Distrito considera que decisión va en contravía de la política de protección a las víctimas.
El Distrito apelará la decisión que tomó un juez, y que se hizo pública el viernes de la semana pasada, de suspender la ejecución del contrato para elaborar diseños y estudios técnicos que dieran paso a la construcción de 372 viviendas de interés prioritario (VIP) en zonas exclusivas de la ciudad.
Lo hará luego de evaluar una a una las razones por las que determinó que estas eran “irresponsables” con la ciudad.
De acuerdo con Martha Lucía Zamora, secretaria general del Distrito, no han sido notificados oficialmente sobre el fallo ni tampoco tenían conocimiento sobre la acción popular que lo produjo. “Se va a apelar. En jurídica no sabíamos de esa acción popular, y vamos a ver cuál es la argumentación del juez. Nos parece contrario a una política de protección a las víctimas; esto genera más segregación social y un trato inequitativo”, dijo la funcionaria.
La decisión judicial acogió el recurso interpuesto por personas que viven en los barrios El Lago, Chicó y Santa Bárbara, hasta donde llegarían las VIP, y que fue promovido por el concejal Roberto Hinestrosa del partido Cambio Radical.
Los lotes le pertenecen al Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) y están ubicados en la calle 109 con 17, en la carrera 11A con calle 88, en la 82 con 10.ª y en la carrera 11 con calle 93A.
Además, la inversión, que sería de 30.000 millones de pesos, tampoco fue vista con buenos ojos por sus detractores.
Precisamente el cuestionado monto fue una de las razones por las que el juez consideró que el proyecto es inconveniente para la ciudad, pues dispone de “elevados recursos en favor de unos pocos beneficiarios”.
El fallo también determina que la idea, que surgió en noviembre del año pasado es “ilegal”.
“Un proyecto de estos tuvo que ser consultado con el Concejo de Bogotá, pero no lo hubo. Debe ser consultada –señaló Hinestrosa– la población que vive en la zona, y tampoco se hizo. Con base en eso interpusimos una acción popular, esta resultó con una suspensión provisional, y se da cuando los actos administrativos son ilegales e inconvenientes”.
Desde que el alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, hizo el anuncio, Metrovivienda se puso al frente. Contrató estudios y diseños que, según la propia empresa, ya están listos.
“Piden suspender un contrato de estudios y diseños que ya está liquidado. No entiendo por qué piden suspender algo que ya no está en ejecución”, señaló Metrovivienda.
Por lo tanto, la administración también evaluará desde hoy si la medida cautelar recae sobre un contrato que ya está ejecutado, lo cual carecería de sentido.
Zamora, por su parte, insiste en que esto va en contravía de los derechos de las víctimas a tener una vivienda digna.
“Es poner a las víctimas a vivir en las peores condiciones porque tienen que hacerlo en áreas, incluso, que no son aptas para vivienda. Por esa razón el alcalde buscaba viviendas en zonas dignas”, dijo.
Sin embargo, Hinestrosa considera que “hay que hacer respetar la ley. Yo sí me encuentro satisfecho en el sentido de que haya un juez que le diga a la administración pública y a Petro que no se puede saltar la ley en todos los procesos y causar un detrimento patrimonial de $ 30.000 millones, cuando cada vivienda de estas cuesta entre 30 y 40 millones de pesos”, dijo el cabildante.
Proyecto planteaba 356 cupos en parqueaderos subterráneos
Los lotes donde el Distrito busca construir las viviendas de interés prioritario funcionan como parqueaderos en la actualidad.
Tendrían entre cuatro y siete pisos, donde no se quedarían por fuera los parqueaderos que hoy funcionan, solo que pasarían a ser subterráneos. En total tendrían 356 cupos.
En principio, una de las críticas al proyecto fue que las víctimas del conflicto que vivirían en ellas no tendrían los recursos para pagar, entre otros, los servicios públicos ni los colegios, así como transporte y el incremento en los impuestos.
Pero el Distrito, según Martha Lucía Zamora, ya estaba preparando salidas para solventar eso. Entre otras, una de las propuestas en las que ya trabajaban era en ayudarlos con subsidios.
Mientras el concejal Roberto Hinestrosa asegura que él se apersonó de la inconformidad que tenían un buen número de residentes que viven en los barrios de estrato 5 y 6 por estos nuevos vecinos, Zamora asegura que ya habían recibido buenos comentarios por parte de las víctimas, quienes agradecieron la iniciativa.
“Jurídicamente vamos a interponer el recurso, pero políticamente sí nos afecta muchísimo. Demuestra claramente que la sociedad bogotana no tiene dentro de sus parámetros la búsqueda de un solución a la segregación”, aseguró.
Pese a su opinión, el cabildante considera que la decisión del alcalde fue la que llevó a este proceso, pues fue “improvisada y provocadora socialmente, para seguir creando un conflicto entre pobres y ricos”.
Según el fallo, el proyecto “es irresponsable con las finanzas públicas ya que dispone de elevados recursos públicos en favor de unos pocos beneficiarios, pues con esos mismos recursos podrían favorecerse a un número mayor de familias de escasos recursos”.
Tras la propuesta del alcalde, el año pasado, expertos en el tema apoyaron la idea y sugirieron incluso otras zonas de
Bogotá donde se podría replicar una renovación urbana, en estrato medio.
Para hacer renovación urbana, en el área entre las avenidas Caracas y NQS y las calles 80 y 53, sugirió Juan Luis Rodríguez, columnista y docente de la facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional.
Sin embargo, en ese mismo momento, Édgar Cataño, director de ONU-Hábitat en Colombia dijo que el plan de Petro está mal estructurado porque no se hizo de manera concertada ni hay pedagogía.
Dentro del plan también se contemplaba la asignación de algunos locales comerciales a madres cabeza de familia.
Otro de los argumentos con los que el Distrito defendía el proyecto es que las viviendas, durante los siguientes 10 años a la adjudicación de propietario, no podrían ser vendidas, arrendadas ni enajenadas.
El proyecto se da en el momento en que el Gobierno Nacional adelanta un proceso de paz y cuando se calcula que en la ciudad viven más de 600.000 personas víctimas del conflicto.
BOGOTÁ / El Tiempo
Página Web – 2015/07/06
Fuente: http://www.eltiempo.com
El proyecto suspendido contempla la construcción de 372 viviendas en predios del Distrito de estratos 5 y 6, para beneficiar a familias de escasos recursos y víctimas del conflicto armado.
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