Las renovaciones en los sectores urbanos hará que las áreas vendibles generen plusvías
Urbanizar es sumar parcelas, vías, equipamientos y servicios públicos de acuerdo con normas ambientales y sobre sostenibilidad y planificación urbana. Todos estos aspectos generan el costo de las parcelas vendibles y es pagado por los compradores. Leyes simples han dispuesto que la propiedad de los equipamientos, los servicios y la vialidad sea transferida a las municipalidades y a organismos nacionales especializados y en consecuencia quienes pagaron no tienen derecho a decir sobre como operarlos y mantenerlos.
Vista la nula eficiencia de las empresas de servicios y de las Municipalidades, es obvia la necesidad de legislación que proteja a los verdaderos dueños de la incompetencia de funcionarios a quienes nada duele porque nada les costó, aunque justo es excusar excepciones ocasionales. Si los residentes retuvieran la propiedad sobre los componentes urbanos tendrían la potestad de contratar la administración con empresas o personas especializadas y podrían cambiar de concesionarios si fallaran y las HIDRO, tendrían como función generar y transportar agua a las ciudades para venderla a las comunidades en bloque para que estas la distribuyeran. Lo expuesto es válido para suministrar energías y mantener vías y áreas públicas, cambio drástico que reduciría las tareas y responsabilidades gubernamentales porque pasarían de ser culpables a fiscales para vigilar el buen cumplimiento. El drenaje pluvial y la potabilización del agua tienen alternativas en función de la extensión de las cuencas y del área urbanizable.
Renovar sectores urbanos implica aumentar las áreas vendibles, sean para viviendas, comercios, industrias u otros usos y por tanto genera plusvalías. Tal como ocurre al urbanizar, parte de esos nuevos valores deberían ser suficientes para dotar al área renovada de los equipamientos y vialidad requeridos por el incremento de población y usos. De aquí se deduce que urbanizar, reurbanizar, rezonificar y renovar deben entenderse como sinónimos y si alguna diferencia hubiere es en lo atinente en quien asume los gastos, los cuales en realidad son inversiones porque el propósito es aumentar el valor de los inmuebles. Hasta hoy en las rezonificaciones de El Paraíso, El Rosal, Las Mercedes y Campo Alegre han disminuido los índices de servicios y de equipamientos por persona y por lo tanto es menor la calidad urbana y lo mismo sucederá en las recientes muestras de incompetencia aprobadas para Los Chorros y en la franja de Baruta paralela al Guaire.
Al urbanizar, los proyectos de los componentes determinan los costos mientras en las rezonificaciones cumplidas es evidente que los costos se consideran como irrelevantes por no provenir de proyectos de vialidad, acueductos, cloacas y electricidad, ni la adquisición de espacios para aumentar la dotación de equipamientos. Solo son pseudo proyectos de renovación impulsados por concejales y profesionales escasos de ética; a ninguno parece importar que sus actuaciones deterioren la ciudad y por ello endosan el costo de corregir carencias a todos los ciudadanos de un futuro nebuloso. Pero cuidan a los beneficiados que conocen y votan.
Lo expuesto señala la necesidad de legislación capaz de estimular la mejoría de la mediocridad urbana que nos ha dejado la prosperidad petrolera. Entre las prescripciones de esa legislación deberá estar incluida la obligación de que los propietarios de las parcelas asuman los costos porque ellos cosecharán las plusvalías. Por ser imposible que cada propietario amplíe el sector de calle o construya el tramo de cloaca ubicados frente a su propiedad, se deberán constituir asociaciones para elaborar proyectos, construir las obras que corresponda y adquirir terrenos para adecuar las dotaciones de equipamientos, actividades de interés público que merecen el apoyo de créditos especiales y procedimientos de autorización sencillos.
VICTOR ARTIS / El Universal
Página Web - 2020/02/29
Fuente: http://www.eluniversal.com/