Johana Araque Cancar, en su artículo afirma "esta ciudad también va a necesitar de un equipo de gobierno con las capacidades técnicas y solvencia moral para guiar su desarrollo y crecimiento"

Mirando hacia un futuro cercano y dejando atrás décadas de retraso con respecto a otros países del mundo, Venezuela debe priorizar la eficaz y eficiente gestión de sus ciudades como estrategia determinante en la reconstrucción y desarrollo del país. Más allá de volver a enumerar y describir las situaciones caóticas y surreales que se vive en nuestras ciudades a diario, la intención de estas breves líneas es exponer algunas pinceladas de esa urbe que se hace necesaria para apoyar el resurgimiento de la nación.

En principio debemos comenzar por ser ciudadanos envestidos de responsabilidad, ciudadanos con la capacidad de comprender, evolucionar, fijar posición y guiar el destino de nuestras vidas y nuestro entorno; para esto necesitamos un estado descentralizado, de intervención mínima y eficiente, donde el vecindario como la menor de las unidades territoriales se autodiseñe y articule con políticas y acciones en las diferentes escalas, sectorial, municipal, estadal, regional y nacional. Para todo esto se hace ineludible la participación de las universidades y espacios de innovación; la investigación, el trabajo comunitario y el enlace con diferentes aliados alrededor del mundo.

Esta ciudad también va a necesitar de un equipo de gobierno con las capacidades técnicas y solvencia moral para guiar su desarrollo y crecimiento; profesionales verdaderamente preparados en todas las áreas y con una nueva visión política que nada tenga que ver con las vigentes gestiones de neta “politiquería”. Las intervenciones físicas van más allá de aceras, brocales y calles; deben orientarse a la reconstrucción y propuesta de una red de espacios públicos a través de los cuales los venezolanos recuperemos el derecho a la ciudad; a esa urbe iluminada, limpia, accesible, productiva, amigable, competitiva y de oportunidades que nos merecemos. Ésta también debe ser inteligente, educativa y cooperativa; en ella debe imperar la propiedad privada para el sano desarrollo y administración de su suelo y priorizar la adecuación e incorporación de los miles de sectores populares e informales existentes en todo el territorio nacional.

Así mismo necesitará refundarse bajo nuevas formas de economía local, emprendimiento, recuperación de centros históricos y economía naranja por nombrar algunas, ser plataforma para la generación de riquezas y destierro de la pobreza; para esto debe tener un óptimo sistema de transporte público que la democratice, así como redes de infraestructura y servicio eficientes que permitan su desarrollo de la mano con la implementación de una verdadera política de vivienda y un nuevo régimen jurídico urbanístico que trascienda la perisología y se enfoque de manera estratégica en explotar las potencialidades de cada lugar.

Hay mucho trabajo por hacer antes de llegar a moldear esta urbe necesaria, debemos reflexionar como venezolanos y asumir la responsabilidad y el reto histórico que nos corresponde; para nuestro beneficio contamos con los mejores que dentro y fuera del país, así que manos a la obra.

 

 

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Johana Araque Cancar / El Universal

Página Web - 2018/05/08

Fuente: http://www.eluniversal.com/

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En el artículo de opinión de Victor Artis, recuerda que "entre los Censos de Población y Vivienda realizados en el 2001 y el 2010, la población del país aumentó en algo más de unos cuatro millones de personas

Entre los Censos de Población y Vivienda realizados en el 2001 y el 2010, la población del país aumentó en algo más de unos cuatro millones de personas y se agregaron un millón setecientas cincuenta y cinco mil viviendas ocupadas. Las viviendas desocupadas no llegan a la décima parte de las ocupadas y algo similar ocurre al sumar las ocasionales con las que están en construcción. Por cierto, en las viviendas ocupadas están incluidos los ranchos, calificación que posiblemente cambia entre censos consecutivos.

Comparar estas cifras desconcierta. En primer lugar cabe destacar el promedio de 4,5 habitantes por vivienda ocupada en el 2001 que en el 2011, disminuyó a 3,85 personas, índices contrarios a los resultados de encuestas que detectan altos niveles de hacinamiento. En segundo lugar indica que no hay familias sin alojamiento y que cada año hubo un aumento de 175.000 viviendas, cifra sorprendente en la situación económica nacional. Sin tomar en cuenta la merma en divorcios, óbitos y emigraciones, la demanda anual máxima generada por las nuevas parejas formadas cada año (5,6 por cada 1.000 habitantes) debería ser de 125.000 viviendas y la demanda en diez años alcanzaría a 1.250.000 unidades. Por lo tanto parece que hubo un superávit de 500.000 viviendas. ¿Cuáles serán las cifras e índices del 2021?

Los resultados de los censos no parecen tener relación con los 2.000.000 de viviendas construidas por el gobierno en los cinco años anteriores y menos aún con la meta anunciada de un millón adicional para el 2019. Si tales viviendas han sido construidas y adjudicadas significaría que los censos no reflejan la verdad, que la población debe ser mucho mayor y que alrededor de un tercio de ella no tenía donde vivir. En ese caso el déficit cuantitativo sería verdadero pero los datos censales serían inventos. Estas discrepancias deben ser aclaradas porque conocer el número de habitantes y de viviendas, más sus características, es indispensable para evitar proceder en base a deseos o ilusiones al programar actuaciones, tanto gubernamentales como privadas.

Tema aparte es el déficit cualitativo, especialmente en ciudades como Caracas donde los terrenos más accidentados e inseguros han sido ocupados por viviendas mal autoconstruidas, sin orden ni concierto, pero con carencia de acceso, servicios públicos y equipamientos. Allí solo abundan las incomodidades, la inseguridad y las promesas incumplidas. Si los censos son veraces cabría suponer que las familias que vivían en entornos precarios pudieron trasladarse a unidades de la Misión Vivienda y que ya no existen barriadas inaceptables. Pero eso no es verdad porque los barrios continúan creciendo, tanto en horizontal como en vertical lo que lleva a preguntar ¿de donde han salido tantas personas para habitar, por ahora, en dos millones de viviendas nuevas? Una alternativa (en clave de sorna) puede ser que además de traer alimentos, ropa y medicinas, hemos importado gente para ayudar a consumir tanta abundancia.

Parece evidente que escasea la seriedad y también que será vacuo añorar la época del petróleo proveedor de todo lo imaginable. Para sustituirlo tenemos recursos naturales, en especial agua, juventud, preparación, buen clima y una posición geográfica inmejorable. Nada parece impedir que nos dediquemos a  exportar trabajo en lugar de minerales sin añadidura de valor. Lo que debemos anular es el exceso de parásitos acostumbrados a entender la nación no como un país sino como un presupuesto de donde extraer sus tajadas. Quizás la procura de seriedad puede arrancar con un severo análisis de los resultados censales y de sus interpretaciones.

 

 

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VICTOR ARTIS / El Universal

Página Web - 2018/04/28

Fuente: http://www.eluniversal.com/

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El sistema de subsidios para garantizar los servicios a las clases más bajas ha acentuado la segregación y la desigualdad

Las ciudades en Colombia se dividen en estratos. Del uno al seis. En los más bajos, el uno, dos y tres viven los ciudadanos que reciben subsidios en los servicios (agua, gas, luz). En los más altos, el cinco y el seis, quienes pagan esas ayudas con facturas superiores a su consumo. El modelo, único en el mundo, se ideó a mediados de los noventa, en un país que en ese momento tenía tasas de pobreza cercanas al 40%, según datos del Banco de la República. Tres décadas después, el principio solidario que pretendía regir la ley se ha pervertido. La segregación se ha acentuado y los ciudadanos se identifican por el lugar en el que viven. Una suerte de sistema de castas.

Para decidir a qué estrato pertenece un ciudadano, el Estado se limita a evaluar la fachada de su casa, los materiales con los que está construido el techo y las condiciones en las que se encuentra la vía frente a la vivienda. Con estas características ligadas al terreno, se reparten los subsidios. El modelo no tiene en cuenta la renta, el número de personas que componen una familia, la edad, si alguna de esas personas tiene algún tipo de discapacidad o si tienen un empleo.

Es decir: si una persona compró una casa calificada como estrato seis cuando tenía el dinero para pagarla, pero ahora su único ingreso es una pensión baja, no puede recibir ayudas para pagar la factura del agua. Sucede lo mismo al revés. “En el centro de Bogotá hay muchos edificios estrato uno amparados por la ley de patrimonio histórico”, explica Roberto Lippi, coordinador de ONU Hábitat para los países andinos. “Esas casas son hoteles y otro tipo de negocios, o la segunda vivienda de muchos ciudadanos. Todos reciben subsidios cuando no los necesitan”.

“Somos unos ocho millones de habitantes en Bogotá, 2,5 millones de hogares. Y estamos subsidiando a dos millones de esos hogares, casi siete millones de personas”, explica Antonio Avendaño, subsecretario de Información y Estudios Estratégicos de la Secretaría de Planeación de la ciudad. “La pobreza en la ciudad se ha reducido al 12,4% y seguimos subsidiando al 80% de los hogares”.

 

 

En 2003, según el último informe publicado por la Alcaldía de Bogotá en el que se cruzaron variables de ingresos y estratos, el 17% de los hogares de estrato uno, el 31% de estrato dos y el 59% de estrato tres correspondían a sectores de la población con mayores ingresos. El sistema se ha llenado de errores de inclusión y exclusión.

ONU Hábitat en colaboración con la Alcaldía de Bogotá ha ideado un proyecto que no pretende eliminar el sistema de subsidios cruzados, sino cambiar la manera en la que se clasifica a los ciudadanos y así focalizar las ayudas. “Se basa en un índice multidimensional”, dice Antonio Avendaño. Un medidor que, por primera vez, tenga en cuenta variables socioeconómicas.

Es la solución a falta de un padrón en Colombia. “La historia de violencia de este país ha impedido que haya empadronamiento. Los ciudadanos no quieren que nadie sepa dónde viven por seguridad, por el miedo que había a los secuestros”, explica Andrés Ortiz, secretario de Planeación de Bogotá. “Sin embargo, las empresas privadas, como las de telefonía e internet o los bancos, tienen todos nuestros datos”, responde Lippi.

El proyecto pretende recurrir a otros indicadores como la matriculación, las pólizas de seguros médicos y el uso de tarjetas de crédito para conocer mejor a los ciudadanos. “Alguien que vive en estrato dos, pero tiene matriculada una camioneta de cientos de millones de pesos, ya nos da una pista de sus ingresos”, apunta el secretario de Planeación.

 

Un sistema deficitario

El 76% de los predios en Bogotá son de estrato uno, dos y tres. Por mucho que se aumenten las facturas que pagan los ciudadanos de estratos 5 y 6 no son suficientes. La ley contempla un fondo de compensación para salvar esta diferencia. Es decir, recursos públicos para que las empresas no dejen de recibir dinero y puedan garantizar los servicios. “En 2015 el modelo solo cubrió el 69% de los subsidios en Bogotá”, recuerda el secretario de Planeación. “La ciudad tuvo que poner 52.000 millones de pesos (19 millones de dólares) y la Nación 250.000 millones (más de 91 millones de dólares) para agua”. Una cantidad de dinero público que podría destinarse a la construcción de colegios y hospitales o a otro tipo de políticas sociales.

“Las mismas empresas de servicios están en contra de modificar el modelo de estratificación”, asegura Roberto Lippi de ONU Hábitat. “Para una compañía debería ser indiferente de dónde venga el dinero. Pero una cosa es recibir un paquete fijo y seguro del Gobierno y otra, mes a mes de los usuarios. La primera opción tiene más ventajas económicas y financieras de flujo de caja”.

 

“Tiene zapatos de estrato uno”

Tres décadas de estratificación en Colombia han ido construyendo un imaginario colectivo que desposee al ciudadano de cualquier atributo que no sea el lugar en el que vive. “Los estratos han terminado haciendo parte del lenguaje colombiano. Te clasifican socialmente, incluso ideológicamente: pobre o rico; bueno o malo; izquierda o derecha”, explica Antonio Avendaño de la Secretaría de Planeación de Bogotá. En el argot colombiano se cuelan expresiones del tipo: “Lleva zapatos de estrato uno”.

En una entrevista de acceso a la universidad, para calcular la matrícula de estudios o cuando un ciudadano se postula a un nuevo empleo es habitual que una de las preguntas determinantes sea la calle en la que residen. El mérito académico y la capacidad de progresar en un trabajo tienen menor relevancia que el estrato.

“El estrato es un lastre que impide la movilidad social, provoca frustración y desigualdad”, afirma Ricardo Lippi. “El estudio no permite dar el salto social sobre el mérito, como sucedió en Europa”. “Ha radicalizado la segregación”, acompaña Andrés Ortiz, secretario de Planeación de Bogotá.

En Bogotá se visibilizan las barreras invisibles que podrían aparecer en cualquier capital del mundo. El sur es estrato uno y dos, por tanto, se identifica con la pobreza. En el centro hay una suerte de clase media. En el norte, los que denominan ricos, estratos cinco y seis. El estrato cuatro, el que paga lo que consume, no recibe ayudas ni las aporta, alberga un limbo para los estándares colombianos.

El ciudadano que vive en la zona norte de Bogotá se autosegrega instalando muros altos alrededor de su vivienda que refuerza con concertinas. “En todas las ciudades hay ricos y pobres, pero la separación no está avalada por el Estado como sucede en Colombia”, apostilla Lippi. “Este sistema genera poca cohesión social, aumenta la conflictividad, no permite usar de la manera más oportuna la mezcla que deberían ser las ciudades”.

El modelo tampoco posibilita que se produzca el mismo desarrollo en unas zonas y otras de las ciudades por la falta de urbanismo. Los vecinos de un barrio se niegan a que mejoren sus vías, construyan parques o habiliten nuevos espacios públicos porque conllevaría el aumento del estrato. “Los pobres están desconectados de los beneficios de la urbanización, es decir, de ser más prósperos”, explica Rafael Forero, especialista en Legislación, Gobernanza y Seguridad Urbana de ONU Hábitat.

 

Consenso político

La propuesta de Bogotá y ONU Hábitat es la número 13 que se presenta en Colombia para intentar cambiar el sistema. No depende de la voluntad de una alcaldía y un organismo internacional, sino del consenso político que se alcance en el Congreso para cambiar una ley nacional.

Mientras la ONU aboga por un sistema impositivo, Bogotá no pretende renunciar a la clasificación por estratos al considerarla “democrática y solidaria”. En lo que sí están de acuerdo es en la necesidad de hacer pedagogía para que los ciudadanos que han nacido y crecido con este modelo entiendan por qué muchos de ellos van a dejar de recibir subsidios y a qué se va a destinar ese dinero.

“Los estratos se asumen eternos. Y son una anomalía, no la Biblia”, dice Lippi. La ONU propone una revisión anual, construir el pacto social sobre la temporalidad. “Así se iría equilibrando el sistema y el Estado tendría más recursos para los que los necesitan. Nuestra propuesta es técnica y normativamente viable, lo que no sabemos es si es políticamente viable”.

 

 

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Ana Marcos / El País

Página Web - 2018/04/20

Fuente: https://elpais.com/

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En su artículo el arquitecto Victor Artis, habla que cuando Venezuela era una provincia poco importante para el reino español, imperaban el contrabando y la corrupción y los cargos públicos se vendían al mejor postor

“porque como no suelen venir a estas tierras sino dos géneros de personas, o de los que buscan a hacer fortuna, o de vagamundos quienes…… causan más perjuicio que provecho….”

Pedro J. de Olavarriaga, censo de la provincia de Venezuela. 1720 - 1721

Al inicio del siglo XVIII, Venezuela era una provincia poco importante para el reino español, imperaban el contrabando y la corrupción y los cargos públicos se vendían al mejor postor. Los enviados a gobernar eran temporales y  “llevados por el interés y la avaricia, permitían la salida y entrada de frutos” e insinuaban que era imposible eliminar el contrabando “por ser los interesados en su continuación”.  Olavarriaga calificó a los descendientes de las primeras familias españolas como “flojos y perezosos” y observó que quienes tienen tierras en las costas y tierra adentro no las cuidan como deben y “dejan que los mayordomos hurten”

¿Convendrá analizar si perduran algunos de esos resabios de tres siglos atrás?  Quizás de ahí vengan el culto a los permisos, la venta de combustibles y productos en alta mar y en las fronteras terrestres, actividades atadas a las diferencias monetarias y toleradas por quienes deberían controlar.  Otros síntomas han sido el sacar dinero de programas oficiales acertados como el Arrendamiento de activos fijos con opción de compra (CAP I) y el Fondo Chino, así como los créditos baratos y hasta condonables para producir alimentos, sistema para vivir bien sin ensuciarse las manos. Si en algún momento fuera posible revisar los modos de gobernar, estas experiencias deberían recordarse para evitar que los oportunistas sigan obstruyendo el progreso.

En  lo urbano la falta de responsabilidad es evidente en la reticencia a pagar impuestos municipales y en el temor de los gobernantes a perder votos si propusieran acercar las contribuciones a los costos operativos.  En urbanizaciones como Cerro Verde, El Cigarral, La Lagunita y Alto Hatillo, más del ochenta por ciento de los contribuyentes son morosos crónicos y no se divulga el aforo, lo recaudado, el gasto en mantenimiento ni el necesario.  Si algún día entendiéramos las ciudades como condominios que requieren aportes de todos, las tarifas de los servicios públicos cubrirían el costo de suministrarlos, pero esto no ocurrirá mientras los gobernantes teman inclinar en su contra los resultados electorales.  

Formar una sociedad de ciudadanos responsables debería ser una tarea fundamental indispensable porque al perder importancia el petróleo vamos hacia el fin de la vida fácil. Esperar un programa oficial en ese sentido seria utópico ya que no produciría frutos electorales inmediatos, porque los resultados vendrían a largo plazo y en especial  por  el riesgo de que una ciudadanía responsable rechace a quienes solo saben dedicarse a la política.

Sin embargo, nada impide a la sociedad intentar iniciativas opcionales y hasta elementales como ofrecer, en instituciones educacionales privadas, instrucción en el manejo de automóviles, con énfasis en el conocimiento de la legislación y en el comportamiento en el tránsito, más que en el simple pisar pedales y mover volantes.  De mayor trascendencia seria promover competencias en juegos de simulación de la administración urbana, como SIM CITY u otros, basados tanto en estimular la conciencia colectiva de los ciudadanos como el principio de aportar para operar y mantener las ciudades.  Como antes dicho, sorpresivo seria que estas  iniciativas vinieran de quienes solo pueden vivir de la política, aunque lo justo es mantener esperanzas en el buen desempeño de excepciones libres de flojera y dejadez.

 

 

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Victor Artís / El Universal

Página Web - 2018/04/10

Fuente: http://www.eluniversal.com/

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