Ante el proyecto de la Junta de ubicarlos en estos pisos, los arquitectos han mostrado su total desacuerdo

En el año 2003 los arquitectos María Caffarena de la Fuente, Víctor Cobos y Alberto Nicolau ganaron un proyecto convocado por la entonces Consejería de Obras Públicas para construir en una parcela de San Bernardo un edificio de viviendas de promoción pública que iba a ser emblemático por su diseño y concepción. Sin embargo, lo que no se esperaban once años después es que la Consejería de Fomento haya ofrecido a los okupas de la Corrala Utopía trasladarlos a este edificio cuando se termine el próximo mes de septiembre.

 

«No me lo puedo creer», afirma María Caffarena de la Fuente expresando su sorpresa e indignación al conocer las intenciones que posee la Junta con respecto al edificio que estos tres arquitectos proyectaron. Esta reacción de María se explica porque, como ella misma cuenta, ese edificio se proyectó con unos fines muy distintos.

 

Se trataba de un proyecto emblemático, que recogía una tipología de vivienda específica para dos colectivos muy concretos: ancianos y jóvenes. Para los primeros, indica, se incluía un dormitorio para un posible asistente, baños acondicionados a las necesidades de los mayores y hasta acceso directo a un jardín privado;las viviendas de los jóvenes, entre otras características, incluían un mueble que fue patentado por el equipo diseñador, hecho a medida, que se podía mover y con ello dar configuración propia a la vivienda, de manera que, desplegándolo de una forma o de otra, podría constar, por ejemplo, de un dormitorio o de dos.

 

Esos dos datos dan fe de los muchos estudios, diseños e investigaciones que los autores del proyecto hicieron para hacer una propuesta tan original y versátil que se adecuaba a la perfección al hecho de que, según se anunció, los jóvenes a los que se les otorgara la vivienda podían estar en ella un máximo de cinco años, lo que implicaba que la vivienda podría adecuarse fácilmente a las demandas de los inquilinos que, cada cierto tiempo, irían ocupando el lugar sin necesidad de realizar obras de adecuación.

 

Además, señala Cafferena, el inmueble se diseñó, porque así lo estableció la Junta, para que una esquina del conjunto, con sus cinco plantas, se convirtiera en sede de la entonces Empresa Pública del Suelo de Andalucía (Epsa). Ello supuso que se construyeran tres plantas de aparcamiento, que incrementaron muchísimo los costes del edificio, y que, además, el inmueble se adaptara a todas y cada una de las condiciones que Epsa puso en su momento para atender las demandas de una sede pública.

 

Con esos datos, no es extraño que a María se les escapen palabras como «alucinante» para referirse a la posibilidad de que se destine a los okupas de La Corrala, ya a que a su juicio eso va a suponer una «infrautilización» del inmueble e incluso puede llegar a perjudicar la vida de un edificio que tiene «mucho trabajo detrás» y una inversión nada desdeñable. «Va a ser una manera tremenda de tirar el dinero. El edificio —insiste—no está preparado para eso».

 

Con todo, la noticia del uso que se quiere a dar a ese inmueble, sito en la avenida Juan de Mata Carriazo, cuyo proyecto, recuerda María Cafferena, fue incluído en la Guía de Arquitectura Contemporánea por su original diseño, no es la única sorpresa desagradable que a este equipo de arquitectos le ha dado la gestión de la Junta.

 

A pesar de que inicialmente el concurso, al que se presentaron 178 propuestas, incluía la dirección de obra, se la quitaron y se la adjudicaron a un arquitecto, no de la Consejería, sino, para mayor sorpresa suya, contratado externamente; es más, a día de hoy no han podido entrar siquiera en el edificio a ver cómo ha quedado ni si se ha respetado el proyecto inicial o no. Saben que el mueble que diseñaron para las viviendas de los jóvenes se ha hecho, pero no tienen idea de qué material se ha usado y cómo ha quedado al final. Es más, el grupo de arquitectos tuvieron que entregar en su día para poder optar a la ejecución de la obra una fianza de 15.000 euros. Se la tenían que haber devuelto hace cuatro años y sólo lo han conseguido, tras gestiones personales, que se la reintegren este año.

 

 

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M.D. ALVARADO / ABC

Página Web - 2014/02/24

Fuente: http://www.abcdesevilla.es

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La deuda supera los 40.000 euros y el temor es que cada vez haya más impagos

El Ayuntamiento de Lucena observa con preocupación una realidad que se está consolidando como estable. En torno al treinta y cinco por ciento de los inquilinos de las 86 viviendas sociales gestionadas por la empresa municipal de Suelo y Vivienda de Lucena ( Suvilusa) en las calles Málaga, Sevilla y José Nieto Muñoz, no pagan sus recibos.

 

La situación no es nueva, sino que viene repitiéndose y acentuándose desde hace tiempo, más aún con la actual crisis económica. Una buena parte de los titulares de las viviendas municipales —tanto en régimen de alquiler con opción a compra como de alquiler— no pagan sus alquileres desde hace bastante tiempo y de forma sistemática. El propio alcalde, Juan Pérez (PSOE), ha confirmado que por el momento, la deuda global alcanza los 40.000 euros y el temor es que aumente progresivamente.

 

Suvilusa gestiona 27 viviendas de promoción pública en las calles Málaga y Sevilla y 6 más en la vía José Muñoz Nieto. Todos estos inmuebles son propiedad de la promotora municipal. Además, también se encarga de administrar 53 pisos, igualmente de promoción pública, en las calles Málaga y Sevilla, aunque estos pertenecen a la Junta de Andalucía, y algunos más en La Calzada.

 

El precio de los arrendamientos se sitúa entre los 70 y los 150 euros al mes. Estas viviendas se alquilaron hace años y no están integradas en el Plan Municipal de Vivienda. El coste de la renta se fija en consonancia con la superficie de los domicilios.

 

Son unánimes las opiniones que señalan que ha cundido la convicción de no ocurre nada si no se asumen las mensualidades de los pisos que arrienda el Ayuntamiento de Lucena. La idea es generalizada y los recibos impagados y devueltos se agolpan en Suvilusa.

 

La intranquilidad en la Administración local se intensifica al comprobar que en los edificios habitables incluidos en el Plan Municipal de Vivienda se están observando los mismos síntomas, solo dos meses después del inicio del desarrollo del proyecto.

 

Con el objetivo de tratar estos asuntos, se ha creado una comisión de seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Vivienda. En ella están representados los partidos políticos y miembros de diferentes asociaciones interesadas por la cuestión de la vivienda.

 

En diversas reuniones de este órgano, se ha comentado y abordado este problema. Desde el PP, se apuesta por una actuación de la Delegación de Servicios Sociales para que constate qué inquilinos realmente no pueden acometer sus obligaciones y quienes, por el contrario, desisten de satisfacer su compromiso contractual de modo voluntario.

 

Estudio caso por caso

El regidor lucentino, Juan Pérez, indicó ayer que se va a llevar a cabo un control exhaustivo de la situación de cada una de las familias que se encuentran en esta situación.

 

«Vamos a estudiar caso por caso, para determinar qué familias se encuentran en situación de no poder hacer frente a los alquileres por su delicada situación económica y qué casos pueden esconder otro tipo de causas, posteriormente actuaremos en consecuencia», señaló Pérez, que indica que la imposibilidad de contar con el dinero de estos arrendamientos influye en la delicada situación económica de Suvilusa, que soporta una importante carga financiera derivada de la imposibilidad de vender sus promociones de pisos y cocheras.

 

 

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ABC

Página Web - 2014/02/22

Fuente: http://www.abc.es

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Los pisos se alquilarán a precios que no superen el 25% de los ingresos mensuales de la familia beneficiada

La entidad financiera Bankia cederá a la Generalitat 230 pisos para alquilaros a familias que han perdido su vivienda, estén a punto de perderla o que cumplan otros requisitos de riesgo social. El convenio se ha firmado este viernes con la Agencia de la Vivienda de Cataluña (AHC) y establece unas condiciones de arrendamiento que no podrán superar el 25% de los ingresos de los beneficiados.

 

La situación de crisis económica ha llevado a muchas familias a tener dificultades para pagar el alquiler. La Agencia de Vivienda de Cataluña (AHC) es una entidad que trabaja para poder ofrecer vivienda social a aquellas personas que lo necesiten. Tras el acuerdo, la Agencia ya ha establecido un grupo de trabajo que estudie cada caso para que las familias puedan acceder a las viviendas inmediatamente. El acuerdo entre la Generalitat y Bankia pondrá a disposición pisos distribuidos por toda Cataluña.

 

El contrato de alquiler tendrá una duración de dos años prorrogables. Además, Bankia ha dotado al plan con un fondo de 160.000 euros para aquellas familias que tengan dificultades para hacer frente a este alquiler social. El acto ha estado presidido por el Conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila. Además del Conseller, tambien han firmado el acuerdo el presidente de la AHC, Carles Sala, y el director territorial de Bankia en Cataluña, Joaquim Saurina, según informa Europa Press.

 

 

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ABC

Página Web - 2014/02/21

Fuente: http://www.abc.es

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Los beneficiarios en situación de vulnerabilidad deben pagar los gastos de luz, agua y comunidad

El artículo 47 de la Constitución España es muy claro a la hora de detallar el derecho de todos los ciudadanos a la hora de disfrutar de una vivienda digna y, en este sentido, insta a los poderes públicos a promover acciones en este sentido. Por ello, el Ayuntamiento de Castellón da un paso adelante y convierte este derecho a través del acceso a una vivienda social en una vía para generar empleo.

 

Este tipo de inmuebles, con una superficie media de 65 metros cuadrados y distribuidas a lo largo de toda la trama urbana de la capital de la Plana, las pone a disposición el Ayuntamiento de Castellón bajo un régimen de cesión de hasta tres años, con posibilidad de renovarse hasta tres veces, es decir, por un plazo máximo de nueve años. La situación de vulnerabilidad de muchas familias, todavía mayor en el actual contexto de crisis que dificulta hasta el pago de un alquiler, ha motivado que las 211 viviendas sociales gestionadas por el Ayuntamiento de Castellón estén en su totalidad ocupadas.

 

Es más, el equipo de gobierno de Alfonso Bataller va a reparar más viviendas sociales, en concreto, seis en la calle Obispo Salinas, para poder atender una demanda creciente de este tipo de inmuebles que el consistorio cede a familias con pocos recursos. Es uno de los puntos fuerte de la política social del consistorio castellonense teniendo en cuenta, por citar un ejemplo, que una de las familias ocupantes de estas viviendas, en su mayoría de titularidad del Ayuntamiento, algunas pocas son cedidas, fue desahuciada pero, finalmente, pudo resolver la ausencia de un hogar porque previamente había realizado la solicitud de uno de los inmuebles, habiendo sido valorada y baremada, ocupando el primer lugar de la lista de demandantes. Cabe señalar que, en la actualidad, hay ya catorce solicitudes que estén ya con su visto bueno para ser adjudicatarias de una vivienda en el mismo momento que haya disponibilidad.

 

Las obras de rehabilitación las realizan los alumnos del Taller de Empleo de la Ciudad de la Solidaridad que gestiona y dirige la Agencia de Desarrollo Local dependiente de la Concejalía de Bienestar Social cuya titular es Carmen Querol. En un primer momento, aprenden y después trabajan en la reforma. Estos inmuebles se ocuparán por familias que los han solicitado, después de baremar para elaborar una lista de demandantes por orden de prioridad. Las viviendas serán ocupadas por las familias que hayan obtenido las mayores puntuaciones. Sus ocupantes disfrutan de las mismas gracias a una cesión por parte del Ayuntamiento y se hacen cargo de los gastos de luz, agua y comunidad. Durante todo el año pasado, se presentaron hasta 40 solicitudes completas.

 

Como es lógico, para acceder a una vivienda social, hay que cumplir unos requisitos muy bien delimitados y que como eje común tienen en cuenta una situación de escasos recursos por parte del posible beneficiario. Estos son figurar como empadronado en el municipio de Castellón, con una antigüedad de dos años respecto a la fecha de formalización de la solicitud; tener nacionalidad española o residencia legal en nuestro país; mayor de edad o emancipado; en situación de vulnerabilidad social, con ingresos por debajo de 2,5 veces el IPREM –Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples- (15,975,32 euros anuales) aunque suficientes para pagar gastos derivados de la vivienda (comunidad, luz, agua); no poseer una vivienda y encontrarse en una situación de necesidad de la misma, etc.

 

Asimismo, el Ayuntamiento exige al solicitante que ningún miembro de su unidad familiar tenga una vivienda u otro tipo de inmueble, al mismo que tiempo que no haya sido desahuciado o resuelto el derecho a ocupar alguna de las viviendas de la Generalitat Valenciana o el consistorio en los dos últimos años o haya desarrollado alguna actividad peligrosa o insalubre.

 

 

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VÍCTOR MUT / ABC

Página Web - 2014/02/21

Fuente: http://www.abc.es

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