Maeztu considera que la demora ya es «excesiva» y que está «injustificada»
El Defensor del Pueblo Andaluz ha abierto una queja de oficio dirigida a la Consejería de Fomento y Vivienda, que dirige Elena Cortés, ante el «retraso» de la aprobación del Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación, al «no encontrar una respuesta que aporte alguna justificación».
En un breve texto el Defensor explica que «no encontrándose una respuesta que venga a aportar alguna justificación al retraso, ya excesivo, que viene afectando a la aprobación del nuevo Plan de Vivienda de Andalucía, y siendo éste un instrumento necesario para poner en práctica las nuevas políticas de viviendas, diseñadas en su borrador, en garantía de los derechos y libertades constitucionales se resuelve iniciar investigación de oficio, conforme a lo previsto en el apartado 1 del artículo 10 de nuestra Ley reguladora, a fin de tratar de proponer soluciones a la misma».
En este sentido, el Defensor, Jesús Maeztu, en declaraciones a Europa Press, ha señalado que durante 2014 han llegado hasta la Defensoría «quejas muy importantes» sobre este tema, porque «ha habido un aumento de gente que necesita vivienda». Además, añade, hay muchas más viviendas vacías de entidades financieras que están siendo ocupadas».
Asimismo, ha apuntado que «está en proceso» el estudio sobre la situación de la vivienda en Andalucía en municipios mayores de 20.000 habitantes –que el Defensor anunció el pasado febrero–, «para ver qué procedimientos jurídicos de adjudicación utilizan, cuántas viviendas tienen los bancos, si estos cumplen la normativa, o cuáles son las recomendaciones que hacemos para que el procedimiento sea más ágil».
Medidas
El nuevo Plan Andaluz de Vivienda y Rehabilitación –que debería haber visto la luz en diciembre de 2013– sustituirá al desarrollado desde 2008 y centrará sus medidas en la lucha contra los desahucios, el fomento del alquiler, la mejora del parque residencial, la autoconstrucción, el cooperativismo y la sostenibilidad, entre otros.
Entre las iniciativas contra los desahucios se prevé actuaciones tales como asesorar, intermediar y proteger a aquellas personas que se encuentren inmersas en procedimientos de ejecución hipotecaria o por desahucio en materia de arrendamiento.
En el capítulo de la vivienda protegida se apuesta por «redefinir» el modelo de «vivienda de integración social» o vivienda pública dirigida a aquellos colectivos más vulnerables.
Y por lo que respecta al fomento del alquiler, según se recoge en el borrador de la normativa de la Consejería de Fomento, la idea es propiciar el acceso a una vivienda en alquiler en el mercado de la vivienda libre a aquellas personas que no superen un determinado umbral de renta.
ABC
Página Web – 2015/01/12
Fuente: http://sevilla.abc.es