En el nivel en que hace ocho años estaba el piso de la casa de Margarita María Uribe y Luis Eduardo García, ahora está el tejado. Esa vivienda, muy cerca de la quebrada La Ceibala, se ha estado hundiendo entera, en apariencia sin más daños que la ondulación del suelo de cemento del patio trasero y la acera frontal.

Es que esa vivienda es una de las 130 de los barrios La Esmeralda y La Tenería, de Amagá, que amagan con venirse a tierra. A dos cuadras del parque principal, apacible y querido por sus habitantes, hace 15 años comenzaron agrietamientos en calles y viviendas, sin causa alguna aparente y ahí, songo sorongo, han tenido que evacuar 30 familias en los últimos meses. Algunas de ellas han dejado en las fachadas de sus casas sus pensamientos:

«En el barrio éramos una sola familia». «Doña Carola los extraña mucho». «No quisiera que destruyan mi casa». «El mejor barrio de Amagá». «Quisiera volver a vivir lo que vivimos juntos». «Los que se fueron tienen la ilusión de volver a vivir lo que vivimos juntos».

Margarita no va a la Alcaldía a averiguar en qué va su reubicación. Dice que está cansada de promesas de alcaldes. Que no quisiera dejar su casa. Que no tiene miedo de que en una tempestad, la casa se les venga encima. Que más miedo le da ver que la quebrada, que pasa por el frente y por un lado de su casa, haya mordido un bocado de tierra y le haya dejado el borde más cerca.

"Ahí caídos se ven los estacones y los alambres del cerco". Dice también que mejor espera el traslado, lamentando que no le puedan dar una casa tan grande como esa.

"No es sino que usted venga a Amagá y se suelte una tempestad para que sienta un olor a puro popó".

Hace unos 15 años

Flor Ángela Quiroz y Hernán Castrillón viven en una casa de tres pisos en una esquina del barrio. Dueños de una amabilidad a prueba de grietas, de las que mágicamente carece su casa, abren las puertas para entrar y subir al balcón o la terraza, de donde se ve gran parte de los 84 kilómetros cuadrados de la arrugada geografía de este municipio carbonero.

Cuentan que estos barrios, "los más tranquilos de Amagá, donde todos los vecinos éramos una sola familia, como dicen los letreros que dejaron los que se fueron, empezaron a dañarse desde hace unos 15 años, cuando calles y casas comenzaron a agrietarse sin causa aparente", cuenta ella.

Desde ese balcón se ve un panorama desolador. Muchas casas están abandonadas, los vecinos de la cuadra se pueden contar en los dedos de las manos. Las más de las viviendas tienen grietas en las fachadas que uno diría que se van a venir con el más leve soplo. Los huecos de puertas y ventanas, tapiados, como cuencas sin ojos. Una casa frente a la de ellos se ve ladeada, como casa borracha que se sostiene en la del lado.

"¡Pero no se caen… Asegura Flor. Cuántos años hace que están así y no se han caído. Nosotros conocíamos una casa tan ladeada, que descargaban un pocillo en el mesón de la cocina y no demoraba en caerse al suelo; no se sostenía".

Algunos vecinos sospechaban que los daños se debían a ser un municipio minero, lo cual hace pensar que hay túneles por todas partes. Pero esta hipótesis parece descartada.

"Los daños se deben —complementa Hernán— a que los alcantarillados de Amagá tienen más de 40 años. También hay aguas perdidas. No es sino que usted venga a Amagá y le toque un aguacero fuerte para que vea agua salir por las grietas de las calles a buscar la quebrada". Desde la altura del balcón, señala muy lejos en la cordillera, la vereda donde nació.

Esas aguas del alcantarillado emergiendo deben provocar el hedor del que habla Margarita.

Entre vecinos opositores al alcalde circula el rumor de que él quiere reubicar los dos barrios para construir un parque.

Habrá alcantarillado nuevo

Pero no es que quiera sino que debe hacerlo. Al menos eso explica el alcalde, Juan Carlos Amaya Cano. Conoce bien el tema porque este es el segundo período suyo en el cargo.

Relata que desde 2005 están adelantando trabajos de mitigación. Que en 2008, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo declaró la calamidad pública. Y en 2011 se invirtieron mil millones de pesos en un estudio de la Universidad Nacional, para determinar las causas de que esos barrios se estén cayendo.

La explicación de Amaya Cano, con base en los estudios, es que "la causa de los daños es una falla geológica. Además, en ese lugar hubo un basurero hace más de 60 años y un relleno nunca termina de compactar, sino que es como una esponja. En el estudio añaden que se trata de una zona de alto riesgo no mitigable. Explican que no resiste estructuras pesadas y recomiendan que se aproveche el espacio para estructuras livianas, como un parque".

El alcalde cuenta que en esos dos barrios hay 130 familias. Han reubicado 30 en la urbanización Portal de Oro. Que reubicarán a las restantes, lo mismo que a otros habitantes de Maní, Minas y Cardal, que también lo requieren.

"Algunas personas se me quejan de que las viviendas nuevas son más pequeñas que las que tenían. Yo comprendo eso, pero la ley me obliga a reubicarlas, sacarlas del lugar en riesgo, pero no a garantizarles una casa igual de grande, lo cual resultaría muy costoso". Algunas de esas viviendas son de las que ofrece el Gobierno Nacional de manera gratuita.

Agrega que en 2014 construirán todo el alcantarillado del municipio. La primera etapa, dice, vale 1.800 millones que aportan la Nación, el Departamento y el Municipio.

"El 8 de noviembre firmé la segunda etapa con el Ministerio de Vivienda por casi 7.500 millones de pesos para cambiar redes y arreglar vías".

De modo que quienes quieren volver a vivir lo que vivieron juntos, tal vez un día puedan hacerlo, pero no entre las mismas personas, sino con otras, porque la reubicación no garantiza que queden los mismos reunidos. Lo que quizá pueda ser realidad es que, una vez cambiado el alcantarillado de Amagá, en 2014, según la promesa del Alcalde, ya usted no sentirá "un olor a puro popó", como dice Margarita, aunque llegue a Amagá en medio de una tempestad

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac), formuló reparos a la labor del Catastro Departamental de Antioquia, y exhortó a la Gobernación a que la tarea de actualización no se realice desde los municipios.

Según el director del Igac, Juan Antonio Nieto Escalante, es muy "urgente y conveniente" revisar a fondo la relación entre los municipios y la Dirección de Sistemas e Información del Catastro de la Gobernación (Dsic), pues "no es legal, ni técnico, que los municipios desempeñen, en la práctica, funciones catastrales".

La posible solución, planteó, sería oficializar por parte del Departamento, en acuerdo con los municipios, la creación de Oficinas Delegadas de la Dsic.

El director del Igac también propuso recuperar la información histórica que existe en los archivos municipales, sobre todo por los requerimientos de los procesos de restitución de tierras que se llevan a cabo en virtud de la Ley 1448 de 2011.

En respuesta a las inquietudes, la secretaria de Planeación de Antioquia, María Eugenia Ramos, aseguró que no se trata de un conflicto con el Igac, sino unos llamados de atención en los que reconoce una oportunidad de mejorar la calidad del servicio.

"Los tenemos que atender, pero también pedimos apoyo al Igac para evacuar mas rápido el enorme volumen, y lograr la cofinanciación de la Nación que mejore la capacidad de interacción en el territorio", afirmó.

La funcionaria puso en contexto que en el país sólo hay cuatro entidades que son autoridades catastrales y Antioquia es el único departamento. Y cada año reciben auditorías del Igac, para las cuales tienen plazo hasta el 2 de enero de presentar un plan de mejoramiento.

Cuando en el año 2000 se hizo el reajuste por la Ley 617, el personal de Catastro disminuyó, por lo que se solicitó a los municipios que apoyaran la financiación de las actividades catastrales con servidores.

"Sí se puede, pero debe mediar un convenio, un documento que sustente esa cofinanciación en especie", dijo, al anotar que la actividad se cumple hace 13 años y solo ahora se hace la observación.

Otra réplica son los pocos recursos para "enormes necesidades", y de allí que el gobernador Sergio Fajardo enviara una carta al director del Igac, invitándolo a un taller para buscar que el Gobierno Nacional ayude a cofinanciar esta labor en el departamento. "Somos autoridad, pero no cobramos el Predial, pues le llega a los municipios", comentó.

Para dar una idea de la labor, dijo que en promedio se reciben más de 5.600 solicitudes mensuales de mutación (procedimientos que piden los usuarios como venta de predios, desenglobes).

En 2012 fueron 77.000 mutaciones, de las que se evacuó el 86 por ciento. Y en 2013, a 30 de noviembre sumaban 80.000 solicitudes, de las que se atendió el 84 por ciento.

El pedido de la secretaria de Planeación es que el Igac ayude a definir mejores prácticas para responder con celeridad a los usuarios y llegar al 100 por ciento.