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Pese a la inflación, la suba del dólar y la reciente polémica por la indexación de la deuda, la demanda de estás líneas sigue firme.

Ni la inflación que se recalentó en el arranque de 2018, ni la suba del tipo de cambio que alteró los presupuestos de familias embarcadas en la compra de un inmueble, parecen haber sido suficientes para frenar la demanda de los créditos hipotecarios UVA, cuya principal característica es que la deuda (y las cuotas) se ajustan a la par de la inflación.

Según los últimos datos de marzo que maneja el Banco Central, en marzo se alcanzó un récord: los bancos desembolsaron nuevos créditos hipotecarios UVA por 12.000 millones de pesos, superando así el pico que se había observado en diciembre último, cuando se registraron desembolsos por 11.531 millones de pesos.

El crecimiento de esta línea de créditos para compra de viviendas es una constante. El Banco Central los habilitó en abril de 2016 y no hay mes que no se supere la marca del mes anterior, más allá del lógico “bajón” de los meses de enero y febrero.

Cerca del 80% de los nuevos créditos UVA son por montos de un millón de pesos o más, según la categorización que utiliza el Banco Central. Hoy, debido a la suba de los precios de las propiedades, cotizadas en dólares, se calcula que los bancos están dando préstamos por un promedio de 1,5 millón de pesos.

Con los datos de marzo sobre la mesa, la línea hipotecarios UVA alcanza un stock de 87.084 millones de pesos, una cifra que representa el 53% del total de la cartera de créditos hipotecarios en poder de los bancos, que en marzo alcanzó los 162.000 millones de pesos.

El salto de la cartera total fue, el mes pasado, del 8% respecto a febrero, bien por encima de la inflación esperada, en torno al 2%.

El furor por estos créditos UVA es, en cierta forma, una respuesta de las familias que se embarcaron en estas líneas para compra de vivienda, a quienes salieron a advertir por el peligro de la indexación del capital adeudado, una discusión que cobró fuerza la semana pasada.

El principal atractivo de los créditos UVA es que para solicitarlo, las familias tienen que demostrar ingresos sensiblemente menores que para solicitar un crédito tradicional a tasa fija sin indexación. Esto es posible porque como el banco se garantiza que su capital no se va a licuar por la inflación (por la indexación), presta a una tasa de interés menor, y la cuota resulta también más baja.

Por eso mismo hoy los hipotecarios UVA se otorgan a tasas del 6/7% más inflación, contra créditos tradicionales que se otorgan al 20%. Así, para montos y plazos similares, los ingresos demostrables llegan a triplicarse en el caso de un crédito tradicional. Y muchos, desde ya, quedan fuera de carrera.

El hipotecario UVA ajusta la cuota a la par de la inflación. Y como se supone que los ingresos de las familias (al menos de un trabajador registrado amparado en una negociación paritaria) acompañan la inflación, la porción del salario que se destina a pagar la cuota del crédito es constante o muy parecida a lo largo del crédito. Es decir, una familia deberá destinar el 30% de sus ingresos a pagar la cuota 1, la 40 y la 120.

De todas maneras, estos créditos tienen una cláusula que permite estirar la cantidad de cuotas si el valor de los pagos mensuales crece muy por encima del salario del deudor.

Por eso se dice que estos créditos UVA hay que compararlos contra un alquiler, y no contra un crédito tradicional. El inquilino sabe de sobra que los pagos del alquiler se ajustan cada seis o doce meses. Lo mismo quien se embarca en un plan de ahorro para comprar un cero kilómetro: la cuota se va ajustando a la par del valor del vehículo.

En verdad, con los créditos UVA no se está inventando la rueda, ni mucho menos. Es una herramienta que arrancó en Chile -allí se llama Unidad de Fomento o UF- hace 51 años y en ese país está más que instalada, tanto que los precios de las propiedades se fijan en UFs.

El secreto del éxito de la UF en su momento, o de la UVA ahora, es que permite generar un mercado de crédito a largo plazo, imprescindible para que se muevan los préstamos hipotecarios, en épocas de alta inflación. Las familias argentinas saben de sobra que cuando la inflación es alta los créditos hipotecarios se tornan inalcanzables o directamente desaparecen, como ocurrió entre 2008 y 2016. O los utilizan las familias de altos ingresos, apostando a que la inflación les va a licuar las cuotas.

De hecho, el boom del crédito hipotecario -sin subsidios- ocurrió durante la época de la convertibilidad.

No es casual que los bancos hayan salido en los últimos meses a emitir deuda para hacerse de fondos frescos y reforzar su liquidez. Y hasta un banco importante que se mantuvo hasta ahora al margen de la operatoria UVA prepara su ingreso a este mercado. En las entidades financieras están convencidas de que la demanda de créditos UVA se acelerará a medida que los índices de precios vayan descendiendo.

 

 


Gustavo Bazzan / Clarín

Página Web - 2018/03/31

Fuente: https://www.clarin.com/


La Ciudad impulsa una reforma de los códigos urbanístico y de edificación; busca dinamizar todos los barrios para que se viaje menos y eliminar desproporciones entre los inmuebles

Lograr que cada vez más vecinos puedan trabajar en el mismo barrio en que viven, incorporar nuevas tecnologías constructivas, reducir costos de edificación, evitar desproporciones violentas en el trazado urbano (como la presencia de una torre junto a una casa), garantizar las identidades barriales y aprovechar mejor los espacios de los departamentos son algunos de los objetivos que el gobierno porteño afirma perseguir mediante una propuesta de reforma de los códigos urbanístico y de edificación, que enviará a la Legislatura.

Estas dos normas fijan los parámetros sobre dónde, cuánto, cómo y con qué materiales se puede edificar en Buenos Aires. Pero la Ciudad considera que quedaron obsoletos y se propone reemplazarlos.

Aunque los urbanistas consultados por LA NACION consideraron positivo que se diseñen nuevos códigos, también hubo voces que cuestionaron que la participación ciudadana fue muy insuficiente.

Con el propósito de reducir el uso del automóvil, el plan intenta promover una ciudad policéntrica, que aliente a los vecinos a vivir, trabajar y buscar esparcimiento en el mismo barrio. Para ello se eliminarán las antiguas "zonificaciones", que en el código urbanístico (aprobado en 1977) establecían áreas destinadas a un uso específico. Por ejemplo: la Ciudad Universitaria, para la educación; el microcentro, para actividades financieras, o la ribera del Riachuelo, para las industrias.

Si prospera la reforma impulsada, en las zonas más residenciales se podrían abrir pequeños comercios, mientras que en sus avenidas se permitiría la instalación de oficinas. De este modo, además el gobierno espera que una mayor circulación de gente y un uso nocturno más intenso del espacio público redundarán en un aumento de la seguridad.

También se intervendrá en la altura máxima de los nuevos edificios. Ya no estará determinada por cálculos matemáticos en función de la superficie de las parcelas. En el futuro se fijaría según un esquema fijo de seis valores, acorde con la identidad de cada barrio, que van desde la planta baja y dos pisos (nueve metros) hasta la planta baja y 12 pisos (38 metros).

 

 

La Ciudad afirma que esta simplificación se propone garantizar una mayor homogeneidad formal, además de preservar la identidad de los barrios residenciales. "Buscamos que quien eligió vivir en un barrio de casas bajas tenga la seguridad de que unos años después no le construirán allí una torre", dijo el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Precisó que ya no será posible que en uno de esos barrios residenciales un desarrollador inmobiliario compre varios terrenos, los cerque y levante un edificio de 15 pisos, como ya sucedió.

En tanto que Carlos Colombo, subsecretario de Planeamiento porteño, explicó: "Los vecinos podrán consultar a través de una aplicación la altura máxima que podrá construirse en cada parcela de la ciudad". Hoy, la altura del 70% de la edificación porteña se ubica por debajo de los cinco pisos.

El plan oficial también se propone introducir fuertes cambios en el Código de Edificación. El actual, redactado en 1943, establece cómo y con qué materiales se puede construir, y sufrió muy pocas modificaciones desde su implementación.

El proyecto que se enviará a la Legislatura alienta el empleo de nuevas tecnologías y materiales con el fin de optimizar la construcción y reducir costos. "Si se construye mejor, bajan los costos operativos. Por ejemplo, si se emplean materiales que favorezcan la aislación térmica se reducirá el gasto en energía [en verano de aire acondicionado y en invierno de calefacción]", explicó Rodrigo Cruz, subsecretario de Registro, Interpretación y Catastro.

La modificación constituirá una flexibilización sobre el tipo de materiales que pueden emplearse: "Se regularán las exigencias, pero no cómo cumplirlas. Es decir, ya no diremos qué material exacto hay que emplear, sino el objetivo que debe lograr", dijo Cruz.

También se introdujeron algunos cambios tendientes a reducir el costo de las expensas, como la eliminación de la obligación de construir una vivienda para los encargados.

Por todo esto, se prevé que será más fácil el acceso a la vivienda, lo que aumentaría la densidad poblacional. El gobierno porteño considera que la ciudad está preparada para absorber una parte de los aproximadamente tres millones de personas que cada día ingresan a la Capital.

 

Repercusiones

"Es necesario que Buenos Aires revise sus códigos de construcción porque quedaron desactualizados", dijo el arquitecto y urbanista Emiliano Espasandin, aunque agregó que la ciudad es muy heterogénea y que la tipificación de las nuevas alturas por barrio es un parámetro algo general: "Se debería estudiar el problema más en detalle, bajar a una escala más particular". Añadió que Buenos Aires debe cambiar, pero conservando su identidad: "No me parece que este proyecto atente contra eso", opinó.

Espasandin coincidió en que la ciudad puede recibir más habitantes: "Tiene espacio para crecer". Primero, aclaró, deben resolverse algunos problemas, como la integración al tejido urbano de los asentamientos.

Roberto Converti, arquitecto y urbanista, también consideró positivo que se renueven las normas. Explicó que el actual código urbanístico favorece la incertidumbre: "Si un desarrollador inmobiliario, ajustándose a lo que dicta la normativa, compra varias parcelas y quiere levantar una torre, luego puede encontrarse con la oposición de los vecinos". El proyecto elimina esa incertidumbre porque las alturas serán estandarizadas.

Sin embargo, Converti no se mostró de acuerdo con sumar más habitantes a la ciudad. "Hay que desarrollar más el área metropolitana, con espacio público, transporte y oportunidades de trabajo -dijo-. No tiene sentido meter en Buenos Aires seis millones de personas".

Jonatan Baldivieso, del Observatorio del Derecho a la Ciudad, cuestionó que el plan carece de estudios sobre cómo impactará un eventual aumento de la población. "No hay estudios sobre el impacto en la infraestructura de salud, educación o espacios verdes". Agregó que, aunque se celebraron reuniones públicas, fueron formales: "Volcaban 900 páginas en un Power Point de cinco minutos".

LA NACION buscó sumar la opinión de la Cámara Argentina de la Construcción, pero no obtuvo respuesta.

El gobierno además impulsa la ley de plusvalía urbana, que también deberá tratar la Legislatura. Se refiere a que, como en algunas parcelas se habilitará construir más metros, esas tierras se valorizarán. El proyecto contempla que esos desarrollos deberán pagarle al Estado un porcentaje de esa ganancia con el fin de consolidar los servicios de infraestructura de la ciudad. El monto se calcularía según una fórmula matemática. Por ejemplo, mientras quien prevea construir 200 m2 extras en Recoleta deberá pagar US$91.000 de contribución, por la misma superficie en Villa Soldati se pagarían US$4000. La diferencia se debe a que se calcula distinto el valor del suelo, entre otros factores.

 

 


Fernando J. de Aróstegui / La Nación

Página Web - 2018/03/21

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/


Las denuncias sobre irregularidades se multiplicaron en distintos rincones del país, y motivaron una acción concreta. Decidido a que los $31.000 millones que destinará este año a paliar el grave déficit habitacional que vive el país "llegue efectivamente a quienes lo necesitan", el gobierno de Mauricio Macri decidió centralizar el control de los fondos que reciben los gobernadores para la construcción y el otorgamiento de viviendas sociales.

La novedad, que llega en línea con las medidas de "austeridad" y control del gasto tomadas por el Gobierno en las últimas semanas, fue transmitida ayer por el ministro del Interior, Rogelio Frigerio , a los titulares de los Institutos Provinciales de Vivienda (IPC) de todo el país, reunidos en San Juan en el contexto del Consejo Nacional de Vivienda.

Las irregularidades detectadas, y la necesidad además de sacar un rédito político en vísperas del crucial y decisivo 2019, confluyeron en el cambio de postura oficial. "Viviendas que estaban previstas para aquellos que no pueden acceder a un crédito iban para gente de clase media o se utilizaban para hacer política. La idea es terminar con ese uso discrecional de los fondos y las viviendas", afirmaron a LA NACION voceros del ministro.

La inminente puesta en marcha de la Base Única de Beneficiarios (BUB) de Viviendas Sociales lleva como objetivo declarado "evitar los abusos", que cerca de Frigerio adjudican, sobre todo, a "provincias gobernadas por el PJ".

Se trata, en realidad, de la puesta en marcha de una resolución (la 122-E) firmada en diciembre pasado por el entonces secretario de Vivienda Domingo Amaya, en el contexto del Plan Nacional de Vivienda, que este año tiene un presupuesto de $15.000 millones a repartir entre las provincias. A ese número se le suman los $16.500 que contendrá el plan Fonavi, destinados a Vivienda e Infraestructura.

"Las provincias tienen reclamos permanentes de financiamiento para viviendas. Lo que les pedimos es que adhieran a esta resolución que nos permitirá ir hacia un objetivo: ordenar la demanda y que la política de vivienda le hable a la gente", afirmó el actual secretario de Vivienda, Iván Kerr, que acompañó a Frigerio a San Juan .

El gobernador local, Sergio Uñac, fue el primero en confirmar su adhesión a la resolución que crea el registro de beneficiarios, con lo cual cada pedido deberá pasar, en primer lugar, por la administración central antes de ser adjudicado. El Gobierno prevé cruzar los datos que envíen las provincias con las bases de datos de organismos como la Anses, AFIP, el Banco Central o el Registro Nacional de las Personas. "Allí saltará si la persona tiene otra propiedad, si la tuvo, si recibe planes sociales", detallaron desde el Gobierno.

Según datos del Ministerio del Interior, hay en este momento 84.000 viviendas en ejecución en todo el país. "Sabemos que no alcanza, por eso queremos pasar de un Estado asistencialista a un Estado facilitador de créditos", ampliaron las fuentes oficiales.

En Casa Rosada mencionan el caso de Tucumán , donde a fines del año pasado se sucedieron las denuncias contra el IPV, con empleados que presuntamente se hacían pasar por gestores, cobraban adelantos por el acceso a una vivienda que jamás se concretaba.

En la misma San Juan, donde se desarrolló la reunión de representantes provinciales, abundaron a principios de año las denuncias sobre beneficiarios de viviendas sociales que luego de un tiempo vendían sus casas. Y en Chubut aún se recuerda el juicio, el año pasado, contra miembros del IPV de Comodoro Rivadavia , que pedían un dinero adelantado a los beneficiarios para otorgarles las casas.

En los sondeos previos, Kerr se encontró con muchos apoyos y una sonora negativa: la de San Luis . Los funcionarios que responden al gobernador Alberto Rodríguez Saá se manifestaron reticentes a entregar la base de datos, con el argumento de que ello significaría "una intromisión en los números de la provincia". A ellos, y a quienes se opongan, la Casa Rosada les dirá que la adhesión a la resolución que los obliga a dar sus listados de beneficiarios es condición para recibir el financiamiento.

Para el Gobierno, otro dato que obliga a reforzar controles es lo ocurrido con el Fonavi. "Las provincias adhirieron a la ley 24.464 que los obliga a repartir los fondos de acuerdo a criterios de vulnerabilidad. Pero ninguna provincia, o casi ninguna, los cumple", comentó una fuente oficial.

"Imaginamos que habrá una amplia mayoría de gobernadores que no se opondrá a una mayor transparencia", afirmó Kerr, confiado en que la presión a las provincias rinda rápidos frutos.
Historias de estafas y negociados

Antecedentes en diferentes provincias

 

Jujuy: Entre los años 2004 y 2015, el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios suscribió seis convenios para la construcción de viviendas con cooperativas de trabajo pertenecientes a la Tupac Amaru . Hasta la fecha, y no obstante haberse pagado la terminación de todas estas obras, existe un faltante de 1827 viviendas, todo lo cual redunda en una significativa afectación al fisco por el valor de $716.016.757,35

 

Buenos Aires: En junio de 2016, vecinos de la ciudad de La Plata que vivían en el barrio Néstor Kirchner, construido con el Plan Federal de Viviendas, salieron a denunciar que el lugar nunca fue terminado, y que solo se entregaron 723 casas de las 1200 viviendas que preveía el proyecto. La obra fue proyectada en 2007 en la órbita del Ministerio de Planificación Federal e inaugurada por Julio De Vido y el entonces secretario López

 

Tucumán: Se abrió en enero una causa penal para investigar la existencia de una organización criminal dedicada a cometer estafas con la entrega de viviendas sociales. Según una denuncia del Ipvdu, personas ajenas al organismo cobraban dinero para gestionar la adjudicación de casas construidas con fondos del Estado. La principal señalada es Elizabeth Rosa Alzogaray, una cooperativista con fuertes lazos con el peronismo tucumano

 

Río Negro: Dos años atrás quedaron paralizadas unas 2500 viviendas del Plan Techo Digno por falta de rendiciones y desvíos de fondos nacionales que administraron 18 municipios. La causa está en manos del juez Claudio Bonadio . El gobierno nacional y el provincial acordaron transferir el plan a la órbita del Instituto Provincial de la Vivienda, que el año pasado reactivó las obras con recursos derivados de Nación

 

San Juan: En esta provincia abundaron a principios de año las denuncias sobre beneficiarios de viviendas sociales que luego de un tiempo vendían sus casas. Esta maniobra no está permitida. Por ello, desde el IPV informaron que están saliendo a recorrer los barrios para saber el estado de las viviendas en relación con sus adjudicatarios, aunque remarcaron que no pueden actuar de oficio

 

Chubut: El año pasado, acusaron de asociación ilícita a exfuncionarios del IPV de Comodoro Rivadavia, que pedían un dinero adelantado a los beneficiarios para otorgarles las casas. Los imputados, entre diciembre de 2011 y octubre de 2014, tomaron parte en montar una estructura para adjudicar de manera ilegal a personas que no reunían los requisitos viviendas. Se entregaron con ese modus operandi más de 80 viviendas

 

 


Jaime Rosemberg / La Nación

Página Web - 2018/03/16

Fuente: https://www.lanacion.com.ar/


Después del colapso de ayer, el sistema se normalizó esta mañana y entre las 7.30 y las 12.30 recibieron 130 mil consultas.

Son 1.050 departamentos y, durante esta mañana, 820 personas ya se inscribieron en el Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) para comprarlos. En el mismo lapso de tiempo, otros 135 mil interesados realizaron 320 mil visitas al sitio de Internet del organismo, que es la única vía para postularse. El lanzamiento de la oferta de las viviendas de la Villa Olímpica, ubicadas en Villa Soldati, despertó tanto interés que, ayer, el sistema colapsó. Recién empezó a funcionar a las 7.30 de hoy.

El valor de los departamentos oscila entre $1.206.160 y $2.314.838, de acuerdo a los metros cuadrados que ocupen, y sobre todos rige un subsidio del 14% otorgado por el Gobierno porteño. Esto permite que el valor del metro cuadrado baje de los 1.900 dólares promedio del mercado, a 1.634 dólares. Los venden con créditos blandos: se financia hasta el 80% de la propiedad a 10, 15, 20, 25 o 30 años.

El comprador debe aportar un mínimo equivalente al 6% del valor de la propiedad, que puede pagar en nueve cuotas a partir de la preadjudicación del crédito. Esa preselección se realizará entre los meses de mayo y junio, con un sistema de puntaje. Por ejemplo, las familias con hijos y familiares discapacitados (titular, cónyuge o hijos) obtendrán más puntos.

La propuesta genera mucho interés, además, porque estos créditos tienen la tasa de interés más baja del mercado: un 4,99% para quienes cobren sus haberes en el Banco Ciudad y un 5,99% para el resto. a cuota promedio con un crédito a 20 años será de $7.500, $ 10.000 o $ 14.000, en función de si el departamento es de uno, dos o tres ambientes. Y a 30 años, de $ 6.000, $ 8.200 y $ 11.400, respectivamente.

 

Se pueden inscribir familias con ingresos formales o informales, con un mínimo de tres salarios mínimos vitales y móviles, lo que equivale a $28.500. Entre otros requisitos, hay que ser argentino, natural o por opción, o contar con DNI extranjero (residencia permanente); tener entre 18 y 50 años al momento de solicitar el crédito, y no ser titular ni cotitular de un bien inmueble, ni en el país ni en el extranjero. La relación cuota-ingreso es del 25% sobre los ingresos netos del solicitante, y/o de su grupo familiar.

 

También es imprescindible no presentar deudas en los registros del Banco Central de la República Argentina para todas las entidades financieras en las que opera durante los últimos 24 meses, no tener deudas con el Gobierno de la Ciudad, ni haber sido titular de beneficio de otros programas de solución habitacional permanente del IVC durante los últimos 10 años.

La inscripción se realiza exclusivamente a través de la página www.buenosaires.gob.ar/vivienda, previa registración en el sitio miBA, donde se encuentran todos estos requisitos detallados, así como las condiciones para acceder al crédito.

Los vecinos de la Comuna 8 tendrán prioridad de compra para el 50% de las viviendas, mientras se reservará un 10% para docentes y otro tanto para miembros de la Policía de la Ciudad. Si estos cupos no llegan a cubrirse con los solicitantes prioritarios, les seguirán los vecinos de otras comunas del sur, y por último se abrirán a todos los habitantes de la CABA junto al resto de las viviendas.

El futuro Barrio Olímpico está en Escalada, entre Roca y Fernández de la Cruz, y fue construido sobre terrenos del Parque de la Ciudad para hospedad a los atletas que participarán en la competencia deportiva en octubre próximo. Ocupa 3,5 hectáreas y cuenta con 31 edificios de hasta ocho pisos, con unidades de uno, dos y tres ambientes. Todas tienen balcón, y en las torres hay locales comerciales en las plantas bajas. Los edificios también poseen SUM y espacios y terrazas verdes.

Una vez terminados los Juegos Olímpicos de la Juventud, los departamentos serán reacondicionados. Por ejemplo, les agregarán cocinas, una comodidad de la que actualmente carecen por regla del Comité Olímpico Internacional, que exige que los atletas no cuenten con artefactos para cocinar. El motivo es que todos deben seguir una misma dieta provista por la organización, en pos de prevenir intoxicaciones.

La entrega y escrituración, según informaron desde el IVC, se realizará entre marzo y julio del año que viene. Y los departamentos se darán con los muebles originales utilizados por los atletas.

 

 


Clarín

Página Web - 2018/03/16

Fuente: https://www.clarin.com/


Un relevamiento ofreció precios de referencia para contratar los llamados "seguros de caución".

"Alquilar una vivienda no es tarea sencilla. Si se necesita alquilar y se cuenta con alguien que posea una propiedad y pueda salir como garante del contrato de alquiler, las opciones no son muchas y tampoco buenas". Así se introduce en el tema Acción del Consumidor (Adelco), entidad de usuarios que acaba de hacer un relevamiento sobre unas de esas alternativas: los seguros de caución que actúan de hecho como garantes, cuando no se puede conseguir a uno.

El seguro de caución, explican, es un contrato de garantía que otorga una compañía de seguros o un banco para cubrir el eventual incumplimiento de sus obligaciones de la persona que alquila frente al propietario del inmueble.

"Estos contratos sirven para resarcir al asegurado en caso de que el tomador no cumpla el compromiso asumido en el contrato de alquiler", continúan. ¿Pero cuánto sale contar con esta ayuda? La asociación tomó algunos ejemplos.

Para un alquiler de $ 9.500 mensuales con expensas por $ 2.500, y una duración de dos años, distintas empresas están cobrando entre $ 16.000 y $ 17.300, que deben pagarse al inicio del período.

Si se trata de un alquiler de $ 12.000 mensuales con expensas de de $ 2.500, para la duración estándar de dos años, los presupuestos van de $ 19.000 a $ 21.000.

"Los costos pueden variar según que el monto mensual tenga algún tipo de ajuste a lo largo del tiempo", añaden. Y ofrecen algunas recomendaciones.

"Si no puede demostrar los ingresos que le exigen para tomar un seguro que reemplace la garantía que no tiene para alquilar porque su recibo de sueldo refleja un monto menor del que efectivamente percibe, averigüe si es posible presentar un cotomador o avalista que presente su recibo de sueldo como garante de lo que usted no puede demostrar", aconsejan en Adelco. "En caso de que no cuente con una persona que sea su aval puede ofrecer un bien registrable como garantía, un auto por ejemplo", añaden.

También piden tener en cuenta que, para autónomos o monotributistas, "la relación de nivel de ingresos que se exige para acceder al servicio no es la misma que para los empleados en relación de dependencia, y el porcentaje suele variar hasta en un 10%".

"También se puede asegurar el pago del alquiler, de las expensas y de los impuestos. Conviene preguntar cuál es el costo, porque quizás convenga asegurar todos los gastos que el contrato de alquiler supone para el bolsillo familiar", explican.

Y terminan: "La conclusión es que, si no se cuenta con la posibilidad de tener un garante, las opciones son malas y onerosas para el consumidor. Hay que pagar un seguro, aumentando los costos para alquilar, y además hay que tener cogarantes o un bien registrable".

 

 


Clarín

Página Web - 2018/03/15

Fuente: https://www.clarin.com/