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Los trámites que deben realizar los propietarios de inmuebles alquilados para recuperar su vivienda pueden demorar ocho años, de acuerdo con los cálculos de la abogada especialista en el área, Cora Farías.

Explicó que el procedimiento administrativo para efectuar el desalojo, con el visto bueno de la Superintendencia de Arrendamiento de Vivienda, incluye cerca de seis pasos que se deben ejecutar en cuatro instancias, que comienza con el procedimiento ante la Sunavi y finaliza con la decisión del tribunal superior en lo civil.

Cada uno de ellos puede tomar entre un año y año y medio. Sin embargo, la espera más larga ocurre después de que el tribunal aprueba la desocupación: la Sunavi debe autorizar un refugio o vivienda digna para el inquilino y su familia.

"Estoy esperando por un refugio para un arrendatario desde hace dos años y estoy de 42 en la lista de la Sunavi", dijo la experta. Según información oficial, el organismo ha reubicado a 40 familias.

Farías afirma que la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Vivienda, aprobada en noviembre de 2011, sanciona solo al propietario y fomenta el abuso de inquilinos. Señaló que la mayoría de los casos de desalojo se resuelven mediante negociaciones, en las que los inquilinos a menudo solicitan compensaciones en dólares o piden al propietario que los ubique en otra vivienda. "Tengo un caso de una persona que vive en el extranjero y quería recuperar su casa en Altamira. Tuvo que comprarle al inquilino un apartamento valorado en 25.000 euros para que le devolviera el inmueble", contó.

"Los arrendadores terminan pagando indemnizaciones millonarias, es como si volvieran a comprar el inmueble", expresó Teresa Borges, especialista en Derecho Inmobiliario. Agregó que la legislación falla en proteger al arrendatario que realmente cumple.

Limitaciones. Borges afirmó que la Sunavi hace una "labor titánica" para atender las solicitudes, sin embargo, carece de personal, presupuesto e infraestructura suficiente para dar respuestas expeditas. "Están haciendo operativos de regulación para simplificar el proceso, lo cual no es mala idea, pero obvia las formalidades y lesiona el derecho a la defensa".

Indicó que los requisitos para realizar cualquier trámite resultan muy onerosos para los inquilinos. "Solicitan copias certificadas de todo y piden documentos que reposan en los archivos públicos". Dijo que recabar los requisitos necesarios para una gestión común, como la regulación del canon, demanda una inversión de entre 3.000 y 5.000 bolívares, sin sumar los honorarios profesionales del asesor legal.

Borges y Farías consideran que se debe reformar la legislación. Sin embargo, hay algunos aspectos que consideran positivos. Farías destacó el funcionamiento del Sistema de Arrendamiento de Vivienda en Línea, que permite llevar un control de los pagos a través de la web y la eliminación de cláusulas leoninas para los inquilinos en los contratos.

 


NICOLLE YAPUR / El Nacional

Impreso Digital - 2013/11/27

Fuente: http://www.el-nacional.com


ÚN.- Las ventas de cemento al detal (en sacos), bajaron significativamente desde hace unos 15 días, aseguran vendedores minoristas y medianas ferreterías visitadas por Últimas Noticias en el centro y el oeste de Caracas.

En ventas minoristas y ferreterías más grandes de las avenidas Baralt, Lecuna y San Martín no tenían cemento. Lo poco que vendieron hasta la semana pasada lo hicieron con sobreprecios, entre 70, 100 y 150 bolívares. El saco de cemento está regulado a puerta de fábrica a Bs 15 y para la comercialización en 20 bolívares. Aun así, encargados y dueños de ferreterías no temen que los fiscalicen, porque aseguran que son víctimas de los intermediarios, que les venden con sobreprecio. “No podemos vender en menos de Bs 50”.

 


Beatriz Caripa / Ultimas Noticias

Página Web - 2013/11/27

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve/


Charallave. El abandono de más de 200 apartamentos “listos para habitar” en Salamanca, municipio Simón Bolívar, y su presunta adjudicación a familias “fantasmas”, amotinó la mañana de este martes a un grupo de amas de casa tuyeras, que viven arrimadas en la misma urbanización.

 

Las ciudadanas exigían la entrega de los techos a lugareños con necesidad de un techo.

 

Cerraron un tramo de la autopista Ocumare-Charallave a las 8 am y pidieron la presencia del alcalde Saúl Yánez. Levantaron la protesta pasadas las 12 m, cuando el jefe del ayuntamiento prometió iniciar una mesa de diálogo y solucionar el asunto.

 

Yoselin Peñalosa, vocera de las amas de casa, precisó que la Misión Vivienda Venezuela abandonó hace más de dos años el lote de apartamentos, “que supuestamente ya tenían nombre y apellido”.

 

“Pasan los meses y hemos observado que ninguna de las familias ‘fantasmas’ se han mudado a los edificios. Somos tuyeros que estamos sin techo y necesitamos que sean entregadas antes de que personas ajenas al urbanismo las invadan”, comentó.

 

Peñalosa afirmó que el grupo de manifestantes vive arrimado en casas de familias o pagan hasta Bs 1.500 al mes por una habitación.

 

“Estamos pendientes de que esos apartamentos no sean invadidos. Pero esas viviendas ya están deteriorándose por el abandono. Queremos un techo digno”, aseguró la manifestante Yamila Rosado.

 

Aseguró que las más de 200 familias que no tienen casa propia en Salamanca están inscritas en la Misión Vivienda Venezuela.

 

“No queremos que nos regalen las propiedades; nosotros nos comprometemos a pagarle al Gobierno nacional lo que cuesta el apartamento hasta el último centavo”, dijo.

 

La carencia de agua potable en las viviendas de Salamanca, fue otro problema que sacó de quicio a las manifestantes.

 

“Aquí pasamos hasta un mes sin recibir una gota del líquido y, cuando llega, viene salada y amarillenta. Así no podemos seguir viviendo”, añadió.

 


Roberto Marte/Interpren / Ultimas Noticias

Impreso Digital - 2013/11/27

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve


Un censo de las familias que habitan en la llamada “Torre de David”, ubicada en la avenida Andrés Bello, realizan el Gobierno nacional y el municipal, informó el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien indicó que el paso siguiente es una pronta solución que deberá impactar positivamente tanto a la ciudad como a quienes allí habitan desde hace algún tiempo. El edificio de 45 pisos fue propiedad del consorcio Confinanzas, que se declaró en quiebra en el año 1994, con la crisis financiera.

 


Ultimas Noticias

Impreso Digital - 2013/11/27

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve


Caracas. Los 144 habitantes del edificio OPP 19 de la Misión Vivienda, situado en la avenida Libertador con Las Palmas, trancaron la vía desde las cinco de la mañana de ayer y durante más de tres horas para pedir la ayuda de entes gubernamentales.

 

Colocaron barricadas que impedían el paso por la avenida Libertador en sentido este-oeste. No era posible acceder a Plaza Venezuela en el cruce con la Av. Las Palmas.

 

La tubería de aguas blancas, que surte a las tres torres del urbanismo, colapsó e inundó apartamentos y hasta ascensores que no funcionan, según denunciaron algunos vecinos.

 

Desde hace un año y ocho meses, cuando fue entregada la edificación, los habitantes se dieron cuenta del problema y responsabilizaron al ingeniero Carlos Rivero, de la constructora Atlanti Petróleo. “Siempre se lava las manos. Ponía puros pañitos calientes y ya. No solucionó”, aseveró Luzmarina Ortega, quien vive en la torre A, la más afectada.

 

Trascendió que uno de los representantes de la empresa constructora afirmó que los vecinos, sin conocer, manipularon la bomba de agua y provocaron la falla generalizada que afectó a la gran mayoría de los residentes.

 

Hace tres días vieron cómo el agua brotaba de los desagües, el patio, los ascensores y hasta de los enchufes. Los bomberos acudieron, pero al otro día pasó lo mismo hasta que decidieron trancar las calles. “No estamos en contra del presidente Maduro, solo queremos soluciones y que nos ayude”, aseguró Ortega.

 

Jhonny Martínez, refugiado de la parroquia Macarao (DC), declaró que es “horrible” vivir de esa manera: “Esto lo entregaron y el ministro de Vivienda solo estuvo abajo, no subió a ver las condiciones inconclusas en las que estaban estos edificios”.

 

Martínez indicó que ellos han gastado más de 30 mil bolívares en trabajos de plomería: “Y falta el tanque, lo que se ha quemado y lo que dejaron sin terminar. Nos metieron aquí sin importar nada”.

 

Al entrar al edificio se observan las filtraciones en las paredes, que incluso están rotas. Las alcantarillas y el cableado subterráneo están totalmente inundadas.

 

Los manifestantes señalaron que los problemas en la construcción y en los servicios se hacen más evidentes desde la planta baja hasta el piso 7.

 


Vanessa Arenas / Ultimas Noticias

Impreso Digital - 2013/11/27

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve