El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, Aquiles Martini Pietri, se pronuncia nuevamente para alertar sobre la tendencia cada vez más marcada de déficit en la oferta inmobiliaria nacional, especialmente en el área de viviendas, a pesar del esfuerzo tanto del sector privado y del Gobierno. "Cada vez somos más venezolanos, cada vez hay menos producción de viviendas y los precios se elevan independientemente de lo que puedan hacer los empresarios en este marco económico, tenemos la inflación más alta de América latina", dijo.

 

Resaltó que para la fecha Misión Vivienda le falta completar todavía 85% de su objetivo anual, “que no la va a cumplir, ¿cómo será la crisis de Misión Vivienda que los mismos representantes del sector público admiten dificultades para obtener materia prima?”.

 

"En todo el país los diarios regionales denuncian la crisis para adquirir materia prima como son cemento y cabilla, y si eso perjudica la Misión Vivienda, ¿qué no le hará al sector privado la escasez de materiales?", comentó Martini Pietri.

 

El presidente de la CIV dijo que los controles de producción y distribución que ejerce el Gobierno sobre la materia prima de la construcción “perdieron sentido hace tiempo”. Añadió que "de nada sirve controlar productos que no existen, de esa forma solo distribuyes la escasez.  La falta de materia prima no es consecuencia de una mayor producción  de viviendas sino que empezó luego de la ola de nacionalizaciones de las empresas  básicas y su mal manejo por parte del Gobierno, y la respuesta a estos problemas no puede ser en el mismo sentido que lo realizado hasta ahora, más de lo mismo; la respuesta debe permitir que las empresas sean autosustentables e independientes, reguladas por el sentido común de los ciudadanos y especialmente por el buen criterio gerencial venezolano y no controladas discrecional e inconsultamente por una oficina del Gobierno nacional”.

 

Martini Pietri pidió al Gobierno transparencia sobre el tema de Misión Vivienda y sobre el sector inmobiliario en general. "Sabemos que Misión Vivienda es un esfuerzo loable, pero nos inquieta saber que todavía existen familias damnificadas desde 2010, más aún cuando el Gobierno dice que ha entregado 600 mil viviendas, además, que no detallan públicamente dónde están cada una de esas viviendas y cuántas son efectivamente nuevas pues sabemos que la mayoría son remozadas, por último, no anuncian medidas diferentes ante la caída de la producción de viviendas, pues eso sería reconocer los problemas de Misión Vivienda", manifestó Martini Pietri.

 

“Lo anterior no quiere decir que el Gobierno no esté haciendo un gran esfuerzo, pero la falta de planificación y la utilización del programa o de la Misión como una oferta electorera y propagandística han hecho que este esfuerzo se haya venido a menos”, indicó.

 

"El Gobierno tiene en sus manos el trípode del desarrollo inmobiliario: producción y distribución de materia prima, desarrollo de marco jurídico y sistema hipotecario, y las tres patas tienen problemas. Las mejoras empiezan por cambio del modelo, por ejemplo, la parte de las leyes, porque tenemos resoluciones de precios imposibles de cumplir, una ley de arrendamientos residenciales que no es viable para alquilar, y leyes para la promoción inmobiliaria que centralizan en el Gobierno todos los trámites retrasando cualquier solución", explicó.

 

Medidas inmediatas

 

Aquiles Martini Pietri insistió en propuestas que el Gobierno debe desarrollar de forma pragmática y real para empezar a solucionar los temas inmobiliarios del país: respeto a la propiedad privada y rechazo categórico a las invasiones; cambiar la "ofensiva económica", entendida como aumento de los controles económicos, por medidas que estimulen la producción de riqueza de calidad, por ejemplo, aupar a los empresarios exitosos independientemente de sus posiciones políticas; revisar la generación y distribución de la materia prima de construcción, actualizando los precios de venta para reinvertir en las mismas empresas productoras; reformar y equilibrar las leyes del sector inmobiliario, como la Ley de Arrendamientos de Vivienda.

 

Aquiles Martini Pietri expresó que ya en meses pasados se hizo un trabajo intenso con el Gobierno para destrancar los arrendamientos comerciales y se alcanzó una ley con balance necesario. “¿Qué está pasando ahora? ¿Vamos a seguir viendo como el país sufre por la escasez de productos o nos vamos a poner manos a la obra para trabajar? Trabajar significa que los empresarios puedan desarrollar sus actividades con normalidad para producir riqueza, lo cual es posible cuando el Gobierno garantiza un ambiente beneficioso para la inversión y el crecimiento, manteniendo sus políticas sociales, pero dejando que las empresas trabajen sin ver amenazado su patrimonio. Actualmente ese ambiente para las inversiones no existe en el país, por la inseguridad jurídica, por la devaluación de la moneda, por las expropiaciones, por el centralismo y por los controles excesivos”, afirmó Martini Pietri.

 

“Hemos demostrado que sí se puede llegar a acuerdos entre el sector privado y el sector público como lo hicimos a través de la recién promulgada Ley de Arrendamientos Comerciales, que es el resultado del diálogo, la comprensión, y el entendimiento de que hay que darle sustentabilidad económica y social a las leyes que se desarrollen en el país, y es por ello que la Cámara Inmobiliaria de Venezuela insiste en ponerse a la orden para intercambiar ideas con el Gobierno, los ciudadanos, y buscar de manera consensuada las soluciones a los problemas inmobiliarios y de viviendas del país”, concluyó.

 

 

---

Cámara Inmobiliaria de Venezuela

Página Web - 2015/04/29

Fuente: http://www.camarainmobiliaria.org.ve/

---

La mala calidad de la infraestructura la sufrimos a diario todos los que habitamos este país, y los efectos de la baja inversión en ella se muestran con números categóricos en el libro Del pacto de Punto Fijo al Pacto de La Habana (editor José Curiel) de reciente aparición en librerías caraqueñas.

 

El año 2015 "va a ser duro para el sector de infraestructura" declaró hace algunos días el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción (CVC).

 

Sí, muy duro -enfatizamos nosotros- más que en años anteriores, pues con el desplome de los precios del petróleo se estima que el Fisco podría dejar de recibir unos 20 mil millones de dólares, lo que haría contraer aún más la inversión que este Gobierno ha venido destinando para la construcción y mantenimiento de obras públicas en general.

 

Estamos así ante una perspectiva que golpearía con mayor ahínco el estado lastimoso en que se encuentra la infraestructura del país, por la indolencia e incompetencia de un régimen que no hizo en su momento las inversiones requeridas para conservarla, mejorarla y ampliarla debidamente, no obstante los enormes ingresos que percibió durante estos tres lustros.

 

Ya, de hecho, la infraestructura de Venezuela, otrora envidiada por muchos, está rivalizando en mala calidad con los países más pobres y atrasados del mundo y, en la región, se ubica en el penúltimo puesto, sólo por encima de Haití, tal como lo señala el último Reporte de Competitividad Global 2014-2015 publicado por el Foro Económico Mundial (www.weforum.org).

 

Esa mala calidad de la infraestructura la sufrimos a diario todos los que habitamos este país, y los efectos de la baja inversión en ella se muestran con números categóricos en el libro Del pacto de Punto Fijo al Pacto de La Habana (editor José Curiel) de reciente aparición en librerías caraqueñas.

 

El libro hace un análisis comparativo, con cuadros y gráficos, de lo desarrollado por los gobiernos que dirigieron a la nación principalmente entre los lapsos 1958-1998 y 1999-2013 y, en lo atinente a las obras públicas, afirma como conclusión en la página 186: "la situación actual de la infraestructura en Venezuela, la cual incide notablemente en la calidad de vida del venezolano, es mucho peor que la recibida por el régimen de Chávez en 1998 y (...) los resultados de los 40 años de la República Civil fueron muy superiores a los resultados de los últimos 14 años del régimen de Chávez."

 

Pareciera entonces que, si no se toman las medidas necesarias para revertir esta realidad, una mayor caída de inversión en infraestructura se convertiría en un mayor descuido y restricción generalizada de obras, lo que aumentaría el padecimiento de todos y, en especial, del pueblo llano.

 

Tiene razón el presidente de la CVC cuando dice: "Hay una cantidad de obras e infraestructuras paralizadas (...) Hay que invertir en infraestructura y vivienda (...) es importante sentarse y buscar el camino para que el sector privado participe en la construcción de vivienda e infraestructura en conjunto con el Gobierno (...) Este año el sector privado no va a llegar a las 20.000 viviendas y el año próximo llegaría a las 10.000 (...) no se está haciendo vivienda para el sector de la clase media y clase media baja" (http://economia.noticias24.com 6/11/2014)

 

 

 

---

ALFONSO LINARES / El Universal

Página Web – 2014/11/22

Fuente: http://www.eluniversal.com

---

Los progresistas privilegian el número y calidad de sus viviendas para determinar los índices de bienestar y desarrollo de sus respectivos países. No es un factor asumido caprichosamente. La tesis se sustenta en el principio que el arraigo del hombre al hábitat garantiza el progreso pues desde "la casa propia" se fomentan los valores éticos y afectivos propios; de la familia y su grupo. El régimen "revolucionario" que tanto vocifera de humanismo igualitario ha sido visiblemente ineficaz para fomentar la construcción de viviendas "en propiedad" para sectores medios y más desposeídos.

 

Los gobiernos de Medina Angarita (1941-1945) y Pérez Jiménez (1952-1958), conscientes de esa inaplazable necesidad, priorizaron proyectos habitacionales masivos para todos los estratos. Entonces el Estado, como es ahora, propietario de casi todas las tierras, las puso a disposición de empresas privadas y en conjunción se materializaron extraordinarios desarrollos. Las entidades estatales como El MOP, Inavi, Mindur, entre otras, indiscutibles escuelas de ingeniería y arquitectura, jugaron papel relevante para impulsar planes urbanos a gran escala.

 

Esa dinámica continuó con rigor a partir de 1958 cuando se crea la banca hipotecaria. Créditos a largo plazo incitaron la adquisición masiva de viviendas originando el más extraordinario ascenso social de Venezuela en más de un siglo. Por ejemplo, en el último año de la segunda administración de Rafael Caldera, por cierto sucedida por Chávez, con el precio del barril de petróleo a 7 dólares, se construyeron más de 100.000 unidades.

 

¿Qué ocurre hoy? Se confiscan suelos urbanos para que empresas extranjeras (como bielorrusas o chinas) levanten edificios bajo la fórmula Fast track sin respetar variables urbanas en lo que respecta a porcentajes de construcción y ubicación, densidad poblacional, servicios para dotación de agua, electricidad, estacionamientos, etc. Basta observar "el nuevo patrón arquitectónico" de la avenida Libertador, repetido en Caraballeda, Catia y en todo el país, para corroborar cómo la falta de planes orgánicos llevan irreductiblemente al caos urbano.

 

Más grave aún es que el ocupante precario de esas viviendas bajo "formato revolucionario", al estilo soviético por cierto ya abolido, jamás será propietario. No es posible otorgar legitimidad registral del inmueble si el vecino, en ocasiones ni el Estado, es propietario del suelo donde se levantan las torres. Sin la posesión legítima de la parcela es imposible elaborar el Documento de Condominio para determinar la propiedad individual y su alícuota, áreas comunes, fondos de mantenimiento y operatividad, etcétera.

 

Mientras el Parlamento se distrae con leyes como la de "Tierras Urbanas" para arremeter contra la industria privada mediante decretos y resoluciones, el hacinamiento se agudiza en los refugios, barrios y hasta en urbanizaciones. Es "normal" observar en las invasiones conjuradas hasta 3 grupos familiares cohabitando en 100 m2. Además de pervertirse la paz necesaria por carencia de servicios, esos centros se trasfiguran en incontrolados guetos de perturbación.

 

Elevados costos del suelo, carestía de materiales, corrupción, más el acoso contra el particular, han tendido un manto de sombra sobre la industria de la construcción. A las parejas jóvenes, y no tanto, les es imposible adquirir una vivienda. La dicotomía salario-inflación ha creado el más craso proceso de degradación social que confronta nuestra generación y, por lo que se ve, también generaciones sucesivas. La inflación no es un simple indicador económico; es un factor de perturbación que atenta contra la estabilidad familiar y el sosiego colectivo.

 

Barrio Tricolor, Misión Vivienda, Casas Dignas y tantas otras, son figuraciones que ya no seducen. Más de 300 planes de mejoramiento de barrios a lo largo de 15 años enseñan que no es asunto de nombres pomposos sino de atender con seriedad un drama real que inquieta a la mayoría. Ya basta de artificios semánticos. Hasta al prestidigitador más ecuménico se le acaban los trucos.

 

 

 

---

MIGUEL BAHACHILLE M. / El Universal

Página Web – 2014/11/17

Fuente: http://www.eluniversal.com

---

La Asamblea Nacional discute un proyecto de Ley Orgánica para la Ordenación y Gestión del Territorio que superpone ejes, motores de desarrollo, regiones y comunas sobre la división político territorial vigente. Lo propuesto significa dispersar y socavar la autoridad de los funcionarios estatales y municipales actuales, tanto los identificables con la oposición, como los tildados de revolucionarios. La superposición parece indicar miedo o incapacidad para enfrentar opiniones contrarias, pero también puede ser una estrategia pergeñada para implantar la nueva estructura en cámara lenta, poco a poco. El proyecto proviene del Ministerio del Ambiente y su perenne aspiración a ser la autoridad suprema sobre el territorio, deseo contrario al predominio de los objetivos económicos al ocuparlo, lo cual no implica albedrío para agredir a la naturaleza.

 

La ocupación del país se inició con asentamientos a la orilla del mar que mantenían la comunicación con Europa. Desde ellos se penetró al interior con poblaciones separadas por la distancia que recorría una bestia en un día, los 80 kilómetros que los vehículos actuales cubren en una hora. Es evidente que lo prioritario fue la economía y como es necesario que así continúe, seguirá imponiéndose sobre experimentos o teorías que pretendan ignorarla. Por esta realidad convendría atribuir la dirección de la ocupación del territorio al Ministerio de Planificación, responsable de conducir la economía y no al Ministerio del Ambiente, como propone el proyecto de ley. Otorgarle a este último la autoridad máxima es similar a dejar en manos de los decoradores el diseño de las edificaciones o responsabilizar a los arquitectos paisajistas del proyecto de las urbanizaciones o de sectores urbanos. Lo creo innecesario, pero por si acaso, anoto que estos símiles no significan sub estimación por ninguna profesión.

 

Los licenciados en preocupación por el ambiente, llevan décadas clamando por la corrección de desequilibrios, pero nunca los han identificado ni propuesto alternativas. Es muy cómodo superponer ejes, motores, regiones y comunas sobre la división político territorial vigente, sin identificar lo inconveniente y sin demostrar que una trama adicional corregirá. Con tres ámbitos geográficos principales en el país: la prolongación de la cordillera andina a lo largo de la costa, las tierras llanas que acompañan al Orinoco y la inmensa Guayana, cabe preguntar qué significa "equilibrio" y que se pretende lograr: ¿Igual población o ciudades similares en cada ámbito o equilibrio ecológico en cada uno? Un ejercicio ilustrativo sería imaginar que treinta millones de personas llegan a un territorio vacío de un millón de km2 y deben tomar decisiones para ocuparlo con una distribución ideal para sobrevivir y prosperar, en armonía con la naturaleza. El proyecto de ley no orienta en cuanto a aspectos ambientales, los deja en manos del Ministerio y lo unge como único organismo con conocimiento sobre lo que parece ser una teología ambientalista. Al efecto pauta dejarle las decisiones a una secretaría técnica, cuya opinión por ser "vinculante" para cualquier ocupación, podría filtrar o enmendar las propuestas (incluso las económicas) antes de presentarlas a la Presidencia de la República, la cual en consecuencia sería una autoridad máxima condicionada o decorativa.

 

Abunda información para ocupar y desarrollar territorios sin agredir el ambiente. Como ejemplo las leyes colombiana n 1454 y argentina 25675, así como la Carta Europea para la Ordenación del Territorio. Alarma pensar que en el país, los únicos profesionales capacitados para orientar su ocupación, son los autores del proyecto de ley. En ese caso sería inevitable concluir que estamos en muy pobres manos.

 

 

 

---

VICTOR ARTIS / El Universal

Página Web – 2014/06/21

Fuente: http://www.eluniversal.com

---