Pasaron los días y no se generó luz verde en la Asamblea y el gobierno de la ciudad para hacer propicio el surgimiento del marco normativo que permita construir vivienda de interés social y popular en la Ciudad de México.
En agosto pasado, se cumplió un año de la suspensión de la norma 26 que diversos desarrolladores utilizaron para generar los usos de suelo para edificar vivienda certificada como de interés social, pero comercializada como de interés medio como consecuencia del déficit, así como de la oferta y demanda.
El hecho es que mientras la Asamblea decidió trasladar la discusión a consultas públicas y detener el proyecto, luego de las presiones de organizaciones sociales,la ciudad acumula un déficit de 29 mil unidades y alrededor de 30 mil millones de pesos se van a otras entidades del país.
Esta situación generó ya una postura de la Cámara Nacional de la Industria de la Vivienda (Canadevi) Valle de México, que reconoce la salida de recursos en inversión a entidades como Quintana Roo, Puebla y Querétaro.
De igual forma, el inventario que había crecido con el último ajuste de mercado se está reduciendo debido a que sin la norma, la industria no ha construido inventario de esa clase de inmueble.
En plena operación, la norma 26 generó abusos en la gestión de desarrolladores que utilizaron los beneficios de la misma, para edificar inmuebles que se vendieron como de vivienda media y no de interés social o popular como contemplaba dicha normatividad.
Además, las mismas condiciones de oferta y demanda provocaron que los precios de propiedades en algunas demarcaciones como Azcapotzalco y el oriente de Benito Juárez expertimenten un incremento superior al 10 por ciento en el valor de los inmuebles.
El fondo también está centrado en el hecho de que las normas 30 y 31 son la base impulsar proyectos populares de redensificación en unas 600 colonias de la ciudad de México, es decir concretar lo que se ha hecho en otras metrópoli con escacez de tierra a través del reciclaje.
Aquí hemos expuesto el potencial de la vivienda en el DF, estimado en 350 mil viviendas hacia los próximos 15 años, pero con las 20 mil anuales que produce una industria apenas se cubre la mitad de la demanda proyectada.
Así las cosas, es un hecho que la problemática crece al paso del tiempo y queda como gran pendiente de la administración de la ciudad, a quien el anuncio federal del nuevo aeropuerto parece haber opacado en la opinión y gestión pública.
CLAUDIA OLGUÍN / El Financiero
Página Web – 2014/09/17
Fuente: http://www.elfinanciero.com.mx