El marco legal debe garantizar que las constructoras no vendan casas de interés social a precios de media o alta; experto llama a reformar el INVI
La ciudad requiere de una norma exclusiva para el desarrollo de vivienda social y popular, en la que se establezcan condiciones reales y viables para edificarlas y no se repita el caso de la Norma 26, creada para impulsar este nicho, pero que derivó en excesos de inmobiliarias, aseguró el arquitecto y urbanista por la Universidad de Georgia, Ignacio Cabrera Fernández.
“No podemos mezclar la vivienda social popular con la vivienda media y alta porque son nichos diferentes, económicos, sociales, culturales, de financiamiento, etcétera”, sostuvo en entrevista con Excélsior.
De concretarse una regulación así, dijo que deben ponerle candados para que no se repitan los abusos de quienes, amparados en las facilidades que daba la norma referida, en lugar de construir departamentos para la clase baja lo hicieron para la media y alta con precios de entre uno y dos millones de pesos, inaccesibles para la población a la que originalmente estaban pensados.
Agregó que una actualización al marco jurídico que rige el desarrollo de vivienda en la ciudad evitará el colapso del ramo y permitirá que los sectores más desprotegidos cuenten con un espacio digno para vivir, mientras que el resto lo hará en condiciones de equidad, sin ser víctimas de abusos de particulares o del gobierno.
“Necesitamos actualizar nuestro marco jurídico, una Ley de Desarrollo Urbano, una Ley de Vivienda, los reglamentos y toda la parte normativa de las leyes. No se ha podido hacer por un agenda caprichosa, con base en los tiempos políticos o administrativos o sociales”, apuntó.
Consideró indispensable la participación de comités ciudadanos y organizaciones sociales gestoras de viviendas en la reformulación del marco legal para que se atiendan las demandas reales de la población.
“Tienen que ser trabajos muy integrales donde se tenga una política muy definida de vivienda, donde haya la participación ciudadana y todo un marco que hay que revisar y actualizar, y que nos permita tener un desarrollo urbano armónico donde la vivienda tenga una prioridad”, afirmó.
Sobre el Instituto de Vivienda (Invi), en el que hasta mediados de febrero se desempeñó como director de Promoción y Fomento a Programas de Vivienda, reconoció que requiere una reestructuración a fondo y lamentó que su presupuesto no haya crecido en los últimos años, tal como sí lo hicieron los ingresos de otras dependencias, provocando una disminución en la producción de vivienda popular.
Explicó que mientras no exista una actualización a la Ley de Vivienda no se podrá actualizar la operación del instituto y las lagunas con las que trabaja, así como los señalamientos por malos manejos, no podrán corregirse.
Urgió a definir su relación con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para que contribuyan al reordenamiento de la ciudad.
Sugirió que el Invi debe buscar y obtener fuentes adicionales de financiamiento, así como la creación de un sistema de ahorro, similar al que maneja el Infonavit, para generar una dinámica de corresponsabilidad en la atención de las demandas.
Este rotativo dio a conocer ayer que, según expertos, los logros del instituto han sido marginales, pues si tuviera éxito no proliferarían asentamientos irregulares en el DF.
También, que ni la anterior legislatura ni la actual han sacado adelante una iniciativa de Ley de Vivienda, a pesar del boom inmobiliario en la ciudad y los abusos cometidos al amparo de la Norma 26, que promovía la edificación de casas de interés social y actualmente está suspendida.
En el documento Apuntes de una política integral y sustentable de vivienda en la Ciudad de México, Cabrera Fernández hace un recuento de la política del sector, propone que el derecho a la vivienda sea reconocido por la autoridad y se garantice produciendo inmuebles dignos para la población vulnerable y que se intensifiquen las acciones para el mejoramiento de los espacios habitacionales que ya existen.
En cuanto a la expansión de la mancha urbana hacia los municipios conurbados, donde ha sido más accesible la adquisición de vivienda popular en los últimos años, pero a la vez ha afectado la vida diaria de miles de capitalinos ante el desgaste físico y económico que implica su traslado diario a la ciudad, consideró que es posible que la ciudad les ofrezca espacios dignos y regrese quien se fue.
El urbanista llamó a la autoridad a tomar en cuenta a la población indígena que ha migrado a la ciudad y que, según el último censo del INEGI, es de más de un millón de personas, quienes por sus ingresos y condición no tienen un espacio digno donde vivir.
“Es una población muy importante que cada día va tomando más presencia y que ocupa zonas muy abandonadas del Centro Histórico, invade predios, los ubican por aquí y por allá, es una prioridad atenderlos”, señaló.
CINTYA CONTRERAS / Excélsior
Página Web – 2015/05/21
Fuente: http://www.excelsior.com.mx