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Acción Popular advierte que el precio del metro cuadrado donde alcalde quiere construir es muy caro.

El proyecto estrella con el que el alcalde Gustavo Petro quería construir 300 viviendas de interés prioritario (VIP) en los sectores de los estratos altos del norte de Bogotá fue suspendido por una decisión judicial.

El juez encontró que los predios donde el Distrito pretende hacer estos desarrollos están destinados exclusivamente para parqueaderos. Además, para hacer viviendas sociales, el metro cuadrado no puede superar los 70 salarios mínimos legales vigentes.

Sin embargo, cifras entregadas por las entidades distritales durante el proceso indican que el metro cuadrado más barato en donde el alcalde Petro propone las VIP es de 3’600.000 pesos.

Esto, al parecer del juez, va en contravía de la Ley, pues el monto del metro cuadrado para las VIP sería de 644.350 pesos.

Los cuatro predios donde funcionan parqueaderos y para los cuales se contrató una consultoría para establecer el número de parqueaderos y las viviendas están ubicados en los sectores de El Chicó-Lago, Virrey, Santa Bárbara y el Refugio. El fallo ordena liquidar las consultorías y frenar todo tipo de acción de contratación para tal fin.

La acción popular de primera instancia ordena a las entidades del Distrito que se “abstengan de continuar desarrollando cualquier tipo de actuación contractual, administrativa o convenio interadministrativo, con el fin de materializar el proyecto”.

La decisión judicial es del juzgado veintiséis administrativo de oralidad de Bogotá que imparte la orden de suspender el proyecto a Metrovivienda, al Instituto Distrital de Desarrollo Urbano (IDU) y a la Secretaría Distrital del Hábitat.
En primer lugar, el fallo señala que el valor de los mismos supera “ampliamente” los setenta salarios mínimos legales vigentes. Y en segundo lugar, porque esos predios fueron destinados para parqueaderos y no para vivienda.

El juez Jorge Luis Lubo Sprockel fundamentó su fallo en las peticiones de los accionantes que invocaron “el derecho a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público, la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes”.

En la sentencia se señala que se trata de una decisión en derecho, pues los predios fueron adquiridos para ser utilizados como parqueaderos, en cumplimiento de la Ley 9 de 1989.

“Solo es esa la destinación que debe dárseles a los mismos y no otra, como tampoco la norma permite que se comparta el motivo de utilidad pública, recordándose que, tanto a las entidades públicas como los servidores públicos solo pueden actuar bajo los parámetros y lineamientos que expresamente han fijado la Constitución y la Ley”.

Según el fallo, Metrovivienda contestó la acción de forma extemporánea. Al ser consultada por EL TIEMPO, la entidad dijo que por ahora no se va a pronunciar. La acción fue interpuesta por Jorge William Gutiérrez Medina, Luis Enrique Daniel Buriticá, Salomón Parra Pérez y Pedro Antonio Zapata García.

El concejal Roberto Hinestrosa, de Cambio Radical, quien respaldó la acción popular y acompañó a los demandantes en el proceso, señaló: "La administración distrital debe enfocarse en impulsar soluciones para la generacion de vivienda digna, asegurando a la poblacion en condicion de vulnerabilidad mejores condiciones de vida, en vez de adoptar medidas provocadoras como esta. Una verdadera politica de reduccion de la segregacion se construye interviniendo la ciudad y generando condiciones de vida digna para todos los sectores sociales".

Petro dice que es segregación social

Tras conocer la decisión de la acción popular interpuesta por ciudadanos, el alcalde Gustavo Petro en su cuenta de Twitter escribió:

“Decisión judicial permitiría segregación social permanente de las víctimas. Distrito la enfrentará con sus recursos”.

Los direcciones de predios donde funcionan los parqueaderos públicos en los que el Alcalde pretende construir viviendas de interés prioritario en los barrios Chicó-Lago, Santa Bárbara, Virrey y El Refugio son:

1. Calle 109 con carrera 17.
2. Carrera 11A con calle 88.
3. Calle 82 con carrera 11.
4. Carrera 11 con calle 93A.



BOGOTÁ / El Tiempo
Página Web - 2015/10/20
Fuente:  http://www.eltiempo.com


La Alcaldía negó que se esté adelantando la recolección de formularios para adjudicar casas en la ciudad.

A una promesa de campaña de un aspirante a la Alcaldía de Ibagué atribuyó la administración municipal las versiones sobre la supuesta adjudicación de 10 mil Viviendas de Interés Social (VIS).

Sin precisar el nombre del candidato, la Alcaldía aclaró que “es totalmente falso que en la Secretaría de Infraestructura se adelante la recolección de formularios con el fin de adjudicar 10 mil Viviendas de Interés Social”.

De acuerdo con la administración municipal, Ibagué no cuenta con el terreno para ejecutar este tipo de proyectos como tampoco con la infraestructura que le permita garantizar servicios públicos a sus habitantes.

Adicionalmente, la Alcaldía sostuvo que los proyectos que se adelantan en el marco de viviendas de interés social y prioritario se realizan conjuntamente con el Gobierno Nacional y que actualmente, “no hay requerimientos para este tipo de solución de vivienda”.

“La administración municipal recuerda que la construcción de Vivienda de Interés Social, VIS, y Vivienda de Interés Prioritario, VIPA, se adelanta de la mano con el Gobierno Nacional y que por el momento no hay requerimientos para este tipo de solución de vivienda”, precisó la Alcaldía.



REDACCIÓN NACIONAL / El Espectador
Página Web - 2015/10/19
Fuente:  http://www.elespectador.com


La vivienda sigue liderando el indicador de licencias. Para oficinas y hotelería disminuyeron.

Entre enero y agosto del 2015, Colombia acumuló un área aprobada de 16,6 millones de metros cuadrados para edificaciones, que representaron una reducción de 3,1 por ciento frente al mismo período del 2014.

Así lo anunció el Dane, en su informe de licencias de construcción en el que también destacó que de ese metraje, 12,3 millones correspondió a vivienda, lo que significó un aumento de 2 por ciento frente al dato del año corrido, a agosto, del 2014.

Según la entidad estadística, para la oferta diferente a la social (No VIS) se avalaron 9,2 millones de metros cuadrados, mientras que el resto, 3,1 millones, será para la edificación de Vivienda de Interés Social (VIS).

Otro dato relevante está relacionado con el desempeño de otros destinos (oficinas, bodegas y hotelería, entre otros), para los cuales se aprobaron 4,3 millones de metros cuadrados.

En esta categoría empezó a consolidarse la caída del metraje destinado a oficinas (-67,4 por ciento) y hotelería (-38,7 por ciento). El área que entrará al mercado para comercio aún mantiene un crecimiento, aunque moderado, respecto a otros periodos, de 4,3 por ciento.

Los analistas coinciden en que esto es sano porque permite contrarrestar las amenazas de sobreoferta de las que se había hablado en otras ocasiones.

DINÁMICA POR REGIONES

El análisis del indicador de licencias también evaluó la dinámica por regiones en lo corrido del año a agosto: “El 46,3 por ciento del área total aprobada (16,6 millones de metros cuadrados) se concentró en Bogotá (18,3 por ciento) y los departamentos de Antioquia y Cundinamarca (15,1 y 12,9 por ciento).

“Por su parte, en los departamentos de Valle del Cauca, Santander, Atlántico y Boyacá se aprobó el 27,6 por ciento del total licenciado, mientras que los demás participaron con 26,3 por ciento del área total”.

El informe también confirmó que en agosto el área licenciada para vivienda se concentró en el estrato medio-bajo (38,6 por ciento). Le siguieron los estratos medio y bajo: 19,8 y 18,8 por ciento, respectivamente.

 

 


Portafolio
Página Web - 2015/10/16
Fuente: http://www.portafolio.co


Una juez admitió la demanda que pide suspender el proyecto de viviendas de interés prioritario (VIP) para víctimas del conflicto en el céntrico sector de San Victorino. Medidas cautelares, en estudio.

Ya había sucedido este año con la suspensión de la construcción de viviendas de interés prioritario (VIP) en Chicó, zona estrato 6 del norte de Bogotá. Ahora, una juez acaba de admitir una demanda en la que se pide suspender el proyecto de 300 unidades de este tipo que avanza en San Victorino, en el centro de la ciudad, destinadas para víctimas del conflicto y que hace parte del programa de 100.000 casas gratis del Gobierno. En ambos casos hay algo común: se trata de proyectos de apartamentos de bajo costo en zonas donde el suelo es costoso y codiciado.

El proyecto que ahora buscan frenar se llama Victoria Parque Comercial y Residencial, donde, además de casas para los más pobres (cuyo costo es $45 millones), habrá 4.900 m² de uso comercial y 1.415 m² para servicios.

Tanto la suspensión del proyecto VIP en Chicó como este nuevo proceso son producto de acciones populares impulsadas por los vecinos y radicadas por abogados del concejal Roberto Hinestrosa. El principal argumento en ambos casos es que el Distrito tendría pérdidas al desarrollar las iniciativas en esas zonas. Por ejemplo, la acción contra Victoria Parque Real dice que “el número de viviendas es una cifra reducida, cuando se compara con el número de viviendas VIP que podrían construir en otro lado, donde el suelo es más barato”.

En la reciente acción popular se recordó que la anterior administración pretendía construir un centro de comercio de cielos abiertos, proyecto en el que invirtió $53.000 millones en estudios y diseños. Sin embargo, este plan cambió en mayo de 2012, cuando la administración de Gustavo Petro lo modificó para complementarlo con el uso de vivienda e incluir el programa de casas para las víctimas. Así, la Empresa de Renovación Urbana (ERU) quedó a cargo de hacer un plan llamado Centro Internacional de Comercio Mayorista, mientras Metrovivienda se encargaría del parque comercial y residencial.

En este punto hay que hacer un paréntesis para contar por qué la administración Petro cambió el rumbo del proyecto. El Distrito se propuso construir 70.000 VIP, de las cuales 40.000 serían para víctimas. En una ciudad con poco suelo para desarrollar, la estrategia fue aprovechar los suelos públicos disponibles, especialmente en el centro ampliado de la capital, para poder redensificar, orientar su crecimiento en altura, contener la expansión en la periferia y lograr la mezcla de clases sociales. Por eso el Distrito empezó a aprovechar terrenos útiles como el de San Victorino o los de Chicó, donde, por ser de estrato 6, hubo polémica con argumentos más clasistas que técnicos.

El valor de la tierra

Volviendo a las demandas contra los proyectos VIP, más allá de posibles detrimentos y de la decisión definitiva que tome la juez en el caso de San Victorino, hay una discusión de fondo sobre el valor de la tierra. Un debate entre quienes resaltan que el valor en San Victorino (el segundo centro popular más caro de Latinoamérica) podría aprovecharse para hacer un proyecto de uso comercial con el cual el Distrito captara más ingresos. Mientras que otros, entre los que obviamente está el Distrito, se la juegan por poner vivienda para las víctimas del conflicto en una zona del centro bogotano, para ofrecerles una mejor calidad de vida con esta localización.

Óscar Borrero es uno de los expertos urbanos que más han trabajado los temas inmobiliarios en el país y considera absurdo que el Distrito quiera destinar el área de San Victorino a la construcción de VIP. Lo explica argumentando que allí el metro cuadrado vale $7 millones, según el avalúo de la Lonja de Propiedad Raíz de Bogotá, y en un local comercial vale $30 millones. “Así que habían podido hacer locales de $30 millones el metro, gana la plata el municipio e invertir en VIP en otra parte, que no tiene que ser tampoco en la periferia, sino en Suba o Usaquén, por ejemplo, donde hay suelos de estratos medios”, anota.

La idea de que el Distrito obtenga ganancias haciendo locales comerciales en semejante tierra tan valiosa y luego obtenga dinero suficiente para hacer incluso un mayor número de VIP en otra zona, sin que esto ocurra en la periferia, parece razonable. Pero ¿por qué la visión de la administración es otra?

Una de las personas que más lo han explicado es María Mercedes Maldonado, la exsecretaria de Hábitat del gabinete Petro y excandidata a la Alcaldía. Ella ha insistido en que, precisamente, el plan de vivienda tuvo un componente muy importante y era mejorar la localización de las casas de interés prioritario y reducir la escala de las urbanizaciones. Se trataba de una estrategia para hacer proyectos un poco más pequeños, no de miles de viviendas, sino de 300 o 400, y lograr la mezcla de estratos y de usos. Por ello la iniciativa de San Victorino incluye el requisito para el constructor de hacer locales comerciales en los tres primeros pisos.

De hecho, los locales comerciales en el proyecto de vivienda de San Victorino están vendidos y, además, entre Metrovivienda y el Gobierno esperan que los comerciantes acojan un pacto para que luego les den trabajo a las víctimas del conflicto que lleguen a vivir en las casas del edificio, después de una capacitación. Así lo pudo establecer este diario al consultar fuentes de esta empresa. Al cierre de esta edición ni Metrovivienda ni la ERU habían sido notificadas de la aceptación de la demanda.



VERÓNICA TÉLLEZ OLIVEROS / El Espectador
Página Web - 2015/10/15
Fuente:  http://www.elespectador.com


La Secretaría de Hábitat detectó irregularidades en captación de dineros.

Las firmas constructoras de vivienda Habitarte Colombia S.A., Helyarco S.A.S. y Concreta S.A. habían sido sancionadas por la Secretaría de Hábitat por enajenación ilegal en Bogotá luego de surtir una investigación administrativa en su contra. La entidad aclaró que adelantó oportunamente las acciones que estaban dentro de su competencia.

Dado que en ocho casos se encontró que existió captación directa del enajenador, es decir por fuera del encargo fiduciario, luego de adelantadas las actuaciones administrativas la entidad sancionó por enajenación ilegal a las mencionadas sociedades con la imposición de una multa por valor de $62.327.750 a cada una.

Este acto administrativo se encuentra en trámite de notificación y contra él proceden los recursos de reposición y de apelación, según información de la entidad.

De otro lado, respecto a la problemática en la cual se encuentra la mayoría de los afectados del Proyecto Colibrí Santafé por el incumplimiento de un contrato de carácter civil para acabados de las viviendas suscrito con Habitarte Colombia S.A. y Concreta S.A., la Secretaría de Hábitat informó que tuvo conocimiento de las irregularidades presentadas en el desarrollo del proyecto, el cual se encontraba en fase de preventas, por lo que el control y seguimiento en esta etapa estuvo dirigido a verificar que la captación de dineros se realizara a través de un encargo fiduciario.

Hábitat puso el caso en conocimiento de la Superintendencia de Sociedades con el fin de que esta entidad ejerza la vigilancia y control y determine si es procedente ordenar su intervención.

La Secretaría advirtió a los compradores que deben estar alerta ante este tipo de contratos fuera de los acuerdos fiduciarios, debido a que en casos como el ocurrido en el Proyecto Colibrí Santafé, la entidad no tiene injerencia para verificar la entrega de las obras, dado que son contratos civiles que no se relacionan directamente con la actividad de enajenación.



REDACCIÓN BOGOTÁ / El Espectador
Página Web - 2015/10/15
Fuente: http://www.elespectador.com