El predio de Villa Lugano había sido usurpado de forma violenta en 2014. Tras recuperarlo, la Ciudad construyó un complejo habitacional con 1.700 viviendas, de las cuales 368 ya fueron otorgadas a vecinos de la villa 20, que queda al lado.

 

En medio del caos de la mudanza, en una casa minúscula y plagada de bolsos, cajas, colchones y muebles desarmados, un diario viejo, ya con las páginas amarillas, descansa apacible sobre un lavarropas desvencijado y a punto de ser trasladado. Hilda Amarilla lo recoge y cuenta que lo guardó como testimonio de su primer día en la villa, cuando llegó desde Paraguay. Pero no puede dar crédito a lo que ve: el ejemplar de Clarín que tiene en sus manos es del 28 de agosto de 1995. Hace un par de semanas que desde el IVC le avisaron que el 28 de agosto era el día en que debía mudarse a las viviendas que se construyeron sobre los terrenos en donde se llevó a cabo una violenta toma, que fueron recuperados y rebautizados como Barrio Papa Francisco. "¿Podrá significar algo? Ojalá sea un buen augurio", dice esta mujer bajita, amable y con una voz muy dulce.

Una mezcla de emociones la pone al borde de las lágrimas: está feliz por el departamento que le fue asignado, angustiada por el stress de la mudanza, emocionada por el cambio y preocupada porque tendrá que hacer frente a una cuota mensual para pagarlo. Tiene 44 años y trabajó en servicio doméstico hasta que enfermó de cáncer. Hoy esta curada y recibe una pensión. En la precaria casa que esta dejando atrás vivían seis personas, dos familias: Hilda, su pareja, dos hijas, yerno y una nieta.

Ahora cada familia tendrá su propia casa (pagarán entre $ 3.000 y $ 5.000 por mes). Y cada cual un baño conectado a la red cloacal formal. Que no es poco. Por ejemplo, la puerta de entrada a la vivienda que Hilda ocupó durante más de 20 años está ubicada en la Manzana 20, junto a un pasillo con aguas servidas y olores insoportables. Todas las casas cercanas a este pasillo vuelcan restos de bachas e inodoros al mismo lugar. Por este motivo, ante el movimiento de la mudanza, los vecinos que se quedan se mostraron muy preocupados: "No sabemos cuando van a solucionar estas cloacas al aire libre con las que convivimos", le comenta a Clarín Lupe Rojas.

Es que mientras suceden las mudanzas de las primeras 368 familias, sobre un total de ocupará 1.700 viviendas, la Villa 20 se encuentra en pleno proceso de transformación: la reubicación de estas familias tiene que ver con la apertura de calles y lo que se conoce como "esponjamiento", que es generar espacio entre las viviendas. Porque uno de los mayores problemas de las viviendas es la falta de ventilación.

"Es un proceso interesante, se le ha dado mucho lugar a las iniciativas barriales. Respecto al diseño de las viviendas, los vecinos incluso eligieron los materiales constructivos, los tamaños y la organización de los consorcios, porque serán los encargados del mantenimiento. Acompañamos el proceso y creemos que fue virtuoso", opina Pablo Vitale, coordinador del área Derecho a la Ciudad, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. La organización realiza un trabajo de acompañamiento y asesoramiento vecinal en muchas villas porteñas. "El interrogante es qué sucederá con la villa, porque la Secretaria de Hábitat e Inclusión (SECHI) debería estar haciendo un trabajo con la infraestructura del barrio, pero no se está llevando a cabo y esto genera la preocupación vecinal. El gran miedo de la gente es que esa suerte de muro de vivienda nueva no tape la otra realidad, la de los que siguen viviendo en la villa", precisa Vitale. Desde la avenida Fernández de la Cruz, la villa 20 no se ve. Por lo pronto, cada vivienda precaria que queda liberada es demolida por el IVC, para que nadie la ocupe.

"Para nosotros es un orgullo acompañar el esfuerzo de los vecinos y vecinas del barrio que quieren salir adelante y tener los mismo derechos y responsabilidades que el resto de los habitantes de la Ciudad", asegura Juan Maquieyra, presidente del Instituto de la Vivienda de la Ciudad. El IVC trabaja también en las villas Rodrigo Bueno y Fraga. La urbanización de los barrios más postergados de la Ciudad es una de las cartas fuertes de la gestión del Gobierno porteño; la mayoría de ellas tienen fecha de entrega para 2019, año de elecciones nacionales y locales.

Johnny Doffigni es otro vecino de la villa que se mudó en estos días. En un departamento en un primer piso vivirá con su mujer Rita y el bebé de ambos, Isaías. "Estamos felices, sólo la luz y la ventilación que tenemos hacen que todo valga la pena", contó Rita. En pocos días tendrán que firmar la escritura por la propiedad. Mientras tanto, con su mamá de visita, acomoda la ropa y los juguetes de su hijo. La hija de Hilda Amarilla, Daisy, también se encuentra en plena mudanza, y para Hilda lo más importante es que su hija pueda respirar mejor: "Dejamos atrás el aire contaminado que respirábamos todo el tiempo", dice mientras abraza a su hija. En tanto Candela sigue con la mirada sus juguetes y su mochila rosa, repleta de cuadernos y carpetas del colegio. Que no se pierdan en la mudanza, por favor.

 

El barrio que nació tras la violencia

Ubicado sobre la avenida Fernández de la Cruz, entre Pola y Escalada, la franja de terreno junto a la Villa 20 fue violentamente usurpado en agosto de 2014 y desalojado semanas después. El predio estaba vacío y contaminado, porque durante años había sido un depósito de autos secuestrados por la Policía. Durante la toma, un grupo de delincuentes mató a una chica para robarle una cartera.

En 2016 la Legislatura votó la urbanización, con la construcción de casas nuevas, obras de infraestructura y mejoramiento de las viviendas existentes. La villa tiene una población de casi 28.000 habitantes. La Ciudad censó 4.559 viviendas, distribuidas en 30 manzanas. En tanto, el nuevo barrio Papa Francisco tendrá 1.702 departamentos de 2, 3 y 4 ambientes, distribuidos en 21 edificios. Las familias pagarán cuotas que no superen los $ 6.000 o el 20% de sus salarios.

El presupuesto de toda la obra en Villa 20 es monumental: 3.300 millones de pesos. El 67% fue aportado por el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, y el 33% por la Ciudad. En tanto el IVC llevó adelante la obra y el proceso participativo con los vecinos.

 

 

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Silvia Gómez / Clarín

Página Web - 2018/08/29

Fuente: https://www.clarin.com/

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Creen que éste es un momento difícil pero destacan un punto a favor: la baja en los costos de construcción que podrían trasladarse a los precios de los departamentos nuevos.

El 10° Aniversario de Expo Real Estate, el encuentro de desarrolladores inmobiliarios más importante del año fue diferente a los anteriores. En los stands hubo menos participación de empresas de Miami, Detroit y Paraguay, poca presencia de emprendimientos en barrios cerrados y muchas compañías de servicios, como seguros de caución para alquileres.

En diálogo con el suplemento ARQ de Clarín, Silvano Geler, uno de sus organizadores admitió: “Cuando comenzamos a pensar el congreso, en mayo, había un entusiasmo muy grande basado en los créditos hipotecarios y la expectativa de convertinos en un país relativamente normal. Sin embargo, la economía cambió por completo y tuvimos que cambiar también nosotros. Hoy las temáticas que se piensan son cómo salir de la crisis, cómo y por qué se nos escaparon las expectativas y los negocios”.

Justamente de eso se trataron las charlas del Congreso, que hicieron foco en cómo salir adelante a pesar del escenario incierto.

Eduardo Costantini, Presidente de Consultatio Real Estate, explicó su mirada de la actualidad: “Somos Geler y las elecciones del año que viene agregan incertidumbre”. De todos modos, destacó que hasta el momento existe una leve ventaja para los desarrolladores, ya que “en nuestro país, como el dólar subió un 60% y la inflación un 20%, los costos dolarizados de la construcción bajaron”. Por su parte, Horacio Parga, Director de Grupo Edisur, una importante desarrolladora de Córdoba, afirmó que “hasta la crisis de este año, estábamos enfocados en desarrollar viviendas clase media, como nuestro producto Casonas. Trabajamos con bancos públicos como el Banco de Córdoba, con sus créditos hipotecarios Casa Bancor, que dan financiación hasta 20 años con UVA. Además, Tenemos una apuesta firme a la construcción industrializada, con estructuras de Steel framing y encofrados de hormigón, para reducir costos de obra y plazos de entrega”. Y subrayó, “ahora volvimos a apostar a la inversión en inmuebles como refugio del valor. Pero creemos que esto es coyuntural”.

Gustavo Menayed, titular de Grupo Portland, aportó su opinión en el mismo sentido. Reconoce la necesidad de vivienda en los sectores medios y bajos y, aunque mantiene proyectos de alta gama - como L’Avenue- su compañía se decidió a alcanzar un público más amplio. “Seguimos adelante con todos nuestros proyectos, no desarmamos nada en estos últimos meses. Estamos en proceso de federalizar la empresa con proyectos en el interior para la clase media y media baja. Hay que trabajar para el gran déficit de vivienda que hay en Argentina. Para eso, nos propusimos desarrollar grandes complejos residenciales”, afirmó. Y destacó un aspecto que considera imprescindible: “Es fundamental progresar en la productividad constructiva, es decir, además de mejorar la financiación, deberíamos incorporar tecnología. Tenemos que reducir costos y precios de venta, pero también reducir plazos de obra para que haya menos incertidumbre sobre lo que pueda pasar en medio de la construcción. Hay que acabar también con esa modalidad de retardar a propósito el plazo de obra para que los compradores puedan pagarla a más plazo”. Los aplausos llegaron cuando Menayed mencionó que otra de las cuestiones a resolver es la carga impositiva, que representa el 50% de los costos.

“Creemos que es un momento difícil, pero es un pico para abajo en una proyección de cambios en el país a largo plazo. Esta depuración de políticos y empresarios corruptos que empezó va a generar un cambio real. Los cambios que necesitamos son de largo plazo, diez años para dar vuelta el país y generar un cambio cultural”, reflexionó Gonzalo Monarca, del Grupo que lleva su apellido. Su empresa se mantiene en actividad, con ciertos cambios estratégicos: “A nivel compañía seguimos haciendo cosas, seguimos empujando. Lanzamos hace dos meses Azzurra, en Tortugas, con una Crystal Lagoon que es nuestro amenity clásico, y se está vendiendo muy bien. Cuando se frenan las ventas, lo último en frenar es la punta de la pirámide, y por eso decidimos lanzar Azzurra en lugar de otros pensados para la mitad de la pirámide. El asunto es seguir trabajando”.

Uno de los aportes más importantes fue el panel “Fabricando Ciudades”, coordinado por Gustavo Ortolá, en el que desarrolladores contaron su experiencia de invertir en grandes urbanizaciones del interior, como Salta, Resistencia y Chubut. Martín Bodas, del estudio BMA Arquitectos & Asociados, señaló que estos emprendimientos ya no se piensan como ciudades dormitorios, sino en función de dotarlos de buen espacio público “que le transfiere valor al espacio privado”, con circuitos peatonales y buenas conexiones internas y externas. “Partimos del barrio como lugar de pertenencia, de la ciudad que vivimos cuando éramos chicos. Tenemos que pensar estas ciudades a partir de la plaza”, aseguró.

En tanto, el ingeniero Ortolá destacó que por la naturaleza del negocio es imprescindible mantenerse activo aún en épocas difíciles, porque un desarrollo atraviesa diferentes situaciones económicas del país. “En este contexto absolutamente vertiginoso seguimos desarrollando”, sentenció.

En la misma línea se manifestó, en otra charla, Menayed: “Seguimos trabajando con los bancos aunque sea a tasas altas porque creemos en el crecimiento ordenado de la economía mediante el financiamiento. No es un invento nuestro, toda la región está trabajando de esta manera. Nosotros venimos atrás en el cambio cultural que hace falta. Apostamos a que todo sea más abierto, más transparente. El año que viene va a ser muy político, pero seguramente a partir de 2020 vamos a tener una mejora a nivel país”. Y detalló: “El costo de la construcción bajó entre un 20 y 25 por ciento por devaluación y lo aplicamos al precio para vender más barato y ser competitivos en el mercado. Es importante que se mantenga esta brecha, que el tipo de cambio vaya en paralelo con la inflación. Así vamos a seguir siendo competitivos a nivel país y región”.

 

 

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Inés Álvarez / Clarín

Página Web - 2018/08/25

Fuente: https://www.clarin.com/

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La ley de urbanización de asentamientos informales aprobada por la Cámara de Diputados puede constituir un buen punto de partida para abordar un aspecto crucial de la pobreza: la segregación espacial, el hábitat y la vivienda.

 

La ley de urbanización de asentamientos informales aprobada por la Cámara de Diputados puede constituir un buen punto de partida para abordar un aspecto crucial de la pobreza: la segregación espacial, el hábitat y la vivienda. La legislación se fundamenta en el prolijo trabajo de dos años emprendido por el Ministerio de Desarrollo Social que permitió contabilizar en todo el país 4428 asentamientos precarios inscriptos, a su vez, en el Registro Nacional de Barrios Populares.

No obstante, resulta conveniente trazar un recorrido histórico de cómo se precipitó este estado de cosas durante los últimos cuarenta años.

La cuestión territorial y habitacional era un problema candente desde hacía décadas; pero la reestructuración económica –y por lo tanto social- detonada desde mediados de los 70 lo torno dramático. Por caso, el desalojo autoritario de las villas de la Capital ordenada por el intendente Osvaldo Cacciatore en 1976 no previó alternativas: la gente fue expulsada y acogida por parientes y allegados residentes en el GBA. Simultáneamente, se obturaba la prosecución del histórico sistema de loteos. Ambas situaciones, entonces, sentaron las bases de una situación explosiva desde la crisis del régimen militar a principios de los ‘80.

La detonación comenzó a través de “ocupaciones hormiga” de decenas de familias en zonas liminares descampadas y de propiedad imprecisa o fiscal. Con el advenimiento democrático, el movimiento ocupador se tornó compulsivo, involucrando a cientos de familias de acuerdo a una logística afinada por las experiencias de los primeros 70.

En la zona sur del Conurbano, obispos como Jorge Novak procuraron contener la marea contribuyendo a la rápida urbanización de las nuevas poblaciones mediante el censo de sus vecinos y la diagramación de terrenos y espacios públicos. Con el fin de quitarles el estigma histórico de “villas miseria” se denominó a los nuevos barrios “asentamientos”.

La ola ocupadora desconcertó desde 1983 a los intendentes democráticos que debieron acompañar su masividad procurando comprender, simultáneamente, los alcances y contornos del cambio social que incubaba.

Surgió una nueva generación de dirigentes de base territorial encargados de mediar con las autoridades las condiciones de radicación y de urbanización. Pero desde sus instituciones también debieron encargarse de tareas más apremiantes como los problemas inherentes a la subsistencia de los contingentes humanos desempleados o precarizados.

Las municipalidades improvisaron políticas de asistencia que los referentes administraban en sus respectivas comunidades verticalmente pero de acuerdo a complejos sistemas de alianzas intervecinales. Nacía, así, la denominada “política territorial”.

Los recursos abarcaban desde el suministro de alimentos, y contratos laborales públicos o privados hasta la habilitación de actividades ilegales tácitamente consentidas por el poder político y la policía. Un submundo aun poco explorado que configura una economía informal representada paradigmáticamente por las ferias de La Salada como terminal de otras ilegalidades.

Las ocupaciones no tardaron también en convertirse en un negocio inmobiliario venal que asociaba a referentes comunitarios, punteros y dirigentes comunales.

Precisamente por ello, tendieron a acelerarse durante los dos ciclos expansivos de la economía: entre 1991 y 1998 y 2003-2008 respectivamente. Informalidad y promiscuidad dominial se conjugaron, a su vez, para segregar a los asentamientos del resto de la ciudad.

Los sucesivos gobiernos fracasaron en solucionar esa problemática. Durante los 90, los criterios cooperativistas “en macizo” del Programa Arraigo auspiciado desde el gobierno nacional para reubicar y urbanizar asentamientos en terrenos fiscales chocaron con los individualistas del duhaldismo en la provincia de Buenos Aires, generando situaciones de indefinición que la nueva legislación deberá destrabar.

El kirchnerismo, por su parte, apuntó mediante sus planes de vivienda, a retomar las políticas clásicas del FONAVI de los ‘50; pero sus saldos resultaron sesgados por la inflación y la corrupción. Las experiencias de grandes condominios en monobloques resultaron, asimismo, anacrónicas y contraproducentes para la convivencia civilizada al albergar en su interior bandas delictivas que encuentran allí mayor cobijo que sus pares a cielo abierto.

La nueva ley apunta a transformar al “vecino” en propietario, induciéndolo al mejoramiento de su vivienda y procurando un nuevo asociacionismo en torno de las tareas de amanzanamiento, dotación de servicios públicos, etc. Pero, por sobre todas las cosas, reparar ese aspecto crucial de la pobreza: la segregación espacial y el consiguiente sentimiento de la mayoría de esos compatriotas de vivir en un vergonzante “mundo aparte”.

Y que aspiran, a diferencia de lo que supone cierto “pobrismo invertido”, a pagar su predio y obtener una escritura que disipe la incertidumbre extorsiva cultivada por caciques barriales asociados al poder político. En suma, recomponer allí la ciudadanía perdida. Otra de las deudas pendientes de nuestra democracia.

*Jorge Ossona es historiador. Miembro del Club Político Argentino.

 

 

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*Jorge Ossona / Clarín

Página Web - 2018/08/23

Fuente: https://www.clarin.com/

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El INDEC difundió un nuevo informe de condiciones de vida, que refleja el acceso a la vivienda, servicios, educación y salud.

 

Un tercio de la población urbana no tiene cloacas ni accede a la red de gas. Proyectado a todo el país son 13 millones de personas. En tanto, el 13,2% --más de 5 millones de personas-- vive en zonas inundables, más de 3 millones cerca de basurales y más de 2 millones en condiciones de “hacimiento crítico” ( más de 3 personas por cuarto) .

Los datos sobre las condiciones de vida de hogares y personas en los 31 aglomerados son del INDEC y corresponden al segundo semestre del año pasado. Se trata de una medición nueva que abarca el segundo semestre de 2016 y el primero y segundo de 2017.

En el comunicado correspondiente, el INDEC señaló que "se publican en este informe un conjunto de indicadores elaborados a partir de la combinación de algunas de las variables relevadas en forma continua por la Encuesta permanente de hogares (EPH) en los 31 aglomerados urbanos. La información aquí presentada responde a distintas dimensiones referidas a las condiciones de vida de los hogares, en términos de su acceso a un conjunto de bienes y servicios. En ese sentido, muestra aspectos de la participación de los hogares y la población en la distribución del producto social, en línea con los objetivos mencionados".

El Informe comprende seis indicadores. Vivienda, acceso a los servicios públicos, característica del hábitat, régimen de tenencia de la vivienda, cobertura médica y educación.

Algunos de esos indicadores marcan:

En Vivienda, el Informe señala que “ el 80% de los hogares y el 75,5% de las personas habitan en viviendas cuyos materiales poseen calidad suficiente. Por otro lado, el 7,1% de los hogares habita en viviendas cuyos materiales poseen una calidad insuficiente y el 12,9% lo hace en viviendas cuyos materiales poseen una calidad parcialmente insuficiente. En el caso de las personas, estos porcentajes ascienden al 9% y 15,5%, respectivamente”.

En las condiciones de vivienda, “ en el 83,4% habitan menos de 2 personas por cuarto y en el 14% habitan de 2 a 3 personas por cuarto. Por el contrario, el 2,6% de los hogares se encuentra en una situación de hacinamiento crítico, con más de 3 personas por cuarto, lo cual involucra al 5,1% de las personas”.

Según la ubicación de las viviendas, el Informe señala que “el 6,3% de los hogares habita en una vivienda que se encuentra cerca de basurales; esto significa que el 7,7% de las personas habita en dichas viviendas. Con respecto a las viviendas localizadas en zonas inundables, el 11% de los hogares –compuestos por el 13,2% de las personas– habita en dichas zonas. Como complemento, el 93,7% de los hogares habita en zonas alejadas de basurales (a más de 3 cuadras de distancia), mientras que el 89% de los hogares habita en zonas no inundables (en los últimos 12 meses)”.

En acceso a los servicios públicos, el 33,9% de la población no tiene gas de red, el 34,3% no accede a los desagües cloacales y el 11,7% no accede a la red de agua corriente.

En cobertura médica, “el 69,5% de las personas cuenta con obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia, mientras que el 30% solo posee cobertura médica a través del sistema público”.

Por grupo de edad, el 39% de los niños, niñas y adolescentes (hasta 17 años) se atiende en el sistema público, mientras desciende al 2,2% entre los adultos mayores (65 años y más). “El 97,7% de la población de adultos mayores cuenta con obra social, prepaga, mutual y/o servicio de emergencia”, dice el Informe.

En asistencia a los establecimientos educativos formales por parte de los niños, niñas y adolescentes y de los jóvenes, el 95,2% de la población de entre 4 y 17 años asiste a un establecimiento educativo formal, mientras que el restante 4,8% no asiste.

Por grupo de edad, la asistencia escolar de los niños y niñas de 4 años alcanza el 82% y la inasistencia es del 18,0%. Luego, los niños y niñas de 5 a 14 años suman el 98,3% de asistencia, de y el 1,7% no asiste a la escuela. Y entre los adolescentes de 15 a 17 años, hay una asistencia escolar del 89,6%. En este último grupo, el 10,4% no asiste a un establecimiento educativo.

 

 

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Ismael Bermúdez / Clarín

Página Web - 2018/08/23

Fuente: https://www.clarin.com/

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