Por líos jurídicos, la sociedad CASS ya no será contratista de las obras del Plan Parcial Naranjal.
La sociedad CASS Constructores, el principal socio que financiaba y construía las primeras unidades del Plan Parcial de Naranjal, cederá su participación en el contrato que firmó con la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), confirmó este lunes la entidad pública.
La decisión se produjo luego de que la EDU iniciara un proceso administrativo donde concluyó que esa empresa no podía seguir contratando con el municipio a causa de los problemas legales que afronta Paola Fernanda Solarte, quien fungía como representante legal de CASS y fue salpicada por el escándalo de Odebrecht.
Jaime León Bermúdez, gerente general de la EDU, dirigió una comunicación a esa empresa, firmada el pasado 18 de junio, donde estableció un plazo de 15 días hábiles para que cediera “su posición contractual a un tercero”.
Esto con el objetivo de destrabar las obras, iniciadas durante la administración de Aníbal Gaviria y que según las proyecciones iniciales debían entregarse a finales de 2015, como lo publicó este diario en su momento.
Cabe recordar que el Plan Parcial de Naranjal es un megaproyecto que comprende ocho Unidades de Actuación Urbana (UAU), cada una compuesta por diversas construcciones. En ese contexto, el Municipio de Medellín firmó un contrato con la Sociedad CASS para que financiara y construyera las UAU 2 y 3, con una inversión de 33.000 millones de pesos.
De esas dos unidades, la número 2 fue la que comenzó a levantarse. Los diseños de esa unidad comprenden la construcción de dos sótanos, una plataforma comercial y cuatro torres con 240 apartamentos. De esos componentes, aún faltan por entregarse dos torres que comprenden 120 apartamentos.
Gloria González, subgerente de Operación Urbana e Inmobiliaria de la EDU, dijo que la entidad implementa una estrategia en tres frentes principales para rectificar el curso del proyecto.
Los primeros dos, explicó, comprenden la actuación administrativa por las inhabilidades de la representante legal con problemas jurídicos y la escogencia de una empresa nueva que culmine las obras. El tercero comprende un proceso de demanda por incumplimiento, que tendrá una audiencia de conciliación el próximo 18 de julio.
“Lo que buscamos con la entrada de la nueva empresa es que se destrabe la construcción. Por ahora, lo que hace falta son los recursos que dejó de aportar el inversionista constructor, por lo que el nuevo cesionario deberá garantizar esa nueva inversión de recursos”, dijo González.
La funcionaria agregó que de los 33.000 millones contemplados en el contrato, la sociedad CASS aportó cerca de 18.000 millones, faltando cerca de 15.000 millones para culminar los trabajos.
El concejal de Medellín Bernardo Alejandro Guerra, una de las voces críticas del proyecto, recordó que desde hace 5 años cuestionó la idoneidad de esa empresa para desarrollar el proyecto, ya que a su juicio carecía de experiencia.
“Ni al mandatario de turno, ni a la exdirectora de la EDU les importaron las constancias de Camacol, la Cámara Colombiana de la Construcción y la Lonja, ni mucho menos mis advertencias. Hoy, a través de la resolución de la EDU, el tiempo me concede la razón”, expresó el concejal, quien pidió a la EDU revelar el nombre de la empresa que reemplazará a la sociedad CASS.
La EDU descartó que los trabajos puedan ser entregados este año y arrojó un plazo tentativo de dos meses en los que se anunciaría la nueva empresa seleccionada.
Jacobo Betancur Peláez / El Tiempo
Página Web - 2019/07/09
Fuente: https://www.eltiempo.com/