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Venezuela es desde hace cuatro años un destino atractivo para inversores de la construcción, con un mercado de materiales nacionalizado y precios de venta libre, que puede ser un paraíso para los empresarios si caminan de la mano del Gobierno o un infierno si se opta por la vía privada.

 

En 2011, el entonces presidente, Hugo Chávez (1999-2013), inició un programa social de construcción denominado Gran Misión Vivienda (GMVV) con el que se propuso dar respuesta al déficit de viviendas del país, tras unas lluvias que dejaron miles de damnificados.

 

Además de réditos políticos, el proyecto dejó un ambiciosa meta de 3 millones de viviendas que deben ser concluidas para el 2019, una empresa colosal que ha atraído a constructoras de todo el mundo modificando completamente las reglas del sector en Venezuela.

 

Poco más de tres años después, se ha construido una cifra récord de 600.000 viviendas, en un país en el que buena parte de la producción de suministros está en manos del Estado tras la nacionalización de grandes empresas del cemento y la metalurgia, manteniendo precios regulados y a bajo costo, aunque sin aumentar la capacidad de producción instalada.

 

En Venezuela se puede construir de dos maneras: o para el Gobierno, con los materiales garantizados en el marco de la GMVV, o de manera privada sorteando las dificultades de la falta de suministros y cayendo en el mercado especulativo, dijeron a Efe fuentes del sector.

 

Carlos Lascurain, gerente de proyectos en la construcción de un centro comercial en Caracas, debe decidir en una tarde cualquiera si sustituye cabillas (varillas de acero) de 5/8 de pulgada que en este momento están agotadas por unas de 3/8 antes de que desaparezcan y tenga que paralizar una construcción que ya lleva 92 días de retraso.

 

"Yo ahora debo tener cinco proveedores de concreto, cuando antes tenía uno, y ver quién puede despacharme cada semana", dijo a Efe.

 

El presidente de la Cámara Venezolana de Construcción (CVC), Jaime Gómez, indicó en una reciente entrevista con la emisora Unión Radio que la situación es "compleja" y el abastecimiento de los materiales y los insumos es el "tema más crítico".

 

Tras la nacionalización de las plantas cementeras, entre ellas, la mexicana Cemex en 2008, "para nadie es un secreto que la producción ha bajado considerablemente y, por supuesto, el cemento y la cabilla que se producen en Venezuela no es suficiente", explicó Gómez.

 

Sin embargo, los constructores de la GMVV describen un escenario bien distinto con altas expectativas y pocas sorpresas.

 

"Excelente todo, genial", dijo a Efe Ibrahim Eser, representante en Venezuela de la empresa turca Summa, que construye 3.088 viviendas de la GMVV, de las cuales ha concluido 2.500 en los últimos 20 meses sin ningún problema con los materiales.

 

"Estamos aquí (desde) el 10 diciembre del año 2010. Gracias a Dios hasta este momento nosotros no hemos tenido ningún problema sobre materiales ni mano de obra", aseguró el empresario.

 

En febrero de 2012, Chávez decretó que las empresas dedicadas a la extracción, producción, venta y transporte de materiales de construcción debían dar prioridad a la GMVV para abaratar costos y acelerar la resolución del problema de la vivienda, y desde entonces la mayor parte de producción del país va destinada a ese fin.

 

Según Gómez, en el sector privado la escasez del material "es un problema sumamente grave" y para conseguirlo se tiene que pagar "8 o 10 veces el precio regulado", por su parte Summa importa de Turquía y se apoya en el suministro de la empresa estatal de materiales Construpatria.

 

La Gran Rosinés, una cooperativa que lleva el nombre de la abuela de Chávez y se dedica a la fabricación de bloques de cemento, recibe el suministro del Estado para la producción y vende un 95 % de su producción a Construpatria, dejando un 5% para privados.

 

"Nosotros tenemos un código y nos asignan mensual dos o tres gandolas (camiones), depende del fluido de producción que tengamos, a veces no nos alcanza (...) la mayoría de la producción es para la GMVV", explicó a Efe la presidenta de la cooperativa, María López.

 

En cambio Ernesto Isea, propietario de una empresa de estructuras de concreto y bloques para viviendas, asegura que la escasez de materiales como el cemento y la cabilla genera problemas y retrasos en la industria.

 

"Cuando tengo que entregar hormigones, eso es una odisea (...) yo no soy mujer pero igual me toca parir la cabilla", contó Isea.

 

En cifras, la CVC estima que hay una caída de 17 trimestres consecutivos de la construcción privada y el PIB de Venezuela marcó un importante crecimiento en 2012 en el renglón de la construcción, que en 2013 se ralentizó.

 

El economista Luis Oliveros indicó a Efe que "sin duda" la GMVV "permitió una recuperación del sector aunque ese crecimiento era insostenible" porque "está amparado solamente en el sector público.

 

Así las cosas, para el presidente de la cámara, "quizá la gran solución es que importen cemento a granel para las obras de la Misión Vivienda y dejen la producción nacional para el mercado local".

 

"La situación es muy grave", dijo.

 

 

 


El Nacional

Página Web – 2014/06/30

Fuente: http://www.el-nacional.com


La mayor parte de las estructuras están propensas a deslizamientos de tierra, incluso algunas están próximas al borde de quebradas o pasos de agua.

 

Funcionarios adscritos a la Coordinación de Riesgo de Protección Civil Miranda realizaron 120 inspecciones a viviendas y terrenos en la comunidad Barrio Miranda 2, específicamente en el sector Terrazas de Miranda de Los Teques, en el marco del Programa de Gestión Comunitaria de Riesgo.

 

En la evaluación se evidenció que 45 viviendas se encuentran en alto riesgo, 38 en riesgo medio y 25 en bajo riesgo. "La mayor parte de las viviendas están propensas a deslizamientos de tierra, incluso algunas están próximas al borde de quebradas o pasos de agua", indicó Víctor Lira, secretario de Prevención y Atención de Emergencias del estado Miranda y director General de Protección Civil regional.

 

"Hay gran cantidad de casas improvisadas que se edificaron sobre cauces de quebradas y al borde de pendientes inestables que no cuentan con el debido sistema de drenaje, lo que las convierte en viviendas propensas a sufrir graves daños ante la llegada de las lluvias".

 

En el sector Terrazas de Miranda de la comunidad Barrio Miranda 2, hacen vida 262 adultos y 180 menores de edad, quienes representados por el personal de la Casa de Pueblo de la parroquia Los Teques, llevaron a cabo la solicitud para desarrollar las inspecciones.

 

Lira precisó que los funcionarios aprovecharon la oportunidad para dar a conocer las diferentes capacitaciones que se ofrecen en materia de gestión de riesgo y que se brindan gratuitamente en beneficio de la comunidad y los vecinos del sector. "Ya se están organizando para recibir los cursos de autoprotección por parte de nuestros funcionarios", añadió Lira.

 

De igual forma, los efectivos de Protección Civil Miranda, le entregaron a representantes de la comunidad material informativo sobre prevención en caso de emergencias.

 

 

 

 


El Universal

Página Web – 2014/06/30

Fuente: http://www.eluniversal.com


Los organizaciones que agrupan a los arrendatarios consignaron ante la Sunavi las sanciones por el incumplimiento de la norma.

 

El pasado 26 de junio venció el plazo para que los propietarios de los edificios de vieja data que están destinados al alquiler ofertaran las viviendas a los inquilinos, y quienes terminado ese lapso no vendieron ahora serán objeto de sanciones.

 

Representantes de las organizaciones que agrupan a los inquilinos, señalaron que el viernes acudieron a la sede de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos (Sunavi) a consignar 60 sanciones contra propietarios de edificios, en vista de que no cumplieron con lo previsto en el decreto publicado en marzo de este año.

 

El 28 de marzo el Ministerio de Vivienda y Hábitat emitió una resolución en la cual ordenaba la oferta de los inmuebles en aquellos edificios que por 20 años o más han estado orientados al arrendamiento, con lo cual reactivó una de las disposiciones transitorias de la Ley de Arrendamientos Inmobiliario, que está vigente desde 2011.

 

Dicha norma agrega que aquellos dueños de inmuebles que no vendan las viviendas tendrán que pagar una multa de 2.000 Unidades Tributarias (que equivale a 254.000 bolívares) por cada apartamento no ofrecido a sus inquilinos. La multa deberá ser pagada en un plazo de cinco días hábiles siguientes y, en caso contrario, se considerará reincidente en la sanción, por lo que la multa se doblará. Si la multa no se cancela, la Superintendencia puede acudir a los tribunales y pedir el embargo del inmueble.

 

Los voceros de las redes de inquilinos expresaron que las autoridades de la Sunavi revisarán las peticiones entregadas, pero no dieron plazo de respuesta.

 

Previo a la entrada en vigencia de la Ley de Alquileres, la Vicepresidencia de la República convocó a los propietarios de 100 inmuebles ubicados en el Área Metropolitana de Caracas a que iniciaran las ventas de los apartamentos alquilados. Luego dicho proceso pasó a manos de la Sunavi, que volvió a enviar comunicaciones a los dueños de esas 100 edificaciones. En tres años, las negociaciones se han concretado con los propietarios de 23 edificios y según los voceros de las organizaciones, actualmente las familias que habitan en esos inmuebles están haciendo los procedimientos para gestionar los créditos. En el resto de los 77 edificios, el 40% de los propietarios ha manifestado que están dispuestos a ofertar los apartamentos.

 

 

 


MAYELA ARMAS H. / El Universal

Página Web – 2014/06/30

Fuente: http://www.eluniversal.com


Ya venció el lapso de 60 días hábiles que establecía la providencia 42 de la Superintendencia Nacional de Arrendamientos de Vivienda (Sunavi), publicada el pasado 28 de marzo, para que propietarios de edificios con más de 20 años en alquiler ofrecieran en venta los apartamentos a los arrendadores que los habitan desde hace varios lustros.

 

Decenas de inquilinos celebraron la medida a las puertas de la Sunavi, en Caracas, el pasado viernes, y, de acuerdo con un comunicado de la Red Metropolitana de Inquilinos, el siguiente paso es que las familias alquiladas que no hayan recibido la oferta de venta soliciten las sanciones correspondientes por incumplimiento de la nomativa.

 

Las multas que puede recibir el propietario que irrespete esta norma suman 2.000 unidades tributarias por cada vivienda, es decir, 254.000 bolívares. Si no paga, será considerado reincidente y se le doblará la cantidad. De persistir el incumplimiento, la Sunavi puede solicitar el embargo del inmueble.

 

La Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas, vigente desde noviembre de 2011, estableció en su quinta disposición transitoria que quienes residan alquilados en edificios con más de 20 años destinados a arrendamiento tendrán el derecho a adquirirla, con excepción de los pequeños arrendadores (que tienen uno o dos apartamentos arrendados).

 

El texto legal justificó esta medida en el hecho de que el monopolio sobre la vivienda en alquiler es contrario al espíritu del instrumento legal, por considerarse el arrendamiento de interés social, colectivo y con fines de utilidad pública.

 

Dicha Ley fue la primera presentada ante la Asamblea Nacional (AN) por iniciativa popular y fue discutida en el Parlamento con distintos sectores.

 

La Sunavi publicó en la Gaceta Oficial 40.382, de fecha 28 de marzo de 2014, la providencia con las normas para hacer efectiva esa venta, y precisó que debía realizarse en un lapso máximo de 60 días a partir de la entrada en vigencia de la normativa.

 

Asimismo, la Superintendencia determinará el valor justo del inmueble para la venta, de acuerdo con una metodología nacida a partir de la Ley.

 

Las asociaciones de inquilinos han señalado que el objetivo es erradicar el latifundio urbano, como denominan a las grandes cantidades de inmuebles pertenecientes a una sola persona o grupos económicos que se dedicaron a explotarlos durante décadas.

 

De acuerdo con la Red de Inquilinos, en Caracas hay alrededor de 5.000 edificios vetustos “a punto de colapsar”, que no reciben mantenimiento de sus propietarios y que tales gastos son asumidos por las familias alquiladas. Sin embargo, no pueden acometer reparaciones estructurales onerosas, porque no obtienen apoyo crediticio debido a que son inmuebles alquilados.

 

 

 


Noticias 24

Página Web – 2014/06/30

Fuente: http://www.noticias24.com


Los movimientos sociales piden que se cumpla la norma

 

Las diversas organizaciones sociales de inquilinos le dieron el sí al ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, para que inicie una revisión de la Ley para la Regularización y Control de Arrendamiento de Viviendas, luego de un encuentro que sostuvieron 120 voceros de estas agrupaciones con ese funcionario.

 

La polémica se inició con el anuncio que hiciera Molina de una posible reforma de ese texto legal promulgado en 2011.

 

En esa oportunidad, todas las organizaciones involucradas (Red Metropolitana de Inquilinos, Movimiento de Inquilinos, Asociación Bolivariana de Inquilinos y otras asociaciones surgidas en los estados Mérida y Carabobo) coincidieron en que no había que reformar el instrumento “sino aplicarlo al 100%, porque hay muchos procesos que no se han aplicado en su totalidad”, manifestaron en un comunicado.

 

“Nosotros pensamos que si la ley se aplica en su totalidad, y hasta se mejoran los procesos, todo puede fluir mucho mejor”, señaló Maglene Sierralta, de la Asociación Bolivariana de Inquilinos.

 

La Cámara Inmobiliaria y la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur) manifestaron con agrado el anuncio y esperan ser convocados para ver propuestas que garantice el derecho de unos y otros.

 

Estos gremios han introducido varios recursos de nulidad del texto ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

 

El punto de honor de los inquilinos era que se oponían a que se le hicieran cambios al instrumento, pues sostienen que “fue la primera ley promovida y aprobada por iniciativa popular”.

 

Las organizaciones de inquilinos que participaron en el ensamblaje de la ley publicaron hace un mes un comunicado instando al ministro Molina a “conocer mejor la ley” y, en lugar de promover una reforma, que buscara vías para aplicarla en su totalidad.

 

Tal descontento impulsó un encuentro “en el que hubo acuerdos y propuestas muy positivas”, dijo Rigel Sergent, vocero del Movimiento de Inquilinos.

 

“La reunión fue muy fructífera, estuvimos de acuerdo con que la ley puede ser revisada porque toda ley es perfectible. Hay aspectos que se pueden revisar. Pero eso sí, todo para mejorar. Ese fue el acuerdo al que llegamos con el ministro Molina, a quien reconocemos que se ha metido en el tema”, dijo

 

 

 

 


BEATRIZ CARIPA / Últimas Noticias

Impreso Dígital – 2014/06/30

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve