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El edificio Kampala, ubicado en Robledo, comuna 7 de Medellín, es otro de los inmuebles que se suma a la lista de los que presentan fallas estructurales en la ciudad.

72 es el número de familias que habitan el edificio que cuenta con 15 pisos. Grietas y fisuras ya son visibles en la estructura que requiere atención pronta por parte de la firma constructora responsable.

Camilo Zapata Wills, director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd), explicó que desde el 2011 la entidad ha realizado cuatro visitas a Kampala. “En todas las visitas se ha recomendado realizar un estudio de patología estructural que permita recomendar las intervenciones necesarias en este edificio”, dijo.

Desde 2018 la empresa constructora realiza unos estudios iniciales como primer paso del diagnóstico de patología estructural, de los cuales se entregó copia al Dagrd y fueron corroborados en campo por un equipo técnico de la entidad. Sin embargo, Zapata Wills aclaró que en ninguna de esas visitas se ha encontrado evidencia que motive ordenar la evacuación del inmueble.

Actualmente el Dagrd está a la espera de recibir de manera oficial los resultados y las conclusiones del estudio de patología estructural, con las cuales podrán establecer una ruta a seguir para las personas que viven en el edificio y determinar con claridad si será posible efectuar una repotenciación de la estructura.

 

 


Ángel Orrego Arenas / El Colombiano

Página Web - 2019/03/21

Fuente: http://www.elcolombiano.com/


¿Qué pasa después de la entrega de las llaves a los nuevos propietarios de vivienda?

 

Desde hace varios años, Compensar ha abierto las puertas a la construcción de comunidad con una iniciativa, que trasciende la entrega del inmueble y las exigencias legales. Se trata de su Programa de Desarrollo Social Comunitario, implementado en los proyectos de vivienda de interés social y prioritario que la Caja de Compensación Familiar lidera, el cual ha impactado más de 27.500 personas participantes de los procesos comunitarios

En este sentido, esta propuesta, fundamentada en 4 ejes estratégicos, está dirigida tanto a las nuevas familias propietarias y residentes como a la comunidad aledaña.

 

Eje 1: Conformación y articulación de redes

Consiste en trabajar en equipo y poner sobre la misma mesa los esfuerzos, saberes y experiencia de distintos actores para acercar los programas y servicios de entidades gubernamentales, privadas y ONG´s circundantes, muchas veces desconocidos, por los propios habitantes del sector, a los proyectos de vivienda intervenidos.

De esta forma, hay menos duplicación de trabajo y más optimización de recursos para llevar a cabo las actividades orientadas a distintos grupos poblacionales según necesidades y expectativas de la comunidad: alfabetización de adultos, escuelas deportivas, ludoteca, danzas y tiempo libre, entre otros.

 

Eje 2: Aprovechamiento de espacios y dotacionales

Utilización de la infraestructura (parques, salones comunales, públicos locales y municipales) de las zonas aledañas como pretextos y espacios de integración para compartir en comunidad.

 

Eje 3: Formación y capacitación

Apunta al desarrollo personal, familiar y colectivo no solo de los habitantes de los proyectos de vivienda, sino de la comunidad aledaña, a través de espacios formativos.

• Inducción en propiedad horizontal para identificar mecanismos de participación, dirección y control comunitario, derechos y deberes y procesos de reclamación de postventa.

 

• Talleres vivenciales y jornadas de capacitación para la sana convivencia.

 

• Recorridos comunitarios para reconocimiento y apropiación del entorno.

 

• Identificación, formación y potencialización de liderazgos comunitarios.

 

• Habilidades y competencias ciudadanas para la convivencia.

 

Eje 4: Autogestión y empoderamiento

Pensando en un proceso sostenible, este programa tiene un fuerte componente formativo en autogestión y empoderamiento comunitario para evitar la dependencia Institucional. Desde niños hasta adultos mayores, de acuerdo con sus capacidades y expectativas, participan:

• Formación de líderes formales e informales que autogestionan y movilizan diferentes iniciativas: escuelas deportivas, reciclaje, capacitación en cocina, formación en ahorro y emprendimiento.

Precisamente, este modelo de intervención social continúa recibiendo distintos reconocimientos:

En 2015, premio de la Alcaldía de Soacha por la empleabilidad, desarrollo social y cultural del municipio.

En 2016, el Foro Regional de Seguridad Social, realizado en México, Compensar Vivienda recibió un Certificado de Mérito por su Programa Desarrollo Social Comunitario, iniciativa que participó en el concurso sobre Buenas Prácticas para las Américas 2016 de la Asociación Internacional de la Seguridad Social (AISS).

En 2017, Mención honorífica de Onuhábitat e la convocatoria de prácticas innovadoras de la nueva agenda urbano, entre 146 proyectos de 16 países.

 

 


El Tiempo

Página Web - 2019/03/21

Fuente: https://www.eltiempo.com/


Indicador de déficit cualitativo, en 14,4 %; meta, bajarlo a 4 %. Gobierno impulsa mejoramiento.


Viviendas en condiciones precarias, con pisos en tierra, sin servicios y, peor aún, de origen informal, son algunos de los inconvenientes que enfrenta parte de la población en el país.

Así lo reveló el Viceministro de Vivienda, Víctor Saavedra, quien agregó que solo el indicador del déficit cualitativo (o sea, las casas en mal estado, entre otras falencias) afecta a 4,3 millones de colombianos.

Según el funcionario, la problemática está representada en hacinamiento, cocinas sin conexiones y riesgos para la salud de quienes las habitan (ver gráfico). La situación, en muchos casos, está relacionada al origen informal. De hecho, en el país el 25 por ciento de los hogares vive en zonas ilegales y en el caso de Bogotá, el 21 por ciento del área urbana se ha generado informalmente.

A la capital, el Ministerio le suma Barranquilla, con 30 por ciento en la misma problemática, y Cartagena, donde el dato es más alarmante, pues 69 por ciento de los barrios son de origen ilegal.

Para Flavio Romero, presidente de la Sociedad Colombiana de Arquitectos (SCA), “esto simplemente refleja la realidad económica de nuestro país, el rezago en la planeación del territorio, la debilidad del control urbano y la respuesta tardía del Estado acumulada en tantos años”.

A esto, el directivo también le suma “los avivatos que se aprovechan de la falta de conocimiento y la fragilidad económica de los más necesitados, motivando un vacío en zonas donde los planes de ordenamiento territorial prohíben los asentamientos”. Consciente de estas y otras alertas, el actual Gobierno ha reforzado varias iniciativas.

Una de ellas, cuyo objetivo es que confluyan la titulación y el mejoramiento de vivienda, es el programa Casa Digna Vida Digna.

Al respecto, el Viceministro recordó que el déficit cualitativo que busca revertir la iniciativa está en 14,4 por ciento y la meta del gobierno es disminuirlo al 4 por ciento.

A propósito, Saavedra dio a conocer los avances del programa: la meta del cuatrienio es hacer 600.000 mejoramientos, de los cuales 225.000 corresponden al Ministerio de Vivienda. De estos, a la fecha van 25.035.

Por su parte, de la meta de 50.000 mejoramientos, con corte a febrero pasado, el Ministerio de Agricultura tiene 5.280 en proceso, mientras que bajo la responsabilidad del Departamento de Prosperidad Social (DPS) hay 325.000 y se han gestionado 25.035. Es decir, Casa Digna Vida Digna –que va hasta el 2022– está en un 7,12 por ciento de su ejecución.

En línea con esto, se destaca el plan de conexiones intradomiciliarias, que busca fomentar el acceso a los servicios públicos de acueducto y alcantarillado mediante el enlace a las redes de los sistemas en el interior de las casas de familias que viven en extrema pobreza.

Aunque tienen las redes de acueducto y alcantarillado frente a sus casas, carecen de acometidas, espacios adecuados y equipos internos como inodoro, ducha, lavamanos, lavaplatos y lavaderos. Por eso, aquí interviene el programa, al cual pueden acceder las entidades territoriales.

 

Atado a la titulación

Pero las iniciativas –en conjunto– deben estar atadas a la titulación de los predios, ya que muchos, al ser de origen informal, no podrían acceder al beneficio del mejoramiento.

Al respecto, el Ministerio de Vivienda destacó el acompañamiento técnico, jurídico y financiero de 6.000 titulaciones en 19 departamentos del país en el 2018.

Atlántico fue el de mayor número de titulaciones (1.497), seguido de Córdoba (1.355), Magdalena (882) y Chocó (416). Al listado también se sumaron Cauca (261), Cesar (210), Norte de Santander (204), Tolima (191), Nariño (172), Caquetá (147), Bolívar (144), Valle del Cauca (139), Cundinamarca (107), La Guajira (90), Huila (47), Sucre (42), Meta (38), Casanare (30) y Antioquia (28).

Para este año, la meta, junto con la Superintendencia de Notariado y Registro, es acompañar 15.000 titulaciones en diferentes regiones. Y es que a la tarea de la cartera de Vivienda también hay que agregarle la de la Superintendencia, que el año pasado apoyó el proceso de formalización de 8.636 predios en ocho departamentos: Chocó, Valle del Cauca, Antioquia, Guajira, Meta, Norte de Santander, Córdoba y Cesar.

De esta manera, se les garantiza a los colombianos sus derechos sobre bienes constitutivos de su patrimonio.

Sobre las proyecciones para este año, Supernotariado espera aumentar en un 55% el número de predios urbanos formalizados, a través de la entrega de 13.500 títulos en el territorio nacional.

 

Hay $ 440.000 millones

Vale recordar que en materia de mejoramiento de vivienda hay un proceso en marcha para el 2019 que ya cuenta con un cronograma y plazos.

La selección de los barrios por parte del Ministerio se vence el próximo 22 de marzo, mientras que el 15 de mayo se entregará el listado de los hogares.

Por su parte, el 4 de junio comenzará la convocatoria para la entrega de obras
Según los datos del Ministerio, el mejoramiento de las unidades habitacionales,
que se realizará en 16 ciudades, asciende a 200.000 millones de pesos y el de la adecuación del entorno donde se encuentran estas será de 220.000 millones. En el listado del Ministerio se destacan Ibagué, Neiva, Cali, Armenia, San José del Guaviare, Rionegro, Buenaventura, Pasto, Neiva Soledad, Cartagena, Santa Marta y Arauca, entre otras.

 

 


GABRIEL FLÓEZ - PORTAFOLIO.CO / El Tiempo

Página Web - 2019/03/19

Fuente: https://www.eltiempo.com/


La vida se perfila cada vez más en “altura”. Las construcciones de edificios residenciales representan hoy más del 98 % de la oferta de viviendas nuevas en la ciudad, según Federico Estrada, gerente de la Lonja, gremio inmobiliario de Medellín y Antioquia.

Ya sea en edificios individuales o en “urbanizaciones” de apartamentos con perímetro cerrado y áreas comunes, el panorama de casas de un piso parece ser algo del pasado en zonas de la ciudad.

Esta nueva realidad plantea el nacimiento de comunidades muy distintas a las de los barrios de antaño. Así lo señala el arquitecto y urbanista Juan Miguel Gómez. Para el experto, los retos de relacionamiento en las unidades de propiedad horizontal pasan por superar el individualismo y encontrar canales para construir tejido social.

Solo así, dice Gómez, este tipo de comunidades podrá superar los problemas de convivencia que sufren.

 

Comunidades felices

De los diagnósticos del problema Alfonso Álvarez López conoce de fondo. Ha pasado casi los últimos 10 años de su vida investigando las dificultades de relacionamiento y convivencia que se viven en las unidades residenciales de propiedad horizontal. Para él, representante de una organización que agrupa a más de 600 de ellas, este es un debate de primer orden.

“Si en Medellín existiera un solo edificio y solo ahí se presentaran dificultades, no nos afectaría mucho. Pero si son centenares, miles de este tipo de construcciones, y cada una de ellas tiene este virus, entonces ya el problema no es de cada urbanización, es un problema de ciudad”, dice Álvarez.

Se refiere a lo que él ha analizado como una paradoja: que en la propiedad horizontal lo que debería unir a las personas, es lo que en realidad las separa más: las zonas comunes y las decisiones que se deben tomar en conjunto. “Un problema grave es que la gente no entiende como una inversión los gastos y presupuestos comunes”.

Además, agrega, existe lo que ha denominado una “mala costumbre” de las personas de acudir ante cualquier problemática con los vecinos, a un abogado.

“Si hay un desencuentro con el vecino, se llama a la administración; la administración se comunica con el presunto infractor; si este no acata la orden, llama a la Policía; las autoridades emiten el comparendo y si todo sale ‘bien’, el sujeto la paga. Si no, se van a juzgados. Y en todo ese circuito, los dos vecinos nunca se hablaron”, cuenta López.

Para cambiar esa realidad, él y su equipo diseñaron un programa que llamaron “comunidades felices”. Lo que buscan es propiciar espacios de encuentro para que las personas se conozcan, interactúen y accedan al diálogo como la base de cualquier relacionamiento.

“Lo que queremos es cambiar el chip de lo que la gente compra cuando accede a una vivienda en un edificio o en una urbanización de edificios. Hoy casi que las personas llegan con el mantra de que no los ‘moleste nadie para nada’. Eso lo queremos derribar creando una nueva concepción, donde conocernos se vuelve nuestra mayor fortaleza”, señala López.

Cuando dice eso viene a su memoria una anécdota que representa su preocupación.

“Un día, en un edificio, se murió una persona de forma sorpresiva. Al poco tiempo se hizo una reunión por otro motivo, y los familiares del fallecido se dieron cuenta de que solo unos pisos abajo de su apartamento vivían unas personas que hacían parte del sector salud y que pudieron haber hecho algo para salvarle la vida a su familiar ”, finaliza su relato.

EL COLOMBIANO consultó con diversos administradores de propiedades horizontales de distintos sectores, y encontró las cinco dificultades de convivencia más recurrentes de este tipo de comunidades.

 

En definitiva

Las propiedades horizontales se han convertido en la opción más popular para habitar la ciudad. Encontrar canales de diálogo para mejorar la convivencia interna, una prioridad para todos.

 

Contexto de la Noticia

 

Radiografía

Reglamento

Si una falta no está estipulada en el manual o reglamento de convivencia, no es procedente atribuírsele a un copropietario.

El régimen de propiedad horizontal, en su artículo 58, donde se refiere a la solución de conflictos que se presenten entre propietarios o tenedores del conjunto, o entre ellos y el administrador, el consejo de administración o cualquier otro órgano de dirección, podrá acudir al comité de Convivencia, el cual es elegido en asamblea y presentar fórmulas de arreglo, orientadas a dirimir controversias y fortalecer relaciones de vecindad. Las consideraciones de este comité se consignarán en un acta.

 

 


Víctor Álvarez Correa y Juan Diego Quiceno / El Colombiano

Página Web - 2019/03/19

Fuente: http://www.elcolombiano.com/


El mercado ofrece coberturas obligatorias y opcionales, que buscan salvaguardar el patrimonio.

 

Problemas constructivos, lluvias, granizo, incendios, sismos y otro tipo de riesgos como terrorismo y sustracción, pueden afectar el patrimonio inmobiliario en cualquier momento.

 

Así lo advierte la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), que destaca que en gran parte ese patrimonio está representado en la vivienda, a la cual las familias le dedican una inversión promedio de quince años. Sin embargo, aún no hay mucha conciencia sobre los riesgos y eventos catastróficos que en cualquier momento pueden destruirla; incluso, pocos saben que existen seguros obligatorios y voluntarios con beneficios adicionales.

Al respecto, un estudio del 2018 sobre la demanda de este producto elaborado por la Banca de las Oportunidades, Fasecolda y la Superintendencia Financiera de Colombia reveló que del 90,3 por ciento de los hogares colombianos, el 42,4 por ciento cuentan con los primeros y el 30,3 por ciento, con los segundos.

Sobre el panorama del país, Fasecolda también reveló que, a pesar de todo, el nivel de aseguramiento en las copropiedades, con datos correspondientes al 89,9 por ciento del mercado fue de 83 por ciento en Bogotá y de casi 97 por ciento en Medellín.

En total, agregándoles Cali, Barranquilla y otras regiones, el análisis previo encontró que hay 19.987 copropiedades aseguradas, de las cuales 18.512 son residenciales, lo que da pistas de una dinámica interesante, si se tiene en cuenta que a pesar de las eventualidades, la gente sigue interesada en la inversión, y, en consecuencia, en adquirir préstamos para la compra.

Acceder a financiación

Por eso, el vicepresidente Técnico del gremio de las aseguradoras, Carlos Varela, destaca el decreto 2555 del 2010 (sobre el seguro hipotecario), el cual dice que quien adquiera vivienda con un crédito, incluido el leasing habitacional, debe contratar una póliza obligatoria contra incendio y terremoto, hasta tanto el deudor termine de pagar la totalidad de la deuda.

Sobre el tema de los seguros obligatorios, el directivo también recuerda el enunciado de la Ley 675 del 2001, en el cual advierte que todos los edificios o conjuntos sometidos al régimen de propiedad horizontal deberán constituir estos amparos (incendio y terremoto) con el fin de garantizar la reconstrucción total del bien.

Aquí entran los inmuebles ubicados en uno o más pisos de una edificación; algo que en las grandes capitales está en auge a través del crecimiento en altura, que, de hecho, se ha convertido en un fenómeno que obliga a asumir acciones en torno al aseguramiento.

En este punto, la norma agrega que “las indemnizaciones provenientes de las pólizas quedarán afectadas, en primer término, a la reconstrucción del edificio o conjunto en los casos que esta sea procedente. Si el inmueble no es reconstruido, el importe de la indemnización se distribuirá en proporción al derecho de cada propietario de bienes privados, de conformidad con los coeficientes de copropiedad y con las normas legales aplicables”.

 

Otros amparos

Igualmente, hay que tener en cuenta que existen coberturas adicionales y opcionales, cuyo objetivo es respaldar las propiedades en casos de terrorismo, daños por agua, hurto, explosión, responsabilidad civil, maquinaria y equipo.

Incluso, en aras de ofrecer un valor agregado a quienes deciden tomarlas, el mercado tiene asistencias para arreglos de plomería, vidrios, cerrajería y daños eléctricos.

Aunque la decisión dependen de cada usuario, vale destacar un llamado recurrente en el sentido de evaluar bien las necesidades y, sobre todo, prevenir, ya que es común que al hablarles a las personas de posibles siniestros o hechos catastróficos, respondan: “Esto nunca me pasará”.

Finalmente, hay que tener en cuenta algunas recomendaciones, entre ellas, que generalmente el ejercicio requiere el concurso de un avaluador profesional que establezca el valor asegurado correcto para la copropiedad; además, es importante cotizar y comparar, y, claro, asegurarse de contratar solo con compañías de seguros autorizadas.

 

En línea con la Ley de Vivienda Segura

Vale recordar que el Gobierno Nacional expidió el decreto 282 del 2019 que reglamenta la Ley de Vivienda Segura, donde se establecen las garantías que protegen a los compradores en el país. Estas cubren al consumidor por la ruina o amenaza de ruina de la edificación cuando se presenten vicios del suelo, de la construcción y de los materiales.

Según Fasecolda, de la norma es clave la iniciativa que busca que las firmas que ejecutan proyectos residenciales cuenten con respaldo financiero para responderles a los propietarios. Se suman como mecanismo de protección la garantía bancaria y el patrimonio autónomo mediante la constitución de la fiducia, entre otros.

El gremio de las aseguradoras agrega que “la existencia de la póliza fortalece a la industria constructora en el país, porque contribuye con la gestión de los riesgos asociados a la actividad y minimiza la ocurrencia de fallas en la etapa de diseño y construcción; todo en beneficio del consumidor de vivienda”. Y agrega, que, además, “beneficia a los constructores porque contarán con un mecanismo que les permitirá proteger su patrimonio y contar con un respaldo económico en el caso de que resulten responsables por la ocurrencia de un caso catastrófico atribuido a fallas en el diseño o construcción”.

Finalmente, recordó que la adquisición será obligatoria desde el 21 de febrero del 2021. Sin embargo, la norma permite hacerlo ya de manera voluntaria. Vale recalcar que operará durante 10 años una vez el constructor entregue la obra; así, toda persona que ejerza la propiedad del bien en ese lapso, estará protegida.

 

Reglas de oro para evaluar en las asambleas de copropietarios

Identificar. Muchos creen que las zonas comunes corresponden solo a los bienes que usan todos (salón comunal, pasillos, escaleras, áreas de recreación, etc.). No saben, por ejemplo, que las columnas, las fachadas y las vigas, entre otros, son bienes comunes.

Proteger. El seguro es tratado en algunas asambleas como un gasto inoficioso. Deben entender que es una protección al patrimonio.

Con la norma. Si es seguro obligatorio, todas las copropiedades deben cumplir el requisito de establecer su personería jurídica.

Obligaciones. La póliza atiende eventos accidentales y súbitos. Por ejemplo, no cubre daños por falta de mantenimiento.

 

 


Redacción Vivienda / El Tiempo

Página Web - 2019/03/15

Fuente: https://www.eltiempo.com/