La actual situación económica del país, además de las políticas del Estado venezolano en relación a este tema, han disparado los precios en diversos mercados, y el inmobiliario no escapa a esta realidad.

 

Los precios que exigen los propietarios de casas, apartamentos, locales, terrenos, entre otros, han sufrido un repunte de hasta 100% con respecto al mismo bien en apenas un año.

 

La versión oficial sobre dicho aumento apunta a una especulación por parte de los encargados de ofertar el inmueble. Sin embargo, quienes pertenecen al ramo, alegan diferentes variables y, principalmente, entienden que se trata de la ley del mercado sobre la oferta y demanda.

 

Shoymei Lau, presidenta de la Cámara Inmobiliaria del estado Lara, recordó que el tema económico no es "rígido", por lo cual observa difícil la intención del Gobierno nacional de controlar el precio de los bienes residenciales. Por el contrario, es la intención por parte del sector oficial, convertida en leyes, la que ha facilitado la distorsión actual de los precios. "Hay leyes propuestas por el Gobierno que asfixian al inversionista privado y no lo incentiva a realizar nuevos proyectos", explica, sobre los complejos residenciales nuevos que se construyen en el país.

 

Además, Lau indicó que cuando una familia, por la razón que sea, desea vender una propiedad para comprarse otra, verifica los precios de las propiedades a las que aspira, y, en función de estas variables coloca un precio al antiguo bien. Esto supone "un círculo vicioso” que redunda en el incremento de los precios.

 

Por su parte, Francisco Mendoza, representante de la Cámara de la Construcción, explicó que las políticas económicas oficiales han derivado en variables que condicionan la construcción de nuevos proyectos y esto, por ende, modifica los precios de los bienes ya construidos. Entre las variables mencionadas señaló la falta de materiales, los inconvenientes laborales con sindicatos, la falta del financiamiento bancario, además del índice inflacionario y los permisos como algunas características que desajustan al mercado que ofrece residencias.

 

Aunque coincide con las declaraciones de Lau sobre la imposición de la oferta y demanda como la que determina el precio de los bienes, sí señaló una posible especulación como factor que incide en algunos precios. De cualquier forma, explicó que existe una tabla de valorización que aporta los registros de los precios de algunas propiedades que se han comercializado y vendido en los últimos 6 meses en una zona específica, dependiendo de sus particulares características. Sobre esta base, tanto vendedor como comprador, pudieran llegar a un acuerdo sobre la venta del bien.

 

Por su parte, Roberto Orta, representante de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), encargada de velar por los derechos de los dueños de estos inmuebles, indicó que el impacto inflacionario que afecta a todos los extractos de la sociedad venezolana y condiciona el precio de los materiales de construcción, además de la escasez en la oferta de bienes para arrendar a consecuencia de la ley de arrendamiento, y la ley de estafa inmobiliaria que fijó los precios de los proyectos nuevos por debajo de los gastos de construcción, determina la poca oferta de residencias. Orta recordó las cifras oficiales del Ministerio de Vivienda y Hábitat, que sitúan el déficit habitacional en más de 2.700.000 viviendas a nivel nacional, "siempre se habla que es un tema especulativo pero hay factores que inciden en el precio final de la vivienda", sentenció.

 

Por su parte, Francisco Mendoza explicó que actualmente el usuario que esté en posibilidades de comprar una propiedad debe asesorarse de manera correcta. "Hay que asesorarse bien, con personas responsables. Gente seria e inmersa en el tema, no buscar a gente que no conozca el ramo”, insistió Mendoza, quien sugiere que las diferentes cámaras que tienen que ver con el tema, ya sea el de construcción o la inmobiliaria, podrían ser útiles. Además, recomienda Mendoza, examinar la orientación de la vivienda, los drenajes, los servicios, si la residencia se encuentra en un lugar cerrado o abierto, sobre la seguridad de la zona, el financiamiento del pago y, lo más importante, el dinero disponible.

 

 

Precios inalcanzables para asalariados

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Al repasar el mercado de las viviendas en el estado Lara, y más específicamente en la ciudad de Barquisimeto, se constató que el precio mínimo por una propiedad no baja de los 3 millones de bolívares.

 

De allí, las diferentes variables mencionadas, además de lo que aspire recibir el dueño, podrían incrementar el precio de la vivienda hasta en 5,7, o más de 10 millones de bolívares.

 

Ante estas cifras, un trabajador con el menor de los sueldos permitidos por ley (4.251,78 bolívares), tendría que recibir 705,58 veces su sueldo para hacerse acreedor de una residencia; que, dividido entre 12 (los meses de un año), tendría que laborar por 59 años para comprar dicha propiedad. La distorsión entre el sueldo devengado por un trabajador y los precios de la propiedad más modesta es tal que, costaría más de media vida poder adquirir una de las casas más baratas del mercado actual.

 

Casas nuevas, usadas y terrenos sin construcción, varían sus precios dependiendo de la zona en la que se encuentren, pero no existe una oferta más económica, en las condiciones que sea, que aquella que sobrepase el millón de bolívares.

 

 

Préstamos no alcanzan

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Radicionalmente, los préstamos bancarios y el dinero que cada trabajador puede acceder por concepto de retenciones hechas en su trabajo, consistían una ayuda necesaria para comprar una vivienda.

 

Sin embargo, en la Venezuela actual, los créditos bancarios dados por los fondos de la entidad de ahorro, así como el dinero que se aporta por el Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat (antigua Ley de Política Habitacional), no cubren siquiera el 70% del costo final de la residencia, "como pasa en cualquier otro país del mundo.”

 

Así lo señaló el responsable de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos, Roberto Orta, quien comentó que el dinero que ofrecen los bancos por concepto de préstamos no alcanza el millón de bolívares. Tomando en cuenta que el precio más económico para una vivienda es de 3 millones de bolívares, el préstamo en cuestión no alcanzaría el 40% de la deuda a contraer. Caso más grave sería con respecto al dinero del Régimen Prestacional de Vivienda y Hábitat, el cual no alcanza los 400 mil bolívares, menos del 15% del precio final de una vivienda que se comercializa en el mercado nacional.

 

La opción, para quien desee comprar una residencia, seguirá siendo el préstamo del dinero y la búsqueda de una residencia más económica, aunque eso suponga renunciar a escoger la ubicación que beneficie más a la familia y los servicios con los que cuente el inmueble.

 

 

 

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ATAHUALPA LARA / El Impulso

Página Web – 2014/06/22

Fuente: http://elimpulso.com

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Vecinos organizados en consejos comunales, juntas de condominio y los representantes de La Asociación Civil Antonio José de Sucre, en parroquia 23 de Enero, en el municipio Libertador (DC), solicitan a las autoridades se agilicen los trabajos de reparación de todos los edificios, grandes y pequeños de este sector de Caracas.

 

Señalan que uno de los principales proyectos del fallecido presidente Hugo Chávez era la transformación y rescate de la que consideraba la urbanización popular más emblemática, como es el 23 de Enero.

 

Indicaron los vecinos que hasta ahora han sido rescatados entre 10 y 15 bloques, pero que aún hay muchos edificios con graves problemas como son las filtraciones, que requieren cambio del sistema de aguas servidas y tuberías de aguas blancas, así como los bajantes de basura.

 

“En 2010 se hizo una revisión de las necesidades de cada uno de los bloques, en conjunto con los consejos comunales y para la fecha el presupuesto fue de 100 millones de bolívares”, dijo Gustavo García miembro del consejo comunal Octava Estrella.

 

Señalaron que los vecinos organizados llevaron hasta el despacho del ministro de la Vivienda, Ricardo Molina, las necesidades de cada uno de los edificios, especialmente los que se ubican alrededor del Cuartel de la Montaña, ahora considerada zona turística, pero hasta la fecha no han obtenido respuesta.

 

Señalaron que también requieren trabajos de pintura, a la vez que solicitaron al presidente Nicolás Maduro, considerar esta solicitud.

 

Señalaron que también requieren trabajos de pintura, a la vez que solicitaron al presidente Nicolás Maduro, considerar esta solicitud.

 

Deje su denuncia o solicitud: Teléfono: 240.9432

 

 

 

 

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Gabriela Ponte / Últimas Noticias

Impreso Dígital – 2014/06/23

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve

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La Gran Misión Vivienda Venezuela entregó este sábado las llaves de 20 nuevas casas a igual número de familias en el sector Roca Tarpeya, en el Distrito Capital, informó AVN.

 

En el acto de entrega estuvieron presentes el ministro para el Trabajo y Seguridad Social, Jesús Martínez; el presidente de la Comisión Presidencial de Refugiados Dignos (Copredig), general Francisco Vilela; el presidente del Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS), Carlos Rotondaro, e integrantes del Frente de Motorizados de Integración Socialista Francisco Arquímedes.

 

Vilela explicó que “los dueños de las nuevas viviendas son dos familias de trabajadores del Ministerio para el Trabajo y 18 familias que se encontraban en situación de damnificados en un refugio del IVSS, que con la entrega de estas casas se cerrará y quedará rehabilitado para procesos administrativos del ente”.

 

Agregó que las 18 familias “se encontraban en situación de riesgo en la parroquia San Agustín, víctimas de la vaguada del año 2010. Tenían tres años ubicados en el refugio del Seguro Social, bajo la programación de la Ley de Refugios Dignos”.

 

El urbanismo de Roca Tarpeya, ubicado entre la avenida Fuerzas Armadas y la calle Vuelta del Casquillo, en el antiguo edificio de la Proveeduría del IVSS, en el municipio Libertador, se encuentra todavía en proceso de construcción. El edificio está diseñado para 86 apartamentos de 68 metros cuadrados, dos habitaciones y dos baños.

 

El proyecto de recuperación del edificio fue iniciado a través del colectivo del Frente de Motorizados hace siete años, cuando a través del Consejo Comunal Mamón Helicoide presentaron la propuesta ante la Gran Misión y hoy en día ven los frutos del esfuerzo.

 

En el estado Aragua también se llevó a cabo la entrega de 497 nuevas casas a igual número de familias. Con esto se ha concluido la construcción de 38.770 nuevos hogares, y actualmente están en fase de edificación de otras 13.422 en ese estado del país.

 

 

 

 

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Ciudad Caracas

Página Web – 2014/06/22

Fuente: http://www.ciudadccs.info

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En el lugar funciona una empresa maderera, herrería, agencia de festejos, taller y estacionamiento de camiones y un centro de soldadura industrial que la Alcaldía de Libertador quiere desalojar sin indemnizarlos.

"En la Alcaldía de Libertador nos indicaron que solo tienen recursos para demoler cuatro grandes galpones en el sector Nueva Caracas de Catia (10 mil m2) y no para indemnizarnos. Hemos defendido estos espacios porque la institución amenaza con dejar en la calle a 200 trabajadores, cuatro arrendatarios y a los dueños de los terrenos, Asociación de María Delgado Blandín. Derrumbaron paredes de Industrias Elim sin inspeccionarla ni hacer un avalúo, como indica la Ley de Expropiaciones", denuncia Héctor Vizcaya, vocero de la Asamblea de Ciudadanos de la comunidad.

 

Señala que obreros de la contratista de la Fundación Caracas de la Alcaldía de Libertador aún ejecutan la demolición de paredes y estructuras porque en la zona, calle Panamerican de Catia, el Ejecutivo levantará viviendas multifamiliares.

 

Vizcaya indica que al final de la tarde del viernes los representantes de la Asociación Blandín enviaron un comunicado a la Alcaldía de Libertador para indicarles que se violaron los acuerdos previos con el director de fiscalización de esta institución, Jean Carlo Maldonado. "Ellos aún no responden. Mientras conversamos en sus oficinas se comprometieron a cumplir con la Ley de Expropiaciones, pero en Nueva Caracas la violan completamente con sus atropellos desde 2010".

 

Se prevé que la próxima semana la Alcaldía envíe unos peritos valuadores a Nueva Caracas. "Al menos hemos podido hablar con los ingenieros que están en Nueva Caracas para que entiendan que hay personal y maquinaria pesada que no se pueden retirar en 20 días, único plazo que otorga la Alcaldía de Libertador".

 

Adelanta que los propietarios de Industrias Elim C.A, Transportes Rubert 3000, Solda Todo, una herrería y agencia de festejos, arrendatarios de los galpones en Nueva Caracas, buscan locales comerciales para reubicarse, pero a la fecha se les ha hecho imposible ubicar alguno para trasladar maquinaria pesada, camiones, herramientas, muebles, sillas y demás enseres.

Esta semana el propietario de Industrial Elim, Henry Ure, dijo que ha buscado para donde mudarse con sus 100 trabajadores, pero se le ha hecho difícil conseguir un galpón por la crisis económica y los exorbitantes precios de los alquileres.

 

Vizcaya cree que la mayoría de los inquilinos de Nueva Caracas tendrán que irse fuera de Caracas ante la escasez de comercios y terrenos en la ciudad porque muchos han sido expropiados sin indemnizar a sus propietarios. "La Alcaldía solo expropia sin pagar ni ayudar a los afectados a reubicarse".

 

Los vecinos de Nueva Caracas realizaron una asamblea de ciudadanos extraordinaria donde acordaron que lucharán porque se haga una expropiación transparente para la comunidad y los trabajadores.

 

"Deben presentarlos donde están las partidas presupuestarias, planos del proyectos y tiempo de ejecución de las obras porque hay varios casos de terrenos abandonados en Catia sin obras. Por último, las viviendas que construyan deben asignarse a 330 familias que censamos en Nueva Caracas. No estamos en emergencia y por eso cualquier desarrollo urbanístico debe ser para nuestro beneficio. En los próximos días exigiremos un documento firmado por la Alcaldía de Libertador para hacerlo cumplir", destaca Vizcaya.

 

Agrega que desde inicios de año bajó el ritmo en las construcciones de la Misión Vivienda. "En muchos sectores de Catia ni siquiera han levantado una columna tras expropiar espacios desde 2010 hasta 2012", dice Vizcaya.

 

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JORGE HERNÁNDEZ / El Universal

Página Web – 2014/06/22

Fuente: http://www.eluniversal.com

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