sido una excepción. Los medios asignados han sido notoriamente insuficientes en comparación con la avalancha de demandas que han presentado los afectados por claúsulas hipotecarias.

El ritmo al que se han ido dictando sentencias da idea de ese colapso. Por ejemplo, en los seis primeros meses de funcionamiento de esos juzgados especializados, frente a las casi 5.000 demandas que habían recibido dictaron tan solo 419 sentencias. En los meses siguientes, esa escuálida tasa de casos resueltos se ha ido aliviando, pero no lo suficiente.

Según los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial, apenas el 15% de todas las demandas que se han presentado están todavía pendientes de recibir sentencia, cuando faltan solo unas semanas para que se cumpla el primer año de funcionamiento de esos juzgados especializados en cláusulas suelo. El colapso es de órdago.

Eso sí, cuando llegan las sentencias, la aplastante mayoría son favorables a los particulares que reclaman a los bancos. En Aragón, en línea con la media nacional, prácticamente el 99% de las senencias dan la razón a los demandantes y condenan a los bancos: en los seis primeros meses de funcionamiento de esos juzgados especializados, en Aragón dictaron 419 sentencias de este tipo; de ellas, 414 condenaron a los bancos.

R. Pérez / ABC.ES

Página Web - 2018/06/05

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Ocho de cada diez procesos afectó a una vivienda usada y la mayoría a hipotecas firmadas entre 2005 y 2008

Las ejecuciones hipotecarias o embargos sobre viviendas habituales por impago de la hipoteca siguen a la baja por la recuperación económica y, sobre todo, por las mejores condiciones de pago de las hipotecas con el rebaja de los tipos de interés. En el primer trimestre del año los procedimientos iniciados cayeron un 53,3%, hasta los 2.027 procesos, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Se trata de un volumen casi cinco veces inferior a los registros del primer trimestre de 2014, cuando se iniciaron 12.107 expedientes. La misma evolución han seguido las ejecuciones sobre segundas o terceras residencias, que apenas sumaron 611 procesos, un 52,1% menos respecto al mismo periodo del año anterior.

El 16,9% de las ejecuciones hipotecarias fueron sobre viviendas nuevas, que bajaron un 3,3% anual, y el 83,1% sobre usadas, que cayeron un 30,6%. La recuperación económica desdibuja así una de las caras más dramáticas de la crisis. En el primer trimestre (18.545.900), tan solo el 0,01% de todas las viviendas familiares existentes en España (18,5 millones) iniciaron una ejecución hipotecaria, un proceso por el que se ordena la venta a un tercero de su vivienda que estaba gravada con una hipoteca, aunque no todos terminan con el desahucio de sus propietarios.

Así, los impagos de hipotecas y las ejecuciones, que se dispararon durante los años de crisis, caen desde hace tres años de forma consecutiva, después de que en 2017 bajaran un 49,4%, un 30,3% en 2016 y un 12,6% en 2015. Los mayores perjudicados volvieron a ser los hipotecados que firmaron sus préstamos para la compra de una casa entre 2005 y 2008, periodo que concentró el 54,6% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas en el primer trimestre de 2018. "Y especialmente en 2007, año en el que los precios se encontraban en máximos. Además, las viviendas compradas en aquella época se depreciarían por debajo del valor de la hipoteca (negative equity), haciendo que la casa valiera menos en el mercado que la cantidad pendiente de pago en el banco", indica Ferran Font, director de estudios de Pisos.com. Según el INE, el 20,1% de las ejecuciones hipotecarias iniciadas sobre viviendas en el primer trimestre corresponde a hipotecas constituidas en el año 2007, el 14,1% a préstamos de en 2006 y el 12,7% a hipotecas de 2008.

Andalucía (1.358), Cataluña (1.336) y Comunidad Valenciana (1.240) presentaron el mayor número de ejecuciones. Y Navarra (33), País Vasco (36) y Galicia (90) los menores.

Las ejecuciones hipotecarias sobre viviendas concentraron el 47,2% del total de ejecuciones hipotecarias en el primer trimestre de 2018. El 14,3% del total de ejecuciones hipotecarias fueron viviendas habituales de personas físicas, el 28,6% viviendas de personas jurídicas y el 4,3% otras viviendas de personas físicas. Por su parte, las ejecuciones hipotecarias de otras urbanas (locales, garajes, oficinas, trasteros, naves, edificios destinados a viviendas, otros edificios y aprovechamientos urbanísticos), tuvieron un peso del 41,1% del total. Sumaron 14.183 procedimientos, lo que supone un 17,8% menos que en el mismo trimestre de 2017. Sobre el total de fincas, Comunidad Valenciana encabezó el número de ejecuciones hipotecarias, con 2.812, seguida de Cataluña (2.688) y Andalucía (2.453). Por su parte, País Vasco (120), Navarra (124) y Baleares (208) registraron el menor número.

Sandra López Letón / El País

Página Web - 2018/06/05

Fuente: https://elpais.com/