La deuda supera los 40.000 euros y el temor es que cada vez haya más impagos
El Ayuntamiento de Lucena observa con preocupación una realidad que se está consolidando como estable. En torno al treinta y cinco por ciento de los inquilinos de las 86 viviendas sociales gestionadas por la empresa municipal de Suelo y Vivienda de Lucena ( Suvilusa) en las calles Málaga, Sevilla y José Nieto Muñoz, no pagan sus recibos.
La situación no es nueva, sino que viene repitiéndose y acentuándose desde hace tiempo, más aún con la actual crisis económica. Una buena parte de los titulares de las viviendas municipales —tanto en régimen de alquiler con opción a compra como de alquiler— no pagan sus alquileres desde hace bastante tiempo y de forma sistemática. El propio alcalde, Juan Pérez (PSOE), ha confirmado que por el momento, la deuda global alcanza los 40.000 euros y el temor es que aumente progresivamente.
Suvilusa gestiona 27 viviendas de promoción pública en las calles Málaga y Sevilla y 6 más en la vía José Muñoz Nieto. Todos estos inmuebles son propiedad de la promotora municipal. Además, también se encarga de administrar 53 pisos, igualmente de promoción pública, en las calles Málaga y Sevilla, aunque estos pertenecen a la Junta de Andalucía, y algunos más en La Calzada.
El precio de los arrendamientos se sitúa entre los 70 y los 150 euros al mes. Estas viviendas se alquilaron hace años y no están integradas en el Plan Municipal de Vivienda. El coste de la renta se fija en consonancia con la superficie de los domicilios.
Son unánimes las opiniones que señalan que ha cundido la convicción de no ocurre nada si no se asumen las mensualidades de los pisos que arrienda el Ayuntamiento de Lucena. La idea es generalizada y los recibos impagados y devueltos se agolpan en Suvilusa.
La intranquilidad en la Administración local se intensifica al comprobar que en los edificios habitables incluidos en el Plan Municipal de Vivienda se están observando los mismos síntomas, solo dos meses después del inicio del desarrollo del proyecto.
Con el objetivo de tratar estos asuntos, se ha creado una comisión de seguimiento y evaluación del Plan Municipal de Vivienda. En ella están representados los partidos políticos y miembros de diferentes asociaciones interesadas por la cuestión de la vivienda.
En diversas reuniones de este órgano, se ha comentado y abordado este problema. Desde el PP, se apuesta por una actuación de la Delegación de Servicios Sociales para que constate qué inquilinos realmente no pueden acometer sus obligaciones y quienes, por el contrario, desisten de satisfacer su compromiso contractual de modo voluntario.
Estudio caso por caso
El regidor lucentino, Juan Pérez, indicó ayer que se va a llevar a cabo un control exhaustivo de la situación de cada una de las familias que se encuentran en esta situación.
«Vamos a estudiar caso por caso, para determinar qué familias se encuentran en situación de no poder hacer frente a los alquileres por su delicada situación económica y qué casos pueden esconder otro tipo de causas, posteriormente actuaremos en consecuencia», señaló Pérez, que indica que la imposibilidad de contar con el dinero de estos arrendamientos influye en la delicada situación económica de Suvilusa, que soporta una importante carga financiera derivada de la imposibilidad de vender sus promociones de pisos y cocheras.
ABC
Página Web - 2014/02/22
Fuente: http://www.abc.es