Ahora es más difícil. El salario de Luis, Maritza, Antonio, Gabriela, o cualquier persona que cuente con sueldo mínimo no es suficiente. Optar por un crédito hipotecario en Venezuela resulta cuesta arriba. Las condiciones cada vez son mayores. El Gobierno nacional impuso nuevas normas que hacen más restrictivo el acceso a una vivienda propia. Se ajustaron a tres los salarios básicos que deben tener las familias para acceder a los financiamientos, subieron los precios de venta de las casas y se redujeron los fondos a los proyectos privados. El panorama luce aún más deprimido.
Todas estas medidas corresponden a las modificaciones establecidas en la Gaceta Oficial 40600 del 11 de febrero, que para el vicepresidente de la Cámara de la Construcción de Carabobo, Luis Barón, no mejoran la situación del sector que en la región tuvo una contracción del 80% durante el último año. Las consecuencias serán muy evidentes. “Si con esfuerzo el sector privado podía edificar tres mil unidades, ese número se verá reducido a la mitad”.
Menos oportunidades
La resolución de 2014 permitía el acceso a créditos hipotecarios a aquellos que devengaran hasta un salario mínimo. Pero eso cambió. Según la norma, para gozar de los créditos para adquisición por la vía de la cartera obligatoria deberán tener ingresos mínimos de tres salarios mínimos, lo que es igual a 16 mil 903 bolívares, y máximo 15 salarios mínimos, u 84 mil 510.
Adicionalmente, el Ministerio de la Vivienda elevó hasta en 14% el precio de las unidades que se construyan con fondos de la gaveta. Todo indica que el costo actual del metro cuadrado de las casas de interés social va desde 11 mil 500 bolívares hasta 19 mil 400 bolívares. Barón detalló que en Carabobo los precios del sector privado se incrementaron hasta en 100%. Un apartamento de 100 metros cuadrados en Valencia pasó en un año de 10 millones de bolívares a 20 millones.
Sector privado perjudicado
Las reformas hipotecarias no incentivan la construcción de viviendas. La distribución de la gaveta, que se mantiene en 20% de la cartera total, se modificó y ahora las entidades deben dar más recursos para la compra de viviendas, al establecerse los valores en 60% para la construcción de nuevas unidades, 38% para la adquisición de casas y 2% a los créditos de autoconstrucción y mejoras.
Barón indicó que lo peor es que al darle privilegios a las unidades de interés social, la empresa privada solo contará con 25% del dinero asignado para la construcción. El resto es para la Misión Vivienda. Antes de la modificación gozaban del 34%. El 75% será percibido por el Órgano Superior de la Vivienda y para ello el Fondo Simón Bolívar para la Reconstrucción (esquema que maneja los recursos de la Misión Vivienda) emitirá papeles que serán dados a la banca a cambio de los fondos.
DAYRÍ BLANCO / El Carabobeño
Página Web – 2015/03/15
Fuente: http://www.el-carabobeno.com
