Afectados exigen a la alcaldesa de Díaz su presencia en el pueblo por la situación con el agua y la falta de alimentos al no recibir la caja CLAP desde octubre.

Pobladores de Los Bagres, sectores norte y sur, del municipio Díaz, denuncian que su mayor problema es la falta de agua, que pareciera no tener solución ante la irónica realidad de que a pocos kilómetros hay un paral de llenado, en el cual cargan varios camiones cisternas.

Siguiendo con las políticas de protección para el pueblo neoespartano, el Plan Agua para mi Comunidad, que ejecuta la Corporación Nueva Esparta en conjunto con Hidrocaribe, distribuyó en el mes de enero 9.933.000 litros del vital líquido a las comunidades de más difícil acceso y diferentes instituciones del estado insular.

A través de este plan, un total de 5.054 familias de 35 comunidades y 21 sectores fueron atendidas con la distribución de 6.643.000 litros de agua, informó Dante Rivas, presidente de la Corpo Nueva Esparta.

Muy aplaudida y bien comentada fue la ponencia de la delegación venezolana presente en en el 17° Congreso de la Federación Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Construcción, Madera, Materiales de la Construcción e Industrias Similares, conocida por sus siglas francesas (UITBB), realizado la semana pasada en Atenas, Grecia.

El tema sobre los logros de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), que lleva tres millones de viviendas dignas para los más necesitados hasta el día de hoy, llamó la atención de delegados y delegadas de 30 naciones, contando además con la presencia del secretario general de la UITBB, Mijalis Papanicolaou, y del secretario general de la Federación Sindical Mundial, George Mavrikos.

Este lunes amaneció tomado el puente Macuto por una manifestación, ante el descontento social que generó la escasez de gas, falta de agua y crisis la crisis de transporte

Este lunes amaneció tomado el puente Macuto, localizado al sur de Barquisimeto, en protesta por la falta de los servicios públicos, agua, gas y transporte, situación que afecta a unas 3.000 familias aproximadamente, según denunciaron las comunidades.