Este importante proyecto se ha visto empañado debido a los abusos en que incurrieron algunos desarrolladores.
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 establece la necesidad de transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable e inteligente que procure vivienda digna para todos los mexicanos. A su vez, el Programa General de Desarrollo vigente en el Distrito Federal menciona que la meta es construir vivienda de interés social que permita generar edificaciones de mayor superficie, menor costo y en el menor tiempo de ejecución posible.
Como se puede apreciar, la construcción de vivienda de bajo costo es una prioridad no sólo en la Ciudad de México, sino en todo el país, de ahí la necesidad de impulsar su construcción mediante el establecimiento de leyes y normas que den certeza a los constructores, a las personas que demandan vivienda y a la misma autoridad.
No obstante, este importante proyecto se ha visto empañado debido a los abusos en que incurrieron algunos desarrolladores de vivienda con la ayuda de algunas autoridades irresponsables, lo cual ocasionó que el jefe de Gobierno decidiera atinadamente en agosto de 2013 suspender las autorizaciones para construir vivienda popular, utilizando las facilidades de la norma 26 —instrumento que impulsaba y facilitaba la construcción de vivienda de interés social en suelo urbano, para que los sectores con menos posibilidades económicas pudieran adquirir una vivienda digna a un precio accesible—.
Sin embargo, a casi 18 meses de distancia, creemos que la construcción de vivienda popular no debe frenarse más, pues además de ser un derecho de los ciudadanos y una obligación del gobierno, constituye el medio más eficaz para evitar que la gente viva en condiciones indignas en las calles o invadiendo áreas verdes.
En este sentido, para que la norma 26 (o la que el jefe de Gobierno decida instrumentar) continúe beneficiando a aquellos grupos más vulnerables, debe contener reglas claras en varios aspectos, tales como imposición de sanciones ejemplares a quien cometa abusos, la prohibición de legalizar construcciones indebidas, la obligación de dar preferencia a las personas que actualmente ocupan asentamientos humanos irregulares en suelo de conservación y, principalmente, el establecimiento de incentivos concretos para que los vecinos no se opongan a estas edificaciones.
Entre estos incentivos necesariamente debe contemplarse el mejoramiento de los servicios públicos, el incremento de áreas verdes, el mejoramiento de las vialidades y la reducción del impuesto predial. De esta manera habrá más contribuyentes —por lo que las finanzas públicas no se verán afectadas—, se protegerá al medio ambiente, se impulsará el desarrollo económico y se mejorará la infraestructura de la ciudad, pero sobre todo se beneficiará con un lugar digno para vivir a los sectores más desprotegidos de la sociedad capitalina.
Recordemos que el Distrito Federal requiere de una política que le permita dar respuesta a una demanda de más de 40 mil viviendas al año y los incentivos como la reducción del impuesto predial en las zonas donde se construya vivienda de interés social, es la mejor herramienta para lograr cumplir esta meta.
JESÚS SESMA SUÁREZ / Excélsior
Página Web – 2015/01/15
Fuente: http://www.excelsior.com.mx