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El valor de estos créditos se situó en casi 2.790 millones de euros, lo que supone un aumento interanual del 34,5%

La firma de nuevas hipotecas para la compra de una vivienda volvió a acelerar su crecimiento en noviembre pasado al aumentar un 32,2% en tasa interanual, tras registrarse 25.413 contratos.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en tasa intermensual, es decir, respecto a octubre, el incremento de la firma de nuevas hipotecas para comprar una vivienda fue del 12,5%.

El valor de estas hipotecas inscritas en los registros de la propiedad se situó en casi 2.790 millones de euros, lo que supone un aumento interanual del 34,5%, y mensual, del 12,3%.

El importe medio de esas hipotecas se situó en 109.785 euros, el 1,8% más que en noviembre de 2015, pero el 0,2% menos respecto al mes previo.

Los datos publicados por el INE también indican que las hipotecas constituidas sobre viviendas concentraron en noviembre el 64,1% del capital total prestado.

Una de cada tres fueron a tipo fijo


Además, el 68,2% de las hipotecas firmadas en noviembre utilizó un tipo de interés variable, frente al 31,8% de tipo fijo. El Euribor sigue siendo el tipo de referencia más utilizado en la constitución de hipotecas a interés variable, en concreto en el 93,5 % de los nuevos contratos.

El tipo de interés medio, al inicio, para las hipotecas constituidas sobre viviendas fue en noviembre del 3,22%, lo que supone el 1,1% menos que hace un año. El INE también ha explicado que el número de hipotecas sobre vivienda que modificaron sus condiciones disminuyó un 13,3%.

Por comunidades autónomas, aquellas que registraron en noviembre un mayor número de hipotecas constituidas sobre viviendas fueron Andalucía, con 4.760; Comunidad de Madrid, con 4.636; y Cataluña, con 3.562.

Por su parte, las comunidades que presentaron las mayores tasas de variación anual fueron Principado de Asturias, con un alza del 70,5%; Comunidad de Madrid, con el 63%; e Islas Baleares, también con un incremento del 60%.

Por el contrario, aquellas que registraron el menor porcentaje de crecimiento anual fueron Cataluña, con el 7,5% y Extremadura, con el 9,7%.

Los datos del INE también ponen de manifiesto que las comunidades en las que se prestó más capital para la constitución de hipotecas sobre viviendas fueron la Comunidad de Madrid, con 712,5 millones de euros; Andalucía, con 458,2 millones; y Cataluña, con 452,6 millones.



EFE / ABC
Página Web - 2017/01/27
Fuente: http://www.abc.es


El 32% de los gallegos podrán beneficiarse de una medida que el PP prometió en campaña

La «legislatura del rural», tercer mandato de Feijóo, comenzó con un anuncio que, más que eso, era una declaración de intenciones. Un adelanto histórico de las ayudas de la PAC europeas al que le siguieron otras medidas que todavía están por concretar. Una de ellas se produjo este jueves. El Gobierno gallego declarará al 93,7% de las parroquias de Galicia zonas libres de impuestos para la adquisición de viviendas. La bonificación fiscal afectará a un espectro potencial cercano al 32% de la población. La Xunta persigue aumentar el atractivo del medio rural para instalarse y crear actividad económica, como ya comenzó a trazar en el pasado.

Según cifras oficiales dadas a conocer por el titular del Ejecutivo autonómico, 68.000 gallegos ya se han beneficiado de la política de «impuestos cero» que su gabinete introdujo en las transmisiones patrimoniales de fincas rústicas, la adquisición de suelo o la concentración parcelaria. Descargas tributarias que llegan, por ejemplo, al 99% de los ciudadanos que no pagan el impuesto de sucesiones.

El siguiente paso dado por el de Os Peares no es sino la ratificación de una promesa electoral que el PP había blandido en la campaña: hacer que los jóvenes, las familias numerosas y las personas con discapacidad accedan a una vivienda en el rural libre de cargas. El Consello de Goberno aprobó, a la espera de formalizar una ley, la normativa de desarrollo de la norma, centrada en 3.462 parroquias del país y que se publicará en el Diario Oficial de Galicia (DOG), previsiblemente, en la primera quincena de febrero. Por provincias, 1.251 núcleos se localizan en la provincia de Lugo, 895 en Orense, 813 en La Coruña y, dentro de los límites de Pontevedra, 503.

La hoja de ruta fiscal de la Xunta también asume cambios. En vez de tomar como medida de referencia el concello, el Ejecutivo reduce el espectro en la parroquia para no discriminar a aquellos territorios considerados rurales pero próximos a áreas metropolitanas muy pobladas. «Todavía hay una parte de Galicia que no conoce la exención», declaró Feijóo. Las zonas bonificadas por los «impuestos cero» serán todas aquellas consideradas «poco pobladas» por el Instituto Galego de Estatística (IGE), siguiendo los parámetros marcados por Bruselas.


«Documentar es pagar»

Núñez Feijóo busca con esta ampliación de su política que las operaciones en el medio rural no se detengan en el cuánto. Como «documentar es pagar», explicó, algunos traspasos y transmisiones de propiedad se producían a escondidas de la administración para no abonar los impuestos que pauta la ley. «Esto es un antes y un después para la situación que vive una parte del rural gallego», perfiló.

El panorama para la autonomía se agrava cuando, a la hora de consultar los catastros, se encuentra con que «no siempre coinciden con la realidad». Fincas, montes e inmuebles pueden figurar a nombre de una persona que, en realidad, no es su verdadero propietario. «Estamos regularizando el territorio», concluyó el presidente, para cerrar otro capítulo de la «legislatura del rural».



M. NESPEREIRA / ABC
Página Web - 2017/01/27
Fuente: http://www.abc.es


El año pasado se consumieron 11.140.639 toneladas, lo que supone una caída de más de 350.000 toneladas respecto al ejercicio 2015

El consumo de cemento cierra el peor mes de octubre del siglo


El consumo de cemento en España cerró 2016 en 11.140.639 toneladas, un 3,1% menos que en 2015, lo que supone una caída de más de 350.000 toneladas respecto al ejercicio anterior.

De esta manera, según informa la patronal Oficemen, el consumo de este material volvió a caer tras haber subido en 2015 y 2014, tras siete años consecutivos en rojo. Las cifras de diciembre no fueron mejores y se situaron en 804.372 toneladas, con un descenso del 3,8% respecto al mismo mes del pasado año.

En el conjunto del año, las exportaciones paliaron, aunque solo en parte, la caída del mercado doméstico, con un crecimiento del 5,6%, que permitió alcanzar las 9.782.631 toneladas.

En cuanto al panorama para 2017, el presidente de Oficemen, Jaime Ruiz de Haro, advierte de que "es muy preocupante". A este respecto, explica que "hace tan solo unos días el Ministerio de Fomento ya adelantó que, debido a las exigencias de cumplimiento del objetivo del déficit público, 2017 sería un año complicado para la inversión en infraestructuras, con una dotación total incluso inferior a la del año terminado y batiendo un nuevo mínimo histórico".

Por ello, para 2017, el Departamento de Estudios de Oficemen prevé un año de estancamiento con un crecimiento inferior al 1%.

No obstante, la patronal señala que estas cifras dependen en gran medida de que se cumpla la esperada evolución en positivo de la edificación residencial. "La cuestión es que sería necesario que la vivienda creciera de forma exponencial para llegar a compensar la caída en el consumo de cemento derivada del parón en las infraestructuras", añade el director general de Oficemen, Aniceto Zaragoza.





SERVIMEDIA /  El Mundo
Página Web - 2017/01/25
Fuente: http://www.elmundo.es


La Ley por la Función Social de la Vivienda ha salido adelante con los votos de los socios del Botánico para garantizar el derecho a la vivienda

El PP vota en contra de la que califica como 'ley Frankenstein' y advierte de que la derogará cuando gobierne


El pleno de las Cortes Valencianas ha aprobado este miércoles, con los votos a favor del PSPV, Compromís, Podemos y C's, el proyecto de la Ley por la Función Social de la Vivienda de la Comunidad, que busca movilizar las viviendas vacías disponibles, de las que se creará un registro, e incluye la posibilidad de expropiación forzosa del usufructo de la vivienda.

El parlamento valenciano ha rechazado la totalidad de las enmiendas presentadas por el PP y C's y aprobado una de Podemos por la que se crea una comisión de seguimiento específica para luchar contra la pobreza energética con la representación de movimientos sociales, representantes de los departamentos autonómicos y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias.

Durante la defensa del texto, el diputado de Podemos César Jiménez ha destacado que con la aprobación de esta ley "se pone en marcha un reloj que hace tiempo se tenía que haber puesto para dar solución familias tienen que ver cómo se van fuera de casa".

Tras agradecer a la PAH sus aportaciones y el impulso que han dado para la aprobación de la norma, ha valorado que el texto cuente "con muchos mecanismos y engranajes" para funcionar coordinadamente. "Seguiremos colaborando para que cuando se ponga en marcha la ley se pueda mejorar su aplicación", ha dicho.

En similares términos se ha pronunciado la diputada de Compromís Belén Bachero, quien ha calificado la jornada de día "histórico" porque las Cortes dan "un paso hacia adelante" para garantizar el derecho de la vivienda que el gobierno de Mariano Rajoy con "su mayoría absoluta y su rodillo "vulneró".

En este sentido, ha criticado que el 25 junio 2012 el Ejecutivo pidiera "un rescate para la banca" porque "arrebató derechos a los españoles para dar privilegios a los bancos". "Qué poca vergüenza. Ese día Rajoy gobernó contra las personas y ahora nos quieren vender que se acuerdan de las personas con el decreto que aprobó el viernes el Consejo de Ministros sobre las clausulas suelo. Pero que no nos engañen, lo han hecho por obligación de Europa y el Supremo", ha remarcado.

Por ello, ha defendido la necesidad de esta ley por el reconocimiento que hace a "uno de los derechos fundamentales" como es la vivienda.

Desde C's, María José García ha remarcado que su formación considera esta norma como "fundamental", pero ha lamentado que presenta "un inconveniente" y es que "nace herida de muerte" porque no está "en armonía con la Constitución española". "No podemos legislar donde no hay competencias", ha recordado García para advertir de que algunos artículos presentan "visos de inconstitucionalidad" porque "vulneran la seguridad jurídica". Por tanto, desde C's han instado al Consell a que "hagan eco de su carácter dialogante y permitan hacer y participar a todos de ese texto con un consenso".

Por su parte, el diputado del PSOE Rafael Briet ha pedido el voto favorable a todos los diputados de este parlamento porque con la norma se "reafirma el derecho de una vivienda digna". "Con esta ley trasladamos la voz de la calle a una norma jurídica y damos respuesta a la situación de muchas familias a las que nunca se les había escuchado", ha manifestado el diputado socialista, quien ha reivindicado que esta ley "evidencia que el Consell no es indiferente ni se queda al margen problemas de la gente, sino que es participe de ellos".

Ha defendido que "complementar no significa interferir", por lo que ha puntualizado que complementar la ley estatal con esta norma autonómica no supone la existencia de inconstitucionalidad ni contradicción.
Una ley Frankenstein para derogar

Para la diputada del PP, Elisa Díaz, en año y medio el Consell no ha llevado a las Cortes "una ley en condiciones". "Esto es la ley Frankeinstein", ha criticado la diputada 'popular', quien ha añadido: "Sus promesas les han llevado a un presidente sumiso a los pies de un radicalismo más rancio de la izquierda. Eso es demoledor y esas ideas se han plasmado en papel sin que se puedan cumplir".

Para Díaz, la ley "discrimina" porque "no reconoce el derecho a la vivienda de todas las personas porque solo se garantizará el inmueble a quien cumpla los requisitos que marca la norma". "¿Quién ha puesto esta pieza? ¿Es rojo, morado o naranja?", se ha preguntado. Entre los aspectos que ha criticado la diputada, está la falta de concreción sobre las fechas en las que se prevé ampliar el parque público de viviendas. "Esta ley dice que se ampliará el parque público pero no dice

Asimismo, ha apuntado que muestra "desigualdades, es de dudosa aplicación efectiva y no plasma compromisos ni soluciones concretas". Por ello, ha defendido que el voto en contra de su grupo no sólo está justificado, sino que es para "intentar evitar alimentar la esperanza de quien espera una respuesta".

"Es un bodrio de ley, inaplicable e incapaz de resolver los problemas de las personas. En la ley no posibilitan, obligan; no proponen, imponen. Han creado un monstruo muy grande, pero muy torpe que cuando empiece a andar se desmontará y no será capaz de llegar a ningún sitio", ha zanjado.

Al respecto, el diputado socialista ha respondido a la diputada del PP que el único monstruo son "las piezas judiciales en las que están inmersas" su formación política.

Paso adelante

Antes de comenzar la sesión plenaria, la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del territorio, María José Salvador, ha destacado que la norma aprobada es "la primera ley debatida y votada en las Cortes" y ha valorado que con la norma se plasma la convicción del Consell por garantizar el derecho de la vivienda. "Damos un paso hacia adelante en considerar la vivienda como un derecho subjetivo. Es un paso importantísimo porque la vivienda es un derecho nuclear y prioritario", ha remarcado.

Ha recordado que la ley supone movilizar todo el stock de la vivienda vacía que hay en la Comunidad para que las personas que han demandado una vivienda social, las que han perdido su casa por no poder pagar su hipoteca por una situación económica sobrevenida y las desahuciadas, puedan disponer de un inmueble.

Asimismo, ha recordado que se creará un registro de vivienda para que las entidades financieras pongan los inmuebles vacíos al servicio del alquiler social. "También a los propietarios particulares queremos darles cobertura con una fianza y ayudas a la reforma y rehabilitación", ha dicho. En caso contrario, ha apuntado que la ley contempla multas y sanciones hacia los bancos que no se sumen a este registro.




EUROPA PRESS /  El Mundo
Página Web - 2017/01/25
Fuente: http://www.elmundo.es


Abogan por esta medida intervencionista para frenar los incrementos de las rentas y evitar la expulsión de los vecinos de los barrios más céntricos

C&W: Las rentas subirán un 10% en la capital y un 5% en la Ciudad Condal


Los ayuntamientos de Madrid y de Barcelona pedirán formalmente al Gobierno que cambie la Ley de Arrendamiento Urbano (LAU) para que regule el precio del alquiler e impida los incrementos desmesurados que favorecen la expulsión de los vecinos de sus barrios.

La teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad de Barcelona, Janet Sanz, y el concejal de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, José Manuel Calvo, han anunciado en la capital catalana que estudian cómo hacer llegar al Gobierno esta petición, que será el primer objetivo de un espacio de trabajo para responder al problema de la elitización residencial (gentrificación) y abordar conjuntamente medidas y posibles cambios legislativos para afrontar los retos comunes en urbanismo y vivienda.

Sanz ha explicado que técnicos y políticos de Madrid y Barcelona se reunirán en este espacio de trabajo como mínimo una vez al trimestre, con el objetivo de llevar a cabo un aprendizaje conjunto a través del intercambio de experiencias, herramientas de análisis y buenas prácticas que se desarrollen en las dos ciudades y compartir instrumentos jurídicos y técnicos.

La política catalana ha asegurado que Barcelona y Madrid tienen como prioridad evitar que sus barrios vayan vaciándose de vecinos, y por ello ven "fundamental que conjuntamente -ha dicho- vayamos al Gobierno del Estado con esta exigencia clara de regulación del precio de los alquileres a nivel del Estado", y ha hecho un llamamiento al resto de ciudades a unirse a la petición.

"El mensaje es que Barcelona y Madrid van de la mano para abordar los problemas que tienen hoy en día", ha subrayado Calvo, que ha señalado que ambas coinciden en apostar "por ciudades complejas con mixtura de usos y una calidad de vida homogénea en los barrios, donde no haya segregación de habitantes y zonas con sólo actividad turística que acabe expulsando a los ciudadanos de sus lugares de residencia y convirtiéndolas en un parque temático".

Calvo ha asegurado que "nunca Barcelona y Madrid estuvieron tan cerca en materia de urbanismo y vivienda" y quieren "seguir avanzando en la línea de primar la calidad de vida de las personas y el interés general frente a otro tipo de intereses".

En la comparecencia, que se ha hecho en el Salón de la Ciudad del Ayuntamiento de Barcelona, también han intervenido la concejal de Ciutat Vella, Gala Pin, y el concejal de Vivienda, Josep Maria Montaner. Pin ha resaltado que el distrito barcelonés de Ciutat Vella y el madrileño de Centro, los que tienen los alquileres más altos de España, comparten casos y experiencias comunes para evitar el vaciado de los barrios de residentes y su sustitución por población flotante.

Pin ha añadido que en ambas ciudades "no habrá tregua" contra las malas prácticas de las empresas que se dedican a comprar edificios para echar a sus inquilinos y revenderlos, y que para ello Madrid y Barcelona están de acuerdo en que es necesaria la colaboración de los vecinos.

Por su parte, Montaner ha puesto en valor las políticas que está llevando a cabo el Consistorio para favorecer el acceso a la vivienda y mejorar las condiciones de habitabilidad en la ciudad y en concreto el Plan de Derecho a la Vivienda 2016-2025, que se aprobará en el pleno próximamente.




EFE / El Mundo
Página Web - 2017/01/23
Fuente: http://www.elmundo.es