Pese a la existencia de regulaciones oficiales de precios, numerosos compradores anaquenses deben pagar hasta 950 bolívares por cada saco de cemento comercializado a través de diversos puntos de venta ilegal, situación que además de causar molestias, impide culminar a tiempo la remodelación o ampliación de viviendas.
Así lo dieron a conocer esta semana varios afectados, quienes destacaron que la irregularidad se viene presentando con alarmante frecuencia desde mediados de 2014, fecha cuando la escasez del pegamento calizo se hizo evidente en las ferreterías de esta localidad.
Otros, como el trabajador jubilado Carlos Betancourt, aseguran que “hacer una larga cola delante de esos establecimientos, tampoco es garantía para acceder a la cuota máxima diaria de cinco unidades por persona, ante la sempiterna presencia de revendedores que acaparan a su antojo los primeros lugares”.
“Luego de adquirir el producto, los miembros de estas mafias suelen ofrecerlo con sobreprecio en plena vía pública, protegidos siempre por sujetos armados, lo que evita la posibilidad de reclamarles tan nefasta práctica”.
Betancourt comentó que “en reiteradas oportunidades, cientos de perjudicados nos hemos dirigido a la oficina local de la (Superintendencia Nacional de Derechos Socioeconómicos y Precios Justos) Sundde, para interponer la queja, pero hasta la fecha no se han aplicado los correctivos solicitados, no teniendo otra opción que acudir a ese mercado negro a fin de poder surtirnos y terminar las obras iniciadas en nuestras casas o negocios”.
Por su parte, Asdrúbal Salazar, secretario del Sindicato de la Construcción en Anzoátegui, manifestó que “un fenómeno similar sucede con ciertos materiales esenciales para este sector, pues el alambre dulce se cotiza en 400 bolívares por rollo, mientras una cabilla no baja de los 350”.
El Mundo Oriental
Página Web – 2015/06/16
Fuente: http://www.mundo-oriental.com.ve