El alza de los precios de venta y alquiler y la escasez de oferta son los principales indicios

Ocho de cada diez españoles considera que el mercado inmobiliario presenta indicios similares al periodo anterior a 2008, cuando tuvo lugar el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, según un estudio realizado por Casaktua a 1.100 personas durante el mes de marzo. Precios por las nubes y escasez de oferta son los síntomas que llevan a los encuestados a pensar que se están repitiendo algunos de los errores del pasado.

El 86% considera que la razón principal de la amenaza es el incremento del precio de la compra en los dos últimos años. Pero son más, un 89%, los que consideran que son los precios de alquiler los que más evidencian una situación de sobrecalentamiento. Actualmente, el coste medio que están pagando los que viven de alquiler alcanza los 469 euros al mes, un 6% más que la cuota media hipotecaria, que es actualmente de 442 euros mensuales. Además, uno de cada cinco inquilinos tiene que hacer frente a una subida de la renta mensual. De estos, el 24% paga 50 euros más que hace unos meses, y casi el 10% afronta 100 euros adicionales.

Por eso, el 73% de los encuestados opina que, ahora mismo, comprar es mejor elección que alquilar. La intención de adquirir una vivienda en propiedad ha aumentado siete puntos en el último año, mientras que la opción del alquiler ha disminuido un punto.

Estos datos ponen de manifiesto que España sigue siendo un país con mentalidad de propietarios, a pesar del aumento en la demanda de alquiler en los últimos años. El 17% de los encuestados manifiesta su deseo de adquirir una vivienda, frente al 14% que optaría por el alquiler.

Y aún así, el 58% de los españoles que escoge la opción de ser inquilino y no propietario no lo hace convencido, sino por razones económicas, ya que preferirían adquirir una vivienda pero no se lo pueden permitir. De hecho, el presupuesto de compra se ha reducido hasta 171.815 euros, un 7% menos que el de 2017, según el estudio. En la mayoría de los casos (79%), la cuantía a invertir en una vivienda se sitúa por debajo de los 200.000 euros, frente al 75% de 2017 y el 70% de 2016. Este presupuesto varía por comunidades autónomas. Los que más gasto están dispuestos a asumir en la compra de un inmueble son los madrileños (202.128 euros): el 77% tiene intención de adquirir una vivienda de hasta 250.000 euros.

Un parte de los que van a comprar viviendas en los próximos meses son inversores. El estudio recoge que el 10% de los españoles que está buscando nueva vivienda lo hace motivado por el atractivo de inversión. El perfil es el de un trabajador por cuenta ajena, de entre 45 y 54 años y con unos ingresos netos familiares de entre 3.001 y 4.500 euros al mes. La inversión ronda los 150.000 euros como máximo. Para los encuestados, la mejor opción para invertir en el sector inmobiliario es adquiriendo una vivienda con el fin de alquilarla (33%). Le sigue, el arrendamiento vacacional (14%) y la compra de un inmueble para vender una vez reformado (12%).

 

 

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El País

Página Web - 2018/04/24

Fuente: https://elpais.com/

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El texto sale adelante con 19 votos a favor y 18 en contra. Se han opuesto el PSOE, Unidos Podemos y ERC

 

La Comisión de Justicia del Congreso ha aprobado este martes una proposición de ley del PDeCAT que modifica la Ley de Enjuiciamiento Civil para proteger la propiedad privada frente a la okupación ilegal. Esta comisión de la Cámara baja ha enviado la reforma de la ley al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta y el texto no encontrará ningún obstáculo para salir adelante, aunque luego deberá volver al Congreso. La reforma ha sido aprobada por 19 votos a favor y 18 en contra —se han opuesto el PSOE, Unidos Podemos y ERC— y en cuanto entre en vigor tras su ratificación en la Cámara alta permitirá el desalojo exprés de las viviendas de propietarios que sean "personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y entidades públicas propietarias de viviendas social". Los tres partidos que se han opuesto mantienen que la modificación no garantiza el realojo de las familias vulnerables que hayan okupado un inmueble.

El grupo parlamentario confederal ya había alertado de que la proposición de ley para agilizar los procesos de desalojo ante ocupaciones de vivienda abre la puerta a que los bancos y fondos buitre pudieran acogerse a este procedimiento de desahucio exprés.

El PSOE finalmente se ha descolgado de un texto que, en buena parte, había acordado y respaldado en la fase de ponencia. Lo ha motivado en que el resultado "final no tiene medidas concretas contra los extorsionadores, sino contra los ocupantes".

En la votación de enmiendas en la comisión se han excluido del proceso de desahucio exprés a las entidades privadas y gestoras de un fondo de viviendas destinadas al alquiler social, que venían incluidas en el texto aprobado por la ponencia, lo que abría la puerta a que entidades financieras o fondos buitre pudieran acogerse a estos procedimientos.

Podemos había denunciado que entre las entidades que pueden acogerse a este nuevo procedimiento figuran "entidades titulares o gestoras de un fondo de viviendas destinadas a alquiler social al que pertenezca el inmueble que no gocen de privilegios administrativos para recuperar la posesión". Es decir, "bancos y lo que haga falta", había denunciado este lunes la portavoz de En Comú, Lucía Martín.

La propuesta finalmente aprobada abre la puerta a pedir "la inmediata recuperación de la plena posesión de una vivienda o parte de ella siempre que se hayan visto privados de ella sin su consentimiento" las personas físicas propietarias de vivienda, entidades sin ánimo de lucro y "entidades públicas propietarias o poseedoras legítimas de vivienda social".

En este caso, se trasladará una notificación a los ocupantes, extensible a aquellos que en ese momento no se encuentren en la vivienda. Desde entonces, se exigirá a estos ocupantes que justifiquen la situación de posesión. Ante esto, "exclusivamente" podrán fundamentar su oposición a la demanda en "la existencia de título suficiente para poseer la vivienda o en la falta de título" por parte del demandante. En caso de no aportarse "justificación suficiente, el tribunal ordenará mediante auto la inmediata entrega de la posesión de la vivienda". Contra este auto, señala la ley, "no cabrá recurso alguno y se llevará a efecto contra cualquiera de los ocupantes que se encontraren en ese momento en la vivienda".

También se dictará sentencia "de inmediato" en caso de que el demandado no contestara al requerimiento en el plazo previsto de cinco días. La ley, además, posibilita la ejecución, si así lo solicitara el demandante, sin la necesidad de que transcurra el plazo de 20 días previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil.

La ponente del PDeCAT, Lourdes Ciuró, ha asegurado que en ningún caso buscaban permitir "que puedan acogerse ni fondos buitre ni cualquier entidad que pueda especular con la vivienda". "No es nuestra intención", ha declarado. Ciuró ha confirmado que han trabajado en "un redactado para que no quede ni la más mínima duda de que únicamente puedan acogerse Administraciones públicas y ONG, tal y como constaba en la iniciativa original, y hasta en el propio título inicial de la propuesta, que mencionaba la disposición de viviendas a entidades sociales y Administraciones públicas. Ahora, se limita a hablar de la okupación ilegal de inmuebles".

La ley también contempla la comunicación "a los servicios públicos competentes en materia de política social" en diferentes fases del proceso "si procediera su actuación", aunque no de oficio sino una vez se obtuviera consentimiento de "los interesados". La primera de ellas, en caso de identificarse a los ocupantes al efectuar la notificación de la demanda, al acordarse la entrega de la posesión de la vivienda y el desalojo y también cuando se fije la fecha para ejecutar el desahucio. Al acordar la entrega de la posesión, se fija un plazo de siete días para que estos servicios públicos puedan "adoptar las medidas de protección que en su caso procedan".

Sin embargo, la proposición de ley no garantiza una alternativa para los desahucios de estas okupaciones y no tiene definidas medidas concretas para aquellos casos en los que las personas desahuciadas se encuentren en una situación de vulnerabilidad. Pero sí que establece la obligación de las Administraciones públicas de que incorporen en sus protocolos de vivienda "medidas ágiles de coordinación y cooperación al objeto de prevenir situaciones de exclusión residencial", con el fin de "dar respuesta adecuada y más lo más inmediata posible" a casos de vulnerabilidad.

Estos protocolos, subraya esta medida incluida en una disposición adicional, "garantizarán la creación de registros" donde incorporar "datos sobre el parque de viviendas sociales disponibles para atender a personas o familias en riesgo de exclusión".

La aprobación del desalojo exprés ha agrandado la brecha en Cataluña entre el PDeCAT y la CUP. La diputada autonómica de la CUP Natàlia Sànchez ha acusado al partido de Carles Puigdemont de facilitar los desahucios de viviendas con su propuesta para "blindar privilegios" de "la elite que especula con las propiedades" inmobiliarias. En ese sentido, ha considerado "gravísimo que el PDeCAT lidere políticas que van en contra de las clases populares para convertir las viviendas en material de beneficio y de especulación".

También la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha denunciado que esta sea la única ley que se está planteando en materia de vivienda, que a su juicio acelerará los desahucios de viviendas ocupadas y "generará una nueva ola de desahucios". "Es muy fácil ir legislando a favor del desahucio y que después todas las consecuencias las tengan que gestionar los Ayuntamientos", ha criticado.

 

 

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Miquel Alberola / El País

Página Web - 2018/04/24

Fuente: https://politica.elpais.com/

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La alcaldesa subraya el esfuerzo de los ayuntamientos en vivienda y amenaza con "llevar los casos al ministerio de Fomento"

 

El gobierno de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, está haciendo un esfuerzo insólito por luchar contra los desahucios en la ciudad. Al llegar al poder en 2015, tras crear en 2009 la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), creó la Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER), un equipo específico para evitar que los vecinos pierdan sus viviendas. Pero aún así y con un trabajo de mediación con los propietarios y una inversión en ayudas al pago del alquiler insólita, el porcentaje de desahucios que logró evitar la UCER en 2017 fue modesto, del 16%: 218 familias que pudieron permanecer en sus viviendas de un total de 1.362 casos resueltos.

En otro 26% de los casos, el Ayuntamiento consiguió alguna "solución residencial": se les adjudicó un piso de la conocida como mesa de emergencias; accedieron a recursos temporales (viviendas de inclusión, pensiones o equipamientos municipales); o fueron realojados en una vivienda de la bolsa de mediación. El resto de familias, un  58%, la situación se resolvió con una combinación de ayudas sociales municipales y las que los propios afectados encontraron (acabaron alquilando a precio de mercado, se trasladaron a casa de familiares o fuera de Barcelona). "En cualquier caso", ha aclarado el gerente del área de Vivienda, Javier Burón, se continúa haciendo un seguimiento de estas familias". "En 2017 se resolvieron un 77% más de casos que en 2016, no somos autocomplacientes, pero hay una disminución", ha apuntado Colau.

Colau y su gobierno mantienen que la vivienda es su prioridad. Por su trayectoria y porque la ciudad está inmersa en una crisis por el alza de los precios del alquiler que está expulsando a muchos vecinos de sus barrios. En este sentido, la alcaldesa ha insistido este martes durante la presentación del balance de la UCER en que el esfuerzo de su equipo es pionero y que la política en materia de vivienda "es un cambio de paradigma, pese a tener competencias y recursos limitados".

La alcaldesa ha cargado contra la Generalitat: "No nos pueden dejar solos, esto no es sostenible", ha manifestado tras asegurar que en espacios como la mesa pisos de emergencia el consistorio aporta el 77% de los recursos y el gobierno catalán solo el 23%. También ha recordado que el Gobierno central ha recortado un 77% los fondos destinados a vivienda.

Las cifras presentadas indican que los procesos judiciales por desahucio han caído en la ciudad un 22% desde 2014 (el último del mandato del ex alcalde Xavier Trias), mientras la actuación municipal se ha casi cuadruplicado. En 2017 la UCER atendió a 2.351 familias nuevas (un 50% más que en 2016), que alcanzaron las 3.268 si se suman casos de los años anteriores.

Colau ha querido subrayar varias cuestiones que constata la UCER en su día a día. En la mayoría de casos, se trata de familias en las que hay menores, lo que eleva el listón de la complejidad. Además, en 80% de los casos los afectados se dirigen a una oficina de vivienda, lo que significa que no está funcionando correctamente el protocolo firmado con el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que debería avisar a los servicios sociales municipales con anterioridad.

Y otra cuestión que ha señalado la alcaldesa es que los grandes tenedores (empresas o entidades financieras) son los propietarios de la mitad de casos que atienden. "No son propietarios que necesitan las viviendas para vivir sino para especular", ha reprochado y ha añadido que negociar con estas propiedades "es mucho más difícil". Los casos en los que las familias pueden quedarse en sus viviendas son precisamente en su mayoría de pequeños propietarios, ha destacado la alcaldesa.

 

"Llevaremos los desahucios al ministerio"

La alcaldesa ha arremetido contra la ley impulsada por el PDeCAT y que previsiblemente apoyarán esta tarde PP, Ciudadanos y el PSOE "para acelerar el desahucio exprés sin distinguir ni familias ni propietarios". "Mientras las ciudades pedimos garantías para los inquilinos con una reforma de la LAU, que se limiten las subidas del alquiler, apoyamos iniciativas para forzar que los pisos vacíos se destinen al alquiler social... en vez de esto todo son obstáculos y el Gobierno se plantea acelerar el desahucio", ha exclamado.

"En vez de dar pasos adelante el Gobierno da pasos atrás para facilitar a los especuladores para generar una nueva burbuja", ha dicho y ha amenazado, sin concretar, con "tomar medidas excepcionales, como llevar los casos de desahucio ante el señor ministro de Fomento para que no pueda mirar hacia otro lado". "No es que tenga un plan secreto", ha añadido, pero ha venido a decir que la administración que legisla es la que más lejos está de la realidad de las familias desahuciadas. "Los ayuntamientos vamos a defender a las familias", ha zanjado.

 

Más casos en Nou Barris

El balance de la UCER de 2017 revela que el distrito donde más casos se han atendido es Nou Barris (16,6% del total), seguido muy de cerca por Sants-Montjuïc (16,5%) y Ciutat Vella (15,9%). La actividad del equipo que lucha contra los desahucios es también notable en Horta-Guinardó, Sant Andreu, Sant Martí y el Eixample. En cambio, sumados los casos atendidos en Gràcia, Sarrià Sant Gervasi y Les Corts, no llegan al 8,5%.

Sobre el perfil de los casos atendidos, responde a un hogar de 3,3 personas, entre ellos menores, con unos ingresos mensuales inferiores a los 570 euros en más de la mitad de los casos. Respecto al régimen de tenencia de la vivienda de las familias, el 51% fueron inquilinos; el 36% casos precarios —ocupaciones irregulares—, el 7% propietarios y en un 6% de los casos no hay información.

 

 

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Clara Blanchar / El País

Página Web - 2018/04/24

Fuente: https://elpais.com/

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La fuerte demanda de viviendas eleva las ganancias de los propietarios en la periferia de las grandes ciudades

Una de cada dos personas que acceden a una vivienda en España ya se decanta por el alquiler este año y las rentas se encarecen a un ritmo de vértigo, muy superior a la subida de los precios de venta. Además, la oferta escasea en los cinco principales mercados —Barcelona, Madrid, Zaragoza, Valencia y Sevilla—. Es la tormenta perfecta que ha disparado la rentabilidad de la inversión en vivienda.

Según los datos de Solvia, la rentabilidad media bruta del alquiler en España fue del 6,1% el pasado año (calculada con precios de cierre). En el primer trimestre de 2018 alcanza ya el 8,2%, apunta la firma Urban Data Analytics (uDA). Es algo más elevada que la calculada por el portal Idealista: hasta marzo ha alcanzado el 7,8%, marcando un nuevo máximo histórico. Es casi tres puntos porcentuales superior al dato de 2013 (4,9%). Estas tasas, aunque difieren según quién las calcule, están a años luz de las que ofrecen los bonos del Estado a 10 años (1,6%) y se mueven en la línea de la revalorización del Ibex 35 en 2017 (7%).

El Banco de España, que actualiza la cifra con el IPC de alquileres, más conservador, calcula que si a la rentabilidad bruta media anual se le suman las plusvalías a 12 meses, resulta que adquirir una vivienda para alquilar renta un 11,4% (hace un año era del 8,8%). Así pues, los propietarios que durante los años del boom compraron una segunda vivienda y se quedaron atrapados por la crisis se frotan las manos —los pisos se alquilan en menos de 48 horas—. Y los que tienen unos ahorros acaban por sucumbir al negocio. Y mejor que sea este año, que aún crecerán algunas décimas más, porque "2019 marcará un punto de inflexión y las rentabilidades serán más contenidas, en el entorno del 6%", apunta Arturo Marín, responsable del área de Inteligencia de Mercado de Solvia.

No todas las ciudades son igual de agradecidas. Ni siquiera todos los distritos o barrios. Así, Valencia es la que presenta una mayor rentabilidad bruta media anual (8,7%). Esto se debe a que los precios de compra se han mantenido más contenidos, mientras que las rentas han crecido. Después están Sevilla (7,7%) y Zaragoza (7%). Cierran la lista Madrid (6,3%) y Barcelona (6%), según los cálculos de Solvia. Estos dos mercados, apunta Idealista, acumulan varios trimestres en los que la rentabilidad cae. "En Madrid y Barcelona, a pesar de que el alquiler está subiendo por la alta demanda y la escasa oferta, el precio de venta de los inmuebles también está creciendo", explica Marín.

 

 

Sin embargo, si se abre la mirada a las comunidades autónomas, Cataluña es la más rentable, con un 6,2%, para comprar una vivienda y ponerla en alquiler en el primer trimestre del año, según los datos del portal Fotocasa. Le siguen la Comunidad Valenciana (5,9%), Madrid (5,7%), Castilla-La Mancha (5,6%), Canarias y Murcia, ambas con un 5,5%. Sin embargo, Baleares ya presenta una variación anual negativa del 3,2%, debido al incremento de los precios de compraventa, muy por encima de los del alquiler, según uDA.

Para el ahorrador también es clave saber que la rentabilidad crece más en barrios con precios de venta aún bajos (generalmente por ser menos atractivos o con mucho stock) y una alta demanda de alquiler. Esto es así porque el boom del arrendamiento en los centros urbanos se ha contagiado a las afueras y se está produciendo un proceso de gentrificación en barrios cada vez más periféricos de las grandes ciudades, donde se están disparando las rentabilidades. "El aumento de las rentas de alquiler en las zonas más céntricas por la entrada de inversores y el auge del alquiler turístico provocan el desplazamiento de inquilinos de mayor poder adquisitivo hacia barrios cada vez más periféricos, donde los precios de venta no terminan de despegar, pero sí los del alquiler", dice Marín.

De hecho, en algunos distritos españoles la rentabilidad bruta media alcanza casi el 14% anual, como en Poblats Marítims (Valencia). "Está en pleno proceso de gentrificación, tras la apertura de las principales avenidas de la capital hacia el mar y su integración en la trama urbana", añade. En Valencia, donde la demanda de pisos en alquiler supera el 50% del total, la renta media roza los 700 euros al mes.

Después está Sevilla, donde "el efecto de gentrificación y precios de venta que no despegan también es especialmente notable", recalcan en Solvia. Con un precio medio del alquiler de 815 euros al mes, los distritos más interesantes para invertir son Isla de la Cartuja (12,45%), Cerro-Amate (10,25%) y Sur (8,68%). En Zaragoza, donde el alquiler medio alcanza los 605 euros, los que presentan mayor rentabilidad son Las Fuentes y Delicias, que superan el 9%.

Madrid es la ciudad que concentra una mayor demanda: un 28% de los que buscan vivienda en alquiler lo hace en la capital, a pesar de que la renta media ya alcanza los 1.137 euros al mes. Esta presión inflacionista ha llegado a barrios periféricos y ha elevado la rentabilidad, que se acerca casi al 10% en distritos de corte más obrero como Villaverde, Puente de Vallecas o San Blas. Como consecuencia, las clases de menor poder adquisitivo saltan a otros municipios más lejanos, como Parla, Valdemoro o Rivas-Vaciamadrid.

Cierra la clasificación Barcelona, la ciudad con los alquileres más elevados de España: 1.281 euros mensuales. Pero los precios de venta y de alquiler no dejan de subir casi al mismo ritmo, lo que merma la rentabilidad. Las más altas se consiguen en distritos como Horta-Guinardó o Nou Barris, que se acercan al 8%.

 

 

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Sandra López Letón / El País

Página Web - 2018/04/23

Fuente: https://elpais.com/

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