Una ciudad equivale a un condominio donde provisión de servicios debe ser mantenida
Según el derecho sajón, lo no prohibido está permitido, concepto contrario al derecho latino que nos rige, donde solo se permite lo autorizado. Este enfoque lleva a la costumbre de pedir permiso para todo y a suponer que "alguien" satisfará las necesidades y resolverá los problemas. Así era cuando mandaba el rey de España y ahora esperamos lo mismo de los gobernantes por aceptar que la mayoría de las actividades estén supeditadas a obtener permiso. Quizás a ello se deben la viveza de hacerse el loco en cuanto al pago de impuestos municipales y de los servicios consumidos, y la virulencia al reclamar fallas, por entenderlas como agresiones, porque el culpable es quien da permiso.
Una ciudad equivale a un condominio donde la provisión de servicios y amenidades debe ser mantenida con los aportes de todos los ciudadanos y calculados en función de lo consumido. Esto es la responsabilidad ciudadana tan escasa en el país y que promoverla debería ser una función continua de los gobernantes, aun con riesgo de perder votantes a su favor. Por consideraciones politiqueras lo supuesto a recaudar suele ser insuficiente, lo que quedaría en evidencia al confrontar lo gastado en mantenimiento y mejoría con lo necesario, situación que deberían demostrar facturas de los impuestos, si discriminaran las diferencias entre ambos y las identificaran como el subsidio a cada contribuyente para poder disfrutar de vida en ciudades.
Un caso extremo son las lotificaciones que venden terrenos sin servicios y siembran la falsa expectativa de que proveerlos y mantenerlos corresponderá a las Alcaldías. No puede ni debe ser así, porque los compradores adquieren con conocimiento de causa y por lo tanto si la autoridad municipal suministrara aseo urbano, vialidad, agua potable y energía, así como equipamientos, sería retroceder a suponer o esperar que el Rey solucione. Ahora no hay Rey, solo otros ciudadanos que contribuyen con impuestos y con la porción que les corresponde de la riqueza extraída del subsuelo. Pero en ese insólito sentido, va el diferido PDUL de El Hatillo, donde los artículos 112 y 113 de la ordenanza establecen que corresponde a la administración municipal formular y ejecutar los planes especiales de las zonas "Habilitación Urbana". Esto, por ser una hipoteca creciente e imposible de redimir, amerita revisión porque asignar a los residentes el aporte o gestión de los recursos necesarios significa abandonar los barrios a su suerte.
Los costos de vivir en ciudades son diferentes en cada una. No es lo mismo suministrar agua a Charallave que a Los Teques, ni energía a Ciudad Guayana que a Calabozo. Pero los políticos, por funcionar sobre la base de promesas y no a verdades, temen perder votos si ajustan impuestos y tarifas a los costos, temor que antepone el culto a la golilla a la responsabilidad y a la participación ciudadana en la vigilancia de la cosa pública. Es indudable que esta actitud aceptada como normal, tanto a nivel nacional como en el ámbito local, no perduraría si la demanda de petróleo se redujera y las ciudades solo pudieran existir con aportes de residentes.
VICTOR ARTIS / El Universal - Entorno Urbano
Página Web - 2013/11/09
Fuente: http://www.eluniversal.com/