El plan estatal de vivienda contempla, por primera vez, subvenciones para obras en unifamiliares y en el interior de los pisos. El importe debe ser para la conservación, accesibilidad y eficiencia energética

Las ayudas públicas a la rehabilitación llaman a la puerta de más casas. El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 9 de marzo, aumenta las ayudas económicas para que los propietarios puedan ejecutar con más desahogo obras de conservación, seguridad, accesibilidad, mejora de la eficiencia energética y la sostenibilidad. Y, además, las extiende a un mayor número de beneficiarios. Es un evidente intento por mejorar este capítulo, en el que España suspende con un parque de casas en un estado claramente mejorable.

A partir de ahora, no solo las comunidades de propietarios tienen derecho a un dinero público para rehabilitar las zonas comunes de sus edificios. También, y por primera vez en la historia de estos programas, las viviendas unifamiliares —aisladas o agrupadas en fila, en zonas urbanas y rurales— y los pisos individuales pueden pedir una subvención para ser reformados, también sus interiores. Además, los requisitos se flexibilizan: pueden acogerse los inmuebles construidos antes de 1996, en lugar de 1981 como en el anterior plan. Y se abre más la mano para que puedan beneficiarse las fincas en las que hay segundas residencias, alquileres vacacionales o incluso pisos vacíos: para acceder a las ayudas basta con que el 50% de las viviendas sean el domicilio habitual de sus propietarios o arrendatarios. En el anterior plan esta exigencia era del 70%, con lo que muchos edificios de ciudades pequeñas y destinos turísticos, en los que no reside nadie, se quedaban fuera, aclaran en Fomento.

Con este paquete de novedades el número de posibles beneficiarios aumenta en un tercio. "A estas ayudas podrían acogerse unos 17,5 millones de viviendas", apunta Sebastián Molinero, secretario general de la Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac). Aunque la realidad a día de hoy es bien distinta. Los españoles dedican al mantenimiento de sus viviendas poco más del 3% de su presupuesto familiar, el 5% en el coche. "El año pasado se reformaron 1,5 millones de viviendas, un 2,3% más que en 2016. Pero, apenas representa un 6% del parque de viviendas", recalca Molinero. Y cuando hay visados de por medio, la cifra mengua mucho. En 2017 se solicitaron 26.024 permisos para la restauración de casas, un 0,3% menos que un año antes, según Fomento. Son datos cuanto menos preocupantes dada la antigüedad media del parque español. "Envejece a un ritmo del 2% anual, la mitad de los inmuebles tiene más de 45 años y se han construido bajo criterios de poca calidad, por lo que es necesario empezar a priorizar la rehabilitación y reforma", se pronuncia Molinero.

Dentro de las ayudas para la conservación, seguridad y accesibilidad están, por ejemplo, el arreglo de cubiertas, fachadas y medianerías, cimientos o estructuras (fontanería, grietas...). También, la instalación de ascensores, rampas, videoporteros o sistemas domóticos. O "la ampliación de espacios de circulación en el interior de las casas, la adecuación del baño, la ampliación y adaptación de cocinas o salas de estar", dicen en Andimac. La cuantía máxima de la ayuda es de 3.000 euros por vivienda cuando sean obras de conservación y hasta 8.000 euros si mejoran la accesibilidad. Podrán alcanzar hasta los 14.000 euros por casa para personas con discapacidad —17.000 euros para casos severos—. En cualquier caso, las ayudas no pueden superar el 40% de la inversión (en el anterior plan el tope era el 35%), porcentaje que se eleva hasta el 75% cuando los ingresos sean inferiores a tres veces el Iprem y resida una persona con discapacidad o un mayor de 65 años y se acometan obras de accesibilidad.

El plan no pasa por alto otra de las asignaturas pendientes: el fomento de la eficiencia energética y la sostenibilidad en edificios residenciales (incluyendo sus pisos) y en unifamiliares, tanto en el ámbito urbano como en el rural. Se incluye la instalación de nuevos sistemas de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria y ventilación; ventanas más eficientes que eviten filtraciones y ruidos; mejora de la envolvente del edificio con aislamiento térmico y acústico; instalaciones para separar los residuos domésticos en el interior de las casas y puntos de recarga de vehículos eléctricos en los aparcamientos. Es una pequeña muestra de una larga lista de obras subvencionables en este nuevo plan que, además, contempla la figura de la rehabilitación por renta, según la cual el inquilino puede costear las obras a cambio del alquiler. "En este supuesto el arrendatario podrá tener la consideración de beneficiario". En las reformas energéticas, la cuantía máxima no podrá superar los 12.000 euros si es un unifamiliar y si son pisos los 8.000 euros (hasta el 40% de la inversión).

Tras las obras, los propietarios se pueden beneficiar de un ahorro anual en las facturas de hasta 1.700 euros. Además, la mejora de la envolvente y la protección solar revalorizan la vivienda hasta un 25%, según la multinacional alemana Sto. "Por cada euro invertido en aislamiento térmico se produce un retorno medio de siete euros", prosigue Carlos Castro, responsable de eficiencia energética de Danosa.

Medidas insuficientes

El sector aplaude el nuevo plan y cree que será un estímulo para aumentar las reformas. Pero aún se puede hacer más. "Debe aflorar todo tipo de economía sumergida para luchar contra el intrusismo profesional, creando una competencia sana y ayudando al cumplimiento por parte de todos de las obligaciones tributarias", señala Isabel Alonso de Armas, directora general de la Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma (Aneer). "Las ayudas deberían venir acompañadas de la recuperación de la deducción de IRPF por rehabilitación de vivienda habitual en el tramo estatal y autonómico, que desapareció en 2013 y que animaría a más gente a reformar", cree Molinero.

Hay quien tiene claro el verdadero problema. "Respecto del gran problema que representa la financiación de las obras, debemos considerar que no se han tomado nuevas medidas de estímulo fiscal, como: Un IVA del 4%, que además afloraría la economía sumergida. Una desgravación real de las cantidades invertidas en rehabilitación. Se deberían encontrar nuevas líneas de financiación y de subsidiación de las obras", opina Carlos T. Pérez, arquitecto y asesor de arquitectura del Colegio de Administradores de Fincas de Barcelona y Lleida. Además, "se deberían incluir en el presupuesto de las actuaciones subvencionables el coste de las tasas, impuestos y tributos", cree. Porque, "es importante entender que la rehabilitación energética, unida a la rehabilitación y mantenimiento general del edificio, es rentable socialmente pues se mantiene o se mejora la vida útil del edificio".

La pelota está ahora en el tejado de las comunidades autónomas que tienen la competencia y que deciden el reparto de esas ayudas, que tienen carácter retroactivo al 1 de enero. "En mayo o junio ya podrían gestionarse las solicitudes" por parte de los beneficiarios, según Fomento.

Sandra López Letón / El País

Página Web - 2018/04/16

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En la comunidad catalana los precios se congelaron, mientras que en Baleares subieron un 10,1% y en Madrid un 8,7%

El precio de la vivienda subió más del 10% en algunas comunidades autónomas durante el cuarto trimestre del año y la compraventa creció en otras por encima del 30% durante ese mismo periodo. Son algunas de las conclusiones que publica hoy lunes el Consejo General del Notariado y que vienen a dar soporte a los expertos que ya alertan del temor a una nueva burbuja inmobiliaria.

La compraventa de vivienda registró un crecimiento medio del 10,9% interanual en España, manteniendo alzas de dos dígitos por cuarto trimestre consecutivo. Por encima del 30% avanzó en Castilla-La Mancha (39,2%), Madrid (33,6%) y Cantabria (31,7%). Solo en tres comunidades autónomas descendió la actividad inmobiliaria.

La más afectada fue Cataluña, donde las transacciones se desplomaron un 7,5% a causa de la inestabilidad política por el proceso independentista. El dato contrasta con el avance del 9,7% en el tercer trimestre del año. También bajaron en La Rioja (-4,2%) y Murcia (-2,6%).

La situación política de la comunidad catalana también tuvo su efecto en los precios. En Cataluña "prácticamente se congelaron" los precios (+0,3%) en el cuarto trimestre, una evolución que contrasta con el alza del 10,2% del periodo de julio a septiembre. El contraste es más acusado cuando se compara con Aragón, donde la vivienda se encareció un 13,9%, Baleares (+10,1%) y Madrid (+8,7%). Los precios subieron en 13 comunidades autónomas y bajaron en el resto, destacando Canarias (-5,3%) y Asturias ( 4,5%). A nivel nacional, el precio del metro cuadrado de la vivienda se situó en 1.400 euros en el cuatro trimestre de 2017, lo que supone un aumento del 4,9% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según datos del Consejo General del Notariado.

Los notarios indican que el cuarto trimestre de 2017 "trajo consigo un fuerte aumento" del número de préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda a nivel nacional (14,9%), en línea con la expansión del trimestre previo, lo que supuso un incremento del 14,4% en el conjunto del año. En el último cuarto del año se registraron avances en 12 autonomías y caídas en las cinco restantes. Entre los incrementos destacaron Madrid (+42,6%), Navarra (+38,6%), País Vasco (+38,4%) e Islas Canarias (+34,9%). Por el contrario, Aragón (-25,2%), La Rioja (-23,3%) y Castilla y León (-8,3%) tuvieron las caídas más intensas.

S.L.L. / El País

Página Web - 2018/04/16

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La rentabilidad del sector inmobiliario alcanzó el 11,4% en 2017, muy por encima del 7,4% ofrecido por la Bolsa, según las cifras del Banco de España

El mantenimiento de los bajos tipos de interés y la recuperación del sector inmobiliario en España han disfrazado al ladrillo de activo financiero. La vivienda cerró 2017 con una rentabilidad del 11,4%, gracias tanto a la subida de precios (7,2%) como a la rentabilidad bruta del alquiler (4,2%), según las cifras publicadas por el Banco de España. Rendimientos muy superiores al ofrecido no solo por bonos y depósitos, sino también por el Ibex 35.

Lo cierto es que los precios de la vivienda han alcanzado ya crecimientos similares a los registrados en la etapa precrisis y parecen no tocar techo. Un factor que obliga a muchos españoles a acudir al alquiler, que registra un incremento de la demanda y, en consecuencia, de las rentas del arrendamiento. Se trata de unos repuntes que no han pasado inadvertidos para un buen número de inversores institucionales, que buscan rendimientos en un mercado condicionado por el sostenimiento del programa de estímulos monetarios puesto en marcha por el BCE.

Los expertos llevan varios meses destacando que es precisamente la presencia de estos inversores lo que está impulsando gran parte del alza de los precios de las casas en ciudades como Madrid y Barcelona. No hay que olvidar el auge que han tenido en España vehículos de inversión como las socimi en los últimos años, a lo que se une el creciente interés de distintos fondos en plataformas turísticas, que en nuestro país ofrecen más habitaciones que los hoteles.

Juan Fernández-Aceytuno, consejero delegado de Sociedad de Tasación (ST), destaca que, a diferencia del ciclo expansivo registrado durante los años de la burbuja, en esta ocasión el sector inmobiliario está creciendo de forma muy heterogénea en España. «Antes las grandes capitales se situaban a nivel de la media nacional. Ahora, sin embargo, son las grandes ciudades como Madrid o Barcelona, las que impulsan casi en solitario el sector. Y esto es en gran parte por el componente inversor», destaca.

Una circunstancia que provoca que gran parte del repunte del ladrillo esté condicionado por el comportamiento de otros sectores. «Si el turismo se resfría, el sector inmobiliario va a sufrir», señala el consejero delegado de Sociedad de Tasación. Además, hay que tener en cuenta que el crecimiento de los precios de la vivienda no se produce únicamente en España, sino que la tendencia se amplía en toda Europa.

Las cifras publicadas por Eurostat el miércoles pasado reflejan que el sector inmobiliario europeo solo retrocedió en Italia durante el cuarto trimestre de 2017. En países como Islandia, Irlanda, Portugal o Eslovenia, el ladrillo se llegó a disparar por encima de las dos cifras. Incrementos que empequeñecen el registrado en el mercado nacional, donde la vivienda despuntó un 7,2% entre octubre y diciembre y registró, con todo, su mayor subida desde 2007, año considerado como el preludio de la burbuja inmobiliaria.

Distintos organismos, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), están advirtiendo de los peligros de esta uniformidad. La institución dirigida por Christine Lagarde ha avisado, a través de un informe publicado esta semana, de que el sector inmobiliario se comporta cada vez más como las acciones o los bonos.

Y es que el marcado acento inversor que ha registrado en los últimos años la vivienda no solo ha impulsado su profesionalización, sino también su sincronización. Es decir, un suceso imprevisto producido en Tokio puede llegar a desplomar el mercado residencial de Nueva York, según advierte la institución. El consejero delegado de Sociedad de Tasación equipara esta situación con el mercado del pe-tróleo, donde un acontecimiento sucedido en un lugar recóndito es capaz de tumbar la cotización del crudo. Una correlación que, en el caso de la vivienda, «debe preocupar a los responsables de la formulación de políticas, ya que puede indicar una transmisión más fuerte de las perturbaciones externas a los mercados locales», señala en su informe el FMI. El organismo añade que, como consecuencia de esta tendencia, el sector inmobiliario podría representar de nuevo el origen de una hipotética recesión mundial.

Activos domésticos

Y es que, tal y como recuerda el informe, aunque el mercado inmobiliario se parece cada vez más a los activos financieros, mantiene una diferencia fundamental: representa el mayor activo de un alto porcentaje de hogares. Además, también tiene una gran relevancia para el sector bancario, a través de las hipotecas. Por ello, una brusca caída de los precios tendría un impacto devastador, mucho más alto que el ocasionado por una caída en Bolsa o en el precio de un bono soberano.

Hasta el momento, el sector inmobilario ha contado con circunstancias favorables a nivel mundial, como la mencionada política monetaria o la recuperación de la economía a nivel global. El FMI advierte de las consecuencias que puede tener la desaparición de estos factores. «Hay que concebir la gestación de una burbuja como un globo. En ocasiones explota por meter demasiado aire, pero en otras es porque alguien lo pincha desde fuera», añade Juan Fernández-Aceytuno.

Guillermo Ginés / ABC.ES

Página Web - 2018/04/13

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El plan de 2018 a 2020 dispone de 1.119 millones para favorecer la emancipación de jóvenes y alojar a personas en dificultades

El departamento de Vivienda del Gobierno vasco estima que unos 6.000 jóvenes podrán beneficiarse en 2021 de las ayudas que comenzará a ofrecer a partir de enero del próximo año para el alquiler de sus viviendas. El programa Gaztelagun, destinado a favorecer la emancipación de jóvenes de 23 a 34 años, financiará hasta el 50% de la renta mensual que pagan, en función de sus ingresos. El consejero socialista de Medio Ambiente, Planificación Territorial y Vivienda del Gobierno Vasco, Iñaki Arriola, lo ha definido como un plan de futuro para dar a los jóvenes una primera oportunidad para independizarse.

Los titulares del derecho serán aquellos jóvenes que tengan como domicilio habitual y permanente la vivienda arrendada, aunque no sea como titulares del contrato de alquiler -se permite compartir piso- y dispongan de ingresos regulares que, en conjunto, superen los limites vigentes en cada momento para el cobro de la RGI -7.734 euros en 2018-  y sean iguales o inferiores a 12.000, 15.000 y 18.000 euros, en función de que los residentes sean 1, 2 o 3 personas. Este umbral será de 20.000 y hasta 22.000 euros cuando se trate de familias numerosas de categoría especial o de personas con grados elevados de discapacidad.

El Plan Director de Vivienda, del que emana esa medida, está dotado con 1.119 millones de euros su vigencia es de 2018 a 2020. Su objetivo es "garantizar la función social de la vivienda y el derecho subjetivo de la ciudadanía a ella mediante la promoción preferente del alquiler, el impulso a la rehabilitación, la regeneración urbana o la utilización de los pisos vacíos". La Ley de Vivienda es la que fija el derecho subjetivo a una vivienda de alquiler.

El Plan también prevé que el reconocimiento de ese derecho del que disfrutan los ciudadanos vascos alcance a 7.000 hogares en 2020. La cifra objetivo de hogares perceptores -bien de la Prestación Complementaria de Vivienda (a la que tienen derecho los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos) o de la Prestación Económica de Vivienda- se sitúa en 28.750 hogares en promedio mensual durante los tres años de vigencia del Plan. Además, prevé promover la edificación de 6.350 nuevas viviendas de protección pública, la obtención de suelo residencial para la edificación de otras 2.000 y el incremento del parque de alquiler protegido en hasta 7.200 viviendas, (6.400 pertenecientes al programa Bizigune).

El consejero Iñaki Arriola ha destacado en el Parlamento vasco que se trata de un plan muy ambicioso, en el que confluye un elevado consenso social, cuyo propósito es "actuar directa e indirectamente sobre el mercado de la vivienda, a fin de mejorar la situación residencial de la población en general y, en especial, de incrementar las posibilidades de acceso a una vivienda de las personas con mayores dificultades, ofreciendo soluciones adaptadas a las necesidades de vivienda de estos colectivos".

El consejero ha explicado que se entenderá que tienen una fuente regular de ingresos quienes estén trabajando por cuenta propia o ajena, el personal investigador en formación y los perceptores de becas, siempre que puedan acreditar una vida laboral de, al menos, seis meses de antigüedad de forma inmediatamente anterior al momento de la solicitud, o una duración prevista de la fuente de ingresos de, al menos, seis meses contados desde el día de su solicitud.

La renta de la vivienda objeto del contrato de alquiler no podrá superar los 600 euros mensuales con carácter general y los 750 euros en el caso de las tres capitales vascas y sus respectivas áreas funcionales. La cuantía de la ayuda será de hasta el 50% de la renta mensual que deba satisfacer el beneficiario por el alquiler de su vivienda habitual y permanente. Cuando la vivienda la compartan dos unidades de convivencia formalmente constituidas, la ayuda se elevará hasta el 60% del alquiler.

Pedro Gorospe / El País

Página Web - 2018/04/11

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