1 El 1º de julio, en un nutrido foro en Parque Central, una diversidad de organizaciones debatieron vivencias, anhelos y propuestas. Encuentro descarnado, pleno de optimismo, autocríticas, críticas solidarias y señalamiento de caminos y soluciones.
2 Organizado por el Movimiento de Pobladores, asistieron los ministros de Vivienda, Ricardo Molina, y de la Transformación Revolucionaria de Caracas, Ernesto Villegas, quienes escucharon y respondieron con igual franqueza con la que fueron tratados. Cada quien desde sus responsabilidades y visiones del tema urbano, de la vivienda y del poder popular.
3 Lo más destacado del evento fue la insistente aspiración de total participación y decisión del pueblo organizado en la política y en la gestión de vivienda, junto con los equipos políticos y técnicos. En particular en el Órgano Superior de Vivienda, donde se toman las decisiones de las grandes misiones de vivienda y de barrios.
4 Los colectivos presentes clamaron por una ley para la autogestión y contra la autoconstrucción del pasado lejano, sin planificación, dadivosa (se regalaban materiales) y abusiva del trabajo de los llamados beneficiarios.
5 La autogestión como mecanismo de participación mediante el cual las comunidades se organizan y se capacitan para compartir la planificación, el diseño, la gestión, la construcción, el seguimiento, el mantenimiento y la reformulación de las estrategias de vivienda en ciudades y barrios.
6 Donde se reconozca la capacidad popular para producir hogares, como lo han demostrado históricamente. Imposible obviar que las ciudades venezolanas y en Latinoamérica, la inmensa mayoría de las casas construidas fue por la gente, sin apoyo técnico ni financiero, y en terrenos “pellejos”, por causas estructurales de un modelo de desarrollo excluyente.
7 Se plantearon muchísimas ideas concretas. Los ministros aportaron comprensión y receptividad a los planteamientos, dudas y dificultades para aplicar algunas, pero con la promesa de buscar formas de lograrlas.
8 Finalmente, los asistentes coincidieron en la enorme trascendencia, nacional e internacional, de la Gran Misión Vivienda y la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. En ninguna parte del mundo, hoy, se está ejecutando un programa masivo y de la magnitud e impacto integral al progreso del país y de su población, como estas dos misiones. Así es, sin duda alguna.
Grandes negocios y destrucción urbana
En dos entregas anteriores planteamos el tema. Rodrigo Eleizalde argumentó que no es así y es fácil desprestigiar. Prometió comentarios que no llegaron. Dada la ausencia, insistimos. No se trata de desprestigiar. Son consideraciones sobre la trasparencia de ciertos negocios, más allá de aquellos muy válidos, en la construcción de edificios. Nos hemos estado refiriendo a quienes por acciones del Estado obtienen valorización de su propiedad.
Repetimos, si en un terreno se permite construir más de lo establecido en los planes urbanos, se le valoriza. Así, si antes se podía construir una vivienda y ahora 20, el valor se multiplica. Si antes con la venta de lo hecho se ganaba 50, ahora será 1.000. Pero, para que funcione bien lo nuevo, se requieren más servicios y equipamientos, con nuevas inversiones. En justicia, el propietario debe destinar parte de la ganancia extra –que no es un premio de lotería sin haber comprado billete– para contribuir a financiar lo nuevo y no cargárselo al Estado.
La función social de la propiedad del suelo ha sido tema muy trajinado. En 1946 Luis Lander, gran venezolano, lo planteó en la Asamblea Constituyente, derivándose disposiciones legales como la contribución por mejoras de 75% de la valorización de tierras por acciones del Estado. Han sido muchos los esfuerzos y numerosos los compatriotas frustrados, en fallidos intentos, tratando de lograr mayor equidad social.
Los propietarios se han negado a pagar o contribuir. En la última reforma de la Ley de Ordenamiento del Territorio, a mediados de los 90 del siglo pasado, la contribución se redujo a 5% (ínfima). Tampoco pagan.
Reafirmamos, mecanismos legales permiten que pocas personas modifiquen lo previsto en los planes. Hay funcionarios que lo hacen, sin darse cuenta de los perjuicios que causan y del flamante, pero perverso, negocio que patrocinan; otros lo realizan con pleno conocimiento de causa. Ambas situaciones tiñen de malignidad la operación. Es preciso acabar con tan nefastos mecanismos. ¡Hay miles y multimillonarios negocios que saquean las arcas públicas!
ALEJANDRO LÓPEZ – ALBERTO URDANETA / Últimas Noticias
Impreso Digital – 2014/07/10