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  • Los jóvenes vascos con un empleo cobran una media de 1.400 euros

 

  • Solo el 40% de los jóvenes de la comunidad autónoma tiene un empleo

 

Los jóvenes vascos con un empleo cobran una media de 1.400 euros y este sueldo debería duplicarse para que pudieran acceder a la compra de una vivienda o a un alquiler, lo cual evidencia las dificultades de su emancipación, que se produce hacia los 30 años. En comparecencia ante los medios en Bilbao, el director de Juventud y Deportes del Gobierno Vasco, Jon Redondo, ha presentado las conclusiones de un estudio sobre la emancipación de los jóvenes que analiza diez indicadores para calcular cuánto costaría a una persona de entre 18 y 34 años con empleo, acceder a una vivienda libre en propiedad o de alquiler.

 

El informe parte de la circunstancia de que solo el 40% de los jóvenes de la comunidad autónoma tiene un empleo y que, de media, cobran alrededor de 1.400 euros. Con ese salario, deberían destinar el 62,8% para pagar una hipoteca de una vivienda del mercado libre, es decir, "un porcentaje que duplica lo aconsejado por las entidades financieras en España, que está en el 30%, y también lejos del 40 % marcado en Europa", de manera que no podrían realizar esa compra y asumir el resto de gastos de su vida cotidiana.

 

Si los jóvenes destinaran ese 30% de su sueldo neto a la hipoteca podrían acceder a una vivienda de un precio de unos 98.000 euros de máximo. Sin embargo, el precio medio de los pisos en Euskadi es de unos 200.000 euros, de manera que hay unos 100.000 euros de diferencia entre el precio del mercado libre inmobiliario y el precio máximo al que los jóvenes pueden acceder.

 

El estudio del Gobierno vasco constata que el sueldo de los jóvenes debería incrementarse un 16% en esta comunidad para que pudieran pagar la hipoteca de un piso del mercado libre. La superficie máxima de la vivienda a la que pueden tener acceso si destinan el 30% de su salario al crédito, sería de unos 40 metros cuadrados.

 

En comparación con el resto de España, los vascos tienen una media de salario algo más alto, pero el precio de la vivienda es más caro en Euskadi, de manera que en el resto de jóvenes españoles tendrían que destinar un 50% del sueldo a la compra de un piso, frente al 62,9% de los vascos. Respecto al alquiler, los jóvenes con empleo tendrían que dedicar el 59% de su sueldo al pago de un alquiler, que en Euskadi tiene un precio medio de unos 800 euros.

 

En el caso de que dedicaran al alquiler el 30% del sueldo, los precios de los alquileres tendrían que bajar casi a la mitad, de manera que con unos 400 euros al mes de renta tendrían acceso a unos 49 metros cuadrados de vivienda. En general, según el estudio, el 43,5% de los jóvenes vascos logran emanciparse, en un porcentaje similar a la media del Estado, y lo hacen hacia los 30 años.

 

La bajada de los precios de la vivienda y de los intereses de las hipotecas ha facilitado en parte el acceso a la compra de un piso, pero, "o bajan los precios más, o los jóvenes no podrán emanciparse en solitario", ha indicado Redondo. Ante esa circunstancia, el Gobierno vasco ha aconsejado a los jóvenes optar por el alquiler y hacerlo de manera compartida con otras personas. Redondo ha anunciado que el Ejecutivo tratará de impulsar las ayudas a los jóvenes que por primera vez vayan a dar el paso de intentar emanciparse.

 

 

 


EFE / El Mundo

Página Web – 2014/12/15

Fuente: http://www.elmundo.es


  • Durante el décimo mes de 2014 se cerraron 32.694 transacciones de inmuebles

 

  • La cotización media del metro cuadrado residencial se sitúa en los 1.184 euros

 

  • La concesión de hipotecas para la adquisición de vivienda se dispara un 39,9%

 

La compraventa de viviendas se situó en octubre en 32.694 transacciones, lo que supone un descenso interanual del 1,1%, según la estadística del Consejo General del Notariado. Este mismo organismo apunta también que el precio medio de las casas, obtenido sobre transacciones reales, ha caído un 6,7% interanual en el mismo mes, hasta los 1.184 euros por metro cuadrado.

 

Según los notarios, pese a esta ligera contracción en las transacciones, las cifras reflejan una "estabilización" de las ventas mensuales. De este modo, entre enero y octubre de este año 2014 el promedio mensual de operaciones se situó en 28.620, superior en un 17,3% al registrado en el mismo periodo del año anterior (24.396).

 

Por tipo de vivienda, la venta de pisos mostró una disminución interanual del 4,2%, similar a la experimentada por los pisos de precio libre (-4,4%). Este ajuste de las transacciones de pisos se debe a la caída de las ventas de pisos nuevos (-41,6%), ya que la compraventa de pisos libres de segunda mano creció un 5,2% interanual. La venta de viviendas unifamiliares, por su parte, mostró un crecimiento interanual del 12,1%.

 

En cuanto al precio medio, el metro cuadrado de las viviendas compradas en octubre fue de 1.184 euros, lo que supone una caída interanual del 6,7%, debido sobre todo a la caída del precio medio de las viviendas unifamiliares (-14% interanual).

 

En el caso del precio medio por metro cuadrado de las vivienda tipo piso, el precio medio por metro cuadrado se contrajo un 3,7% en tasa interanual. De entre ellos, el precio de los pisos de segunda mano fue de 1.305 euros (-2,5% interanual) y el de los pisos nuevos de 1.497 euros por metro cuadrado, un 4,6% menos.

 

Más crédito para la compra de casa

 

Los préstamos hipotecarios destinados a la compra de una vivienda se incrementaron un 39,9%. En total, se concedieron 12.797 préstamos para este fin. La cuantía promedio de estas hipotecas alcanzó los 111.118 euros (-1,3% interanual).

 

En este sentido, el porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un crédito hipotecario se situó en el 39,1%. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso una media del 75,7%.

 

 

 


/ El Mundo

Página Web – 2014/12/15

Fuente: http://www.elmundo.es


Los últimos datos publicados por el Índice de Precios de Vivienda (IPV) correspondiente al tercer trimestre de 2014 por el Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que el precio de la vivienda se ha estabilizado, frente a otros estudios que hablaban de que todavía no había tocado suelo. Sin embargo, Beatriz Toribio, responsable de Estudios de fotocasa.es, señala que el Índice Inmobiliario fotocasa.es viene reflejando esta tendencia hacia la estabilización desde hace tiempo. "Esto no significa que el precio de la vivienda haya dejado de caer o no lo vaya a hacer más, sino que cada vez es mayor la resistencia de los propietarios a bajar más los precios de sus viviendas ante la confianza de que lo peor ha pasado", añade Toribio.

 

Y es que los brotes verdes que empiezan a crecer actúan de resistencia en los propietarios para bajar el precio de la vivienda en venta. "Este año el mercado inmobiliario español ha registrado una serie de síntomas positivos -llegada de la inversión extranjera, mejora en las compraventas, frenazo en la caída de los precios, mejora de la financiación, etc- que han reactivado ligeramente el mercado. Después de años y años en los que no se vendía nada y en los que una importante rebaja en el precio era la única vía para dar salida a una vivienda en venta, ahora se vuelve a registrar cierto movimiento y los propietarios son conscientes de ello. Están dispuestos a negociar, pero no en la medida de los últimos años. Si una vivienda está en precio, está ubicada en una buena zona y en buen estado, se venderá en un corto espacio de tiempo, mientras que antes podían pasar meses y meses y ni siquiera se recibían llamadas de interesados", señala Toribio.

 

Otra idea que defienden desde fotocasa.es y que justificaría la resistencia de los propietarios a bajar más es que se ha extendido la idea de que lo peor ha pasado, de que la economía tiende a mejorar, los bancos vuelven a conceder hipotecas, hay más gente buscando casa e incluso son muchos los que vuelven a apostar por la vivienda como inversión. Todo esto frena las rebajas en los precios. Además, hay que tener en cuenta que, según los datos de fotocasa.es, la vivienda en España se ha desvalorizado un 45% desde los máximos que registró antes de la crisis y en algunas zonas ya no va a caer mucho más.", explica Beatriz Toribio, responsable de Estudios de fotocasa.es.

 

Por su parte, Manuel Gandarias, director del Gabinete de Estudios de pisos.com destaca que "la resistencia a bajar el precio va directamente relacionada con la necesidad de venta. Cuanta mayor resistencia a bajar el precio más se complica la venta y se alargará el plazo. Por otro lado, el sentimiento de que el mercado de la vivienda ya ha salido de mínimos traslada a los vendedores un falso sentimiento de tener su producto a un precio adecuado", sin embargo, hay muchos factores que entran en juego, siendo el primero de ellos la última fecha en la que se hizo una rebaja, aclara Gandarias.

 

Negociación y rebaja

 

Si el comprador está interesado en una vivienda y quiere negociar debe tener en cuenta varias cosas. De entrada, es fundamental conocer el precio medio de la zona y de lo que cuesta comprar una vivienda de características similares en ese vecindario. "Si el propietario ha puesto un precio poco realista será fácil encontrar viviendas similares con un precio inferior que sirva para negociar el precio de la vivienda", señala la responsable de Estudios de Fotocasa.es.

 

Gandarias señala que otra opción es solicitar una valoración o una tasación. Es importante tener toda la información disponible en el Registro de la Propiedad, solicitando una nota simple informativa o bien la escritura de propiedad del propietario. "Con estos datos podremos ver si la vivienda está en precio. Otros factores esenciales son las características de la vivienda y la necesidad de venta por parte del vendedor. Con todo esto podremos identificar la capacidad de negociación que podríamos tener".

 

Por otro lado, en muchas ocasiones el estado de la vivienda puede ser otro elemento de negociación del precio a la baja, Es imprescindible hacer una inspección previo paso a la compra con el objetivo de determinar el estado de todos los elementos del inmueble: los sistemas mecánicos, la disposición general y las condiciones estético-ambientales. Cualquier fallo en este sentido puede ayudar a presionar al comprador a que baje el precio.

 

Por último, es recomendable hablar con los vecinos para obtener información sobre lo que significa vivir en esa comunidad. Unos malos vecinos pueden afectar el valor del inmueble e incluso convertir el día a día en una desagradable rutina.

 

Conocidos estos factores entra en juego el porcentaje de rebaja que se solicite. Según la encuesta de fotocasa.es "Experiencia de venta de vivienda de los españoles" la rebaja media aplicada por los vendedores es del 18% respecto al precio de salida, porcentaje que equivale a una rebaja de 63.000 euros.

 

Además, un handicap para que la operación salga adelante es poner un precio demasiado alto para luego bajarlo. En el 90% de los casos, las viviendas no se venden porque están muy por encima del precio del mercado al que los compradores están dispuestos a comprar. "Se debe estudiar cómo están los precios en la zona donde queremos vender y a partir de ahí fijar un precio objetivo", explica Beatriz Toribio.

 

Desde pisos.com señalan que una rebaja adicional (si ya el propietario ha hecho parte del ajuste) que se puede solicitar estaría entorno al 5-10%.

 

 

 


CRISTINA CASILLAS / Finanzas

Página Web – 2014/12/11

Fuente: http://www.finanzas.com


Un decreto regula la incidencia de las actividades industriales en los ciudadanos

 

El planeamiento de las ciudades y las industrias e instalaciones energéticas situadas a menos de mil metros de un núcleo poblacional necesitarán, a partir de mediados del próximo año, de un informe sobre su incidencia en la salud de los ciudadanos. El Consejo de Gobierno aprobó este martes un decreto que establece la obligatoriedad de elaborar un informe en este tipo de proyectos sobre el impacto que esa actividad provocará en sus vecinos.

 

“Esta norma, la primera que se aprueba en España, está prevista en la Ley de Salud Pública de Andalucía de 2011 y se basa en los estudios que atribuyen al estilo de vida y a los factores ambientales más del 40% de las causas de las enfermedades en los países desarrollados”, explicó este martes José Vela, jefe del Servicio de Salud Ambiental de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales.

 

Está previsto que el decreto se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en enero de 2015 y entrará en vigor seis meses después de su publicación, aunque no afectará a las industrias que ya están en funcionamiento ni a los planeamientos urbanísticos que están actualmente en trámites de aprobación.

 

“El verdadero valor añadido del Informe de Evaluación de Impacto en Salud es su aplicación a los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). Aunque hasta ahora nunca se había tenido en cuenta, una planificación urbana sostenible tiene muchas ventajas para la salud. Con esta herramienta se podrá reformular la planificación de forma que se sitúe la salud y el bienestar de la población como uno de los ejes conductores de todo desarrollo urbano, creando entornos que favorezcan los hábitos y estilos de vida saludables, el contacto humano y la minimización de la exposición a la contaminación atmosférica en nuestras ciudades. Con este instrumento podrá evitarse conflictos como el ocurrido este año en Burgos en el barrio de Gamonal”, apunta Vela.

 

Además de los PGOU, el informe sobre el impacto en la salud será obligatorio para actividades como las centrales térmicas, las industrias de transformación de metales o del sector agroalimentario como almazaras, centrales lecheras o mataderos y, también, crematorios. Siempre que sus promotores aspiren a ubicarlos a menos de un kilómetro de un núcleo urbano.

 

Además, el próximo jueves entra en vigor la nueva Ley Estatal de Evaluación Ambiental, que exige entre otras cosas que todo estudio de impacto ambiental debe evaluar los efectos previsibles del proyecto sobre la población y sobre la salud humana.

 

La metodología, según la Consejería de Salud, será similar a la que se sigue para la elaboración de los informes de impacto ambiental, un trámite también obligatorio. La responsabilidad del análisis del impacto la tiene el promotor y la Administración sanitaria tendrá la responsabilidad de evaluar el informe. “Se trata de actuar sobre un proyecto, no de imponerle medidas a una fábrica que ya está en funcionamiento”, asegura el responsable del Servicio de Salud Ambiental.

 

“No consiste en incorporar nuevos trámites, sino en realizar un informe previo con el que podremos maximizar los efectos beneficiosos de esa actividad y minimizar los perjudiciales; siempre estamos hablando de hacerlo sobre un proyecto; con lo cual las modificaciones no supondrían apenas costes añadidos”, aclara José Vela.

 

Cuando el decreto se publique en el BOJA, en un anexo aparecerá un listado de actividades a las que se les exigirá este nuevo requisito antes de emprender su actividad. Entre ellas las refinerías de petróleo, las centrales de producción eléctrica, las empresas de fundición de metales ferrosos con una capacidad de producción de más de 20 toneladas por día o las centrales lecheras que traten más de 200 toneladas de leche diarias.

 

 


Margot Molina / El País

Página Web - 2014/12/09

Fuente: http://ccaa.elpais.com/

 


  • Las casas pertenecen a ciudadanos británicos


  • El magistrado condena al promotor a 14 meses de prisión

 

El Juzgado de lo Penal 3 de Almería ha ordenado la demolición de 17 viviendas unifamiliares construidas en suelo no urbanizable y sin licencia municipal de obras en el paraje Media Legua de Cantoria (Almería) en el marco de una causa penal en la que el promotor y constructor ha sido condenado a 14 meses de prisión y multa de 18 meses con una cuota de 12 euros al día, así como a inhabilitación especial por tiempo de 20 meses.

 

El fallo rechaza, no obstante, condenarle a que indemnice a compradores de buena fe tal y como solicitó el fiscal ya que, "aunque pueda cabe sospecha de su existencia", considera que la documentación presentada por el acusado con respecto a "posibles" contratos de compraventa "ofrece poca confianza".

 

Argumenta la sentencia que resulta "palmaria la mala fe" de A. P. R. ya que, si bien su defensa planteó como cuestión previa la existencia de terceros que ocupan las viviendas construidas "pretendiendo" así que se devolviera la causa a instrucción a fin de que se hiciera ofrecimiento de acciones a los mismos, no ha dicho "ni una palabra ni presentado la documentación" en "nueve años" de litigio y pese a que "fue requerido en diciembre de 2005 para que demostrase la venta de las viviendas".

 

La magistrada María Soledad Balaguer deja la puerta abierta, no obstante, a que los perjudicados, de quienes puede caber "la sospecha de su existencia", puedan ejercitar las acciones legales en el procedimiento civil o contencioso-administrativo que corresponda al acusado o "a la administración —en este caso el Ayuntamiento de Cantoria— por su inactividad en el ejercicio de su potestad sancionadora".

 

Así, en el fallo, dispone que se notifique la sentencia "en las 17 viviendas cuya demolición se ha acordado, por si las mismas se hallaran ocupadas por terceras personas a fin de que queden enterados de la misma y puedan ejercitar las acciones que les correspondan".

 

El residencial se empezó a construir en marzo de 2005 "siendo conocedor" el acusado, quien reconoció en juicio haberlas promovido, de que el suelo "era no urbanizable, sin solicitar licencia de obras, sin el preceptivo proyecto elaborado por arquitecto y sin nombrar arquitecto director de obra, ni técnico director de ejecución".

 

A. P. R. era propietario de este terreno, situado en el paraje 'Media Legua' y dividido en dos parcelas de cinco y 1,8 hectáreas. El atestado que dio lugar a la causa se levantó por agentes del Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil el 27 de octubre de 2005 y en el que hicieron constar que "construía 16 viviendas y que había finalizado la edificación de una de ellas".

 

La magistrada resalta en su resolución que "sin duda escapa a toda lógica y resulta escandaloso" que una promoción de nada menos que 17 viviendas "pueda realizarse sin el menor control administrativo, sin proyecto, sin director de obra, o lo que es lo mismo, sin garantía de seguridad ni salubridad para los posibles futuros adquirientes, por no hablar de la seguridad de los trabajadores que intervinieron en la ejecución material".

 

Indica, en esta línea, que, en este caso, es "imposible" que el acusado se "ampare en la figura del error" y tilda de "manifiesta" la "temeridad" con la que se "atrevió a iniciar una actividad tan seria como la promoción de 17 casas sin tener ninguna experiencia para ello" y le reprocha que, aunque es "universitario y casi ingeniero", creyese "que la obligación de tener una licencia administrativa quedaba suplida con el pago de los impuestos municipales", en concreto "el de instalación, construcción y obras".

 

"Como es lógico no constituye excusa que fuese inexperto, que fuese la primera promoción y que confió en el alcalde --en alusión al exregidor Pedro Llamas-- que iba por allí", remarca el fallo, que concluye que, de las palabras de A.P.R. y un testigo que trabajaba para él, "da la impresión de que, algo tan serio como la construcción de 17 viviendas destinadas a ser ocupadas por familias, la decidieron y la diseñaron sobre la marcha entre el alcalde, el promotor y dos o tres personas más".

 

La magistrada remarca que las casas no son autorizables "porque no cumplen los requisitos" de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) y considera que, de acuerdo con la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo (TS), no hay razones o motivos que justifiquen que no se acuerde la demolición para restaurar el bien jurídico dañado ya que "salta a la vista el agravio comparativo que se ocasiona a quien en su día se preocupó por comprar suelo urbano".

 

"No puede admitirse, a pesar de que no se discute el esfuerzo que haya podido hacer el acusado en tratar de legalizar lo irregularmente construido durante estos casi diez años, que no se acuerde la demolición porque exista una posibilidad totalmente incierta de regularización porque ni siquiera depende en exclusiva del Ayuntamiento", sostiene para subrayar que prescindir de "todos los controles administrativos y, a posteriori, mediante el hecho consumado, pretender dar cobertura legal, no constituye una razón para no ordenar la demolición dada cuenta de la gravedad de los hechos e incluso de la falta de seguridad y salubridad por ausencia de proyecto".

 

El abogado de la asociación Abusos Urbanísticos Almanzora No (AUAN), Gerardo Vázquez, ha afirmado que estos ciudadanos "no están adecuadamente defendidos por las autoridades". El abogado ha añadido que "parece que siempre le toca a los británicos. Si comparamos el porcentaje de viviendas demolidas con la población de esta procedencia, el porcentaje es brutal y los derribos de viviendas de familias españolas son mínimos".

 

 


EP / El País

Página Web - 2014/12/10

Fuente: http://ccaa.elpais.com/