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ONU Hábitat lanza propuesta ante distorsión en entrega de subsidios a servicios públicos.

 

Lo más lejano a la realidad de Colombia es que las casas de estrato 1 y 2 son, en general, habitadas por los pobres y las de estrato 5 y 6 por los ricos. Al contrario, el desfase socioeconómico de lo que sucede de puertas para adentro en una vivienda colombiana es, en promedio, cercano a 50 por ciento, según un ejercicio realizado por ONU Hábitat.

Esto quiere decir que hay ciudades que tienen hasta la mitad de sus habitantes incluidos en un esquema de apoyo en servicios públicos, por seguir el faro del estrato, pese a que con sus ingresos podrían financiar sus necesidades. Mientras tanto, el esquema excluye una proporción similar de habitantes que sí requerirían el auxilio. Todo porque los subsidios de este tipo de servicios se asignan con base en un inmueble y no en la situación socioeconómica de una familia.

Cambiar ese panorama que genera inequidad al otorgar ayudas del Estado, con errores garrafales en la inclusión y exclusión de los beneficiarios de subsidios y, por consiguiente, ocasionando un despilfarro de recursos públicos, es la meta de la propuesta elaborada por ONU Hábitat.

Se le llama Índice Multidimensional de Focalización y se basa en la organización de grupos tarifarios escogidos a partir de registros administrativos que permitan el cruce de información y logren reflejar la capacidad de pago de una familia, en vez de establecerse a partir de la fachada de una vivienda, como lo hace en la actualidad la estratificación. Según Roberto Lippi, coordinador de ONU Hábitat para los países andinos, “hasta ahora se ha pensado en mejorar el sistema, pero no cambiarlo”.

En el Plan de Desarrollo, que hace su trámite en el Congreso, se incluyó la idea de eliminar los estratos, pero generó una fuerte oposición, con argumentos de protección a los más vulnerables. Pero la realidad que muestran las cifras del Dane es que, por ejemplo, un 20,7 por ciento de los hogares ubicados en el estrato 3, por su vivienda, pertenecen al quintil 5, el más alto en la distribución de ingresos. Esto, según las cuentas de Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, equivale a “cerca de 700 mil hogares en estrato 3 que son del 20 por ciento de más altos ingresos, pero reciben subsidios”.

Para Mejía es claro que se requiere eliminar la estratificación como instrumento de focalización de subsidios y que, en el largo plazo, el Sisbén debe convertirse en el único instrumento de focalización.

De hecho, Planeación Nacional adelanta en la actualidad el Sisbén IV, con 8 millones de encuestas que, según Rafael Puyana, subdirector de esa entidad, “hará una fotografía actualizada de la condición socioeconómica de las familias”.

No obstante, para el directivo de ONU Hábitat, no sirve usar una información única, como la catastral o la del Sisbén. “El catastro, aunque da un acercamiento a las características socioeconómicas de las familias, sigue valorando su condición a partir del objeto físico (la casa)”.

El Sisbén, una aproximación

El Sisbén, que es el indicador usado hoy, “es una aproximación más cercana a la realidad, pero no es un sistema universal, no cubre toda la población. Además, funciona con la lógica de una encuesta y un sistema de subsidio debe funcionar con la lógica de los registros administrativos”, agrega Lippi.

Así, la solución implica pasar de un modelo a otro sin que eso genere grandes saltos al vacío. El propuesto por ONU Hábitat, que ya fue presentado al Gobierno, parte de una primera base de datos: el catastro, pero combinándola al menos con 6 de los 16 registros que pueden dar información sobre la situación familiar actual.

De esa manera se crea un sistema de alertas que se ampara en indicadores de riqueza como: la tenencia de pólizas de seguro (contenido en el Ruaf), la cantidad y tipo de medios de transporte (registrado en el Runt), la posesión de bienes raíces (catastro), el valor de los gastos en educación (Simat) y la titularidad de las empresas (Cámara de Comercio).

Con el cruce de información se podrá monitorear el gasto de la familia en vivienda, lo que invierte en atención médica primaria, la asistencia que les prestan a los miembros en condición de discapacidad, la crianza de los niños, las obligaciones legales de la unidad familiar (pago de subsidio a excónyuge, por ejemplo) y las inversiones en obras de rehabilitación relacionadas con el saneamiento de la vivienda. El fin último es saber quién está dentro de la vivienda y cómo es la solvencia de las familias en cada momento, para establecer si son o no merecedoras de subsidios.

Esto implicará un monitoreo frecuente, por lo que el Índice Multidimensional de Focalización se plantea con una periodicidad anual. Más aún, porque el objetivo es que los subsidios se otorguen de manera temporal, mientras la familia beneficiaria se recupera de un choque económico (por ejemplo), y no que sean eternos, como sucede al asignarlos por estratos, argumenta Lippi.

Y es que, con la estratificación, se desconoce si en una vivienda habita una pareja de adultos mayores que requieren un subsidio porque tienen un alto gasto en salud; o si el jefe del hogar está desempleado hace un año.

Por lo tanto, la inequidad que se genera es en ambos extremos. “En el barrio Restrepo, de estrato 3, vive el dueño de la fábrica de zapatos. En la Candelaria está el hotel boutique y la señora de los tintos”, agrega Lippi.

La adopción del modelo propuesto por ONU Hábitat permitiría “alinear a Colombia con la experiencia internacional. Pasar de la estratificación socioeconómica a un modelo de subsidio enfocado en las capacidades socioeconómicas de las familias”.

 

Es insostenible

Por el lado de la sostenibilidad de los recursos públicos, un cálculo realizado por ONU Hábitat señala que solo con el gasto en agua subsidiada donde no la necesitan se podrían construir 17 megacolegios por año.

Los ejemplos del desfase en la focalización de subsidios con el esquema actual van más allá de los del agua y la luz. Cientos de trabajadores que reciben salario prefieren permanecer en la informalidad para no perder su clasificación en el Sisbén. La Adres, entidad que administra las finanzas de la salud en el país, tiene para este año un presupuesto de 52,6 billones de pesos y solo 21 billones provienen de cotizaciones. La mitad de los afiliados al sistema de salud son del régimen subsidiado, pese a que en Colombia se habla de que la clase media sobrepasa el 30 por ciento.

Además, la ubicación socioespacial ha generado discriminación, tanto por el lado de los ricos como el de los pobres. “Barrios como Tunjuelito y Ciudad Bolívar en Bogotá fueron estigmatizados como de clase pobre, pero allí hay casas que, por su valor catastral, no son de estrato 1 y 2 ni 3 ni 4 sino de 5 para arriba. Es bueno que estén ahí y que exista una mixtura social que es sana para la ciudad porque rompen las barreras invisibles de las que están hechas las ciudades; pero no es funcional para asignar subsidios”.

Para Lippi, “la estratificación genera perversiones que son una de las trampas de la pobreza”. La dinámica social, desde que se crearon los estratos, hace 30 años, cambió, por lo que —dice el investigador de ONU Hábitat— es difícil pensar que las zonas sigan siendo tan homogéneas como se les ubica con el estrato.

 

¿Qué hará el Gobierno?

Según el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, se convocará a una misión de expertos para que haga un estudio a fondo y recomiende la metodología más adecuada.

 

¿Qué se necesita?

1. Decisión política.

2. Un marco legal.

3. Control y monitoreo.

4. Una coordinación técnica: estaría en cabeza de Planeación Nacional.

5. Una instancia de reclasificación. Si el ciudadano siente que lo clasificaron en un grupo tarifario al que no pertenece, podrá allegar las pruebas para ser cambiado.

 

6. En las empresas prestadoras de los servicios no habría ningún efecto.

 

 


Martha Morales Manchego / El Tiempo

Página Web - 2019/03/16

Fuente: https://www.eltiempo.com/


De manera similar a como las grandes empresas presentan por estos días a sus accionistas los resultados financieros correspondientes al ejercicio del año pasado, los administradores de urbanizaciones, edificios de apartamentos y centros comerciales presentan ante los copropietarios el actual estado de cuentas.

Estas reuniones ponen sobre la mesa una situación frecuente en ese tipo de complejos: la cartera en mora, centrada principalmente por la falta de pago en las cuotas de administración.

La Asociación de Propietarios, Arrendatarios y Administradores de Propiedad Horizontal de Colombia (Asurbe) reconoce que no existen estadísticas precisas del porcentaje de mora en los complejos habitacionales por este concepto, pero por la experiencia de los administradores puede oscilar entre 5 % y 10 %.

Paola Ulloa, administradora de urbanizaciones en Bogotá, señala que los casos más comunes tienen que ver con los propietarios de inmuebles que argumentan que se quedaron sin trabajo. “En esa situación, consideran que el pago de administración es algo secundario y si tienen los recursos lo cancelan, en caso contrario, no lo hacen”.

A su turno, Marianela Márquez, administradora de unidades residenciales en Medellín, comenta que también es recurrente el caso de personas que pasan de una vivienda de barrio a una urbanización y llegan sin cultura de pago porque nunca debieron responder por una cuota cada mes.

También es recurrente el copropietario que entra en conflicto con el administrador o no le gusta la implementación de alguna norma, optando por no pagar.

 

El procedimiento

Las administradoras coinciden en que el proceso de cobro se inicia tan pronto el responsable de esa obligación incurre en mora. Márquez, por ejemplo, señala que la estrategia que aplica es “duro con la cartera y suave con la gente”, que no es otra cosa que invitar al deudor a acordar un plan de pagos.

“He tenido situaciones en las que cuentas de cinco millones de pesos y más se han cancelado con abonos parciales de 50 mil pesos. En esto cuenta mucho la voluntad de pago”, agrega.

Ulloa manifiesta que antes de llegar a un proceso jurídico se deben agotar recursos como el cobro por vía oral o escrita, y en caso de no saldar la deuda se pueden aplicar restricciones en la entrega de correspondencia (excepto las cuentas de servicios púbicos o citaciones judiciales) o en el uso de áreas comunes como el salón social o los parqueaderos. No se puede impedir el ingreso a la edificación (ver Paréntesis).

El peor escenario es someterse, administración y propietario, al cobro jurídico que por lo general es un proceso largo y que puede finalizar con el remate del inmueble, aunque Ulloa y Márquez admiten que no han enfrentado experiencias de ese tipo.

Desde Asurbe se insiste en que resulta clave que los administradores sepan gestionar la cartera, para evitar la desfinanciación de los complejos habitacionales y no se llegue a extremos como tener que afectar a todos los residentes por la falta de pago en los servicios de portería, vigilancia o mantenimiento.

En definitiva

La cartera en mora es un aspecto que frecuentemente observan los administradores de complejos residenciales. De su adecuada gestión dependen las finanzas de esas propiedades.

Contexto de la Noticia

Paréntesis

Lo que dispone la normatividad

 

La abogada Eliana Gallo explica que la Ley 675 de 2001 o régimen de propiedad horizontal contempla que ante el incumplimiento de obligaciones, la administración puede publicar en la edificación un listado de infractores dando a conocer el acto que origina la sanción.

También consagra la imposición de multas sucesivas (con topes) mientras persista el incumplimiento del copropietario.

 

 


Ferney Arias Jiménez / El Colombiano

Página Web - 2019/03/16

Fuente: http://www.elcolombiano.com/


Acerías paz del Río, Gerdau Diaco, Sidenal, Sidoc y Ternium son las cinco productoras que se verán beneficiadas por una nueva protección del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo que busca hacer más costosa la importación de aceros corrugados, una tipología que se usa para la construcción y sirve para darle un refuerzo al concreto (ver En un minuto).

Según la Organización Mundial de Comercio (OMC), una salvaguardia se define como una “medida de urgencia con respecto al aumento de las importaciones de determinados productos cuando esas hayan causado o amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional”.

En este caso, la caída de la producción fue de 12 % en los aceros largos, grupo en el que entran los corrugados, y específicamente, en el producto objeto de la medida fue de 7 %, tras un incremento de las importaciones de al menos 30 %, entre 2017 y 2018, explicó María Juliana Ospina, directora del Comité Colombiano de Productores de Acero de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi).

La representante añadió que esta industria emplea a 45 mil personas, invierte 620 millones de dólares en reconversión tecnológica y, junto con la cadena metalmecánica, representa el 10,6 % del PIB industrial de Colombia.

Además la producción de aceros largos nacional es 1,2 millones mientras se importaron 951 mil toneladas de países como Turquía, China, Rusia, aunque el primero concentra el 90 %.

Así, el Ministerio tomó la decisión de imponer un arancel más alto para productos de este tipo que no solo deberán pagar el 10 % para ingresar al país, sino 8,5 puntos porcentuales adicionales.

La medida impacta el acero corrugado proveniente de economías con las que Colombia no tiene acuerdos comerciales, o cubiertas con el Plan Vallejo, una política creada para potenciar el ingreso de materias primas con fines de exportación.

 

Una decisión necesaria

Este costo adicional era un clamor de la industria siderúrgica, pues los precios de acero corrugado disminuyeron al menos 24 % entre 2017 y 2018 lo que significó un desplazamiento del uso de producto nacional y pone en riesgo la estabilidad del sector.

Al cotizar una tonelada de barras corrugadas turcas, a principios de este año el precio estuvo 446 dólares cuando a comienzos de 2018 estaba en 570 dólares, diferencia de 124 dólares. Turquía es el octavo mayor productor de acero en el mundo con 37,5 millones de toneladas y el segundo más relevante en acero corrugado, después de China.

Sobre el cambio de precio

Las principales razones de la caída en el valor de los productos de Turquía son: la crisis económica que sufre, la devaluación de al menos 40 % de su moneda y a la restricción de entrada que le puso Estados Unidos con un arancel del 50 %, según lo explicó Andrés Ramírez, presidente de la Cámara Colombiana de Acero (Camacero), gremio que reúne 70 empresas de la cadena, con productores e importadores.

Todo comenzó con el arancel de EE.UU., el mismo del que se habló al inicio de la guerra comercial entre ese país y China de 10 % al aluminio y 25 % al acero (decisión 232), que generó una presión adicional a los precios en el mundo, lo que implicó una importante volatilidad y “ese producto que deja de entrar a Estados Unidos empieza a buscar nuevos mercados”, coincidieron ambos líderes.

El problema se agravó cuando por las condiciones de Turquía, EE.UU. duplicó sus aranceles y en territorios como la Unión Europea, Canadá y Taiwán pusieron medidas proteccionistas.

 

 


Natalia Cubillos Murcia / El Colombiano

Página Web - 2019/03/15

Fuente: http://www.elcolombiano.com/


La directora del Autorregulador Nacional de Avaluadores, Alexandra Suárez, resuelve algunas dudas.

 

Cuando se va a llevar a cabo una transacción inmobiliaria –ya sea comprar, vender e incluso arrendar una propiedad– y los interesados no están seguros del precio del inmueble, es importante hacer un avalúo.

Sin embargo, muchas personas no tienen claro qué es esto, cómo se hace y cuánto cuesta, entre otras dudas. Por eso, Metrocuadrado consultó a Alexandra Suárez, directora ejecutiva del Autorregulador Nacional de Avaluadores (ANA), quien respondió algunas inquietudes.

¿Qué es un avalúo?, ¿cuáles existen?

Es un proceso que permite determinar el valor de venta de un bien de acuerdo con sus características físicas, ubicación y uso, entre otras. En Colombia hay dos clases: comercial y catastral; el resultado de ambos puede servir como guía dependiendo del negocio que se quiera hacer con la propiedad.

¿Cuál es la diferencia entre el catastral y el comercial?

El primero es una herramienta exclusivamente estatal, que permite conocer la riqueza inmobiliaria del país, y, de paso, facilita el recaudo de los impuestos directos e indirectos de la propiedad raíz.

Por su parte, el comercial es usado, principalmente, para transacciones entre particulares. En esencia, permiten conocer cuál es el precio más probable de comercialización dentro de una relación justa de oferta y demanda.

¿Cómo se realiza?

El proceso varía y depende del tipo de bien. Pero, por lo general, se hace mediante la investigación y el análisis estadístico del mercado inmobiliario, teniendo en cuenta características como materiales constructivos, calidad de los acabados, antigüedad, conservación y ubicación, entre otros identificados por las normas.

¿Quiénes los hacen?

Un perito o avaluador que cumpla con los requisitos establecidos en la Ley 1673 del 2013 y los respectivos decretos reglamentarios.

¿Cuánto cobra un perito por un avalúo?

El precio puede variar, pero en la mayoría de los casos corresponde al 1 por 1.000 del valor determinado para la propiedad en el estudio. Sin embargo, cada tipo de proceso tiene un valor particular que depende de su finalidad, complejidad y alcance.

¿Qué función tiene la Corporación Autorreguladora Nacional de Avaluadores?

Tiene la misión de llevar el Registro Abierto de Avaluadores (R.A.A.), que entró en vigencia a partir del 26 de diciembre del 2016, y adelantar la autorregulación del sector, la supervisión del mercado y el control disciplinario de las buenas prácticas de estos en el país.

Además, cuenta con una base de datos unificada de quienes ejercen esta labor, donde se puede validar su información e idoneidad; igualmente, es garantía de que las personas inscritas cumplen con los requisitos de idoneidad definidos por la Ley del Avaluador para ejercer la actividad.

¿Cuál es la importancia del R.A.A.?

Permite regular y establecer responsabilidades y competencias de los avaluadores en Colombia para prevenir riesgos sociales.

¿Cómo se verifica que los avaluadores están autorizados para ejercer su labor?

El periodo inicial de inscripción para ellos terminó el 12 de mayo del 2018. Vencido este, únicamente se considerarán como tales las personas inscritas en el registro.

 

Así, podrán ejercer su actividad en todo el territorio nacional; además, la prueba de su condición se realizará mediante un certificado de inscripción que expide el autorregulador, que puede ser validado en la página web del R.A.A. (www.raa.org.co) con el pin que aparece en el certificado o verificación del código QR en cualquier teléfono inteligente.

 

 


Redacción Metrocuadrado / El Tiempo

Página Web - 2019/03/14

Fuente: https://www.eltiempo.com/


Una firma de Arquitectos invertirá $42.000 millones para estos proyectos, llamados ‘coliving’.

 

Los altos precios de la propiedad raíz y el pensamiento de comunidad, de no permanencia y de libertad de las nuevas generaciones han abierto un nuevo modelo de negocio inmobiliario llamado coliving o vivienda compartida, que ya es tendencia en las grandes capitales del mundo y busca ganar terreno en Medellín.

“La finca raíz se vuelve una opción cada vez más costosa, por lo que iniciativas de vivir en comunidad no solo les resultan más económicas a los nuevos usuarios, sino que les generan nuevas experiencias y una vida menos solitaria”, explicó Iaron Korn director de la firma A Korn Arquitectos, que anunció una inversión de 42.000 millones de pesos para un proyecto de este tipo en la ciudad.

En el modelo de negocio coliving, indicó, se arrienda por unidades de camas creando valor para el usuario final por poder arrendar y pagar por lo que necesita.

“Se puede asemejar a una residencia estudiantil sin ser enfocada en estudiantes. Hay un edificio con equis número de unidades. Cada apartamento cuenta con un número de habitaciones independientes y la gente no paga arriendo por un apartamento sino que paga por una habitación. Todas las zonas comunes del edificio son compartidos incluyendo las zonas sociales de los mismos apartamentos”, explicó Korn.

Agregó que este modelo tiene beneficios incluidos que lo hacen más económico, como por ejemplo, en coliving no se paga administración, servicios públicos, internet ni limpieza. “Es una mensualidad que depende de la ubicación, la primera que haremos estará en Milla de Oro, en El Poblado”, contó el directivo.

El proyecto ya está consolidado a nivel de tierra y actualmente se están estructurando los esquemas fiduciarios. La meta es que antes de junio se pase al proceso de captación de recursos, proceso que tardará un año y luego otro año y medio más para la construcción.

En cuanto a normativa, Korn aclaró que con la aprobación del Decreto 2119 del año pasado que regula el ‘Hospedaje turístico no permanente’, esta “es una iniciativa legal gracias a la interpretación que se hace, en la modalidad de apartamento turístico, el contrato que se suscribe es uno de hospedaje, y se cumple con la regulación. En transporte hay vacíos jurídicos, en este modelo no”.

¿Pero tendrá éxito una iniciativa de este tipo? Para el directivo, la tendencia creciente en economías colaborativas en la ciudad en diferentes frentes hace atractivo el proyecto, sumado al creciente número de turistas extranjeros y que en Medellín no hay competencia en este modelo de negocio.

“Es más económico, está bien ubicado y tiene un beneficio de comunidad, creación de relaciones con colegas y vecinos. Es como un coworking (espacio compartido de trabajo) pero para vivienda”, dijo Korn.

Para Eduardo Loaiza, presidente de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol) Antioquia, esta tendencia no es una competencia sino un nuevo producto que se abre acorde a las dinámicas.

“Hemos visto un fenómeno muy interesante que son inversionistas que construyen vivienda y apartaestudios para arriendo. En la mentalidad de un millennial no está conseguir vivienda propia, pero tienen que vivir en alguna parte y se necesita quién construya, los adquiera y los entregue en arriendo. Es otra forma de adquirir un inmueble”, contó Loaiza, quien añadió que en promedio en Antioquia se requieren 30.000 viviendas nuevas por año que son las familias que se están conformando, “y estamos haciendo 20.000 viviendas, es decir que no estamos cubriendo la demanda anual y tampoco parte del déficit acumulado”, manifestó el dirigente gremial.

Aclaró, sin embargo, que “lo que cambia es el número de personas por familia, no el número de hogares que se conforman anualmente. Es decir, se conforman igual o mayor número de hogares, pero con menos personas por cada hogar.

“Actualmente hay más oferta de inmuebles con áreas pequeñas. Desde el 2014, con el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) por primera vez se consagró un nuevo producto inmobiliario que son apartaestudios de mínimo 30 metros cuadrados. Es un tema que ya está reglamentado”, dijo Loaiza.

Y Aunque se pensara que las viviendas con más áreas son las más apetecidas, el líder gremial indicó que aquellos que tienen viviendas para la venta (nuevas y usadas) con áreas más grandes son los que más se demoran en vender.

 

 


David Alejandro Mercado / El Tiempo

Página Web - 2019/03/14

Fuente: https://www.eltiempo.com/