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Por segunda vez en el año, trabajadores de Sidor acudieron ayer a la Vicepresidencia de la República para presentar al Ejecutivo un plan de recuperación de la empresa en un plazo de seis meses.

José Luis Hernández, presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss), adelantó que parte del plan conlleva a un ajuste del precio de la cabilla a Bs 70 por unidad, a través de un decreto presidencial, con el fin de acabar con la especulación. "En San Cristóbal (Táchira) venden una cabilla de 12 metros en Bs 450 y sale de Sidor a Bs 28 por unidad, con ese ajuste se elimina la especulación", dijo en un comunicado para el vicepresidente de la República, Jorge Arreaza.

`Planteó además un cronograma de pago flexible con las ventas de excedentes del material de hierro, con el fin de evitar que se siga sobrecarganado la nómina del Estado.

El dirigente sindical denunció que la industria se encuentra en uno de sus momentos críticos, al punto de que cumple hoy 13 días de paralización operativa debido a las condiciones de riesgo laboral y por la falta de inversión.

"Todavía no se han liberado los 314 millones de dólares que aprobó el presidente Hugo Chávez en vida, el 20 de agosto de 2012", recordó.

Hernández invitó al Presidente Nicolás Maduro a instalar una comisión de alto nivel para revisar el destino de Sidor y profundizar los cambios de un modelo de gerencia socialista que fortalezca el consejo de trabajadores.

Señaló que hay malestar laboral por la falta de compromiso de los acuerdos. "Exigimos que se comience a pagar correctamente con la hoja de cálculo salarial, que se acordó en el contrato colectivo 2008; también que se comience a aplicar de manera inmediata la jornada efectiva diaria semanal de trabajo (...) la democracia no es de quien la impone sino de quien la convive y la comparte", manifestó el presidente de Sutiss.

Los trabajadores demandaron además la remoción de sus cargos a los "burócratas" que ocupan puestos gerenciales y descuidaron Sidor.

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El Universal

Página Web - 2013/11/27

Fuente: http://www.eluniversal.com/


Los trámites que deben realizar los propietarios de inmuebles alquilados para recuperar su vivienda pueden demorar ocho años, de acuerdo con los cálculos de la abogada especialista en el área, Cora Farías.

Explicó que el procedimiento administrativo para efectuar el desalojo, con el visto bueno de la Superintendencia de Arrendamiento de Vivienda, incluye cerca de seis pasos que se deben ejecutar en cuatro instancias, que comienza con el procedimiento ante la Sunavi y finaliza con la decisión del tribunal superior en lo civil.

Cada uno de ellos puede tomar entre un año y año y medio. Sin embargo, la espera más larga ocurre después de que el tribunal aprueba la desocupación: la Sunavi debe autorizar un refugio o vivienda digna para el inquilino y su familia.

"Estoy esperando por un refugio para un arrendatario desde hace dos años y estoy de 42 en la lista de la Sunavi", dijo la experta. Según información oficial, el organismo ha reubicado a 40 familias.

Farías afirma que la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, aprobada en noviembre de 2011, sanciona solo al propietario y fomenta el abuso de inquilinos. Señaló que la mayoría de los casos de desalojo se resuelven mediante negociaciones, en las que los inquilinos a menudo solicitan compensaciones en dólares o piden al propietario que los ubique en otra vivienda. "Tengo un caso de una persona que vive en el extranjero y quería recuperar su casa en Altamira. Tuvo que comprarle al inquilino un apartamento valorado en 25.000 euros para que le devolviera el inmueble", contó.

"Los arrendadores terminan pagando indemnizaciones millonarias, es como si volvieran a comprar el inmueble", expresó Teresa Borges, especialista en Derecho Inmobiliario. Agregó que la legislación falla en proteger al arrendatario que realmente cumple.

Limitaciones. Borges afirmó que la Sunavi hace una "labor titánica" para atender las solicitudes, sin embargo, carece de personal, presupuesto e infraestructura suficiente para dar respuestas expeditas. "Están haciendo operativos de regulación para simplificar el proceso, lo cual no es mala idea, pero obvia las formalidades y lesiona el derecho a la defensa".

Indicó que los requisitos para realizar cualquier trámite resultan muy onerosos para los inquilinos. "Solicitan copias certificadas de todo y piden documentos que reposan en los archivos públicos". Dijo que recabar los requisitos necesarios para una gestión común, como la regulación del canon, demanda una inversión de entre 3.000 y 5.000 bolívares, sin sumar los honorarios profesionales del asesor legal.

Borges y Farías consideran que se debe reformar la legislación. Sin embargo, hay algunos aspectos que consideran positivos. Farías destacó el funcionamiento del Sistema de Arrendamiento de Vivienda en Línea, que permite llevar un control de los pagos a través de la web y la eliminación de cláusulas leoninas para los inquilinos en los contratos.

 


NICOLLE YAPUR / El Nacional

Impreso Digital - 2013/11/27

Fuente: http://www.el-nacional.com


ÚN.- Las ventas de cemento al detal (en sacos), bajaron significativamente desde hace unos 15 días, aseguran vendedores minoristas y medianas ferreterías visitadas por Últimas Noticias en el centro y el oeste de Caracas.

En ventas minoristas y ferreterías más grandes de las avenidas Baralt, Lecuna y San Martín no tenían cemento. Lo poco que vendieron hasta la semana pasada lo hicieron con sobreprecios, entre 70, 100 y 150 bolívares. El saco de cemento está regulado a puerta de fábrica a Bs 15 y para la comercialización en 20 bolívares. Aun así, encargados y dueños de ferreterías no temen que los fiscalicen, porque aseguran que son víctimas de los intermediarios, que les venden con sobreprecio. “No podemos vender en menos de Bs 50”.

 


Beatriz Caripa / Ultimas Noticias

Página Web - 2013/11/27

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve/


Charallave. El abandono de más de 200 apartamentos “listos para habitar” en Salamanca, municipio Simón Bolívar, y su presunta adjudicación a familias “fantasmas”, amotinó la mañana de este martes a un grupo de amas de casa tuyeras, que viven arrimadas en la misma urbanización.

 

Las ciudadanas exigían la entrega de los techos a lugareños con necesidad de un techo.

 

Cerraron un tramo de la autopista Ocumare-Charallave a las 8 am y pidieron la presencia del alcalde Saúl Yánez. Levantaron la protesta pasadas las 12 m, cuando el jefe del ayuntamiento prometió iniciar una mesa de diálogo y solucionar el asunto.

 

Yoselin Peñalosa, vocera de las amas de casa, precisó que la Misión Vivienda Venezuela abandonó hace más de dos años el lote de apartamentos, “que supuestamente ya tenían nombre y apellido”.

 

“Pasan los meses y hemos observado que ninguna de las familias ‘fantasmas’ se han mudado a los edificios. Somos tuyeros que estamos sin techo y necesitamos que sean entregadas antes de que personas ajenas al urbanismo las invadan”, comentó.

 

Peñalosa afirmó que el grupo de manifestantes vive arrimado en casas de familias o pagan hasta Bs 1.500 al mes por una habitación.

 

“Estamos pendientes de que esos apartamentos no sean invadidos. Pero esas viviendas ya están deteriorándose por el abandono. Queremos un techo digno”, aseguró la manifestante Yamila Rosado.

 

Aseguró que las más de 200 familias que no tienen casa propia en Salamanca están inscritas en la Misión Vivienda Venezuela.

 

“No queremos que nos regalen las propiedades; nosotros nos comprometemos a pagarle al Gobierno nacional lo que cuesta el apartamento hasta el último centavo”, dijo.

 

La carencia de agua potable en las viviendas de Salamanca, fue otro problema que sacó de quicio a las manifestantes.

 

“Aquí pasamos hasta un mes sin recibir una gota del líquido y, cuando llega, viene salada y amarillenta. Así no podemos seguir viviendo”, añadió.

 


Roberto Marte/Interpren / Ultimas Noticias

Impreso Digital - 2013/11/27

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve


Un censo de las familias que habitan en la llamada “Torre de David”, ubicada en la avenida Andrés Bello, realizan el Gobierno nacional y el municipal, informó el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien indicó que el paso siguiente es una pronta solución que deberá impactar positivamente tanto a la ciudad como a quienes allí habitan desde hace algún tiempo. El edificio de 45 pisos fue propiedad del consorcio Confinanzas, que se declaró en quiebra en el año 1994, con la crisis financiera.

 


Ultimas Noticias

Impreso Digital - 2013/11/27

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve