La formación tendrá una duración de catorce semanas aproximadamente

El Centro de Capacitación del Constructor Popular iniciará el próximo 19 de mayo un programa en el área de construcción de viviendas

Con el objeto de formar y capacitar a los ciudadanos de las distintas comunidades de los municipios José Félix Ribas y Bolívar, el Centro de Capacitación del Constructor Popular (CCCP), con sede en La Victoria, iniciará el próximo 19 de mayo el curso de construcción de viviendas.

 

Así lo informó el ingeniero Henry Sarmiento, director ejecutivo del CCCP, quien agregó que la formación tendrá una duración de catorce semanas aproximadamente y estará a cargo de especialistas en la materia.

 

Explicó que los estudiantes que integren el programa recibirán implementos de estudios como libros, lápiz, cuadernos, entre otros.

 

El curso –agregó- será dictado en tres módulos: el primero dará el conocimiento teórico; el segundo comprende las técnicas de replanteo, estructura, fundaciones, instalaciones sanitarias y eléctricas; y por último, la práctica de los conocimientos adquiridos, en el campo de trabajo.

 

Es importante mencionar que este centro de capacitación fue creado por el Gobierno Bolivariano de Aragua, a través de la Secretaría Sectorial del Poder Popular para la Infraestructura y el Desarrollo Urbanístico, cuya visión es ejecutar proyectos habitacionales eco-socialistas, con la incorporación del recurso humano calificado.

 

Por último, el ingeniero Sarmiento invitó a quienes deseen formar parte del curso, dirigirse a la sede de Cincatesa, en la avenida Universidad, urbanización Vista Hermosa, La Victoria; o llamar al 0244-321 83 94.

 

 

 

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Correo del Orinoco

Página Web - 2014/05/06

Fuente: http://www.correodelorinoco.gob.ve

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Las comunidades organizadas en 18 consejos comunales del 23 de Enero, se beneficiaron el pasado sábado con un operativo de cabillas donde se distribuyeron 60 toneladas, organizado por el colectivo la Piedrita que lidera el comandante Valentín Santana, y además contó con el apoyo del Ministerio de industria, la Siderúrgica del Orinoco "Alfredo Maneiro y Ferresidor, donde se vendieron cabillas de seis metros a precios solidarios.

 

Según manifestó el general de brigada José Gregorio Rojas director de comercialización de Sidor, este tipo de eventos se vienen realizando a nivel nacional, con el fin de acabar con la especulación, el acaparamiento, y todos los vicios que se han generado con la venta de la cabilla.

 

Por eso, se está llevando directamente a las comunidades organizadas a fin de favorecer a la gran familia venezolana con este producto, tan necesario para la construcción y ampliación de sus viviendas, que se vende en las ferreterías hasta en 300 Bolívares por cabilla, abusando de la necesidad del pueblo venezolano.

 

En ese sentido, señalo el general Rojas que dentro de las nuevas directrices del presidente de la CVG, General Carlos Osorio, el ministro del industria, José David Cabello, y del presidente de Sidor General Javier Sarmiento, es de profundizar este tipo de operativos a nivel nacional, que está enmarcado dentro del gobierno de calle que lidera el presidente Nicolás Maduro.

 

Cada operativo debe contar con el aval y la organización de los consejos comunales, las alcaldías, las gobernaciones, para que el producto llegue directamente a las comunidades más necesitadas para que sean ellas los que coordinen la entrega y realicen los controles pertinentes para evitar que la cabilla quede en manos de los acaparadores, afirmo el general Rojas.

 

Para este mes esta previsto realizar se realizar operativos en los estados, como Nueva Espata, Apure, Barinas, Trujillo, donde también se abrirán nuevas sedes de Ferresidor.

 

El general Rojas felicito a los consejos comunales del 23 de enero, y a los colectivos como la Piedrita, por su organización, la implementación de sus planes de trabajo, la forma como dirigen y enseñan a la juventud y a las comunidades en general.

 

 

 

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Entorno Inteligente

Página Web - 2014/05/05

Fuente: http://www.entornointeligente.com

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La Alcaldía de Caracas inspeccionó este sábado los avances en la construcción del Urbanismo Integral Calle Maury, de la parroquia Sucre, Caracas.

 

El complejo habitacional, que se realiza en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), contará con locales socio-productivos, educativos, áreas comunes, entre otros, para el buen vivir de los habitantes del oeste de la ciudad capital, refiere una nota de prensa de la institución.

 

El alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, realizó la inspección para conocer el estatus de la obra y acelerar el proceso de adjudicación de las 206 viviendas que conforman el urbanismo.

 

En esta oportunidad, Rodríguez estuvo acompañado del ministro del poder popular del Deporte, Antonio Álvarez y el cantante venezolano, Omar Acedo.

 

De igual forma, el Alcalde aprovechó la oportunidad de visitar el complejo habitacional Gato Negro, donde se adelantan los trabajos para que en los próximos meses se entreguen 54 viviendas, agrega la nota de prensa.

 

Estos trabajos forman parte del Plan Catia, un programa integral que implica la construcción de viviendas, la recuperación de los espacios públicos, el ordenamiento del territorio, las mejoras viales e incluso la ampliación de la Plaza Sucre para corregir la deficiencia de estacionamientos.

 

 

 

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Agencia Venezolana de Noticias

Página Web - 2014/05/03

Fuente: http://www.avn.info.ve

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85% de los ocupantes de estas unidades son mayores de 55 años de edad

La resolución de la Superintendencia Nacional de Arrendamiento de Viviendas (Sunavi) del pasado 28 de marzo de 2014, que ordena a los propietarios de edificios de larga data, con más de 20 años dedicados al alquiler de apartamentos formalizar la oferta de venta a sus inquilinos, movilizó a las partes involucradas.

 

Por una parte, los colectivos y redes de inquilinos celebran la medida, pues apuestan a que esta vez sí se debe cumplir la ley a cabalidad. “Porque los propietarios no nos estaban parando”, apunta Maglene Sierraalta, de la Asociación de Inquilinos Bolivarianos.

 

Para estas organizaciones, el hecho de que los dueños acepten el acuerdo de venta constituye un punto de honor a una lucha en la que llevan desde 2006. “Esto es justicia social. La mayoría de los inquilinos son de la tercera edad, muchos hijos de inmigrantes. Hemos hecho una vida con nuestros padres e hijos pagando alquiler desde hace 40 años y más”, cuenta Douglas Acevedo, quien logró comprar su apartamento en el edificio San Biaggio.

 

“Esto es justicia social, gracias al presidente Chávez. Mi apartamento me costó 67 mil bolívares. A otros les salió un poco más caro porque son más grandes o por estudio socio-económico. A una señora aquí en el edificio le salió gratis, lo pagó un banco del Estado, porque ella es sola y de edad avanzada”.

 

La medida beneficiará a 25 mil inquilinos que habitan en edificios de vieja data, según registros de las organizaciones de inquilinos.

 

Los gremios inmobiliarios, representantes de dueños de edificios y de compañías que administran los arriendos que se cobran a apartamentos ubicados en edificios viejos -la mayoría construidos en las décadas de los años 50, 60 y 70-, fustigan la resolución.

 

La Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), apenas se publicó la resolución, introdujo un recurso de nulidad ante los Tribunales Superiores Contenciosos de Caracas. “Esto es un atentado más contra la propiedad privada, no se puede obligar a vender”, señaló Aquiles Martini, presidente del gremio.

 

La Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), que además administra varios de los edificios que serán objeto de la medida, se opone a la resolución en el mismo orden de la CIV, e insiste en que los avalúos que se hacen de las edificaciones están muy por debajo del mercado. “El Estado no debe ponerle precio a la propiedad privada”, sostiene Roberto Orta, representante de Apiur.

 

Los gremios también se oponen a la metodología de avalúo que aplica la Sunavi para determinar el precio final de los inmuebles, pues aducen que con esta fórmula no se toma en cuenta la ubicación y la zona donde están los edificios.

 

En descargo, Rigel Sergent, del Movimiento de Inquilinos, sostiene: “Los propietarios dicen que se limita el derecho a la propiedad, pero son ellos quienes lo niegan porque saben que el inquilino que lleva más de 40 años, en muchos casos hasta 50 años pagando alquiler, ya ha cancelado esa vivienda; lo saben, pero quieren seguir lucrándose porque ven la vivienda como una mercancía. Nosotros luchamos por justicia social”.

 

Empezó a correr el lapso. Lo concreto, en este momento, es que el plazo de sesenta días que prevé la resolución para que los propietarios hagan la oferta de compraventa empezó a correr desde que se publicó la medida que vence a finales de mayo.

 

Según la resolución, en ese plazo el propietario deberá formalizar la oferta de compraventa; en caso contrario, de no cumplir con este paso, se le aplicará una multa de 2 mil unidades tributarias (UT), que equivale a 250 mil bolívares (una cifra equivalente al precio máximo de un apartamento de vieja data, de 70 metros, tres habitaciones , según la fórmula de avalúo que aplica la Sunavi).

 

Debido a que esta resolución es una derivación de la disposición transitoria quinta de la Ley para la Regulación y Control de Arrendamiento de Vivienda, promulgada en noviembre de 2011, de no concretarse el acuerdo de compraventa al término de los 60 días, la ley prevé que las organizaciones sociales (en este caso, los colectivos y redes de inquilinos) podrán pedir al Ejecutivo que proceda a la expropiación del inmueble, pero voceros de los colectivos destacan que quieren llegar a acuerdos antes de pedir la expropiación. “Queremos comprar. No queremos nada regalado, aunque sabemos que aún con la expropiación el Estado le paga un justiprecio al dueño; pero no queremos recurrir a esa vía sin intentar acuerdos amigables”, resaltó Sergent.

 

Este vocero relató que, en los avalúos que se han realizado con base en la metodología para calcular el precio del inmueble, la cual toma en cuenta la depreciación (antigüedad, años de construcción), el tamaño del apartamento (metraje) y el mantenimiento (condiciones de la infraestructura, servicios de luz, agua), el valor máximo de un apartamento de larga data es de 250 mil bolívares.

 

Los censos que llevan los colectivos indican que de las 25 mil familias que habitan edificios viejos, 85% de los responsables del arriendo son mayores de 55 años de edad.

 

Ante esta realidad, se llegó a un acuerdo con la banca pública encargada de otorgar los créditos hipotecarios -los cuales tienen una vigencia de entre 25 y 30 años para cancelar la hipoteca-, de suscribir un seguro de vida retornable en caso de fallecimiento del beneficiario del crédito. “Pero también en la banca pública nos han indicado que son créditos heredables”, aclaró Maglene Sierraalta.

 

Otro acuerdo que están concretando colectivos de inquilinos con el Estado es que, en caso de que algún inquilino de los edificios viejos que se vendan en su totalidad no quiera comprar el apartamento, hay una propuesta de que la Inmobiliaria Nacional -estatal adscrita al Ministerio de Vivienda- compre el apartamento, y en el caso de que el ocupante decida mudarse, el Estado dispondrá de esta unidad, bien para el alquiler con opción a compra o para venderla.

 

Maglene Sierraalta resalta que algunas familias que habitan los edificios viejos y que llevan más de 40 años vivienda allí y tienen la capacidad de comprarlos de contado. “Hemos ahorrado, tenemos una buena jubilación o contamos con el apoyo de nuestros hijos y nietos, pero necesitamos que nos hagan la oferta. Todas las familias tienen la mejor disposición y posibilidad de pagar el crédito”.

 

Al tratarse de edificios con más de 30 años de construidos, y a muchos de los cuales se les ha aplicado la regulación, el alquiler que pagan en promedio ronda los 500 y 300 bolívares. En muchos de estos inmuebles los inquilinos asumen los gastos de mantenimiento, pagos de servicio de agua y luz. “En muchos casos las administradoras o los propietarios no quieren asumir ningún pago de servicios ni de mantenimiento”, apunta Sierraalta.

 

 

 

 

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BEATRIZ CARIPA / Últimas Noticias

Página Web - 2014/05/04

Fuente: http://www.ultimasnoticias.com.ve

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