El 4 de febrero de 2002, se publicó en Gaceta Oficial el decreto presidencial mediante el cual el entonces presidente Hugo Chávez Frías comenzó la regularización de la tenencia de la tierra en asentamientos urbanos populares, por considerar que “el derecho a la vivienda y a la tierra son derechos humanos y es deber del Estado ejecutar políticas para hacerlos efectivos”.
En su artículo 1, el decreto 1.666 indica que el Ejecutivo tiene por objeto “iniciar, con la participación protagónica de las comunidades organizadas, el proceso para regularizar la tenencia de las tierras urbanas ocupadas por barrios y urbanizaciones populares, procurando la debida coordinación interinstitucional”.
En el texto legal firmado por el Mandatario, el Ejecutivo venezolano, “garante de un Estado democrático y social de derecho y de justicia”, considera “que las viviendas construidas en los barrios tienen un haber patrimonial y sus habitantes tienen derecho a que se realce el valor del esfuerzo realizado y a obtener mejores condiciones para elevar su calidad de vida”.
Con esa medida, nacieron los comités de tierra urbana (CTU), organizaciones populares que –en coordinación con las instituciones competentes– asumieron, entre otras funciones, el registro de los asentamientos urbanos y la agilización de la entrega de títulos de propiedad a las familias, con lo que se les brinda seguridad jurídica.
En 2011, nueve años después de aquel decreto y tras un arduo trabajo entre pueblo y Gobierno, entró en vigencia la Ley para la Regularización Integral de la Tenencia de la Tierra de los Asentamientos Urbanos y Periurbanos, con el cual favorecieron a cerca de 2,5 millones de familias de diferentes barrios del país.
AVN / Últimas Noticias
Impreso Digital – 2015/02/05