Según el gremio inmobiliario, en sectores de mayor demanda y precios de suelo más altos, las exigencias de la norma se traspasarán al costo directo de las unidades habitacionales.

Después de cuatro años de tramitación, el Gobierno despachó la nueva normativa de mitigación vial, que considera una de las más relevantes reformas urbanas de las últimas décadas.

La llamada Ley de aportes al espacio público reemplaza al sistema actual, que solo obliga a los proyectos residenciales sobre 250 estacionamientos y comerciales con más de 150 a compensar con medidas viales a la ciudad, por el impacto que causan.

Ahora todos deberán cumplir con una mitigación, según su envergadura. De esa forma, los grandes proyectos, como centros comerciales, no solo deberán construir medidas viales en su entorno, sino también tendrán que aportar a un fondo comunal (o metropolitano, en ciudades con muchas comunas) para financiar un plan de obras.

Estas obligaciones generarán un aumento de costo de las viviendas, según la Cámara Chilena de la Construcción. Su gerente de vivienda y urbanismo, Pablo Álvarez, dice que "habrá variaciones muy significativas en zonas de alto valor comercial, que son las más densas".

Para evitar esta transferencia, dice que la ley no debe transformarse en un impuesto adicional. Para ello, propone que las obras que deban aportar fondos al plan de infraestructura vial descuenten lo que ya invirtieron en las obras de mitigación directas.

La ministra de Vivienda y Urbanismo, Paulina Saball, difiere, y precisa que, según las simulaciones que han hecho, las alzas de costos serán marginales.

"Es verdad que (la ley) va a constituir una carga mayor, pero no va a afectar de ninguna manera al negocio inmobiliario y va a generar una cantidad de beneficios en el área urbana que van a favorecer al desarrollo inmobiliario (...). Hicimos un ejercicio con cinco proyectos en Concepción. Imponiéndole las nuevas obligaciones, en un caso se llegaba a un costo máximo de 7 UF ($183.211). Evidentemente el inmobiliario no distribuye ese costo equitativamente, y se reparte de una manera que no genera un costo inabordable para las familias", dice.

Parte de estas diferencias serán zanjadas en el reglamento que elaborarán Vivienda y Transportes, en conjunto con los grupos de interés relacionados con la normativa, como la Cámara Chilena de la Construcción, la Asociación de Centros Comerciales, la Dirección de Arquitectura del MOP y otros gremios.

"Nos interesa revisar la tabla de aportes. Hay que definir una tipología de edificaciones, y se requiere mucha simulación, porque los aportes fiscales varían mucho de zona a zona, y hay que ver cómo eso va a impactar en el costo de viviendas", añade Álvarez.

Saball adelanta que se diferenciarán los proyectos según su uso: "Tenemos que establecer de una forma clara las fórmulas de cálculo de los aportes cuando las edificaciones sean residenciales o de otros usos diversos, como los centros comerciales, que tienen un tipo de ocupación, o los colegios y los teatros".

A juicio de Slaven Razmilic, especialista en vivienda del Centro de Estudios Públicos (CEP), la clave está en que el reglamento sea sumamente riguroso en aplicar los principios que la ley establece en materia de proporcionalidad y predictibilidad, además de no financiar déficits históricos, que debieran ser financiados con rentas generales.

Añade que es clave que las mitigaciones se calculen en directa proporción a las externalidades efectivamente generadas: "Los mecanismos para hacer esto no son triviales, ya que el objetivo no es sólo contribuir al financiamiento de mitigaciones, sino generar incentivos para que estas no sean necesarias, en tanto las externalidades puedan ser evitadas, al menos parcialmente".

 

PRINCIPIOS

 

El Minvu asegura que la normativa tiene cuatro ejes: universalidad, proporcionalidad, predictibilidad y gradualidad.

 

 

 

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Manuel Valencia / El Mercurio

Página Web - 2016/08/28

Fuente: http://diario.elmercurio.com/

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Alcaldes piden revisar el sistema de entrega de ayuda, por lo que consideran una excesiva burocracia y centralismo que ha demorado la asignación de recursos a los afectados. El intendente apunta a la alta ruralidad de la región.


A sus 68 años, Luis Flores sigue trabajando, como lo ha hecho en los últimos 11 meses, en la reparación de murallas, ventanas y techumbres para dejar su casa lo más parecida a como era antes del terremoto grado 8,4 Richter del 16 de septiembre del 2015.

Su vivienda, en la población Baquedano de Coquimbo, resistió el movimiento telúrico, pero no pudo con las olas de hasta 4 metros que llegaron poco después al sector, la denominada "zona cero" del maremoto en la IV Región.

Desde entonces duerme en carpas habilitadas al interior del inmueble. Resignado, comenta que "como la vivienda nunca llegó, tuvimos que empezar a reconstruir. He gastado como 3 millones de pesos entre ripio, cemento y materiales".

A casi un año de la tragedia, el último catastro de la Intendencia entrega un avance del 91% de la ejecución de viviendas de emergencia. Sin embargo, el cálculo se hace sobre las 1.281 casas provisorias entregadas por la Onemi a los municipios, y no de las efectivamente destruidas por el sismo y posterior maremoto, que ascienden a 2.346. Las 1.168 viviendas de emergencia para los damnificados habilitadas equivalen al 49,7% del total.

Críticas de alcaldes

"Hay que hacer un análisis a este nuevo sistema de entrega de ayuda, porque no va a ser la última catástrofe que enfrentará nuestra región, ni menos el país", afirma el alcalde de Combarbalá, Pedro Castillo (DC).

Esa comuna, junto a Ovalle y Monte Patria, fue una de las más perjudicadas por el sismo en la provincia de Limarí, que se suman a Illapel, Salamanca y Canela, en la provincia de Choapa. Todas concentran el 86,6% de la demanda habitacional transitoria.

En el puerto, la afectación se concentró en Peñuelas y Tongoy, además de la mencionada población Baquedano. El alcalde Cristian Galleguillos (DC) determinó en julio pasado construir mediaguas en zona de inundabilidad, pues los damnificados dormían en precarias condiciones, incluso sin alcantarillado. "La burocracia y el centralismo han hecho que temas como la vivienda de emergencia pase por requisitos y cruces de información con el Ministerio de Vivienda, Subdere y Onemi. Esto hizo más lento de lo que hubiésemos querido los procesos", se queja.

El intendente Claudio Ibáñez (PPD) explica que la región posee la mayor ruralidad del país y una gran dispersión geográfica, lo que dificultó la solución de "algunos casos puntuales". Respecto de la reconstrucción, precisa que será "un desafío de varios años, y resulta aún más complejo para quienes sufrieron daños irreparables en sus hogares".

Las complejidades podrían continuar en Coquimbo y La Serena por el colapso de los servicios de urgencia de los hospitales San Pablo y San Juan, respectivamente. El primero tiene un déficit de 25 camas y 16 boxes de atención a público que afectan su funcionalidad.

Los daños estructurales de una antigua torre, que esta semana comenzó su demolición, obligaron a reorganizar pabellones y unidades de psiquiatría, endoscopia, esterilización, UCI y UTI en otras áreas del hospital y habilitar containers modulares y el arriendo de dependencias externas al centro. El presidente del Colegio Médico de la IV Región, Jaime Bastidas, acusa que cirugías agendadas para pacientes debieron ser reprogramadas para transformar espacios para hospitalizaciones por enfermedades respiratorias.

Más avance se observa en los caminos, que se encuentran 100% habilitados, y existen reparaciones en el puerto de carga, restitución en canales de regadío y apoyo en la pequeña minería. En Tongoy y la caleta de Coquimbo se entregaron nuevas embarcaciones y motores para cerca de 400 pescadores.

El ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes, indica que la cartera estableció un sistema de apoyo para las empresas afectadas por el terremoto y posterior tsunami . Unos $4.624 millones atendieron a 1.620 pequeños y medianos empresarios gastronómicos de la Avenida del Mar y la caleta de Peñuelas; emprendedores turísticos de Tongoy; comercios de Baquedano, y cocinerías de la caleta de Coquimbo. "Debimos pedirles a las familias y recurrir a préstamos en los bancos", recuerda Jacqueline Campusano (47), dueña del "Rincón del Negro".

Gustavo Dubó, subdirector regional de Corfo, en tanto, afirma que las inversiones llegan al 90% de avance en la región.

$52.000
millones fue el costo de la etapa de emergencia en Coquimbo.

2
rutas permanecieron cortadas, en Los Vilos y Canela. Hoy, el 100% de los caminos están restablecidos.

$1.343
millones traspasó la Subdere para demoler las viviendas destruidas.

9
embarcaciones, de 150 toneladas cada una, fueron arrastradas por las olas hasta la costanera de Coquimbo.

3.899
bonos enseres hay efectivamente pagados a los damnificados.

14
mil hogares sufrieron distintos grados de afectación.

''Hemos trabajado intensamente con todos los servicios para llegar con las respuestas en zonas apartadas".
CLAUDIO IBÁÑEZ,
Intendente de la IV Región

''La emergencia se empieza a sobreponer con la reconstrucción, y es ahí donde veo demasiado lentos los procesos".
CRISTIÁN GALLEGUILLOS,
alcalde de Coquimbo (DC)

 

 

 

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Juan Castellón San Martín / El Mercurio

Página Web - 2016/08/28

Fuente: http://diario.elmercurio.com/

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Debido a los fuertes vientos y las adversas condiciones meteorológicas que se producen en la ciudad puerto, se dificulta el trabajo de Bomberos junto a personal de la Onemi.

Al menos 20 personas de cuatro familias son afectadas por un incendio que afecta este viernes a la zona del Cerro Mesilla en Valparaíso, según informan desde la Municipalidad.

Debido a los fuertes vientos y las adversas condiciones meteorológicas que se producen en la ciudad puerto, y que mantienen con gran preocupación a las autoridades, se dificulta el trabajo de Bomberos junto a personal de la Onemi.

Pese a lo anterior, el siniestro ya estaría un 90% controlado y que los daminificados reicbirán la ayuda del municipio.

 

 

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La Nación

Página Web - 2016/08/26

Fuente: http://www.lanacion.cl/

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Altísima salinidad ha provocado el colapso de unas 1.200 viviendas.

Tras cinco años de investigación, profesionales del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) lograron establecer que el 80% de los suelos de Alto Hospicio presenta riesgos de colapso para sus edificaciones.

El estudio analizó los distintos sectores de la ciudad y determinó una concentración de sales solubles que oscila entre 3,3 y 20,3% de salinidad, donde con niveles de 2% ya es considerado colapsable. Estas condiciones han generado que, según información del Serviu, cerca de 1.200 viviendas estén afectadas por socavones, lo que ha provocado en los casos más graves daños estructurales en ellas.

El director regional de Sernageomin en Tarapacá, Francisco Uribe, explicó que esto implica que las instituciones a cargo de la urbanización tomen en cuenta la información a la hora de planificar el crecimiento de la ciudad. "Hace falta una toma de conciencia de la municipalidad y de la comunidad, ya que ellos son quienes aprueban los planes de construcción, y llega un momento donde no se puede seguir instalando casas".

Para el alcalde Ramón Galleguillos, parar proyectos no es fácil, "ya que esto responde a normativas establecidas por el Ministerio de Vivienda".

 

 

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DAVIED JAIME / El Mercurio

Página Web - 2016/08/24

Fuente: http://diario.elmercurio.com/

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