En Caracas están en vía de extinción los hospedajes temporales económicos, de alta rotación, conformada por una sola habitación, conocidos como pensiones o “casas de vencida”, en los que se cancela por una noche. En un recorrido del equipo de ÚN por la avenida Baralt, La Pastora y la parroquia San Juan, paralelo a la avenida San Martín, municipio Libertador, no se encontró disponibilidad.
Quienes las ocupan en estos momentos pagan un arrendamiento fijo para estar ahí de forma permanente. Hay “inquilinos” que tienen hasta 30 años cancelando diario, semanal o mensual por la “pieza”, que no supera un espacio de dos metros por dos, sin derecho a lavar o cocinar.
Los precios de alquiler están entre Bs 1.000 y Bs 3.500.
Zulay Gómez es arrendataria en una pensión de San Juan; explica que seguirá alquilando en esta vieja casa porque no tiene posibilidad con un ingreso de buhonera alquilar un apartamento y mucho menos comprar un inmueble. “Primero, la gente no quiere alquilar, y si se consigue un lugar te piden hasta un año de depósito y tienen que llevar toda clases de papeles para que seas candidato a inquilino”, indicó la mujer.
Roberto Orta, presidente de la Asociación de Propietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), organización no gubernamental fundada en 2003 por la defensa de la propiedad privada, explicó que la situación de los hospedajes tipo pensión es reflejo de la crisis actual para adquirir un inmueble comprado o alquilado. Recordó que en 2010, por orden del presidente Hugo Chávez Frías se intentó regular estos espacios de forma arbitraria, matando la opción que tenía la gente del interior del país que venía a realizar diligencias a Caracas, o extranjeros.
“No hay pensiones, se acabó esta oferta. En una pensión se podía cancelar por una noche hasta Bs 50 en 2010. Con las medidas del Gobierno, liderizadas por grupos colectivos se arremetió hace 4 años contra los dueños y encargados de pensiones. Se hicieron promesas de mejoras, luego de un censo. La nueva Ley de Arrendamiento establece el registro e incluye derechos y deberes a estos establecimientos”, dijo el jurista Orta.
El encargado de coordinar el censo de estos hospedajes en 2010 fue la Alcaldía de Libertador. En ese momento se contabilizaron 250 pensiones en la parroquia San Juan. Se detectó que la mayoría de inquilinos eran de nacionalidad dominicana y colombianos, sin documentos. Se habló de demoler hasta una cuadra y construir apartamentos para los venezolanos que vivían en esas condiciones. Nada se cumplió.
En la Av. Baralt se contabiliza 800 familias que viven de forma permanente en pensiones o “casas de vencida”. Quienes tienen hijos sólo los ven los fines de semana, no tienen derecho a tenerlos con ellos de lunes a viernes. Los dejan en casas de familiares o amigos.
DORIS BARRIOS / Últimas Noticias
Impreso Dígital - 2014/04/07