Miles de propietarios han perdido en la práctica su vivienda alquilada gracias a las leyes que han sido dictadas y a las deficiencias operativas de la Sunavi, señala la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur).

Según esta organización, estos propietarios han quedado en un estado de confiscación indirecta, inhibiendo a los demás propietarios a alquilar sus viviendas, perjudicando a las familias que no tienen casa.

Añade que la Sunavi (la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda) vino a sustituir a las 335 oficinas municipales de inquilinato en las funciones de regulación de alquileres de viviendas que funcionaban satisfactoriamente. "Actualmente en la capital y en el interior no existen suficientes fiscales para realizar inspecciones a los 750.000 inmuebles arrendados en el país y fijar los cánones de arrendamiento, dejando a la deriva al mercado de arrendamiento".

Propietarios e inquilinos deben esperar muchos meses para que se realice un acto conciliatorio en la Sunavi, para que posteriormente puedan acudir a los tribunales y solicitar lo establecido en la ley.

A pesar de que miles de propietarios tienen sentencias a su favor legítimamente por tribunales de la República, estas no son ejecutables por cuanto se requiere que Sunavi a través del Ministerio de Vivienda provea refugio o vivienda al inquilino obligado a entregar la vivienda.

Dados los hechos, Apiur estima que la oferta de alquileres ha disminuido un 98% desde hace 10 años cuanto se decretó la congelación de alquileres de vivienda, según puntualiza en un comunicado.

 

 

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El Universal

Página Web - 2013/11/13

Fuente: http://bit.ly/HSVte1

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La Guaira.- Representantes de 300 familias de sectores como La Esperanza I y II (Carayaca) Zamora, Marapa - Piache, Mamo, Martín Vegas, la Soublette, barrio Aeropuerto (Cata La Mar) y barrio San Antonio y El Tigrillo (Naiguatá), se mantendrán en carpas frente al Ministerio de Vivienda, en el urbanismo Hugo Chavez de Playa Grande, hasta lograr la adjudicación en algún edificio de los que desarrolla la Gran Misión Vivienda Venezuela.

"De aquí no nos vamos hasta tener un documento de adjudicación. Todos pertenecemos a familias que viven en estructuras declaradas inhabitables y de alto riesgo, algunos desde 1999. Hemos introducido las carpetas con todos los recaudos en el Ministerio y en Ivivar sin ninguna respuesta. No es justo que se le otorgue vivienda a gente foránea cuando cientos de varguenses seguimos enfrentando penurias", explicó la vocera Laurelys Monsalve.

Dijeron que entre las familias hay niños con necesidades especiales y gente que padece cáncer. "Pareciera que para nosotros no hay buena voluntad, solo presión para que nos retiremos. Pero no lo vamos a hacer porque no queremos más promesas".

Vecinos de Playa Grande bautizaron la protesta como "Ciudad Carpita" y la catalogan como una consecuencia del populismo. "Queremos que nos den la cara. Que venga el gobernador que pasa todos los días por aquí, que se baje del carro y nos escuche. Que lo sepan él y el presidente Maduro, que en Vargas hay familias con más de diez años esperando casa. Si somos buenos para dar votos también lo debemos ser para recibir nuestras viviendas" agregó José Gregorio Gamero.

 

 

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NADESKA NORIEGA ÁVILA / El Universal

Página Web - 2013/11/13

Fuente: http://bit.ly/1duLN3A

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Los días de Adriana Cabrera transcurren en un cuarto estrecho, apretujada con su familia en un área que no supera los dos metros de ancho y que reúne cuarto, baño y cocina. Tiene 23 años viviendo en uno de los locales ubicados en el sótano 2 de Parque Central. "Antes vivía en un bajante", afirma. Por eso no veía con recelo las condiciones de su cuarto. Ahora está embarazada de morochos y teme que sus hijos puedan enfermarse al nacer por los constantes botes de aguas negras en el lugar.

"No tenemos papeles", dice sobre la propiedad del inmueble.

Hace algunos meses, cuando nombraron a Corpocapital responsable de la administración del complejo, fue censada: "Somos varias las familias que estamos aquí. Espero que nos adjudiquen una vivienda porque no queremos ir a refugio".

Algunas invasiones tienen más de una década.

Hace 15 años, 32 familias tomaron el edificio Immacolata, localizado en la esquina de Perico, en la avenida Universidad.

12 años atrás, 27 familias invadieron el edificio Continente, en Parque Carabobo. "El inmueble pertenece a Fogade. La policía nunca vino a intentar desalojarnos, acudimos a varias instituciones, pero no nos atendieron. En 2011 conseguimos que el Instituto Municipal de Gestión de Riesgo y Administración de Desastres hiciera una inspección y determinó que es una construcción en alto riesgo debido a las filtraciones y a la superpoblación. Este era un edificio de oficinas que no estaba preparado para ser habitado", explicó Martha Castro, una las primeras en llegar al Continente. Sin embargo, las 27 familias iniciales se multiplicaron y ahora son 70.

Hace una semana, el instituto realizó otra visita y constató que la situación ha empeorado.

"Ha sido difícil controlar la cantidad de personas que ingresan u organizarnos para pagar la limpieza. Constituimos una Organización Comunitaria de Vivienda, pero duró poco. La peor decisión que tomamos fue invadir", dice Castro. En su caso, además de soportar los problemas propios de la invasión reconoce que en el edificio afrontan problemas de inseguridad. "Hay denuncias en la Prefectura y en la Fiscalía hechas por los propios vecinos por la música alta o hechos irregulares que han ocurrido con consumo de drogas, y no podemos decir que sean falsas".

Problemas de convivencia. Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, asegura que no hay una política coherente del gobierno central para controlar las invasiones: "La policía no actúa y la Fiscalía no impulsa los casos para que lleguen a los tribunales penales.

Antes del año 2000, las invasiones eran de terrenos, lo inédito era que empezaran a tomar inmuebles construidos o que se encontraban en proceso de construcción, remodelación o venta". Apiur cuenta 157 edificios invadidos en Caracas.

Para quienes habitan en los alrededores de inmuebles invadidos, las tomas se han convertido en un problema, reconocido por los propios ocupantes. Alejandro Gutiérrez, invasor en la Torre Viasa, ubicada en la avenida México, asegura que sus vecinos tienen muy mala imagen de ellos: "Si roban, dicen que fuimos nosotros. De esa puerta para afuera no nos quieren".

Gutiérrez llegó a la torre hace seis años porque se quemó la casa donde vivía en Petare. Allí se han organizado para mantener las áreas comunes, pero el acceso al agua sigue siendo con tobito y algunas habitaciones ni siquiera tienen baño.

"Cada caso es particular. En el Immacolata han tratado de legalizar su situación. En cambio en Continente deberían desalojar, garantizar una vivienda digna a quien lo merezca y llevar ante la justicia a los criminales", dijo Carlos Julio Rojas, del Frente de Defensa del Norte de Caracas.

 

 

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EMILY AVENDAÑO / El Nacional

Impreso Digital - 2013/11/13

Fuente: http://www.el-nacional.com/

 

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Valencia. Frente a los pronósticos del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) que pronostican nuevas lluvias en la entidad carabobeña, las autoridades de Protección Civil (PC) se declararon en estado de alerta para afrontar contingencias similares a la ocurrida la mañana del jueves, cuando hubo inundaciones en varios municipios y el río Cabriales se desbordó.

 

Cerca de 900 socorristas permanecen alerta, señaló Juan Carlos Vitas, presidente de PC-Carabobo. El funcionario reconoció que las recientes precipitaciones generaron angustia en los pobladores de los municipios Los Guayos, San Diego, Diego Ibarra, Naguanagua y Valencia.

 

Además del desbordado río Cabriales, otros caños y quebradas se salieron de su cauce y dejaron a un joven desaparecido en la capital carabobeña. Cerca de dos mil liceístas tuvieron que ser evacuados, pues las aguas inundaron sus salones de clase. Vitas hizo un llamado a los ciudadanos para que mantengan la serenidad y eviten lanzar objetos a las quebradas, pues ponen en peligro sus vidas y la de sus familiares. Exhortó a los conductores a reducir la velocidad debido a que el pavimento mojado suele ocasionar accidentes de tránsito.

 

Los especialistas de PC vigilan constantemente los caños, las quebradas y los ríos. El organismo no informó acerca de la cantidad de viviendas inundadas ni sobre las personas afectadas. Según el Inameh, continuarán las precipitaciones con posibles descargas eléctricas.

Búsqueda. Más de cien funcionarios junto con voluntarios se sumaron a las labores de búsqueda del joven que desapareció bajo las aguas del Cabriales la tarde del jueves.

Los rescatistas revisan palmo a palmo las orillas del afluente para tratar de localizar a Daniel Arrollabe, de 19 años de edad, quien fue visto por última vez cuando se bañaba en un recodo del torrente. Angustiados, sus familiares acompañan también a los socorristas con la esperanza de que puedan ubicarlo.

 

Testigos y amigos del desaparecido señalaron que la tarde del jueves lo vieron cuando se zambulló en dos ocasiones lanzándose desde una pasarela, aunque le habían advertido que era peligroso. En la tercera oportunidad no volvió a salir a flote.

 

 

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Gustavo Rodríguez / ULTIMAS NOTICIAS

Impreso Digital - 2013/11/10

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve/

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