Nuevos estudios sostienen que este tipo de regulaciones, si bien no disparan los costos, tampoco ayudan como debieran a las familias de pobreza extrema.
Cuando se trata de crear viviendas para gente que no es rica, cada vez es más difícil encontrar soluciones. La responsabilidad de ello, fundamentalmente, ha recaído en el gobierno federal. Sin embargo, las ciudades se las han arreglado para encontrar alternativas a este problema, involucrando al sector privado. Éste se encarga de la construcción de viviendas, específicamente, a través de políticas de zonificación inclusivas (o políticas IZ, por sus siglas en inglés). Estas políticas requieren que los desarrolladores inmobiliarios reserven cierto número de unidades para rentar o vender a precios por debajo del precio de mercado. El propósito de estas políticas consiste, a grosso modo, en crear más viviendas con precios accesibles o disminuir los índices de discriminación socioeconómica y racial de una ciudad determinada.
A menudo, dichas regulaciones son miradas con recelo por los empresarios inmobiliarios. Basta mencionar, por ejemplo, que la California Building Association ha presentado varias demandas dirigidas a frenar las políticas inclusivas dentro del estado. Los constructores de viviendas creen que los decretos locales impuestos por el gobierno –y relativos a estas políticas– menoscaban la propiedad privada. Tampoco creen que las políticas inclusivas hagan crecer el número de viviendas a precios accesibles. De hecho, algunos critican que estas más bien reducen la oferta de viviendas, disparando sus costos.
“Castigar a los constructores de viviendas por medio de mayores costos y decretos desalienta la creación de estas y eleva el costo total de las viviendas a precio de mercado”, advirtió en un comunicado de prensa Tony François, representante legal de la Pacific Legal Foundation, institución que ha combatido en los tribunales las políticas urbanas inclusivas.
Hasta ahora, ninguna corte en California ha estado de acuerdo en este punto con François o con la California Building Association. Tampoco lo han estado investigadores de la National Housing Conference (NHC), quienes recientemente han publicado informes examinando el impacto de las políticas urbanas inclusivas en el mercado inmobiliario. Lisa A. Sturtevant, experta en política inmobiliaria, concluyó en un estudio para la NHC que las políticas urbanas inclusivas, allí donde existen, no aumentan los costos de las viviendas.
“La evidencia empírica más verificada sugiere que los programas inmobiliarios inclusivos pueden crear viviendas a precios accesibles y no suponen ni una considerable reducción de la construcción de estas, ni una subida de los precios de mercado”, dice el estudio titulado “Separando los hechos de la ficción en el diseño de efectivos programas inmobiliarios inclusivos”.
Brentin Mock / Univisión
Página Web - 2016/06/08
Fuente: http://www.univision.com