El intendente Gustavo Pulti, junto al director del Banco de Tierras dependiente de la Secretaría de Planeamiento Urbano, Federico Berté, informó sobre las acciones que viene desarrollando el municipio en torno a la obtención de lotes aptos para la construcción de los nuevos hogares.

Pulti dijo a Télam “en Mar del Plata existen más de 2600 familias favorecidas en este programa para la construcción de sus viviendas”.

 

“Estamos tratando de colaborar y de estar cerca de todos los vecinos beneficiarios del Procrear ya que para la ciudad es un objetivo importante”, dijo Pulti.

 

El intendente valoró el beneficio que trae para cada familia este programa “mediante el mismo se genera que muchos marplatenses tengan viviendas propias y se genere trabajo y mano de obra en nuestra ciudad”.

 

“La idea es que los vecinos se saquen dudas y puedan seguir confiando en este programa nacional que tiene la mera intención de que los argentinos tengan su propia vivienda y puedan vivir dignamente”, enfatizó.

 

Pulti consideró que “el municipio ha encarado tanto la adquisición de terrenos, como lo está haciendo el propio Procrear, para que las dificultades que se produjeron en relación a la disponibilidad de tierras sea superada y trabajando en conjunto, dialogando y estableciendo acuerdos de funcionamiento”.

 

“Vamos a llegar al objetivo de que se puedan llevar adelante las viviendas de las familias que han resultado beneficiarias en tierras que tengan valores razonables”, finalizó.

 

 

 

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Télam

Página Web - 2014/05/07

Fuente: http://www.telam.com.ar

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Un panorama de los distintos rendimientos de materiales, cerramientos y pinturas.

Cayeron unas gotas este fin de semana y fue suficiente para que de vuelta se mojara el lavadero. Es que el techo ya no da para más. Le puse membrana asfáltica hace siete años, un trabajo, por lo visto, bastante mal hecho. El domingo, cuando por fin subí a ver lo que pasaba, descubrí que en las uniones de la membrana estaban creciendo dos plantitas de palam palam, una especie destinada a convertirse en árbol. Por el caminito de sus intrusivas raíces, el agua llegó al interior del lavadero y arruinó el cielo raso. Si lo dejo así, puede llegar a destruir todo: sabemos que el agua es el peor enemigo de las construcciones… y de los arquitectos.

 

“Los edificios no son para siempre”, decía mi profesor de construcción en la facultad, y agregaba que el secreto de su permanencia dependía de “tres ca”: calidad, calidad, calidad. “La vida útil de una construcción depende de la calidad de sus materiales, de la calidad de la mano de obra y de la calidad del mantenimiento”, explicaba.

 

Puesto a buscar cuál es la expectativa de vida de una membrana, descubrí que la mía falló 23 años antes de lo previsto por falta de mantenimiento. La vida útil de los componentes de una casa está muy estudiada en otros lugares. La National Association of House Builder (NAHB), por ejemplo, es una organización estadounidense que asesora a constructores y tiene analizado cuánto puede durar cada parte de una casa. Y una casa es tan fuerte como su componente más débil.

 

Por lo general, esperamos que una vivienda dure 100 años, o más, porque estamos acostumbrados a que nuestras construcciones de ladrillo tengan una larga vida útil. Es que existen edificios ladrilleros de más de 500 años en perfecto estado. A su vez, las estructuras de hormigón armado, tan típicas en estas latitudes, son casi eternas, siempre y cuando no las agarre el agua. Este impiadoso enemigo puede colarse por ínfimas fisuritas y alcanzar los hierros para oxidarlos, lo que hace que aumenten de volumen, lo que hace que rompan el hormigón, lo que hace que generen grietas más grandes, por donde vuelve a colarse el agua. La solución, pinturas o siliconas para sellar la superficie. Ojo, en las mamposterías pasa algo parecido, el agua penetra y destruye revoques y pinturas. Por eso deben estar secas y bien pintadas.

 

Los de la NAHB tienen todo más o menos calculado. Algunas previsiones son las siguientes: Carpinterías de hierro. De 30 a 40 años. Depende del mantenimiento; pintura antióxido con pulida previa y esmalte cada 5 años pueden hacer que duren una eternidad. El agua las destruye mal.

 

Carpinterías de madera. Pueden permanecer operables por más de 40 años. El mantenimiento es clave y se puede reparar con un buen carpintero. Ojo con la humedad, permite que crezcan bacterias y hongos, ese es su fin.

 

Carpinterías de aluminio. Duran entre 40 y 50 años. Lo que primero se resiente son accesorios como burletes y rodamientos. Su reemplazo mejora la prestación de todo el cerramiento.

 

Carpinterías de PVC. Tiene una expectativa de vida de 30 a 50 años, lo que más las afecta es el sol y, como en el caso de las de aluminio, los accesorios se estropean antes que la carpintería misma.

 

Pinturas. Las exteriores e interiores pueden durar hasta 15 años, pero es mejor repintar la casa cada 7 años y, sobre todo, preparar bien las superficies para duren más.

 

Caños. Los de plástico deberían ser eternos pero depende de la colocación. Los viejos caños de hierro y plomo pueden durar 70 años, los galvanizados, apenas 30. Los caños tipo hidrobronz son casi eternos, pero ojo con las uniones: calidad de mano de obra.

 

Membranas asfálticas. Duran 30 años. Bien colocadas, no como las de casa.

 

 

 

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MIGUEL JURADO / Clarín

Página Web - 2014/05/07

Fuente: http://www.clarin.com

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"Los inspectores hacen la vista gorda", dijo Narciso Canteros, de la ONG Manos a la Obra, que hoy realizará una marcha de protesta hasta las puertas de la Dirección de Obras Particulares.

La organización no gubernamental (ONG) Manos a la Obra se movilizará hoy hasta las puertas de la Dirección de Obras Particulares municipal para denunciar la falta de acción en el monitoreo de las normas que regulan la construcción. "Vamos a presentarles el mapa de los incumplimientos en Rosario y, además, denunciaremos al menos 20 obradores donde los compañeros están en condiciones de hacinamiento", disparó el titular de la entidad, Narciso Canteros.

 

La presencia del movimiento de albañiles no sindicalizados en el ex edificio de la Aduana se producirá cerca de las 10 con el objetivo de plantear públicamente los reclamos del sector en materia de control de la normativa y seguridad de los trabajadores.

 

"Andamos por la calle y vemos que se hace la vista gorda. Dicen que hay 60 inspectores, pero desde septiembre pasado verificamos 200 obras y no vimos un agente. Las irregularidades se ven en la mayoría de las demoliciones. Entre derrumbar algo y el permiso de obra se ahorran entre 50 mil y 75 mil pesos en permisos, personal capacitado, ART y coordinador de higiene y seguridad. Tenemos mil técnicos que están desocupados y nos los contratan. Nos indigna la precariedad con la que se trabaja", se explayó Canteros.

 

En la ONG también le apuntaron a la desactualización en las multas por infracciones, que, según el propio subdirector del área, Sergio Corte, habría que aggiornar ya que oscilan entre los 200 y los 937 pesos.

 

"Pagan multas irrisorias, pero además el Estado pierde un montón de plata porque no controla y se hace la vista gorda", insistió Canteros.

 

Excavaciones. Otra irregularidad denunciada por Manos a la Obra apunta al incumplimiento en el reglamento de edificación.

 

"El mismo establece claramente que la excavación debe hacerse a un metro del muro perimetral y a mano con pala, nunca con maquinaria. Pero lo hacen igual, rompiendo los cables y dañando edificios lindantes. Acá también ahorran mano de obra", insistió Canteros.

 

En la recorrida también se detectaron que las bandejas de protección colocadas para impedir la caída de un albañil que trabaja en altura se encuentran, "en una gran mayoría, en estado deplorable, cuando podrían instalarse redes de seguridad".

 

La movida de hoy no agotará el plan de acción. La idea es marchar al Concejo Municipal y seguir adelante el resto del año para impedir que se registre una nueva muerte en la construcción.

 

"Están jugando con la vida de los compañeros, pero también de los peatones", advirtió el referente de los albañiles.

 

 

 

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La Capital

Página Web - 2014/05/05

Fuente: http://www.lacapital.com.ar

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Para la FADU-UBA, es necesario ordenar la demanda habitacional. Y el Estado debe asegurar una respuesta eficiente para las necesidades de la población, pero a la vez preservar terrenos para un plan de urbanización.

A la vista de la reciente toma de tierras en la Zona Sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y con el objetivo de contribuir al abordaje de soluciones sustentables que atiendan los diversos factores que convergen alrededor de esta problemática, el Gobierno de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la UBA ha fijado su posición en relación al tema. La misma surge de un documento elaborado en conjunto por quien esto firma y los especialistas profesores arquitectos Eduardo Cajide, Javier Fernández Castro, Claudio Freidín, Marcelo Lorelli y Ariel Pradelli.

 

La ocupación de tierras como modelo de presión para lograr la visualización del problema habitacional que afecta a miles de familias en la Argentina se ha transformado en los últimos años en un hecho recurrente en las ciudades más grandes del país y específicamente en la ciudad Buenos Aires.

 

Las tierras vecinas a Villa 20 han sido destinadas durante años al depósito de autos, uso que ha contaminado su suelo, y a una serie de proyectos que nunca prosperaron. Ello abrió paso a una gestión de toma de tierras impulsada por actores que usufructúan la desesperación de familias que ven posible el acceso a un terreno propio. Hay establecidos para el área mecanismos de consenso que plantean la necesidad de desarrollar un Plan de Urbanización, tal el caso de las leyes Nº 148 (sancionada el 30 de diciembre de 1998) y N° 1770 (sancionada el 11 de agosto de 2005) y promulgadas por la Legislatura Porteña, entre otras iniciativas.

 

El déficit habitacional tiene raíces estructurales históricas, pero se ha ido agravando en los últimos años por la ineficaz aplicación de las políticas públicas o bien por su carácter sólo parcial. El sector de la ciudad más afectado es el denominado Cordón Sur. La deficiente presencia del Estado, caracterizada por la realización de una cantidad de proyectos de conjuntos habitacionales sin una mirada urbana integral, ha generado una situación cada vez más desigual en relación al Centro y Norte de la ciudad.

 

Las tierras desatendidas por el Estado representan el único espacio para aquellos que son atraídos como fuerza productiva por la ciudad, pero que no son sujeto de políticas habitacionales que los incluyan. Se trata de sujetos invisibilizados como fuerza productiva esencial a la economía urbana y a menudo estigmatizados por razones ideológicas. En esta puja desigual, en los últimos tiempos se viene constituyendo un mercado inmobiliario informal donde a las inequidades descriptas se suma la explotación abusiva por parte de sectores que toman provecho de la necesidad social, y con su accionar solo profundizan el conflicto.

 

La suma de planes y proyectos de vivienda no configura un plan urbano. Del mismo modo, un proyecto urbano integral debe recuperar todas las instancias de planificación preexistentes y actualizar una propuesta. Debe sistematizarlas en un nuevo documento que reconsidere todos los proyectos a la luz de los nuevos actores, sus alianzas y conflictos, sus contextos y problemas, planteando prioridades, modelos de gestión y plazos. Y debe asumir la remediación ambiental que corresponda, asegurar la provisión de servicios básicos, proveer conectividad y atender el mejoramiento del transporte público. Y además, debe nutrirse de proyectos prestigiantes y espacio público de calidad.

 

El modelo de actuación debe ser participativo e involucrar a todos los actores sociales de un territorio, a los que están dentro de los límites de los asentamientos y a los que están fuera de esos límites, ya que uno de los principios que debe guiar toda acción pública es contribuir a diluir esos límites para crear una sola ciudad integrada, igualitaria e inclusiva.

 

Es necesario ordenar la demanda habitacional y asegurar desde el Estado a la población una respuesta ecuánime y eficiente a su necesidad. Para ello, el Estado cuenta con el Instituto de Vivienda de la Ciudad. Una intervención ordenada del Estado evitará que la toma de tierras se transforme en una metodología continua para la resolución de conflictos puntuales. La política habitacional específica debe atender primero la necesidad de los residentes del lugar y luego abrir espacio para cubrir las expectativas de los nuevos.

 

Debe señalarse que el acceso a la vivienda no se satisface exclusivamente a través de la entrega de suelo o vivienda. Existen variados instrumentos para abordarlo que contribuirían a diversificar la capacidad de respuesta del Estado ante estos conflictos. Podemos citar herramientas tales como políticas de créditos direccionados a estos sectores para facilitar su incorporación al stock de vivienda de la ciudad, la rehabilitación del patrimonio construido, nuevas regulaciones que faciliten el acceso de los sectores populares, entre otras.

 

Desde la FADU-UBA consideramos que la acción del Estado en lo inmediato debe estar orientada a: –Neutralizar el conflicto particular desocupando por la vía pacífica las tierras ocupadas, poniéndolas inmediatamente al servicio de un proyecto de reurbanización integral.

 

–Censar a los ocupantes incorporándolos a un registro general común.

 

–Asegurarles la provisión inmediata de condiciones mínimas de habitabilidad.

 

–Resguardar las tierras propiedad del Estado como bien público, preservándolas para un plan de urbanización.

 

–Especificar para este entorno las acciones de reurbanización en coherencia con las directrices del Plan Urbano Ambiental.

 

También consideramos que en términos generales corresponde al Estado: –Instalar en el centro de la agenda pública la política de acceso a la vivienda.

 

–Ordenar los diversos estamentos del Estado con incumbencias en el tema detrás de los objetivos y prioridades de esa política.

 

–Desarrollar un Plan Urbano Integral Participativo para el área Sur de la Ciudad.

 

–Establecer un cronograma de actuación con responsabilidades y plazos.

 

A partir de los lineamientos descriptos este documento, desde la Facultad de Arquitectura de la UBA expresamos públicamente nuestra predisposición a colaborar en todos los aspectos y temas mencionados.

 

 

 

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LUIS BRUNO / Clarín

Página Web - 2014/05/05

Fuente: http://arq.clarin.com

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