La construcción de esta tipología está en mínimos porque su precio es hasta un 15% más alto que el de las casas libres y está sujeta a una normativa poco flexible que no responde al nuevo mercado

La vivienda protegida en venta vive sus horas más bajas. Atrás quedaron los años de vino y rosas en los que esta tipología era amada por compradores y promotores y sostuvo a gran parte el sector. Millones de jóvenes pudieron independizarse gracias a la compra de un piso asequible. "Entre 1940 y 2011, el 50% de las familias accedieron a su primera vivienda a través de una vivienda protegida", recuerda Jaime Oñate, secretario de la Confederación de Cooperativas Viviendas de España (Concovi).

Pero su construcción ha caído en picado, sobre todo desde que el Gobierno eliminó en 2012 las subvenciones a los compradores. Quien hoy quiera comprar una vivienda protegida va a tener poco donde elegir. "En 2006 se iniciaron casi 100.000 y una década después, en 2016, en torno a unas 6.000 y con tendencia a ir disminuyendo", aclara Carolina Roca, vocal de la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE). En concreto, el pasado año apenas se contabilizaron 7.118 viviendas protegidas en España y hasta junio de este año 1.900 unidades, según el Ministerio de Fomento.

Pero hay un pequeño oasis en medio del desierto. En la Comunidad de Madrid se iniciaron 2.695 casas en 2016. "Somos líderes en vivienda protegida. Desde 2011 hasta el primer trimestre de 2017, el 28% de la vivienda protegida que se inició en España se hizo en Madrid, así como el 31% de la que se finalizó. Aunque los datos siguen muy lejos de las 15.000 anuales del boom", dicen fuentes de la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras.

Esto es así porque las ventajas se han esfumado. "La protegida está llamada a desaparecer, salvo que las políticas de vivienda no se adapten a la realidad actual; consideramos crucial flexibilizar la normativa para conseguir vivienda asequible para las rentas medias del país", reflexiona Roca.

El problema es que para los promotores ya no es rentable construirla y para el comprador tampoco adquirirla. "Ya no existen subvenciones ni subsidiaciones para el que compra y el precio máximo de venta está por encima del precio de mercado y, sin embargo, el marco normativo y los requisitos siguen tan encorsetados como antaño", señala Roca. En concreto, "el precio de venta de la libre está entre un 10% y un 15% por debajo del precio máximo al que se puede vender la protegida", añade. La conclusión es clara: el comprador, que no recibe ninguna ayuda y que ya no tiene la ventaja de comprar más barato, prefiere la libre que puede revender cuando quiera. Y al promotor, que tiene que hacer frente a una doble tramitación y a una tediosa burocracia, tampoco le sale a cuenta. "Además al ser primera vivienda se dirige a jóvenes que hoy tienen menos solvencia. Solo los que tienen ayuda familiar o ahorros pueden y de ahí el éxito de Valdebebas (Madrid). Nos cuesta mucho más vender la protegida que la libre", dice Miguel Palmero, director general de Libra Gestión de Proyectos.

Esto no significa que no haya demanda o que no exista una importante reserva de suelo protegido, puesto que la normativa estatal establece que al menos el 30% de los terrenos generados sean para vivienda protegida (algunas comunidades tienen fijado el 50%). La dificultad está en ver quién va a hacer esa ingente cantidad de casas, puesto que hoy son muy pocos los promotores que siguen apostando por esta modalidad. "Por mucho suelo que se produzca, si el marco legislativo es muy complejo cada vez se hará menos vivienda", dice Roca.

En el caso de Madrid son decenas de miles las casas protegidas a la vista. El desarrollo de suelo más importante, con permisos ya aprobados, es El Cañaveral, donde se van a construir 8.000 viviendas protegidas. En Madrid Nuevo Norte, la conocida como Operación Chamartín, se levantarán 2.200 casas con protección más otras 1.900 calificadas como libres por la cesión de suelo obligatoria al consistorio.

La reserva del sureste

Más importante es la bolsa que hay en los desarrollos del sureste de Madrid. En Berrocales, Valdecarros, Ahijones y Los Cerros hay proyectadas unas 55.000 viviendas protegidas, un 52% del total. El 70% será promovido por promotores privados, incluyendo cooperativas. Aunque habrá que esperar, ya que la decisión del consistorio de adoptar un nuevo plan para estos ámbitos ha llevado a los propietarios del suelo a tomar medidas legales porque consideran que el giro de timón supondrá un retraso de al menos 10 años y la consiguiente subida de precios. La paralización de estos proyectos no es gratis. "Ya se han observado incrementos del precio de suelo en Madrid por encima del 13% en el último año lo que repercutirá a corto plazo en el precio de la vivienda", indican en la Comunidad de Madrid.

Parte de esas viviendas protegidas que se vayan construyendo serán de alquiler, una modalidad por la que apuestan las administraciones. De hecho, el plan estatal vigente solo contempla ayudas a los promotores de vivienda protegida en alquiler y tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento han dejado patente su preferencia por el cambio de modelo. "Entendemos que el fomento de la vivienda protegida en alquiler, principalmente con la puesta a disposición de suelo público con ese destino y la canalización de ayudas directas a los promotores que edifiquen y mantengan esas viviendas durante largo plazo en arrendamiento, será el mejor instrumento para incrementar el parque edificatorio a un precio asequible", indican en la Consejería de Transportes, Vivienda e Infraestructuras.

El Ayuntamiento de Madrid, que ha puesto en marcha un plan para construir 4.200 casas, ha decidido no vender vivienda pública, destinando todo su patrimonio al alquiler. Ahora los suelos objeto de la cesión del 10% de cada desarrollo serán utilizados exclusivamente para arrendamiento, indican en la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), que tiene registradas más de 17.000 solicitudes de vivienda pública.

Habrá que ver si promocionar nuevos desarrollos para alquilar termina de calar entre los promotores privados.

Sandra López Letón / El País

Página Web - 2017/10/25

Fuente: https://elpais.com/

El informe de la agencia señala además que la recuperación del mercado inmobiliario en España continúa, pero con grandes diferencias en función de la zona y del segmento

La agencia de calificación de riesgos Fitch considera que la fuerte demanda de inmuebles en las zonas más cotizadas de las grandes ciudades españolas y la limitada oferta ha provocado burbujas inmobiliarias localizadas en algunos barrios.

Según Fitch, en estas áreas se están registrando acusados aumentos de precios que parecen insostenibles, como los que se aprecian en algunos barrios de Madrid y Barcelona, donde han llegado a revalorizarse entre un 15% y un 35% anual en el tercer trimestre.

Esta fuerte demanda se debe, a juicio de la agencia de calificación, a la política monetaria expansiva del Banco Central Europeo (BCE), a la actividad de los compradores extranjeros y a los inversores que confían en obtener beneficios de la subida del precio de la vivienda y de las rentas por alquiler.

La agencia sostiene que esta «burbuja» no es del todo preocupante, ya que se está produciendo en localizaciones muy concretas de determinadas ciudades.

El informe de Fitch señala además que la recuperación del mercado inmobiliario en España continúa, pero con grandes diferencias en función de la zona y del segmento.

Respecto a las viviendas embargadas, Fitch destaca que los descuentos siguen siendo muy altos, pese a la gran recuperación macroeconómica de España. La agencia vaticina que esta se mantendrá en el futuro siempre y cuando la banca continúe poniendo a la venta inmuebles de este tipo y los compradores insistan en los descuentos en estas compras.

Estas rebajas oscilan entre el 50% y el 75% del precio. «Los descuentos han sido del 60% o más en los últimos cinco años y no se ven afectados en gran medida por la recuperación en el sentimiento y los precios en la vivienda española en general desde 2014». señala en su informe la agencia de «rating», que añade que cerca de medio millón de viviendas están aún disponibles para la venta y el mercado tardará cinco años en absorberlas.

ABC Inmobiliario / ABC.ES

Página Web - 2017/10/24

Fuente: http://www.abc.es/

Recibirán de media 1.404 euros tras aumentar el presupuesto un 30 por ciento

El dinero crece, y la demanda, también. Las ayudas al alquiler convocadas por la Junta de Castilla y León para este año han sumado su partida más cuantiosa, pero también el registro ha acumulado la cifra más alta de solicitantes: 18.305 peticiones para los más de 14,7 millones de euros (sufragados por la Comunidad y el Ministerio de Fomento), lo que supone un 30% más (3,4 millones a mayores) que en 2016 y un 85 que en 2015. Eso sí, no todos tenían derecho a recibir la ayuda ni tampoco, por el momento, habrá partida suficiente para llegar a quienes sí cumplían los requisitos, según explicó ayer el consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, tras la reunión de la Mesa del Diálogo social en materia de vivienda en la que se conoció la resolución de esas ayudas.

En total, 10.533 familias se beneficiarán de ellas de las 12.768 que cumplen los requisitos (el 70 por ciento de las presentadas), lo que supone que hay 2.235 que, aún adaptándose a las exigencias, se quedarán sin ella, ya que «el dinero no llega» para todos. ¿Y qué pasa con ellas? La «cláusula de rescate» habilitada hace que «puedan ser repescadas» si hay créditos suplementarios o los seleccionados finalmente no acreditan cumplir los requisitos. Así que entran en una lista de «reserva». El año pasado, señaló Suárez-Quiñones, el «cien por cien» de los que cumplían las exigencias recibieron la ayuda. Así que también éste, apuntó el consejero, tienen la «tarea por delante» para que esos excluidos de momento «puedan resultar beneficiados».

El no justificar el pago del alquiler por vía bancaria es el principal motivo que echa para atrás solicitudes en un principio válidas que luego no acreditan cumplir lo requerido. Y ese dinero «puede ir a repescar», apuntó Suárez-Quiñones. La resolución con los beneficiarios se publicará este lunes, 23 de octubre, en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) y recibirán un mensaje en su móvil avisando de que disponen de un mes para portar los justificantes del abono del alquiler en el periodo subvencionable con esta convocatoria, que abarca desde agosto de 2016 a julio de 2017. Una vez revisados esos recibos, la idea es que «muy a principios de 2018» puedan recibir el ingreso.

La subvención media por expediente es de 1.404 euros, lo que supone 117 euros por mes, con un máximo de 350 euros para el medio rural y 475 para Burgos, Salamanca, Segovia y Valladolid, dependiendo de los precios del alquiler en cada territorio. Los criterios marcan que la ayuda no puede superar el 40% del coste de la renta, llegando como máximo a 2.280 euros al año. Además, los beneficiarios tienen que ser mayores de edad, con un contrato de alquiler de vivienda para residencia habitual y permanente e ingresos menores a 2,5 veces el IPREM. Eso sí, vuelve a regir la cláusula puesta en marcha en 2015 por la que no se requieren ingresos mínimos para acceder a la ayuda.

Entre quienes cumplen, para valorar a quienes llega la ayuda se tienen en cuenta una serie de criterios, dando «preferencia» a quienes tengan menos ingresos, así como a las familias con más hijos. En caso de empate, priman las que tenga más menores de 14 años. La idea, subrayó el consejero, es que «lleguen a los que más lo necesitan».

Entre los 5.537 que no cumplen y se han quedado fuera, tener ingresos superiores a los fijados, que el alquiler no sea para vivienda habitual, pagar una renta mayor del límite o ser propietario de otra casa son los incumplimientos más frecuentes. Tanto desde la patronal Cecale como desde los sindicatos UGT y CC.OO. consideraron «muy positivo» el resultado de la convocatoria, aunque sí reclamaron más dinero para llegar a todos quienes cumplen los requisitos, además de pedir estabilidad a estas ayudas. Según Suárez-Quiñones, uno de los motivos que pueden justificar el aumento de las solicitudes es el «efecto llamada» al comprobar que están «mejor gestionadas» y «se ve que son posibles».

Rehabilitación individual

Además, desde esta mesa del Diálogo Social ya miran al futuro y en materia de vivienda, otro de los grandes capítulos de las ayudas se fija en la rehabilitación, que también supone un importante nicho de empleo. Así, de cara al Presupuesto de 2018 se fija una partida para rehabilitación de vivienda individual (ahora sólo era para colectiva), de modo que pueda «favorecer» la vida en el medio rural y a pequeños constructores, avanzó el consejero.

ISABEL JIMENO / ABC.ES

Página Web - 2017/10/21

Fuente: http://www.abc.es/

Desde 2014 las casas en venta se han encarecido un 3%, pero su valor es aún un 34 por ciento inferior al de 2008

Todo parece indicar que el suelo del valor de la vivienda ya se ha quedado atrás en Castilla y León. Se dejó aparcado en 2014, cuando se registró el mínimo desembolso por metro cuadrado y se dio paso al inicio de una tímida pero estable recuperación que ha derivado en el incremento en tres años de un 3,4 por ciento de los valores. Una subida que no va acompasada, sin embargo, del poder adquisitivo de la sociedad. Y es que este aumento supone que el coste del parque inmobiliario se ha encarecido al doble de velocidad de lo que han subido los salarios en este mismo periodo.

Así, el precio de la vivienda ha ido escalando desde 2014 con altibajos que no han vuelto a tocar fondo. Tampoco techo. Las cifras actuales distan aún mucho de los estratosféricos máximos marcados por el boom inmobiliario. Éstos tuvieron lugar en 2008, cuando el precio era un 35 por ciento más alto que ahora.

Aún así, llegados a este punto, los datos sobre el coste de comprar una vivienda en Castilla y León reflejan un desajuste si se comparan con la subida de los sueldos, que han aumentado en tres años un 1,4 por ciento; e incluso con el resto de precios. En este sentido, cabe destacar que el IPC (Índice de Precios de Consumo) en este periodo se ha elevado en un 0,5 por ciento, tres puntos menos que el valor de una casa.

La diferencia es aún mayor en términos nacionales. En este caso, en el conjunto de España en los tres últimos años el precio de la vivienda ha subido un 14 por ciento, mientras que los salarios y el IPC, un uno por ciento. De hecho, los expertos señalan que en Castilla y León los precios no han vivido el mismo acelerón que a nivel nacional y que, además, la situación es dispar en el conjunto de la Comunidad, habiendo provincias que arrastran ascensos: otras, descensos y algunas, con un comportamiento irregular durante años.

Dicho esto, destacan a que, incluso en los puntos en los que han ascendido, los precios actuales no son aún suficientes como para sacar beneficios en muchos casos. Hay transacciones que se han cerrado por un valor inferior al del precio del suelo y la ejecución de la vivienda, explica el secretario general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Castilla y León, Eleuterio Gordaliza. El problema es que «los salarios no suben» y no va «acompasada» la crecida del coste del metro cuadrado con una recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores.

Seis años de nóminas

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Fomento, el valor medio de tasación es de 1.044 euros el metros cuadrados en Castilla y León. Teniendo en cuenta que el tamaño promedio es 120 metros cuadrados por hogar y que el salario medio bruto es de 20.625 al año, un ciudadano de la Comunidad tendría que reservar su nómina íntegra de seis años para poder adquirir una vivienda.

Esta situación, asegura Gordaliza, dificultará en el futuro el acceso a la vivienda. En primer lugar, porque pierda fuerza la cultura de comprar una propiedad; y en segundo, porque alquilar «es difícil» dada la oferta y la demanda y porque aquí los precios «están aumentando». En sólo un año han crecido casi un cinco por ciento en Castilla y León, según el portal Idealista.

Las últimas cifras publicadas sobre la compraventa de viviendas de acuerdo a la estadística del INE señalaron al cierre del mes de agosto que el incremento de precios no ha lastrado el mercado. De hecho, en los tres últimos años el volumen de transacciones se ha visto incrementado en un 32 por ciento. En total, hasta el pasado mes de agosto se vendieron 12.688 viviendas, de las cuales el 86,7 por ciento eran libres y el resto protegidas. Las de segunda mano se siguen imponiendo a la hora de adquirir casa a los hogares a estrenar, concentrando las primeras un 79 por ciento de las operaciones cerradas en Castilla y León.

Según las cifras oficiales del Ministerio de Fomento, durante el primer semestre, en Castilla y León cambiaron de manos 11.174 viviendas, lo que supone un 12,9 por ciento más que en entre enero y junio de 2016, cuando lo hicieron 9.894. Tendencia al alza, pero a menor ritmo que en el conjunto de España, donde la compraventa de casas creció un 17,3 por ciento. Unas cifras que dejan atrás el mínimo registrado en 2013, en plena crisis económica, pero que aún están lejos de los niveles en pleno «boom» de 2006, cuando se vendieron 56.000 viviendas en seis meses.

Por provincias, las ventas crecieron en todas salvo en Soria, donde las 394 ventas registradas entre los dos primeros trimestres son un ligero uno por ciento menos que en el mismo tiempo del ejercicio previo. Por contra, el mayor dinamismo del mercado inmobiliario se localizó en Valladolid, tanto en términos absolutos como relativos. Se vendieron 2.577 casas, un 23,3 por ciento más. En cifras globales le siguen Burgos (1.901), León (1.767) y Salamanca (1.472).

¿Y quiénes compran? El mercado inmobiliario en Castilla y León está muy vinculado a la demanda interna. De hecho, algo más de ocho de cada diez viviendas vendidas las adquirieron personas que ya residían en la Comunidad. Además, las compras por parte de castellano y leoneses aumentaron un 12,5 por ciento.

Sin embargo, quienes ahora parece que se lanzan más a hacerse con su propia vivienda son los extranjeros. Fueron en el primer semestre el colectivo que más pasó por notaría, con un crecimiento de las operaciones de un 38 por ciento. Sin embargo, al contrario de lo que ocurre en otros puntos de España -fundamentalmente del litoral- su peso en la tarta de propietarios es muy pequeño, pues sólo representan el 3,9 por ciento de los compradores. Completan el reparto, los residentes en otras comunidades que hacen propietarios de una casa en Castilla y León. Suponen el 15,3 por ciento del pastel, y también entre ellos aumenta la predilección por tener su propio «suelo»: un 9,7 por ciento en el primer semestre si se compara con el mismo periodo del año anterior.

M. GAJATE / ABC.ES

Página Web - 2017/10/22

Fuente: http://www.abc.es/