El 'stock' se incrementa en la capital hasta las 3.000 unidades, un escaparate, no obstante, "insuficiente" para una boyante demanda

'Servicers', banca y Sareb alimentan la ciudad de pisos a estrenar

La oferta de obra nueva en Madrid se incrementó en 2015 "notablemente" hasta en un 68%, aunque esta sigue siendo "insuficiente" para la demanda, según un informe de la consultora inmobiliaria Knight Frank.

En el mismo informe se especifica que los precios de repercusión mantienen la tendencia alza, aunque de forma moderada. En el interior de la M-30, se incrementaron un 2%. La inversión en suelo y edificios ha superado los 800 millones de euros.

Actualmente, el municipio de Madrid cuenta con un stock de obra nueva de alrededor de 3.000 viviendas. El área comprendida entre la M-30 y la M-40 aglutina el 20% de la oferta, mientras que el 50% restante está en su mayoría en los PAU. La absorción media del último año es de un 37% del producto ofertado.

Gran parte de esta absorción se ha dado en los PAU (un 12%), lo que muestra niveles "muy razonables" en ámbitos que continúan consolidándose. Según el socio director de Residencial y Suelo de Knight Frank, Ernesto Tarazona, "la falta de stock junto al incremento del apetito de la demanda han dado lugar a la salida de producto de obra nueva que arrastraba años de comercialización".

En 2015 se ha visto como se reducía en un 8% la actividad de autopromoción o cooperativa en favor del promotor tradicional. "Aunque es un porcentaje tímido, la tendencia a futuro es que siga recuperándose positivamente a medida que el acceso a la financiación para el promotor sea más flexible", apunta Tarazona.

Valdebebas (20%) y el Ensanche de Vallecas (10%) destacan debido en parte a la concentración de oferta más accesible. El interior de la M-30 es la siguiente zona en el ránking, con un 23%. Los distritos de Tetuán (6%), Centro (4%) y Chamberí (4%) son los más demandados.

Los precios mantienen la tendencia alcista, aunque moderada el comportamiento de los precios de repercusión en Madrid muestra una tendencia "al alza moderada". El precio medio de repercusión en el interior de la M-30 crece un 2% respecto a 2014. El crecimiento medio en la primera corona de la ciudad experimenta un aumento del 1%.

En el interior de la M-30, los distritos de Chamberí y Salamanca lideran el incremento de precios con un 5% y un 4%, respectivamente. En los ámbitos situados fuera de la M-30, destaca el incremento en localizaciones como Montecarmelo y Aravaca con un 8% y un 7%, respectivamente.

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El Mundo
Página Web - 2016/05/05
Fuente:  http://www.elmundo.es

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La Generalitat marca el 17 de mayo como fecha para conceder pisos

Enojos y quejas se podían escuchar este martes frente al consorcio que gestiona el barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs. Aporreando cazuelas o a gritos ("¡Nuestros pisos están cerrados!"), la cuarentena de vecinos concentrados compartía un desvelo: las instituciones no les han entregado el piso que les corresponde.

Entre las que más ruido hicieron, Rosario: "Vivo con 10 personas en un bajo de mi suegra, que tiene humedad. Mi hijo se va a criar creyéndose que el cuarto donde estamos es su casa". Mayka también espera alojada con su suegra a que le den las llaves de una de las 53 viviendas con alquileres reducidos, cuyo concurso se pregonó en febrero de 2015 y en septiembre les anunciaron que les había tocado. "Somos 12 en casa. En mi habitación, dormimos cinco", cuenta.

La mayoría de quienes tienen concedido un hogar al que aún no han accedido conviven con otros parientes en La Mina, a la espera de que las instituciones retomen la adjudicación donde encalló. Es lo que le ocurre a Consuelo, desde hace tres meses bajo techo de la madre de su esposo, Antonio.

"Pagábamos 400 euros de alquiler, pero el propietario vendió el piso. Llegamos a un acuerdo para quedarnos hasta que nos dieran la vivienda, pero se iba atrasando. Al final, nos tuvimos que ir", relatan. La pareja, con dos hijos de 12 y 25 años a su cargo, ingresa 320 euros, y hace un mes dejó de percibir un auxilio con el que costeaban 115 euros de un trastero donde han almacenado las pertenencias mientras aguardan la mudanza.

Según los manifestantes, les dieron tres términos diferentes para trasladarse a los domicilios, y todos se aplazaron. "Van dando largas", criticaban.

Ante el malestar, consejeros del Consorcio de La Mina (donde participan la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos de Barcelona y Sant Adrià) se encontraron con representantes de la comunidad gitana del barrio. Tras más de dos horas de reunión, el secretario de Afers Socials i Famílies de la Generalitat, Francesc Iglesies, admitió el problema.

"Como saben, las cosas de palacio van despacio", dijo, megáfono en ristre. "Estamos aguantando mucho", saltó entonces un hombre, "somos tres matrimonios y cinco hijos en un piso de 60 metros cuadrados y tres habitaciones. Sois vosotros los que debéis ser conscientes".

Pese al reproche, Iglesies apaciguó los ánimos, comprometiéndose a que el 17 de mayo se formalizará la concesión de las viviendas, "con las mismas condiciones" que se establecieron, con un arrendamiento entre 100 y 140 euros al mes, más un 15% de los ingresos netos de cada familia. No se precisó fecha de cuándo podrán trasladarse a unos domicilios desocupados desde que sus residentes sufragaron el coste de afincarse en las nuevas escaleras de La Mina.

34 de ellos deben acondicionarse para ser habitables, mientras que otros 19 están en el bloque de la calle Venus, previsto demoler desde el 2002. En un viraje respecto a las últimas intenciones, Iglesies anunció que la Generalitat y el resto de administraciones rastrearán "recursos" para cumplir con el derribo, tal como está previsto en el plan vigente, por lo que a quienes se les iba a emplazar en el edificio se los reasentará en otras promociones públicas.

La decisión contradice al gobierno local del PSC de Sant Adrià, que intentó sustituir el desmantelamiento del demacrado inmueble por su rehabilitación, contra la voluntad de parte de los moradores. También fue el principal valedor de que se sortearan los habitáculos, pese a que no han dejado de estar condenados a desaparecer.

El Ayuntamiento había culpado al Departament de Treball i Afers Socials de frenar la entrega de viviendas demorándose en el nombramiento de sus delegados en el consorcio. Iglesies admitió que fueron designados hace un mes aunque, por sus palabras y por lo que habían transmitido a entidades del barrio, la pretensión de la conselleria de tirar abajo el problemático bloque hacían inviable alojar a nuevos inquilinos y, a la postre, la adjudicación tal como se había realizado.

El anuncio del Govern satisface a los vecinos más críticos, que han interpuesto un contencioso reclamando su derecho al realojo en los edificios que se levantaron para ellos. Sólo unas 50 familias de Venus pudieron financiar el cambio, ya que cuesta un mínimo de 32.000 euros. De demolerse, habrá que ver dónde se reubica a todos los que no han podido hacer lo mismo. En una política de hechos consumados, 236 pisos que se reservaron desiertos durante cinco años a habitantes de La Mina se entregaron a otros solicitantes de vivienda social en 2015, sin dar alternativa a quienes malviven en Venus.

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JORDI RIBALAYGUE / El Mundo
Página Web - 2016/05/04
Fuente:  http://www.elmundo.es

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El Gobierno regional quiere hacerse con parte de ellas para dedicarlas a alquileres sociales

Los bancos tienen en Aragón más de 4.000 viviendas vacías, con las que se han hecho por ejecuciones hipotecarias y desahucios. La cifra la ha desvelado hoy el consejero aragonés de Vivienda, José Luis Soro (CHA), quien ha anunciado que desde hace meses se está negociando con los bancos para que cedan a la Administración autonómica parte de ese parque inmobiliario.

El objetivo del Ejecutivo aragonés PSOE-CHA que preside el socialista Javier Lambán es que los bancos acepten poner en manos del Gobierno autónomo la gestión de una parte significativa de todas esas viviendas, que se las cedan para que pueda dedicarlas a alquileres sociales.

Según ha explicado Soro, el plan del Gobierno aragonés es que puedan ocuparlas familias con bajos recursos, prioritariamente las afectadas por desahuicios. Los inquilinos pagarían una renta de arrendamiento de no más del 30% de sus ingresos. El resto del importe del alquiler lo abonaría la Administración autonómica.

El primer paso que ha dado el Ejecutivo regional es crear un registro de viviendas vacías procedentes de ejecuciones hipotecarias. Ha reclamado a los bancos que notifiquen cuántas viviendas tienen en esa situación.

Según José Luis Soro, de la información que les han aportado hasta ahora se desprende que los bancos tienen en su poder 4.332 viviendas en Aragón procedentes de ejecuciones hipotecarias. De todas ellas, el Gobierno aragonés ha seleccionado 1.989 que «por su ubicación y por las condiciones que conocemos a priori pueden ser susceptibles de dedicarse a alquileres sociales» gestionados por la Administración autonómica.

Soro ha explicado que ahora se está depurando esa base de datos con inspecciones «in situ» de técnicos del Gobierno aragonés, que van a visitar cada una de esas 1.989 viviendas para determinar si, efectivamente, son adecuadas para alquileres sociales. Las inspecciones comenzaron el pasado 18 de abril.

En cualquier caso, la clave está ahora en la capacidad del Gobierno aragonés para llegar a un acuerdo de gestión compartida con los bancos sobre ese parque inmobiliario. Soro ha afirmado que se está negociando con las entidades financieras desde hace meses. Hasta ahora no se han alcanzado acuerdos en firme, pero confía en que se hagan efectivos próximamente.

José Luis Soro considera que los bancos tienen una obligación moral de facilitar que esas viviendas vacías se pongan en el mercado con fines sociales, y ha calificado de «indecente» el volumen de pisos que hay vacíos tras haber sido objeto de desahucios.

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ROBERTO PÉREZ / ABC
Página Web - 2016/05/05
Fuente: http://www.abc.es

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El Estado trasferirá 71 millones para regeneración, eficiencia energética y arrendamiento

El Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid ha publicado este martes 3 de mayo una partida de 17 millones de euros para bonificar los alquileres con hasta 2.400 euros al año, mientras que en 2015 se destinaron 10 millones. Y, en las próximas semanas, publicará un decreto autonómico que regulará un parque de viviendas de emergencia social que parte de una reserva de 161 pisos y tiene como objetivo alcanzar las 300 para los colectivos más afectados por la crisis. Regulará también el procedimiento de adjudicación por la Agencia de Vivienda Social: se basará en baremos sobre circunstancias personales frente al sorteo tradicional.

La Comunidad ha entregado desde que empezó la legislatura 875 viviendas de especial necesidad para familias con escasos recursos económicos y trabaja en la recuperación de cerca de mil viviendas, por renuncia o fallecimiento del titular, que serán reparadas para ponerlas a disposición de los demandantes, según explicó Pedro Manuel Rollán, consejero de Transportes, Viviendas e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid en el acto de clausura de la Conferencia Inmobiliaria Sima 2016.

Adelantó Rollán que prevén impulsar el Plan Alquila que alcanzará los 100.000 contratos firmados en los en la Comunidad de Madrid. Esta actúa como mediadora entre los pequeños propietarios e inquilinos. También promueve acuerdos con entidades financieras para que se destinen al alquiler social.

En total, la Comunidad de Madrid tiene previsto percibir 71 millones con cargo al Plan Estatal de Fomento del alquiler de viviendas, rehabilitación, regeneración y renovación urbanas 2013-2016. De estos, 34,3 millones de euros se destinarán a la regeneración y renovación urbanas en Madrid capital, Alcalá de Henares, Móstoles, Torrejón de Ardoz y la Mancomunidad Sierra Norte. Otros 27 millones se destinarán a impulsar el Plan regional de Ayudas al Alquiler en 2015 y 2016, destinado a las rentas menores. Por último, 9,6 millones de euros se dedicarán a ayudas y subvenciones pare eficiencia energética, calidad y sostenibilidad de los edificios, y fomento de la accesibilidad.

A lo largo de la conferencia que abre las actividades de Sima 2016 hubo acuerdo en todas las ponencias y desde todos los grupos políticos en poner el énfasis en la importancia, no de la rehabilitación como mero instrumento, sino de la regeneración y renovación urbana. Grandes palabras y proyectos que contrastan con la situación de aquellos que quedan en la cuneta. Es el caso de cerca de 20.000 familias madrileñas a las que la Comunidad de Madrid adeuda desde hace varios años unos 10 millones de euros, según explica la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Son residentes en áreas de rehabilitación con una elevada edad y muy escasas rentas que se endeudaron en su día para la acometer la renovación de sus edificios o para poner un ascensor y nunca han llegado a cobrar las correspondientes subvenciones, o no en su totalidad, víctimas de los recortes que se aplicaron en 2012 de manera retroactiva en la Comunidad Autónoma de Madrid.

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Inmaculada de la Vega / El País

Página Web - 2016/05/03
Fuente: http://economia.elpais.com

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