Los Comités de Gestión Multifamiliar reivindicarán el derecho a tener hogar propio en condiciones idóneas, meta de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), ante las pretensiones mercantilistas que rodean a la Ley de Otorgamiento de Títulos, que promueve Primero Justicia (PJ) ante la Asamblea Nacional (AN), indicaron voceros de 800 familias en Mérida, en la región andina de Venezuela.
Representantes de estas organizaciones acudieron este lunes a la sede estadal del Ministerio para la Vivienda y Hábitat en la entidad andina, espacio en el que se manifestaron su rechazo a la propuesta de ley.
"Estamos fijando posición en defensa del un pueblo que por primera vez, en toda la historia y gracias a la Revolución Bolivariana, tiene acceso a viviendas dignas. Nosotros ya contamos con una Ley que nos protege y que orienta todo lo concerniente a la GMVV, que atribuye la propiedad familiar y multifamiliar de terrenos, que antes eran para el provecho de los capitalistas, sin importar que la gente no tuviera dónde vivir", expresó Jessica Pernía, activista de la comunicación popular y cabeza de una de las 800 familias adjudicadas en cuatro urbanismos merideños
Los voceros de los urbanismos El Cobre 1; Chávez vive, la lucha sigue; Doña Rosa y La Carabobo, de los municipios Campo Elías y Libertador del estado, exhibieron los documentos que acreditan la propiedad familiar sobre sus viviendas, garantizadas por la política habitacional del Estado venezolano.
"Nuestras familias son propietarias de las viviendas. Todos los miembros del núcleo familiar están protegidos. No podrán los diputados de Primero Justicia engañarnos con una ley diseñada para proteger a terratenientes y capitalistas", puntualizó Pernía.
Resaltó que en los urbanismos de la GMVV construidos en Mérida habitan 28.000 familias de albañiles, agricultores, estudiantes, artesanos, pescadores, docentes, médicos, trabajadores de la salud, de la Fuerza Armada, activistas del poder popular y de las comunas, "un talento y valor humano que agrega valor social y organizativo a las comunidades", dijo.
Los activistas de estos comités no solo defienden a las 28.000 familias que ya tienen una hogar a través de la GMVV, sino también a otras 62.000 que esperan contar con techo propio antes de 2019.
La vivienda como espacio de desarrollo
Guillermo Ibarra, cuyo núcleo familiar habita en el urbanismo La Carabobo, resaltó que la visión de propiedad familiar y multifamiliar otorga prioridad a la familia y ve la vivienda como un patrimonio social, un espacio de desarrollo.
"En esa visión, los hogares no son mercancía inmobiliaria, tal como lo pretende la derecha en su ley falsa de otorgamiento de títulos. El Estado nos respalda y garantiza que el patrimonio de la familia no se convierta en simple mercancía, sometida al vaivén de la 'mano invisible' del mercado", señaló.
La propuesta de ley, actualmente debatida en el Parlamento, busca paralizar la misión activada en 2011 y avanzar en la privatización de más de 1.000.000 de viviendas que se han entregado en toda Venezuela en casi cinco años.
Agencia Venezolana de Noticias
Página Web - 2016/02/29
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