Autoridades investigan presuntas irregularidades
Tomar acciones legales y elevar sus denuncias ante la propia Presidencia de la República, si es posible, prometen voceros de 142 familias adjudicadas en el complejo residencial Costa Linda, en Tarma Abajo (Carayaca).
Señalaron que están cansadas del acoso que, supuestamente, les tiene la Comisión Presidencial de Refugios Dignos (Copredig).
Los adjudicatarios aseguran haber cumplido los pasos legales para estar en el conjunto, pero el organismo alega que hubo irregularidades en el proceso. Por ello, desde hace un mes intentan desalojarlos.
Beneficiarios relataron que Copredig ha cambiado las cerraduras de 20 apartamentos. Cuando las personas que los tienen asignados fueron al ente a reclamar sus llaves, les dijeron que no podían regresar. Acto seguido, los adjudicatarios pusieron otras cerraduras e ingresaron a sus casas.
Legal
El coronel Francisco Lugo, segundo al mando en Copredig, señaló que no podía explicar los pormenores del caso vía telefónica.
Dijo a la secretaria privada de la gobernación, Yamileth Maldonado, que ÚN debe ir al ente, con sede en Caracas. Aseguró que todo sigue un proceso apegado a la legalidad.
Proceso
En 2013 llegaron a Costa Linda 142 familias (78 enviadas por Min-Deporte y 64 por Min-Justicia, ente que adquirió 51% de los apartamentos del urbanismo).
Leonardo Maita, funcionario de Min-Deporte y adjudicado, fue designado por la entonces ministra, Alejandra Benítez, para las gestiones. Aseguró que el proceso fue transparente y que cumplieron los parámetros de Min-Justicia.
Maita aseguró que fue un oficial de la GN, adscrito a Min-Justicia, quien entregó las llaves de los inmuebles.
A la exministra Benítez, quien tramitó la mudanza de las familias, pues estaban refugiadas en áreas deportivas, se le llamó 10 veces ayer. Siempre tuvo el teléfono apagado.
Obligados a convivir sin soportarse mucho
Un conflicto de convivencia vecinal es otro de los males en las residencias Costa Linda, a raíz de la llegada de las familias adjudicadas.
Los nuevos residentes organizaron el Consejo Comunal Unión y Fuerza Costa Linda, y aseguran que la junta de condominio les ha hecho la vida imposible. De hecho, hasta la fecha, se niega a reconocer el consejo.
“Hemos organizado jornadas sociales con Mercal y asistencia médica gratuita. Aún así han tratado de prohibirlas”, contó Nelson Rojas, vecino.
También se quejan del aumento abrupto, en este año, del costo del condominio. Pasó de Bs 600 a Bs 1.500 mensuales.
“Han descuidado las áreas internas, a veces el agua del tanque está sucia o cortan el agua, entre otras cosas. Pedimos que les hagan una auditoría, porque no sabemos en qué se invierte entonces el dinero que recolectan”, dijo Rojas.
Hay 280 apartamentos en el urbanismo.
Yonai Cartaya, vocal de la junta de condominio, explicó que el único interés es que la gente cumpla con los pagos y respete las normas.
“Aquí se pueden hacer actividades, solo hay que notificarlas con antelación. También hay una deuda grande con el condominio y tenemos varios proyectos que debemos costear”, indicó.
No obstante, vecinos se quejan de no ser tomados en cuenta en las decisiones del condominio y exigen participación.
FRANK HERNÁNDEZ / Últimas Noticias
Página Web – 2014/09/16