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El arquitecto Víctor Artis en su artículo de opinión afirma que la planificación de ciudades debería ir más allá de producir mapas con excelentes imágenes de lo posible.

Es constante la concentración de habitantes en áreas urbanas, formando lo que diversos autores denominan metrópolis, megalópolis, conurbaciones, regiones urbanas o constelaciones de ciudades. Algunos predicen un futuro donde las ciudades y sus gobiernos serán más relevantes que lo nacional, situación anticipada por Jane Jacobs en 1984 en su libro “Ciudades y la Riqueza de las Naciones” que subtituló como “Principios de Vida Económica”. En él enfatiza su visión sobre el desarrollo urbano como un proceso permanente que acumula avances en conocimientos y prosperidad.

El libro atribuye el inicio del crecimiento urbano al intercambio entre poblados y al esfuerzo para sustituir importaciones por producción propia, proceso que oscila entre la prosperidad y la decadencia. Destaca que el derrumbe de Roma y el declive del imperio británico se debieron a dedicarse más a la gestión de lo extraído de las colonias que a producir nuevos bienes intercambiables, función que considera imprescindible para prosperar. Califica como “transacción hacia el declive” a los gastos militares, cuando no existen conflictos, porque toda importación debe estimular exportaciones, y lo mismo piensa en cuanto a los subsidios creados con recursos succionados de ciudades pujantes para mantener poblados estancados o sin voluntad para prosperar.

La posibilidad de crecer o decaer, latente en todas las ciudades y en todas las épocas, indica que son procesos continuos a conducir en base a la base económica que las sustente y a la disponibilidad de recursos ciertos para invertir una vez acordadas prioridades y etapas, aspectos ausentes en nuestros planes urbanos. Debido al situado constitucional, nada existe para estimular la competencia entre ciudades porque todas están subsidiadas. Dado que el jolgorio del petróleo se extingue, el situado merece ser revisado, podría ser condicionado para invertirlo o para crear un fondo financiero perdurable para que los gobiernos locales otorguen préstamos a iniciativas privadas productivas. Dedicarlo a gastos comunes o burocráticos esconde la indolencia, en vez de estimular iniciativas para prosperar. Sería justo si la distribución de la población en el territorio fuera perfecta y estable, pero cada día son más los habitantes urbanos.

La planificación de ciudades debería ir más allá de producir mapas con excelentes imágenes de lo posible expresadas en ordenanzas rígidas que no contemplan la posibilidad de incorporar ajustes durante su vigencia. Para estar cerca de lo real, deberían incorporar el rol de la base económica para estimar los tipos de empleo y los niveles de ingreso, factores determinantes de las demandas, experticia aplicada en Ciudad Guayana y en el Metro de Caracas.

En tres cuartos de siglo el país ha dejado de ser una dispersión de ocupaciones aisladas y se aglutinan regiones metropolitanas incipientes que no contarán con muletas petroleras para concebir oportunidades de progresar. Como se perciben unas siete grandes ciudades que mas pronto que tarde deberán llevar el país a cuestas, convendrá no desperdiciar recursos en oponerse a la irreversible concentración de población en complejos urbanos con potencial para sustentarse, si lograran ser gobernados por equipos dedicados a promover en lugar de suplicar dádivas o subsidios. Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo.

 

 


VICTOR ARTIS / El Universal

Página Web - 2019/03/02

Fuente: http://www.eluniversal.com/


La inmigración ha contribuido al crecimiento de la población y esta se ha urbanizado en proporción creciente, afirma el arquitecto Victor Artis

Reseñas recientes predicen preponderancia de las ciudades sobre lo nacional, argumento que proviene de países donde hay aglomeraciones que superan los treinta millones de habitantes con un crecimiento que, como en Kinshasa, podrán superar los cincuenta millones en menos de dos décadas. Se anticipa que ciudades con esas dimensiones tendrán relaciones diplomáticas propias y autonomía en funciones hoy exclusivas de los gobiernos nacionales. En cierta forma sería como regresar al origen, vivir en comunidades aisladas produciendo lo necesario para su consumo propio. Si tenían excedentes los intercambiaban y la especialización propiciaba el crecimiento; al equilibrar lo importado con lo exportado, evitaban depender de otras.

A muchas ciudades prosperas se priva de parte de su riqueza para subsidiar zonas atrasadas a pesar de que los receptores carezcan de empuje propio, como el atrasado Sur de Italia con respecto al próspero Norte. Ofrecer prosperidad sin esfuerzo consigue votos, pero un país decae cuando la mayoría ofrece ilusiones de prosperidad y cuando gobierna distribuye pobreza por privar de recursos a las regiones o ciudades dinámicas, las que sostienen al país. La historia señala que fuimos una economía de subsistencia, apoyada sobre café y cacao, con comercio, funciones de gobierno y servicios mínimos en salud, educación y distracciones concentrados en ciudades. Escasas eran la producción industrial, las necesidades y las aspiraciones en un país plácido y estancado donde un manto de petróleo cambió todo. Ahora somos uno de los países que dependen de la venta de recursos naturales no renovables y sin procesar, es decir, sin agregar trabajo, somos colonias económicas, rehenes de las demandas que dictan los precios.

Gracias a mejoras en la atención a la salud hay más nacimientos vivos y la longevidad es mayor. La inmigración ha contribuido al crecimiento de la población y esta se ha urbanizado en proporción creciente, aunque, por ahora, vivimos una etapa anómala donde la población va descendiendo al nivel del 2010. Los medios abren expectativas que el facilismo intenta satisfacer con subsidios a los servicios públicos y a otras contribuciones con precios irrisorios, sin relación con los costos para proveerlos, causa del deterioro o insuficiencia de los sistemas. El situado constitucional es un subsidio general libre de condiciones que igual ayuda a los que se esfuerzan como a quienes no intentan generar prosperidad pero con gran avidez lo entienden como un derecho adquirido indispensable y siempre insuficiente.

Ayudar o subsidiar a entes dormidos parece ser despilfarrar recursos, nada aporta a la economía, pero esta es la situación de donde debemos arrancar para tratar de ser un país serio y de trabajo eficiente. Un reto es exportar trabajo para sustituir la venta de productos naturales no renovables, los que se agotan. Vivir del petróleo ha sido fácil y provechoso pero significa subsistir socavando la salud del planeta. Otro reto es impulsar y estimular el desarrollo de las conurbaciones, por ahora incipientes, porque gracias a ellas sobrevivirá y destacará el país porque las ciudades son el crisol donde crece la economía, nacen las innovaciones, aumentan las exportaciones y se expande la diversidad. Además, como necesitan un abastecimiento seguro, generan mejoras en producción agraria y en la vida de los productores.

Constancia y una conducción sensata serán imprescindibles para cambiar facilismo por esfuerzo, labor ardua y a largo plazo, diferente de la propensión a improvisar para lograr efectos inmediatos.

 

 


Victor Artis / El Universal

Página Web -  2019/01/19

Fuente: http://www.eluniversal.com/


La necesidad de emprender en las ciudades existirá siempre afirmó Anafina Vargas

El emprendimiento es reconocido como una acción que contribuye al desarrollo de las sociedades, lo podemos conceptualizar como un fenómeno donde una o varias personas reconocen una necesidad o problema, conciben una solución innovadora, obtienen y gestionan los recursos para llevarla adelante.

Las necesidades o problemas que dan origen a los emprendimientos suelen ser sentidos o vividos por los emprendedores. Ante la pregunta ¿cuántos problemas hay en nuestra ciudad?, suele surgir una larga lista. Es muy probable que pensemos en necesidades tan variadas como: la movilidad, la seguridad, un lugar cercano para la recreación de los niños, un buen colegio, un buen café, un lindo espacio para tomar un rico chocolate, etc.

La mejor motivación para emprender es padecer en primera persona un problema, esto brinda el impulso que lleva a buscar la mejor solución, es por ello que las ciudades se hacen más amigables cuando se estimula y facilita que sus habitantes emprendan satisfaciendo sus propias necesidades.

Diversas ciudades a nivel mundial están promoviendo la generación de ecosistemas de emprendimiento, donde es clave la participación de universidades, gobiernos, comunidades y entes financieros. Un ejemplo interesante es “Sé Santiago Smart City”, una iniciativa cuyo objetivo es “ser un espacio en que podemos identificar problemas, reflexionar y articular potenciales soluciones a una escala de ciudad, pero también promover soluciones en una escala de políticas locales, aplicables en comunas y barrios, es decir, desde el propio territorio en que se presentan las problemáticas y pueden transformarse las prácticas urbanas con intervenciones inteligentes, simples, creativas, que tienen la astucia de mirar las cosas desde una perspectiva distinta”.

Ver las posibilidades de emprendimientos a toda escala deja en claro la amplitud de oportunidades que existen. Podemos tener emprendedores con soluciones a pequeña escala como el jardinero de una urbanización, la repostera de un barrio, la costurera en un pueblito, hasta quienes se dedican a resolver temas como la vialidad en la ciudad, el consumo de energía, etc. Así mismo, son necesarios emprendimientos en diversas áreas: deportivos, culturales, ecológicos, artísticos, etc.

La necesidad de emprender en las ciudades existirá siempre, pues sus problemas y necesidades no acaban, sólo cambian, evolucionan con sus habitantes o aumentan con el crecimiento de los mismos. Surgen fenómenos sociales que demandan atención, cambios demográficos como el envejecimiento de la población o los procesos migratorios darán lugar a nuevas necesidades.

El círculo virtuoso del emprendimiento es responsabilidad de todos, cada uno de los emprendedores que ofrece servicios o productos a sus vecinos, debe tener como norte brindar la mejor calidad, para lograr una satisfacción total de sus clientes, sin perder de vista que sus actividades sean amigables con el medio ambiente y contribuyan con el desarrollo de su comunidad.

 

 


Anafina Vargas R. - Universidad Metropolitana / El Universal

Página Web - 2019/01/12

Fuente: http://www.eluniversal.com/


En su artículo de opinión María Eugenia Clavier afirma que "esta destrucción ambiental puede asumir distintas formas: La contaminación ambiental, el tráfico ilegal de especies y la deforestación"

 

Es un término relativamente reciente –un neologismo– formado en base a “eco” (por ecológico) y “cidio” (por matar o eliminar). El ecocidio es entendido como “un daño grave a los ecosistemas de un territorio”. Muchos diccionarios ya lo incluyen.

Esta destrucción ambiental puede asumir distintas formas: La contaminación ambiental, el tráfico ilegal de especies, la deforestación, la alteración de la geomorfología, son algunas de las acciones humanas que pueden generar daños significativos al equilibrio de los ecosistemas, tanto que sobrepase la capacidad de los mismos para regenerarse. Son daños irreparables. En algunas definiciones se incluye la salvedad que el ecocidio puede ser producto de la acción humana u otro factor. Es un aspecto que está en discusión.

La mayoría de los conceptos hacen referencia a efectos a gran escala, que inciden sobre la vida en general en ese territorio. No es difícil entender el efecto adverso sobre el equilibrio y calidad de la vida que pueden tener aire, suelos y aguas contaminados; especies extintas o en peligro de extinción; o vegetación eliminada sin posibilidad de renovarse. Tanto es así que en algunos países ya se penaliza el delito ecológico.

Un ejemplo destacado –que combina la mayor parte de los efectos adversos– es la minería a cielo abierto. Tala de extensas áreas boscosas; excavaciones de grandes dimensiones que afectan la morfología del terreno, el paisaje, y con frecuencia califican como uso indebido del suelo; uso de químicos cuyos residuos se filtran o descargan en suelos y aguas superficiales y subterráneas; pérdida de flora y fauna silvestre; e impactos negativos en las comunidades cercanas. Esta actividad debe realizarse bajo estricta supervisión y en cumplimiento de la normativa ambiental. Lamentablemente, sólo la explotación industrial es supervisada –y no siempre en forma adecuada– pero además existen innumerables operaciones ilegales que escapan a todo control. Ejemplo local: La minería ilegal en los estados Bolívar y Amazonas.

Intervenciones sin seguir criterios adecuados pueden producir distintos impactos negativos en los componentes –naturales o construidos– del entorno. Al descargar, por ejemplo, sistemas de drenaje en los cuerpos de agua, no sólo se contamina el agua y el suelo, sino se altera el volumen de las aguas, afectando el balance hidrológico. Ejemplo local: La cuenca del lago de Valencia.

No todos los daños ambientales irreparables califican en la concepción de ecocidio, básicamente por la extensión que el concepto involucra. Pero eso no le quita lo dañino ni lo irreparable cuando un árbol es cortado sin razones válidas, son años de “esfuerzo natural” que se pierden al paso de una sierra, decenas de ramas de sombra y abrigo –para otras especies de flora y muchas de fauna–, circulación de nutrientes en el suelo, fijación de CO2, prevención de erosión, reducción de temperatura, entre otros muchos aportes, además de su belleza. Ejemplo local: Las recientes intervenciones de ornato urbano en el área Metropolitana de Caracas.

La destrucción ambiental no sólo ocurre en las grandes selvas del sur, una versión urbana, a menor escala, puede estar pasando al final de tu calle.

 

 

 


María Eugenia Clavier / El Universal

Página Web - 2018/11/17

Fuente: http://www.eluniversal.com/


La vivienda asequible emerge en este inicio del siglo XXI como uno de los problemas sociales más dramáticos y urgentes al que nos enfrentamos. Un problema especialmente agobiante en las grandes ciudades, que se están viendo presionadas por nuevos factores. Por un lado, el hecho de que la crisis ha desplazado población desde localidades pequeñas hacia las ciudades más grandes. Por otro, el hecho de que las nuevas plataformas digitales facilitan la sustitución del uso residencial por usos turísticos de una parte del escaso parque de vivienda de alquiler existente.

La vivienda atiende a muchos fines esenciales para una vida digna. Protege del frío y del calor; guarda los bienes de las personas; da a los niños un lugar en el que crecer sanos; ofrece a los mayores un sitio que los protege; da privacidad a la vida familiar; hace, en definitiva, a las personas mejores padres, mejores ciudadanos y mejores vecinos.

La escasez y el elevado precio en relación con los ingresos familiares para costearla hacen que la vivienda en España actúe al modo de una tijera de la pobreza, cuestión de la que hablé en una columna publicada hace unos meses. Pero las consecuencias van más allá. Por un lado, la falta o la mala calidad de la vivienda asequible influyen en la salud y en el porvenir de los niños que viven en esos hogares. Por otro, impide la emancipación de los jóvenes a la edad —la década de los veinte— en que han de hacerse responsables de sus vidas. El impacto de este retraso emancipatorio en la cultura moral de los jóvenes es tremendo. Sin olvidar el efecto que ese retraso tiene en la capacidad de innovación social, política y económica.

Así las cosas, sorprende la desidia con la que los gobiernos de la etapa democrática han abordado la cuestión de la vivienda asequible. No digo que no haya existido ningún tipo de política pública. La ha habido, pero ha ido dirigida a la compra de vivienda privada por parte de los grupos acomodados. Una política instrumentada fundamentalmente a través de las exenciones fiscales a la compra. Una política que ha hecho que España sea el país europeo con mayor proporción de propiedad en relación con la cantidad total de vivienda residencial existente.

Pero ese tipo de políticas no tienen efectos directos sobre la gente con escasos recursos. Para ellos la política de vivienda tiene que ser diferente. En varios sentidos. Uno es que el mercado privado por sí sólo no puede resolver esta necesidad social; se requiere la implicación directa de los sectores públicos estatales, autonómicos y locales. Otro es que el criterio no puede ser la eficiencia de los instrumentos públicos empleados sino la equidad: ayudar a acceder a la vivienda a las familias pobres es un objetivo moralmente válido en sí mismo.

¿Por qué los gobiernos democráticos no se han visto compelidos a actuar de forma más contundente? En mi opinión, la desidia tiene que ver con el hecho de que la vivienda asequible no está aún contemplada, ni en la legislación ni en la cultura política, como un derecho social básico con la misma intensidad con que lo están la educación, la sanidad, el paro o las pensiones. La redistribución operada por el Estado social que se construyó a partir de la segunda Guerra Mundial para erradicar la elevada desigualdad y pobreza existente en las primeras décadas del siglo XX respondió a dos grandes impulsos. Por un lado, al principio de igualdad en el acceso a bienes básicos como la educación y la sanidad. Por otro, una lógica de derechos relacionada con la falta de cobertura de ingresos para atender a la pobreza de los mayores que venía de las situaciones de desempleo y de la jubilación. Hoy tenemos que ampliar esa lógica de derechos a la vivienda. Y quizá también a la cultura.

En la primera mitad del siglo XX fueron las guerras las que hicieron tabla rasa con el pasado y acabaron con el mal endémico de la desigualdad y con la pobreza de los mayores. Hoy la desigualdad y la nueva pobreza de niños y jóvenes vuelven a ser un problema endémico. Una pobreza que viene en gran parte de la falta de vivienda asequible. Necesitamos construir un nuevo contrato social para el siglo XXI que contemple la vivienda asequible como un derecho social exigible de forma efectiva. Y diseñar nuevas instituciones y políticas públicas que abordan, tanto de forma justa como eficaz, la cobertura de este derecho.

 

 

 


Antón Costas / El País

Página Web -2018/11/11

Fuente: https://elpais.com/