Promotores y abogados urbanísticos recurrieron ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña la medida de Colau y consideran que genera inseguridad jurídica

Siete meses después de aprobar la obligación de reservar un 30% de vivienda social en las promociones inmobiliarias de mayores dimensiones de la ciudad, el Ayuntamiento de Barcelona solo ha recibido 64 solicitudes de licencias de obras para bloques residenciales con más de 600 metros cuadrados, los que están obligados. El escaso número de solicitudes confirma los presagios de promotores y abogados urbanísticos, que preveían un parón de la actividad por una medida que consideran que genera inseguridad jurídica y que ya ha sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El Consistorio desconoce todavía cuántas de las 64 peticiones finalmente tendrán que asumir el deber de guardar un 30% de pisos para vivienda social. Afirma, no obstante, que “hay 19 que podrían estar afectadas” por esa medida. Las escasas solicitudes presentadas por promotores inmobiliarios entre el 14 de diciembre —cuando fue aprobada la modificación del Plan General Metropolitano— y el 31 de julio contrastan con las 234 licencias de obras mayores que la alcaldesa Ada Colau dijo que el Ayuntamiento había recibido en los meses de octubre y noviembre.

Dado que no pueden elevar los precios más allá del IPC durante siete años, los grandes propietarios optan por encarecer las cuotas desde un principio

La nueva regulación del mercado del alquiler entró en vigor el pasado mes de marzo con la limitación de los precios en el punto de mira. Y, sin embrago, el efecto en la práctica puede ser precisamente el contrario. Dado que las socimis (sociedades cotizadas anónimas de inversión en el mercado inmobiliario) no pueden ya elevar los precios de sus alquileres más allá del IPC durante los siete años de duración de sus contratos a los que les obliga la nueva legislación, sus gestores están empezando a encarecer desde un principio las cuotas de los inmuebles.

Según fuentes del sector consultadas por este diario, la subida de los precios ya ha comenzado a notarse y, de hecho, se espera que vaya en aumento. «El impacto de la ley empieza a repercutir, sobre todo en ciudades como Madrid y Barcelona, donde todavía existe una importante falta de oferta», explican desde una socimi especializada en viviendas.

Entre seis meses y un año es el tiempo que se puede dilatar la adquisición de una vivienda. Todo depende de varios factores como el presupuesto, si es de segunda mano o para estrenar o el tipo de hipoteca

Es complicado establecer un tiempo medio de compra de la vivienda, ya que depende de tantos factores como preferencias tenga el comprador. Sin embargo, el estudio del portal inmobiliario Fotocasa titulado Experiencia en compra y venta (2017-2018) ofrece unas cuantas pistas: el 17% de los españoles que compró una casa durante el último año tardó menos de dos meses; el 22% le dedicó entre seis meses y un año y al 18% le costó entre uno y dos años hacerse con una.

Si tu objetivo es pertenecer al primer grupo y hacerte con una nueva casa en no más de 60 días, es importante que tengas en cuenta los factores que desgranamos a continuación con los que, además de tiempo, ahorrarás dinero.

El Banco de España subraya que son los hogares con menos recursos los que más viven en arrendamiento y los que soportan cargas más excesivas para poder hacer frente a la renta

El Banco de España ha realizado un análisis del mercado del alquiler. Las conclusiones de esta radiografía muestran un panorama asfixiante para las familias que pagan una renta en España: los precios se han disparado un 50% de media en los últimos cinco años; la precariedad laboral especialmente entre los jóvenes, les impide comprar y por tanto, les empuja a unos arrendamientos cada vez más caros; y las zonas que más sufren el crecimiento desaforado de precios son aquellas donde la demanda es alta, la oferta limitada y la vivienda un bien muy apreciado por los inversores que buscan altas rentabilidades. Además, el Banco de España subraya que son los hogares con menos recursos los que más viven de alquiler y los que soportan cargas más excesivas para poder hacer frente a la renta en relación a sus ingresos medios.

El análisis del Banco de España se centra en el periodo 2014-2019. Llama la atención que el organismo se vea obligado a acudir a portales de Internet para poder elaborar parte del estudio. La falta de estadísticas oficiales que analicen los contratos de arrendamiento nuevos obliga a recoger las cifras de precios en Idealista. El supervisor destaca que la muestra con la que cuenta a través de los anuncios es amplia y muy variada en cuanto a municipios. Aun así, subraya que "una de las principales limitaciones que presenta el análisis del mercado de la vivienda de alquiler es la ausencia de un índice de precios oficial de los nuevos contratos, índice que, idealmente, debería ajustar los precios del alquiler para tener en cuenta las características del inmueble arrendado".