El informe revela que Pereira es la ciudad con mayor incremento de los insumos para la construcción.

Los costos para la construcción de vivienda se elevaron 2,62 por ciento en agosto frente al mismo mes del año pasado, informó el Dane.

Según el informe de Índice de Costos de Construcción de Vivienda (Iccv), donde hubo mayores alzas fue en Pereira, con un incremento de 3,71 por ciento en los insumos necesarios para la construcción de inmuebles.

En el primer semestre del año, todas las actividades económicas crecieron, excepto la construcción de edificaciones, que siguió reduciéndose. El problema está en la vivienda cara, pues la de interés social (VIS) va viento en popa. Algunos exfuncionarios del gobierno Santos han criticado que, en estas circunstancias, el de Duque haya quitado los subsidios para la ‘clase media’. ¿Tienen razón? Pienso que no. Haber concentrado los subsidios en la vivienda para estratos de ingreso más bajo tiene sentido, tanto desde un punto de vista de equidad como, en la coyuntura actual, de crecimiento económico.

La mejor noticia reciente es que la construcción de VIS, que estaba cayendo desde comienzos del año pasado, recuperó el crecimiento a principios del 2019 y está en pleno ‘boom’ desde abril: la iniciación de nuevos proyectos ha crecido 19,7 % en lo corrido del año. Esto es bueno no solo para los pobres que las están adquiriendo, sino para la economía nacional, puesto que este subsector utiliza mucha mano de obra no calificada. Los subsidios aprobados para VIS han crecido 78 % durante el primer año de Duque, en comparación con el último de Santos. Eso sin duda es lo deseable desde el punto de vista de equidad.

Según Fedelonjas, por cada 100 viviendas que se construyen, 18 se destinan al alquiler.

En Colombia, 34 por ciento de las viviendas están habitadas bajo la modalidad de alquiler, la tasa más alta de América Latina e incluso mayor que la de Norteamérica, que es de 21 por ciento.

El POT que estudia el Concejo no incluye soluciones para cárceles y sedes de justicia y defensa.

El proyecto de acuerdo que busca revisar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá se queda corto en materia de seguridad, defensa y justicia.

En estos temas, desconoce la complejidad y el accionar de las organizaciones criminales que no se limitan a las fronteras territoriales de Distrito, sino que actúan en los ámbitos local, regional, nacional e inclusive trasnacional, frente a lo cual los esquemas de trabajo de las autoridades de seguridad y justicia deben superar los límites geográficos que imponen la ciudad y la región.