El director regional de Protección Civil en Táchira, Yesnardo Canal explicó que el aumento de la quebrada La Brava, provocó el arrastre de material granular sobre la calzada que generó total obstrucción

El director regional de Protección Civil en Táchira, Yesnardo Canal, informó que a causa de un deslizamiento de tierra en el sector La Mesa, en San Vicente de la Revancha, municipio Junín, 400 familias y una escuela, quedaron incomunicadas.

Explicó que el aumento de la quebrada La Brava, provocó el arrastre de material granular sobre la calzada que generó total obstrucción.

Indicó Canal que en el sitio se realizan trabajos de remoción de sedimento que generan incomodidad en la población para poder ejercer sus actividades agrícolas habituales y movilizarse a los centros de acopio y comercialización.

Asimismo indicó que hubo deslizamientos en el sector Mesa de Aura del municipio Andrés Bello, con obstrucción de la vía del 45%.  Allí oriundos de la zona y responsables de la misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor, realizan los primeros trabajos de despeje.

Eleonora Delgado / El Nacional
Página Web - 2016/05/30
Fuente: http://www.el-nacional.com

De 40.000 solicitudes de desalojo introducidas ante la Sunavi solo 2.000 han sido tramitadas

En el mercado inmobiliario la oferta de unidades en alquiler se ha contraído 95% desde 2011 y el restante 5% se destina a un grupo muy reducido de personas constituido por diplomáticos o profesionales expatriados que trabajan en empresas multinacionales, afirmó Carlos Calanche, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos.

“El alquiler dejó de ser la válvula de escape para las jóvenes parejas que desean formae un hogar o para quienes buscan independizarse pero no pueden adquirir vivienda en el mercado secundario”, añadió.

La principal traba sigue siendo la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, en la que se privilegia el bienestar del inquilino frente al derecho a la propiedad. Indicó que desde la promulgación de la legislación, en marzo de 2011, se ha venido agudizado el déficit en la oferta de unidades en alquiler por sus excesivas regulaciones.

Entre los principales impedimentos establecidos en la normativa el abogado mencionó que el propietario debe inscribirse en la Superintendencia Nacional de Vivienda y solicitar que le regulen el canon para poder alquilar por la vía legal. Sin embargo, como el método para el cálculo del alquiler no considera el valor del terreno donde está construida la vivienda, el monto es desproporcionado y alejado del mercado. “No alcanza ni para cubrir el pago del condominio”, dijo Calanche.

Además, la legislación no le ofrece al propietario seguridad jurídica. En caso de que el arrendatario no pague, le cambie el uso al inmueble u ocasione daños graves al bien, este no podrá ser desalojado. Es necesario someterse a trámites engorrosos. “Así gane, el propietario no puede proceder a pedir la desocupación del apartamento porque la Sunavi debe proveerle una vivienda o refugio al arrendatario y el gobierno no cuenta con ellos”.

El abogado indicó que hay 40.000 solicitudes de desalojo en la Sunavi, de las cuales solo 2.000 han sido tramitadas y los propietarios están a la espera de refugio para sus inquilinos. Sin embargo, el problema es que hay solo 9 refugios para cubrir las solicitudes de los estados Vargas, Miranda y Distrito Capital.

De acuerdo con Calanche, los propietarios que tienen alquilado inmuebles de vieja data, por más de 20 años, no se los han podido vender a los inquilinos porque no cuentan con documentos de condominio. Lo bueno, indicó, es que a partir del dictamen 1.171 emitido el 17 de agosto por el Tribunal Supremo de Justicia, los sectores involucrados se reúnen para negociar y han llegado a la conclusión de que la Sunavi está colapsada, no dispone de infraestructura ni personal y un proceso de 4 meses dura 2 años. Además, no existen refugios para dar cumplimiento a la sentencia de desalojos.

Sustitución de techos, mejora de fachadas y embellecimiento de áreas comunes forman parte de los trabajos que se realizan en los seis corredores dispuestos por la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor en el estado Nueva Esparta, zona insular de Venezuela.

Uno de los corredores con mayor actividad es Virgen del Valle, ubicado en el municipio García, en el este de la isla de Margarita, donde el programa gubernamental atiende a 117.000 habitantes, en labor conjunta con los consejos comunales.

García es uno de los municipios del estado Nueva Esparta donde se han activado 10 frentes de trabajo de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor.

El coordinador estadal de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Néstor Jota, informó este lunes que este tipo de rehabilitación incluye el cambio de puertas y ventanas, además del frisado y pintura de las fachadas.

"En este corredor Virgen del Valle en el 2015 se logró una meta de 200 viviendas intervenidas, que causó un impacto en más de 250 familias beneficiadas y para este año se continuarán haciendo estos trabajos en los seis corredores. En una primera fase tendremos alrededor de mil viviendas a intervenir", detalló.

De acuerdo con el funcionario, los trabajos más recientes fueron desarrollados en el sector Villa Juana de la jurisdicción, donde se tenía previsto rehabilitar 75 viviendas, pero con el buen manejo y administración de los recursos se logró recuperar 90 viviendas.

La vocera del consejo comunal Villa Juana I y II, Yudexys González, explicó los alcances del trabajo.

"En esta primera fase elaboramos un proyecto bajo la modalidad de autoconstrucción y se favorecieron 90 viviendas y en una segunda fase del proyecto se tiene previsto la sustitución de 120 techos de otras manzanas del sector", describió.

Además del corredor Virgen del Valle, en García, el corredor Hugo Chávez, del municipio Mariño, es donde se realiza la mayoría de trabajos de recuperación de viviendas.

Otros corredores con notables progresos en la región son el Comandante Felipe Villalba, en la isla de Coche, y el que funciona en Península de Macanao.

Dotación de infraestructura, caminerías, tuberías y servicios en los barrios populares de la región insular forman parte de los trabajos en avance.

Celebran sentencia del TSJ que declara inconstitucionalidad de Ley de Propiedad de Viviendas, aprobada por la AN

Las organizaciones de Inquilinos rechazan una posible modificación o derogatoria de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Viviendas, iniciativa que han asomado algunos partidos políticos y diputados de la Asamblea Nacional (AN).

Rigel Sergent, del Movimiento de Inquilinos y del Movimiento de Pobladores, expresó que “no vamos a permitir que eso suceda, pues es una ley que se dio por iniciativa popular y es para proteger a los inquilinos y también a los pequeños propietarios”.

Sergent resaltó que el poder popular se puso en alerta “porque ya lo ha dicho abiertamente el partido Un Nuevo Tiempo y diputados de la Asamblea Nacional, que trabajarán para derogar la ley de alquiler de viviendas”.

Puntualizó que de llegarse a materializar esa pretensión, “no lo vamos a permitir y vamos a defender la ley en cualquier escenario, meteremos un recurso de amparo ante la Sala Constitucional o ante la Sala Política del TS y haremos movilizaciones de calle”.

El vocero del Movimiento de Pobladores también remarcó, la aceptación que hacen las organizaciones de inquilinos de la sentencia que dictó recientemente el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), respecto a la inconstitucionalidad de la Ley de Propiedad de Viviendas, que aprobó la AN.

“En Venezuela está consagrado el derecho a la vivienda, en el artículo 82 de la Constitución y además existe todo un marco legal que respalda la propiedad de las viviendas, así que no hace falta otra ley, pues la propiedad está garantizada”, aseveró Rigel Sergent.

Añadió que todo el marco legal que existe garantiza la propiedad de las viviendas y además otorga posibilidades a todos los sectores para que participen en la construcción de viviendas, “a través de la Gran Misión Vivienda, participa el poder popular con las comunidades, también el sector privado a través de diversos programas y por supuesto el Estado, esto todo se permite a través del marco legal que existe”, precisó Rigel Sergent.

Beatriz Caripa / Últimas Noticias
Página Web - 2016/05/30
Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve