1 La legislación y práctica urbanística actual está basada en un modelo en que el Estado establece las normas para que actúen los privados con sus desarrollos, con instrumentos como el Plan de Desarrollo Local (Pdul) y las ordenanzas municipales.
2 Además, el Estado invierte el dinero de todos en la infraestructura necesaria. Es en ese marco normativo que la industria inmobiliaria privada actúa, construyendo viviendas, centros comerciales, oficinas, industrias y otras opciones que brinden posibilidades de recuperación y ganancias. La industria inmobiliaria es como una esponja que absorbe los excedentes de la economía.
3 Ese proceder solo es factible donde los desarrollos sean rentables, y todo lo que no sea rentable queda excluido de la inversión privada y, consecuentemente, de la inversión del Estado. Eso explica que el 45% de Caracas esté ocupada por los excluidos, los barrios, los tugurios, los edificios invadidos, sin servicios ni infraestructura, la gran herencia del capitalismo.
4 El urbanismo normativo permite otro negocio colosal, ya que se puede adquirir terrenos que, según las ordenanzas, tienen un uso rural o unifamiliar y luego cambiar la ordenanza para multifamiliar y comercial, y presionar por la vialidad, cloacas, agua, etc., lo cual multiplica su valor. La banca hipotecaria también baila con la misma música.
5 ¿Cómo hacer para cambiar ese modelo perverso? Debemos abandonar ese esquema del urbanismo normativo por un urbanismo proactivo en que el Estado, en armonía con las comunidades, asuma el rol protagónico.
6 Que el motor del desarrollo urbano deje de ser el lucro y pase a ser las necesidades de todos, la armonía entre las actividades humanas y los espacios físicos y funcionales que los albergan. Para eso hay que cambiar las leyes, eliminar las ordenanzas, declarar la propiedad social del espacio urbano y de la infraestructura que le da soporte.
7 El urbanismo normativo debe ser reemplazado por un urbanismo basado en planes y en inversión social que nos incluya a todos. Hay que arrebatarle el poder de hacer ciudad al capitalismo inmobiliario y asumirlo como nuestro. El plan urbano socialista debe ir acompañado de un plan de inversiones no solo en vivienda, sino también en movilidad, servicios y espacios públicos.
8 Por supuesto, mucho de eso ya se está haciendo y ciertamente esas ideas no son nuevas. La Gran Misión Vivienda y las iniciativas de la Alcaldía de Libertador para el rescate de los espacios públicos y la movilidad sustentable van en la dirección correcta.
9 Pero hay que hacer mucho más, sobre todo hay que estructurar esos procesos de manera orgánica, con soporte legal y con programas de inversión. Necesitamos una Ley de Ciudades Protagónicas, Participativas y Sustentables.
TOMÁS DE LA BARRA / Últimas Noticias
Impreso Digital – 2014/08/14