El POT que estudia el Concejo no incluye soluciones para cárceles y sedes de justicia y defensa.
El proyecto de acuerdo que busca revisar el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Bogotá se queda corto en materia de seguridad, defensa y justicia.
En estos temas, desconoce la complejidad y el accionar de las organizaciones criminales que no se limitan a las fronteras territoriales de Distrito, sino que actúan en los ámbitos local, regional, nacional e inclusive trasnacional, frente a lo cual los esquemas de trabajo de las autoridades de seguridad y justicia deben superar los límites geográficos que imponen la ciudad y la región.
Así como la movilidad en el proyecto es considerada en el ámbito regional, la seguridad, la defensa y la justicia deben organizarse de la misma manera, teniendo en cuenta dos dimensiones: la primera, reconociendo los hechos de violencia y delincuencia que afectan por igual la seguridad y la convivencia de los ciudadanos de Bogotá y de los municipios circunvecinos; y la segunda, teniendo en cuenta que hechos como terrorismo pueden afectar de manera grave los equipamientos estratégicos que hacen que Bogotá y los municipios circunvecinos puedan funcionar de manera adecuada, como es el caso de los embalses, las centrales de energía, las redes de transporte de energía, agua, gas y combustibles, las antenas de comunicaciones, centrales de abastos, vías, etc.
El proyecto de acuerdo, además de desconocer el carácter regional en el cual deben ser planeados y organizados estos temas, limita las soluciones de muchos de los problemas que deben ser resueltos en el ámbito regional, en particular los que tienen que ver con la justicia y la defensa.
Justicia más allá de las fronteras
En este campo, un problema que afecta a la ciudad y a la región tiene que ver con el sistema carcelario, que hoy está colapsado y afecta de manera grave la seguridad de los ciudadanos de Bogotá y Cundinamarca. La región tiene una infraestructura carcelaria vieja y obsoleta y un hacinamiento que supera el 50 %, es decir, ya no se tiene espacio para privar de la libertad a más delincuentes, sin contar el hacinamiento en que se encuentran las estaciones de policía y las URI.
Frente a esta grave problemática, el proyecto de acuerdo, en el artículo 344, que regula la permanencia del uso dotacional de algunos equipamientos y obliga a mantenerlos, en el parágrafo n.° 1, establece “la obligación de permanencia no aplica para los equipamientos denominados el Buen Pastor y la Cárcel Modelo”; es decir, la idea es sacar estos equipamientos de la ciudad o concentrarlos en los predios de La Picota, como ya se había propuesto en 2007, con base en el actual POT.
En el primer caso, no se sabe, ni siquiera se plantea, en qué municipios de la región o del departamento de Cundinamarca se irían a reconstruir; y en el segundo caso, no se mide cuál podría ser el impacto ambiental y social para la ciudad y para las localidades del sur, concentrar toda la infraestructura carcelaria y penitenciaria en La Picota.
Esta salida, pensada más en términos urbanísticos y de rentabilidad del suelo, dado el valor de los terrenos donde están ubicadas estas dos cárceles, afectaría de manera grave la seguridad y la justicia en la ciudad, que en el mediano plazo no podría contar con establecimientos carcelarios nuevos y más cupos.
Hoy, cuando se discute este proyecto, se podría proponer, más bien, reconstruir estas cárceles en los sitios donde se encuentran, como se hizo con la Cárcel Distrital, que es la mejor cárcel que tiene el país y a nivel latinoamericano. Esta propuesta, que es viable por la aceptación social que ya tienen en los entornos donde actualmente funcionan, también se sustenta en que es muy difícil, casi imposible, que algún municipio de Cundinamarca quiera recibir estas cárceles en su territorio.
Igual, en materia de justicia, no se plantea claramente qué va a pasar con los juzgados y otras dependencias de la Rama Judicial, que hoy están concentrados en el centro de la ciudad, prestando servicios, inclusive para la región.
No se sabe qué hacer con la Defensa
Al igual que con las cárceles, en materia de defensa se está pensando más en los procesos de renovación urbana y en la rentabilidad de los predios donde funcionan las instalaciones militares (Art. 345) que en la ubicación estratégica de estos equipamientos para la defensa y seguridad de la ciudad, la región y de los ciudadanos.
Hay que reconocer que algunas unidades militares presentes en la ciudad, por su ubicación actual, no garantizan la seguridad del territorio y de las instalaciones estratégicas para el funcionamiento de la ciudad, de la región y del departamento, hoy amenazadas por acciones terroristas.
En este caso, hay que pensar cómo consolidar la recuperación de Sumapaz con un trabajo integral que involucre al Ejército, que ya tiene presencia allí con el Batallón de Alta Montaña, cómo asegurar las principales vías de la región y de Cundinamarca, así como el funcionamiento de las instalaciones estratégicas de suministro de agua, energía, gas, telecomunicaciones, entre otras.
Inclusive, el Ejército, presente en la ciudad, puede constituirse en la garantía de seguridad de los distintos páramos y humedales que existen en la región, y como guardabosques, dedicarse a proteger las fuentes de agua que hoy están siendo amenazadas por invasión y usos inadecuados de esos territorios.
Ojalá estos planteamientos sean tenidos en cuenta por el Concejo en la discusión del proyecto de acuerdo, que busca revisar el Plan de Ordenamiento Territorial de Bogotá.
HUGO ACERO VELÁSQUEZ / El Tiempo
Página Web - 2019/09/18
Fuente: https://www.eltiempo.com/