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Concejo busca que caseros hostigadores de NYC paguen caro (ESTADOS UNIDOS)

Someten propuesta para proteger a inquilinos del acoso, que contempla multas de hasta $10,000

 

La presidenta del Concejo Municipal, Melissa Mark-Viverito, someterá este miércoles una propuesta de ley con la que busca endurecer las penas a los caseros que hostiguen a sus inquilinos ofreciéndoles dinero para que abandonen sus viviendas, aun cuando éstos ya les hayan respondido que no dejarán sus hogares.

 

La medida contempla una multa de entre $1,000 a $10,000.

 

“Estamos ampliando la definición de hostigamiento, que también ocurre cuando un casero quiere sacar a un inquilino ofreciéndole incentivos pese a que se hayan negado. Estamos viendo cada vez más frecuentemente la implementación de esta práctica”, indicó Mark-Viverito.

 

Otras tácticas utilizadas y consideradas como hostigamiento ilegal incluyen el cortar la calefacción o el agua caliente a los residentes para que éstos se muden, remover sus pertenencias o incluso amenazarlos sicológicamente.

 

Exigen más viviendas de NYCHA

 

Entre tanto, una coalición de funcionarios electos y líderes comunitarios pidieron al alcalde Bill de Blasio que amplíe a 2,500 unidades la cuota de viviendas públicas que NYCHA asigna cada año, con el fin de reducir el alto nivel de personas sin hogar en la ciudad.

 

La petición se produjo al tiempo que se dio a conocer un reporte por parte del grupo Home for Every New Yorker, que refleja que la actual administración tiene previsto entregar 750 apartamentos al año a personas sin hogar, siendo la que menos viviendas asignaría, comparándola con las de los exalcaldes David Dinkins (1,215 unidades) y Rudy Giuliani (854 unidades).

 

“La ciudad debe darle prioridad a aquellos que necesitan vivienda inmediatamente”, dijo la defensora del pueblo Letitia James, que hace parte de la coalición.<

 

Ishanee Parikh, portavoz de la Alcaldía, dijo al respecto que, “el año pasado mudamos un total de 1,100 familias sin vivienda a apartamentos de NYCHA y este año tenemos el propósito de mudar más de 2,000 familias a las viviendas públicas, incluyendo víctimas de violencia doméstica y veteranos”.

 

 

 


CRISTINA LOBOGUERRERO / La Opinión

Página Web – 2015/04/29

Fuente: http://www.laopinion.com