La instancia de defensa al ciudadano ofrece asesoramiento y orientación de manera gratuita en materia de inquilinato.
La Defensa Pública durante el 2013 logró asesorar y representar a 15 mil 341 personas en materia de inquilinato. "Seguimos trabajando de la mano con el Poder Popular para mejorar su calidad de vida, los invitamos a que se acerquen a la institución para que busquen una solución a su problemática", indicó el Defensor Público General, Dr. Ciro Araujo, durante el programa "Habla la Defensa Radio".
En el programa dio a conocer los beneficios que otorga la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos Inmobiliarios, con el propósito de ofrecer asesoría y orientación legal para contribuir a dar solución a los problemas de vivienda.
En este sentido, Ciro Araujo, señaló que es interesante definir desde el punto de vista constitucional el derecho a la vivienda, plasmado en el artículo 82 de la Constitución Bolivariana de Venezuela: "Toda persona tiene derecho a una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales que incluyan un hábitat que humanice las relaciones familiares, vecinales y comunitarias. La satisfacción progresiva de este derecho es obligación compartida entre los ciudadanos y ciudadanas y el Estado en todos sus ámbitos".
Sostuvo que esa primera parte de la Carta Magna tiene rango constitucional, "es por ello que la Defensa Pública posee la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos Inmobiliarios, cuyo objetivo se establece en el artículo 1 de la misma:
Artículo 1. La presente Ley, tiene por objeto establecer el régimen jurídico especial de arrendamiento de inmuebles urbanos y suburbanos destinados a vivienda, ya sean arrendados o subarrendados total o parcialmente; en el marco de la novedosa legislación y Política Nacional de Vivienda y Hábitat, como un sistema integrado dirigido a enfrentar la crisis de vivienda que ha afectado a nuestro pueblo como consecuencia del modelo capitalista explotador y excluyente; con el fin supremo de proteger el valor social de la vivienda como derecho humano y la garantía plena de este derecho a toda la población; contrarrestando la mercantilización y la especulación económica con la vivienda, que la convierte en un medio de explotación y opresión del ser humano por el ser humano; y promoviendo relaciones arrendaticias justas conforme a los principios del Estado democrático y social, de derecho y de justicia, cumpliendo el mandato de refundación de la República, establecido en la Carta Magna. "
También mencionó que, según el artículo 28 de la referida Ley, la Defensa Pública, en desarrollo de la activación de la competencia en materia civil y administrativa especial inquilinaria y para la defensa del derecho a la vivienda, debe ponerse al servicio del sistema rector nacional para la defensa de los derechos de los arrendatarios y arrendatarias y del derecho a la vivienda, y de todos los ciudadanos y todas las ciudadanas, en el territorio nacional.
"Es importante que la gente tenga conocimiento de que en cualquier parte del paístenemos a la disposición una sede de la Defensa Pública, donde todos los ciudadanos podrán ser asesorados, representados y orientados de manera gratuita", enfatizó Araujo.
El Universal
Página Web - 2014/02/04
Fuente: http://www.eluniversal.com